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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04297-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04297-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04297-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 04297 00
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Casanare
(COMFACASANARE)
Accionado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la Caja de Compensación Familiar del
Casanare (COMFACASANARE), en contra de la providencia del 5 de febrero de 2026,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000 23 37 000 2018 00717 01.

1. SÍNTESIS DEL CASO
COMFACASANARE, actuando por conducto de su representante legal, promovió acción
de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:

1º) TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES de la CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFACASANARE al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y tutela jurisdiccional efectiva, los cuales fueron
quebrantados con la providencia judicial del 5 de febrero de 2026 expedida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 250002337000-2018-00717-01, con ponencia de la honorable
Magistrada MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO, a través de la cual se
decidió:

i. 2. Declarar probada la excepción de inepta demanda frente a la
pretensión de nulidad del auto 0125 del 4 de mayo de 2018, por no ser un
acto susceptible de control judicial.
ii. 3. Declarar probadas las excepciones de falta de legitimación en la
causa por activa y de inepta demanda con relación a la pretensión de
nulidad del auto 0017 del 22 de mayo de 2018, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
2º) DEJAR SIN EFECTOS LA PROVIDENCIA JUDICIAL ACCIONADA, al no
resolver de fondo los argumentos estructurales planteados en la reforma de la

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04297 00.

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demanda y en el recurso de apelación46 respecto de declarar la nulidad del Auto
No. 0125 del 4 de mayo de 2018, la nulidad de la resolución No. 0017 del 22 de
mayo de 2018, y declarar probada la excepción previa “No haberse ordenado la
citación de otras personas que la ley dispone citar” (Artículo 100-10 C.G.P.)

3º) ORDENAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA que, dentro del término
perentorio que estime pertinente, profiera un nuevo fallo de fondo y un efectivo
juicio de control de legalidad sobre los actos administrativos demandados, en el
que resuelva de manera integral, expresa y motivada el PROBLEMA JURÍDICO
planteado por la misma Sala, garantizando que las formas procesales no
supongan un exceso ritual manifiesto que sacrifique el derecho sustancial de la
accionante y de la población sujeta a su protección.

Lo anterior, con estricto análisis de los cargos formulados a la luz de los vicios
específicos estructurados en el presente memorial, en la demanda, reforma de la
demanda, y en el recurso de apelación promovidos por la entidad accionante
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFACASANARE.

4º) ORDENAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA que para restablecer
en debida forma lo que en derecho corresponda respecto de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia
y a una tutela jurisdiccional efectiva conculcados a la parte accionante, en caso
de que el juez constitucional advierta que la vulneración es manifiesta, al rehacer
la parte resolutiva de la sentencia objeto de tutela, proceda a:

a) Confirmar el numeral primero (1°) de la providencia accionada proferida el 5
de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, en cuanto dispuso:
“Revocar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, del 9 de marzo de 2023”.
b) Modificar los numerales segundo (2°) y tercero (3°) de la sentencia accionada
proferida el 5 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, para que, en su
lugar y en armonía con las consideraciones que se impongan en sede de
amparo constitucional, se declare:
• la nulidad del Auto No. 0125 del 4 de mayo de 2018, y
• la nulidad de la Resolución No. 0017 del 22 de mayo de 2018.
c) Subsidiariamente declarar probada la excepción previa:
“No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone
citar” prevista en el numeral 10, artículo 100 del CGP.
d) En consecuencia, en virtud de lo consagrado en la Resolución Orgánica 5844
de 2007, artículo 13, numeral 10, se ordene:
-La terminación y archivo definitivo del proceso de cobro coactivo J-1645
que se adelanta actualmente en Jurisdicción de Cobro Coactivo de la
Contraloría General de la República.
• El levantamiento inmediato de las medidas cautelares que recaen sobre
el inmueble de matrícula inmobiliaria No. 470-865, cuyo embargo se
decretó mediante auto No. 0094 del 16/10/2014 dictado por la Contraloría
General de la República, con renovación de medida cautelar señalada en
el oficio No. 186992 del 25/09/2024.

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2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte accionante explicó que la presente acción de tutela tiene origen en el proceso
de responsabilidad fiscal PRF-079 de 2013, adelantado por la Contraloría General de la
República contra COMFACASANARE y dos exfuncionarios de la Gobernación de
Casanare.

Señaló que, desde la apertura de dicho proceso, se presentaron irregularidades
consistentes en que únicamente se vinculó a La Previsora S.A. como garante de una
póliza de cumplimiento contractual, omitiéndose la vinculación de una póliza de manejo
que amparaba a los funcionarios investigados frente a eventuales fallos con
responsabilidad fiscal.

Manifestó que, durante el trámite del proceso fiscal, se decretó el embargo del inmueble
donde funciona la sede principal de COMFACASANARE, medida cautelar que ha
permanecido vigente para garantizar el pago de la obligación fiscal. Agregó que, en 2015,
se profirió fallo con responsabilidad fiscal contra COMFACASANARE y los dos
funcionarios investigados, sin que la aseguradora hubiera sido vinculada con ocasión de
la póliza de manejo.

