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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04322-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04322-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04322-01 PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 2 de julio de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04322-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Nadin Nasser Yaber Tapia y otros.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección A.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04322-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el
fallo de 2 de julio de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Los señores Nadin Said Yaber Fernández, Yalile Astrid Yaber Tapias,
Yamil Siman Yaber y Yassid Antonio Yaber Tapia en ejercicio del medio
de control de reparación directa presentaron demanda contra la Nación
– Rama Judicial, con el fin de que fuese declarada administrativa y
patrimonialmente responsable de la privación injusta de la libertad que
tuvo que soportar el señor Nadin Nasser Yaber Tapia.

1.2. El Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, mediante sentencia de 11 de abril de 2023, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que la no comparecencia del

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demandante al proceso penal, pese a tener conocimiento de este,
constituyó un factor determinante para la imposición de la medida de
aseguramiento prevista en el artículo 355 de la Ley 600 de 2000.

1.3. Contra la decisión anterior la parte demandante del proceso interpuso
recurso de apelación.

1.4. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2025
confirmó la decisión de primera instancia, al considerar “[…] se verificó
que la determinación de declarar la existencia del eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, consagrada en el
artículo 70 de la Ley 270 de 1996, fue razonable y adecuada, en tanto,
el fallador encontró probado que fue la conducta del hoy demandante
la que propició su detención, sin que pueda atribuirse dicha
consecuencia a la Rama Judicial […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

Los accionantes manifestaron que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico para lo cual afirmaron que “[…] que la autoridad judicial omitió otorgar
relevancia suficiente a que se determinó en el proceso penal, la inexistencia
de indicios graves, la insuficiencia probatoria reconocida por la propia
autoridad penal, al establecer la ausencia de soporte incriminatorio serio y en
particular, la propia decisión penal de preclusión […] la providencia accionada
construyó una inferencia constitucionalmente problemática al concluir que la
no comparecencia justificaba plenamente la privación de la libertad, argumento
también desarrollado por el a quo, Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del
Circuito de Bogotá, en el fallo de primera instancia. Ello por cuanto, la
declaración de persona ausente no equivalía automáticamente a dolo o culpa
grave […]”.

Sostuvieron que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo al hacer
una indebida interpretación del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, para lo cual

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consideraron que “[…] La jurisprudencia constitucional y contenciosa han
señalado que la culpa exclusiva de la víctima debe interpretarse
restrictivamente, especialmente en casos de privación injusta de la libertad […]
No obstante, la providencia accionada equiparó la no comparecencia al
proceso con culpa grave suficiente para exonerar completamente al Estado;
utilizando nuevamente elementos incriminatorios descartados penalmente y
desconoció el alcance material de la presunción de inocencia […]”.

Los accionantes alegaron la configuración del defecto por desconocimiento del
precedente, para lo cual sostuvieron que la Sentencia SU-054 de 2025 de la
Corte Constitucional reiteró que las autoridades judiciales no pueden
reinterpretar de manera arbitraria hechos ya definidos por la jurisdicción penal
competente y advirtieron que “[…] La Corte Constitucional precisó además que
las interpretaciones fragmentadas e irrazonables vulneran derechos
fundamentales […]”.

Finalmente, adujeron que la autoridad judicial accionada incurrió en una
violación directa de la Constitución al desconocer los artículos 29 y 90 de la
Carta Política. En particular, afirmaron que la decisión cuestionada restringió
de manera irrazonable el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado
derivado de la privación injusta de la libertad, afectando las garantías
constitucionales invocadas.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva,
igualdad y presunción de inocencia de los accionantes, NADIN NASSER
YABER TAPIA, NADIN SAID YABER FERNANDEZ, YALILE ASTRID
YABER TAPIAS, YAMIL SIMAN YABER TAPIA y YASSID ANTONIO
YABER TAPIA, en los términos previstos en la Constitución.

SEGUNDA: Como consecuencia DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
proferida el 11 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”.

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La anterior providencia vulneró derechos fundamentales de mis
representados al negar la configuración del error judicial derivado de la
sentencia del Consejo de Estado de 13 de febrero de 2020 y al validar
una interpretación presuntamente contraria a la presunción de inocencia
y a la jurisprudencia constitucional sobre privación injusta de la libertad.

TERCERA: ORDENAR a la autoridad judicial competente proferir una
nueva decisión respetando:

• La presunción de inocencia.

• El precedente constitucional y contencioso.

• El alcance de la absolución penal.

• Los límites constitucionales de la culpa exclusiva de la víctima.

CUARTA ADOPTAR las demás medidas necesarias para la protección
integral de los derechos fundamentales vulnerados […]”. [Sic en toda la
cita].

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 10 de junio de 2026, se admitió la presente acción de
tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y se vinculó al Juzgado Sesenta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la Rama Judicial, a las señoras
Marbel Luz Fernández Estrada y Nayelis Paola Yaber Sierra, en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso.

2. El 2 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia, mediante la cual aceptó la coadyuvancia
presentada por la señora Marbel Luz Fernández Estrada, negó las solicitudes
de coadyuvancia formuladas por las señoras Lina Margarita Tapia de Yaber y
Faude Jacquelin Yaber Tapia, y declaró improcedente la solicitud de amparo
constitucional.

3. Mediante auto de 17 de julio de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte accionante.

III. INTERVENCIONES

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1. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional o, en subsidio, negar las pretensiones. Para tal
efecto, sostuvo que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico ni en el desconocimiento del precedente alegados por los
accionantes, pues los argumentos expuestos se limitan a cuestionar una
decisión judicial adversa a sus intereses y no evidencian una vulneración de
derechos fundamentales que justifique la intervención del juez constitucional.

