Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04295-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04295-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04295-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., dieciséis [16] de julio de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04295-00
Demandante: KAROL ESTEFANY NAZARENO TELLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Tutela de fondo – Mora judicial – Declara carencia actual del
objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 3 de junio de 2026, la señora Karol Estefany Nazareno Tello, quién actúa en
nombre propio, presentó acción de tutela con el fin de que se le amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la vida digna, a la salud y a la dignidad humana.
Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Tribunal
Administrativo de Nariño, al considerar que dicha autoridad judicial no había
proferido pronunciamiento respecto al recurso de queja que interpuso el 26 de
febrero de 2026 contra la decisión que rechazó por improcedente el recurso de
apelación formulado dentro del proceso identificado con el radicado 52835-33-
33-001-2025-00204-01.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:
Demandante: Karol Estefany Nazareno Tello
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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1. Que se ampare de manera inmediata los derechos fundamentales
vulnerados.
2. Que realice pronunciamiento sobre Recurso de Queja del 26 de febrero
de 2026.
3. Que se ADMITA le presente PROCESO DECLARATIVO LABORAL DE
MAYOR CUANTIA.
4. Que se ordene a la autoridad accionada emitir decisión respetando las
garantías constitucionales.1
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
De la revisión del expediente se observa que la señora Karol Estefany
Nazareno Tello promovió, según lo indicó en la demanda en contra del
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional de Colombia, un proceso
declarativo de mayor cuantía, el cual fue presentado inicialmente ante el
Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Tumaco
A través de auto calendado el 9 de octubre de 2025, el Juez Primero Laboral
del Circuito Judicial de Tumaco rechazó una demanda de proceso declarativo
de mayor cuantía, por carecer de jurisdicción y competencia para conocimiento
de este, en consecuencia, decidió remitir el respectivo proceso a la Oficina
Judicial para reparto entre los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de
Tumaco.
El 20 de enero de 2026, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Tumaco inadmitió la demanda presentada por la señora Karol Estefany
Nazareno Tello al encontrar yerros formales en la presentación de esta.
Señaló que el 24 de enero de 2026, la actora interpuso recurso de apelación
contra dicha decisión. No obstante, el Juzgado Primero Administrativo de
Tumaco en proveído de 24 de febrero siguiente rechazó dicho medio de
impugnación por improcedente2.
Resaltó que el 26 de febrero de la misma anualidad, la accionante presentó
recurso de queja ante el Tribunal Administrativo de Nariño, con el fin de que se
1 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
2 Artículo 62 de la Ley 2080 que modificó el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011.
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Demandante: Karol Estefany Nazareno Tello
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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revocara la decisión que negó la concesión del recurso de apelación y se
ordenara darle el trámite correspondiente.
La señora Karol Nazareno afirmó que, a la fecha de presentación de la acción
de tutela, el Tribunal Administrativo de Nariño no había emitido
pronunciamiento alguno respecto al recurso de queja.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En el caso sub examine la parte actora expuso que se le vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la vida digna y a la salud.
Argumentó que, el Tribunal Administrativo de Nariño no había resuelto el
recurso de queja que presentó el 26 de febrero de 2026, circunstancia que, a
su juicio, desconocía los principios de celeridad y economía procesal e impedía
la continuidad del trámite judicial.
Aunado a lo anterior, agregó que la actuación cuestionada desconoció las
reglas previstas en el artículo 93 del Código General del Proceso y en el artículo
45 de la Ley 1437 de 2011, relacionadas con la remisión de proceso por
competencia y la corrección de errores formales.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 5 de junio de 2026, el Despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora y al Tribunal Administrativo
de Nariño.
1.6. Intervención
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó el siguiente informe:
1.6.1. El magistrado Edgar Guillermo Cabrera Ramos, en representación del
Tribunal Administrativo de Nariño, solicitó declarar improcedente o, en su
defecto, negar el amparo.
Sostuvo que no existió mora judicial, por cuanto mediante auto de 11 de junio
de 2026 se resolvió el recurso de queja presentado por la accionante, decisión
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en la que concluyó que dicho medio de impugnación no cumplía los requisitos
previstos en el artículo 353 del Código General del Proceso3 para su trámite.
Explicó que el recurso fue decidido conforme al turno de ingreso de los asuntos
al despacho y que el tiempo empleado para su resolución obedeció, entre otros
aspectos, a la carga laboral derivada de la atención prioritaria a «diecisiete (17)
manifestaciones de impedimento formuladas por el magistrado José Gabriel
Santacruz Miranda […], respecto de los cuales había actuado previamente
como juez primero administrativo del circuito de Pasto».
Agregó que la accionante ha desconocido de manera reiterada las reglas que
rigen el proceso contencioso administrativo, al presentar solicitudes
improcedentes que han incrementado la carga del despacho. Asimismo, señaló
que, aun si el recurso de queja hubiera sido interpuesto en debida forma, este
no estaba llamado a prosperar, dado que el auto que inadmitió la demanda
únicamente era susceptible del recurso de reposición y no de apelación.