Indicó, además, que en segunda instancia se revocó el llamamiento de La Previsora S.A.
como tercero civilmente responsable y se redujo el monto del detrimento patrimonial, por
lo que la aseguradora quedó completamente excluida del fallo fiscal.

Expuso que, con fundamento en esa decisión, se inició el proceso de cobro coactivo J-
1645 y en el marco de dicha actuación, COMFACASANARE solicitó en varias
oportunidades la vinculación de La Previsora S.A., en calidad de garante de la póliza de
manejo vigente, para que asumiera la parte de la obligación correspondiente a los
funcionarios declarados responsables.

No obstante, lo anterior, la Dirección de Jurisdicción Coactiva negó la solicitud al
considerar que tales asuntos debían debatirse dentro del proceso de responsabilidad
fiscal y no en la etapa de cobro. Asimismo, rechazó las excepciones propuestas por los
ejecutados, confirmó el mandamiento de pago y ordenó continuar con la ejecución,
incluyendo el remate del inmueble de propiedad de COMFACASANARE.

Conforme lo anterior, la parte accionante promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos expedidos dentro del
proceso de cobro coactivo. Entre otras pretensiones, solicitaron la nulidad de las
decisiones que negaron la vinculación de la aseguradora, el llamamiento de La Previsora
S.A. como garante o deudor solidario y el levantamiento de las medidas cautelares
decretadas sobre sus bienes.

Relató que la Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 9 de marzo de 2023, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que la vinculación de la compañía aseguradora era una cuestión
que debía discutirse dentro del proceso de responsabilidad fiscal y no en la etapa de
cobro coactivo, razón por la cual no era posible reabrir ese debate en sede ejecutiva.

Resaltó que, mientras avanzaba el proceso judicial, la póliza de manejo perdió vigencia
por el transcurso del término legal, frustrándose la posibilidad de hacer efectiva la
cobertura que, a su juicio, debía garantizar una parte importante de la obligación fiscal.
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Anotó que contra la decisión de primera instancia presentó recurso de apelación y la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante providencia del 5 de febrero de 2026,
la revocó y, en su lugar, declaró probada las excepciones de inepta demanda y falta de
legitimación en la causa por activa.

La parte accionante alegó que dicha providencia no analizó de fondo las irregularidades
denunciadas, por lo que, según estima, tal decisión tiene carácter inhibitorio y lo priva de
obtener un pronunciamiento judicial de fondo sobre las actuaciones que consideran
vulneradoras de sus derechos.

Como fundamento de la acción de tutela, adujo que la providencia cuestionada incurrió
en i) defecto por indebida motivación e incongruencia por omisión, al no resolver de fondo
los cargos planteados en la demanda y en el recurso de apelación; ii) defecto fáctico, por
falta de valoración de las pruebas relacionadas con la póliza de manejo y la vinculación
de la aseguradora; iii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al proferir una
decisión inhibitoria fundada en la inepta demanda y la falta de legitimación en la causa,
sin efectuar el control de legalidad solicitado; y iv) por desconocimiento de la Constitución,
del precedente judicial, del principio de buena fe procesal, de la protección reforzada de
los afiliados de COMFACASANARE, así como omisión del deber de saneamiento
procesal e indebida integración del contradictorio.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 3 de junio de 20262 y correspondió por reparto a esta Sección
que, por auto del 10 de junio de 20263 la admitió, negó la medida provisional solicitada y
dispuso notificar4 a la Sección Cuarta del Consejo de Estado como autoridad judicial
accionada; así como vincular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Cuarta – Subsección “B” y a la Contraloría General de la República, como terceros con
interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Tribunal y a la Sección Cuarta de esta Corporación que
allegaran copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con
radicado núm. 25000 23 37 000 2018 00717 00/01.

3.2. La Sección Cuarta del Consejo de Estado rindió informe5 en el que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, subsidiariamente, negar las pretensiones de la
demanda, al considerar que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos
atribuidos por la parte accionante.

Sostuvo que no se satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez que la accionante
contaba con el recurso extraordinario de revisión para controvertir la sentencia

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04297 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04297 00.
4 Esta orden se cumplió el 12 de junio de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04297 00.
5 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04297 00.
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cuestionada y no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, máxime cuando el
proceso de cobro coactivo permanece suspendido.

Asimismo, afirmó que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por
cuanto pretende reabrir un debate de legalidad que ya fue objeto de estudio en el proceso
ordinario.

Finalmente, indicó que la providencia atacada no incurrió en los defectos alegados, pues
la decisión inhibitoria se sustentó en las normas procesales aplicables al caso y, debido
a su naturaleza, no era procedente efectuar un pronunciamiento de fondo sobre los
cargos de nulidad planteados por la aquí accionante.

3.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente solicitado6, sin
embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la acción de tutela.

3.4. La Contraloría General de la República guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 7 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,8 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20219, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201910, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente11:

4.2.1. COMFACASANARE promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Contraloría General de la República, con el fin de controvertir la legalidad de los
actos proferidos dentro del proceso de cobro coactivo J-1645, mediante los cuales se
negó la vinculación de La Previsora S.A. como garante o deudor solidario, se rechazó la
excepción de “no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar”
y se dispuso continuar con la ejecución.