2. La Rama Judicial solicitó negar las pretensiones de los accionante y
argumentó que “[…] El no estar de acuerdo con la decisión cuestionada no
significa automáticamente que se configure una afectación constitucional, por
cuanto en este caso la presente acción constitucional carece de impacto
constitucional porque: no se configura la amenaza inminente de los derechos
fundamentales, no se configura el perjuicio irremediable, no se configura una
vulneración de derechos fundamentales, por tratarse de una discusión
indemnizatoria y no cumpliría una función protectora sino revisora, cuando esa
no es la finalidad de la tutela […]”.

3. Las señoras Marbel Luz Fernández Estrada, Lina Margarita Tapia de Yaber
y Faude Jacquelin Yaber Tapia coadyuvaron la solicitud de amparo.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 de julio
de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

Para sustentar su decisión, consideró que “[…] el cargo de la solicitud de
amparo se podría resumir en la oposición que tienen los tutelantes frente a la
forma como el tribunal analizó la implementación de la causal de excepción de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, la presunción de inocencia,
el alcance de la absolución penal y los límites de la culpa exclusiva de la
víctima […]”.

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Señaló que los accionantes no desvirtuaron el fundamento central de la
decisión controvertida, según el cual la conducta del demandante, al no
comparecer al proceso penal pese a tener conocimiento de este, rompió el
nexo causal y configuró la causal eximente de responsabilidad. Asimismo,
precisó que la tutela pretendía reabrir el debate probatorio y controvertir el
criterio adoptado por el juez natural de la causa, sin acreditar una actuación
arbitraria o irrazonable.

En consecuencia, concluyó que no se satisfacía el requisito de relevancia
constitucional exigido para la procedencia excepcional de la tutela contra
providencias judiciales, por tratarse de una controversia propia de la
competencia del juez natural en la causa.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia al considerar que
este incurrió en un error metodológico, consistente en confundir el examen de
procedibilidad de la acción de tutela con el análisis de fondo de los defectos
constitucionales alegados. En ese sentido, sostuvieron que la acreditación del
requisito de relevancia constitucional no exige demostrar anticipadamente la
prosperidad del amparo, sino evidenciar que la controversia planteada
involucra de manera directa la protección e interpretación de derechos
fundamentales.

Expusieron que “[…] este caso, la acción de tutela sí tenía relevancia
constitucional porque cuestionó una providencia judicial que validó la tesis
según la cual una persona favorecida penalmente por una decisión de
preclusión, fundada en la inexistencia de indicios graves, debía soportar la
privación de su libertad por una supuesta no comparecencia al proceso penal
[…]”.

Señalaron que contrario a lo afirmado por la primera instancia “[…] Esa
controversia no es meramente legal, probatoria ni económica. Por el contrario,

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compromete directamente los artículos 29 y 90 de la Constitución Política,
pues involucra el alcance de la presunción de inocencia, el debido proceso, el
derecho a la reparación del daño antijurídico y los límites de las causales
exonerativas de responsabilidad estatal […]”.

Adicionalmente, argumentaron que la sentencia impugnada incurrió en los
siguientes errores: (i) negó la relevancia constitucional del asunto pese a
reconocer que en él se debatían derechos fundamentales; (ii) convirtió el
examen de relevancia constitucional en una decisión anticipada sobre el fondo
de la controversia; (iii) concluyó erradamente que no existía un cargo
autónomo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; (iv) desfiguró el
alcance del defecto fáctico propuesto; (v) omitió pronunciarse sobre el defecto
sustantivo alegado; y (vi) dejó de confrontar la providencia cuestionada con el
precedente constitucional reciente en materia de privación injusta de la
libertad.

Finalmente, precisaron que la impugnación no persigue que el juez
constitucional actúe como una instancia adicional dentro del proceso de
reparación directa ni que efectúe una nueva valoración integral del material
probatorio. Por el contrario, indicaron que su pretensión se circunscribe a que
se reconozca la relevancia constitucional del asunto y se realice un estudio de
fondo respecto de los defectos constitucionales propuestos en la demanda de
tutela.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del

2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)

y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.

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principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]”; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.

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En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 11 de
diciembre de 2025 en el marco del medio de control de reparación directa con
radicación núm. 11001-33-43-065-2022-00147-00/01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial accionada haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual
se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Cabe resaltar que el reproche formulado por los accionantes se circunscribe a
cuestionar la decisión mediante la cual la autoridad accionada declaró la
configuración de la eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la
víctima, previsto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, al descartar la
existencia de un error judicial derivado de la sentencia proferida por el Consejo
de Estado el 13 de febrero de 2020. Asimismo, controvierte la validez de la
interpretación adoptada por dicha autoridad, por considerarla incompatible con
la presunción de inocencia y con la jurisprudencia constitucional en materia de
privación injusta de la libertad, argumentos que para esta Sala implican la

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reapertura del medio de control objeto de cuestionamiento mediante la
presente acción de tutela.

Lo anterior encuentra sustento en que la autoridad accionada, en la
providencia cuestionada, expuso de manera razonada, coherente y
suficientemente fundamentada las consideraciones jurídicas que la condujeron
a declarar la existencia de la eximente de responsabilidad por culpa exclusiva
de la víctima. En particular, concluyó que la conducta desplegada por el hoy
demandante fue determinante en la adopción de la medida que condujo a su
detención, circunstancia que impedía atribuir tal resultado a una actuación
imputable a la Rama Judicial. De esta manera, la decisión controvertida se
encuentra soportada en una motivación objetiva y verificable, sin que se
advierta que haya obedecido a criterios caprichosos, arbitrarios o alejados de
los postulados de transparencia e imparcialidad que rigen la función
jurisdiccional. Por el contrario, del análisis de la providencia censurada no se
evidencia vulneración alguna de derechos fundamentales.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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