Finalmente, indicó que el proceso de origen fue rechazado y archivado
mediante auto de 16 de abril de 2026, por no haberse subsanado la demanda
dentro del término concedido, razón por la cual se configuró un hecho superado
y no existió vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues la
situación procesal obedeció al incumplimiento de las cargas procesales por
parte de la accionante.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por la señora Karol Estefany Nazareno Tello contra el
Tribunal Administrativo de Nariño de conformidad con el Decreto 2591 de 1991,
el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio corresponde determinar si el Tribunal Administrativo
Nariño vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la señora Karol Estefany Nazareno Tello, al no
haber resuelto, para la fecha de presentación de la acción de tutela, el recurso
3 Aplicable al asunto en estudio por remisión del artículo 245 de la Ley 1437 de 2011.
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de queja que interpuso contra la decisión que rechazó por improcedente el
recurso de apelación.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial;
y (iv) el caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es
decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.
2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 2295 y 296 de la Constitución, y de los principios de la
Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso
a la administración de justicia7.
4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en
qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
6 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
7 Sentencia T-006 de 1992.
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El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez
para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en
la ley […]»8.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a
la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria
que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los
hechos materia de su decisión […]»9.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de
la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de
protección de sus derechos y garantías10, y de otro lado, la obligación
correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho
servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las
actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que
el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces
deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un
avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»11.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1. ° de la Ley 270 de 1996,
Estatuaria de la Administración de Justicia12 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el
juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con
el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para
8 Sentencia T-476 de 1998.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
10 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
11 Ibídem.
12 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple
el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones,
garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener
la concordia nacional.
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terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos
fundamentales de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en
el Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor
vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el
pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la
verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material
[…]»13.
2.5. La mora judicial
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes.14
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo
la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los
términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»15.
En esa línea esa corporación frente al particular precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de
un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para
su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente.
Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es
imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique
el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803
de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia,
esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
14 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
15 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o
(iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que
impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el
contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de
dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido
diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial16, según la cual sólo se
predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye
violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al
debido proceso de las partes en un proceso.
2.6. Caso concreto
2.6.1. En el asunto sub examine, la señora Karol Estefany Nazareno Tello adujo
que el Tribunal Administrativo de Nariño transgredió sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a
la vida digna y a la salud, porque, a la fecha de presentación de esta acción
constitucional, no había resuelto el recurso de queja que interpuso contra la
decisión del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco
que rechazó por improcedente el recurso de apelación formulado dentro del
proceso identificado con el radicado 5285-33-33-001-2025-00204-01.
Ahora bien, del material probatorio allegado al expediente, se advierte que la
situación que motivó la presentación de la acción de tutela fue superada
durante el trámite constitucional.
En efecto, se observa que el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió el
recurso de queja cuya falta de decisión originó la solicitud de amparo, razón por
la cual la Sala declarará la carencia actual del objeto por hecho superado.
En ese sentido, al consultar el expediente en la plataforma Samai, se constató
que mediante auto de 12 de junio de 2026 el Tribunal Administrativo de Nariño
se abstuvo de tramitar el recurso de queja presentado por la accionante.
Asimismo, se evidenció que dicha providencia fue notificada el 12 de junio de
los corrientes al correo electrónico karolnazarett@gmail.com, dirección
16 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-
01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo
de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-
41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la
Nación.
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suministrada por la actora para efectos de notificaciones, como se observa a
continuación:
De lo anterior se constata que el Tribunal Administrativo de Nariño profirió la
decisión cuya ausencia motivó la interposición de la presente acción de tutela
y la notificó a la accionante durante el trámite constitucional. En esas
condiciones, cesó la situación que dio lugar a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
En línea con lo anterior, se remarca que existen eventos en los que la amenaza
o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso
de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto; o bien, que la
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vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa, durante el
trámite del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que
torna inane la intervención del juez constitucional dirigida a impartir órdenes
para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado, (ii) por daño consumado, y
(iii) por una situación sobreviniente.
En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la
sala cita como criterio auxiliar, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues,
al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del
juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y
contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.17
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que
se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que
sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas
inexistentes en el texto original)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse
a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”18.
17 Sentencias : SU-225 de 2013; T-317 de 2005.
18 Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.
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Con base en el anterior marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha
sostenido que:
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que
la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para
eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de
la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por
lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta
perenne.
Al respecto ha sostenido el tribunal constitucional: [l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación
que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro,
no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto.19
(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.
La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar
la carencia actual de objeto, que:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena20 como por
las distintas Salas de Revisión21. Es una categoría que ha demostrado ser de
gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa
19 Sentencia SU-225 de 2013.
20 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
21 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos;
T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-
379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-009 de 2019.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Demandante: Karol Estefany Nazareno Tello
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04295-00
a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío”22. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada. […].23
Así las cosas, se advierte que, durante el trámite de la presente acción
constitucional, el Tribunal Administrativo de Nariño, resolvió el recurso de queja
presentado por la señora Karol Estefany Nazareno Tello y notificó en debida
forma la decisión adoptada.
En consecuencia, la Sala se declarará la carencia actual del objeto por hecho
superado, toda vez que desapareció la circunstancia dio lugar a la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados. Por consiguiente,
cualquier orden que pudiera impartirse en esta oportunidad resultaría inocua,
en tanto la autoridad judicial accionada emitió el pronunciamiento cuya
ausencia motivó la interposición de la presente acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual del objeto por hecho superado de la
presente acción de tutela.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días
siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
22 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
23 Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Demandante: Karol Estefany Nazareno Tello
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04295-00
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO VARGAS
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co;8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
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