6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04297 00.
7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
8 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
9 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
10 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con radicado núm. 25000 23 37 000 2018 00717 00/01.
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4.2.2. La demanda correspondió por reparto a la Subsección B, Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante sentencia de 9 de marzo de
2023 negó las pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la parte accionante interpuso recurso de
apelación, y la Sección Cuarta de esta Corporación, en sentencia de 5 de febrero de
2026, resolvió lo siguiente:

1. Revocar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, del 9 de marzo de 2023.
2. Declarar probada la excepción de inepta demanda frente a la pretensión de
nulidad del auto 0125 del 4 de mayo de 2018, por no ser un acto susceptible
de control judicial.
3. Declarar probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa
por activa y de inepta demanda con relación a la pretensión de nulidad del
auto 0017 del 22 de mayo de 2018, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito general de subsidiariedad.

Al respecto, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que «la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de

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la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable .

En el asunto bajo examen, la Sala observa que la inconformidad planteada por la parte
accionante se dirige a cuestionar la sentencia de segunda instancia proferida el 5 de
febrero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que revocó la dictada el 9
de marzo de 2023 por la Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y, en su lugar, declaró probadas las excepciones de falta de legitimación
en la causa por activa e inepta demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 25000 23 37 000 2018 00717 00/01 promovido
en contra de la Contraloría General de la Nación.

Lo anterior, al estimar que dicha providencia no efectuó un estudio de fondo de las
inconformidades expuestas en la demanda ordinaria, lo que, bajo su consideración,
implica un fallo inhibitorio y vulnera el principio de congruencia; además que, según
agregó, el fallo careció de motivación suficiente, razón por la cual pretende que se deje
sin efectos la decisión adoptada y se ordene la emisión de una nueva providencia.

Frente a tales reparos, la Sala advierte que el accionante contaba con un mecanismo
judicial ordinario de defensa idóneo y eficaz para controvertir la decisión judicial
censurada, esto es, el recurso extraordinario de revisión, previsto para cuestionar
providencias ejecutoriadas en los estrictos eventos definidos por el legislador, medio de
control que no fue promovido por el actor, pese a encontrarse a su disposición,
particularmente porque los cuestionamientos del actor podrían enmarcarse en la causal
de revisión relacionada con la nulidad de la sentencia.

Al respecto, esta Corporación12 ha señalado que la nulidad originada en la sentencia
como causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión se configura, entre
otros eventos, cuando se pretermite una instancia, y ello acontece en tres escenarios: a.
se emite sentencia sin motivación, b. se viola el principio de la non reformatio in pejus, y
c. se profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.

Es de anotar que, en relación con la causal de decisión sin motivación, la Sección Quinta
de esta Corporación ha declarado improcedente la acción de tutela cuando la parte actora
alega que la providencia controvertida incurrió en el defecto de falta de motivación. Al
respecto, la citada Sección en el fallo de tutela del 12 de agosto de 202113 explicó que la
acción de tutela es improcedente comoquiera que la ausencia de motivación del fallo bien
sea total o parcial se enmarca en la causal de nulidad originada en la sentencia que da
lugar a la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

A su vez, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 12
de diciembre de 202214 señaló que la causal de nulidad originada en la sentencia se ha
extendido a la violación del debido proceso en los términos del artículo 29 de la
Constitución Política y, dentro de ese marco, la jurisprudencia se ha ocupado de
identificar variados vicios que darían lugar a su configuración15, tales como: (i) haberse

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
13 Expediente nro. 11001 0315 000 2021 00354 01. C.P.Carlos Enrique Moreno Rubio.
14Expediente nro. 11001-03-26-000-2019-00185-00. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
15 Al respecto ver: Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco

Especial de Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-02925-01.
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dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido
proceso, (ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla, (iv) dictar un fallo inhibitorio
injustificado y, (v) faltar al principio de congruencia, entre otros.

Frente al principio de congruencia, la Corporación ha explicado que la congruencia se
entiende como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones
de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita; además, la congruencia, se
puede calificar en congruencia externa, que implica que el fallo debe estar en armonía
con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada, y
en congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia16.

En ese orden, el requisito de subsidiariedad no se encuentra satisfecho, pues la acción
de tutela no puede erigirse en un mecanismo alternativo o sustitutivo de los instrumentos
procesales ordinarios y extraordinarios establecidos por el ordenamiento jurídico para
controvertir decisiones judiciales, menos aun cuando el interesado omitió ejercerlos sin
que se advierta justificación alguna que permita relevar dicha carga procesal. Así las
cosas, al existir un medio de defensa judicial que el accionante tenía a su alcance y del
cual no hizo uso oportunamente, la presente solicitud de amparo deviene improcedente.

Por lo anotado, sin que sea necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito generale de
subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 3 de
julio de 2026.

16 Ibidem.

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 04297 00
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Casanare - COMFACASANARE
Accionado: Consejo de Estado- Sección Cuarta

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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