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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04329-00

Fecha
6 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04329-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04329-00 (6878)
Accionante: Cristian Rafael Mejía Herazo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: auto que resuelve recusación. Subtema
3: defecto procedimental absoluto.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Cristian Rafael Mejía Herazo contra
el Tribunal Administrativo del Cesar.

1. Síntesis del caso

El señor Cristian Rafael Mejía Herazo presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, al mínimo
vital y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Cesar, con ocasión de la providencia del 11 de mayo de
2026, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 20001-33-33-009-2022-00032-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

2. El señor Cristian Rafael Mejía Herazo presentó escrito, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el departamento del

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Accionante: Cristian Rafael Mejía Herazo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Cesar con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que
negaron el reconocimiento de la existencia de una relación laboral encubierta en el
tiempo que laboró como auxiliar en ETV y Zoonosis al servicio de dicha entidad
territorial.

3. El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Noveno Administrativo de
Valledupar que, mediante sentencia del 9 de diciembre de 2024, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. Contra esta decisión el señor
Cristian Rafael Mejía Herazo interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido
por auto del 30 de enero de 2025.

4. En el curso de la segunda instancia, el 30 de enero de 2026, el accionante
recusó al magistrado ponente.

5. El señor Cristian Rafael Mejía Herazo presentó memorial, el 4 de mayo de 2026,
a través del cual revocó el poder conferido a su abogado y solicitó ser facultado para
actuar en nombre propio dentro del proceso.

6. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto del 11 de mayo de 2026,
declaró infundada la recusación formulada por el señor Cristian Rafael Mejía
Herazo.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 al juez constitucional el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, al mínimo vital y al
acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, pidió lo siguiente:

2. DEJAR SIN EFECTOS el auto adverso de recusación notificado y entregado
físicamente el día de hoy, 14 de mayo de 2026, a las 8:30 a.m., por el Despacho 04 del
Tribunal Administrativo del Cesar, debido a sus protuberantes defectos fácticos y
motivacionales

3. ORDENAR a la magistrada Doris Pinzón Amado que reinicie los términos del
incidente de recusación y se abstenga de dictar fallo definitivo en el proceso principal,
hasta que:

a) Se garantice formalmente el cambio y posesión de mi nueva defensa técnica
profesional.
b) Cese mi estado de incapacidad medica severa certificado por mis médicos
tratantes2.

8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que el
Tribunal accionado incurrió en defecto procedimental absoluto al proferir el auto del
11 de mayo de 2026. Lo anterior, toda vez que, debido a su falta de representación
en el trámite, la autoridad accionada estaba en la obligación de «frenar los términos»
procesales mientras el demandante otorgaba poder a un abogado para que

1
Samai, índice 2.
2
Se transcribe incluso con errores.

2

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Accionante: Cristian Rafael Mejía Herazo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

ejerciera su defensa técnica.

9. Asimismo, precisó que la presente acción de tutela constituye un mecanismo
para evitar un perjuicio irremediable, pues si la autoridad judicial accionada profiere
la sentencia de segunda instancia mientras se encuentra en «total indefensión
técnica» y delicado estado de salud, se materializaría una violación irreversible de
sus derechos fundamentales.

2.3. Trámite procesal

10. El despacho ponente, mediante auto del 9 de junio de 20263, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación del Tribunal Administrativo del Cesar y puso en
conocimiento el escrito de tutela al departamento del Cesar, la Secretaría de Salud
departamental del Cesar y al Juzgado Noveno Administrativo de Valledupar, como
terceros con interés.

2.4. Intervenciones

11. El Tribunal Administrativo del Cesar4 afirmó que no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados, ya que la designación de un abogado es una carga
procesal que debía cumplir el demandante, pues fue este quien revocó el poder
conferido a su anterior defensor. Añadió que la circunstancia descrita no configura
un defecto procedimental absoluto, pues no existe norma que obligue al juez a
suspender los términos procesales en los eventos en que alguna de las partes
revoque el mandato conferido a quien actúa como su apoderado. Con base en lo
anterior, pidió que se declare la improcedencia de la tutela.

12. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Cristian Rafael Mejía Herazo
contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

3.2. Legitimación en la causa

14. La legitimación en la causa por activa del señor Cristian Rafael Mejía Herazo
está acreditada porque es la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

15. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04329-00, índice 6.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04329-00, índice 13.

3

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Accionante: Cristian Rafael Mejía Herazo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Administrativo del Cesar, porque fue la autoridad que profirió la providencia objeto
de tutela.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

16. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado5 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional6.

17.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

18. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales7 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

19. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, alguno de los siguientes defectos o causales:
i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución8.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

20. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
8
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

4

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Corte Constitucional9 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

21. Así pues, la Corte Constitucional10 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

22. En el caso particular, la cuestión que se discute es de relevancia constitucional,
toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación
de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada se configuró un defecto procedimental absoluto que, a su juicio, impidió
que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

23. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues la providencia objeto de tutela no
admite recursos, por lo que no tiene otro escenario en el que promover el debate
planteado.

24. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
providencia objeto de reparos, proferida el 11 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo, fue notificada por estado del 13 de mayo siguiente11 y la demanda
de tutela se presentó el 5 de junio de 202612, esto es, dentro del plazo de seis meses
previsto por la jurisprudencia constitucional13 y del Consejo de Estado14 como
razonable.

25. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se

9
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
10
Ibidem.
11
Samai, exp. núm. 20001-33-33-009-2022-00032-01, índice 33.
12
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-04329-00.
13
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

5

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encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de una decisión frente a la cual no proceden recursos.

26. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

27. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto procedimental y, en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.4. Problema jurídico

28. La Sala debe determinar si ¿la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto procedimental absoluto y, con ello, vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora al proferir el auto del 11 de mayo de 2026, que resolvió
sobre la recusación formulada por el accionante?

29.Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades del defecto invocado; y ii) el
caso concreto.

3.4.1. Defecto procedimental

30. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas
de carácter fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad judicial.

31. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.

32. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales»15.

33. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al

15
Corte Constitucional, sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.

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asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»16.

34.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.

35. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»17.

3.5. Caso concreto

36. En el presente asunto el señor Cristian Rafael Mejía Herazo adujo que el
Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en defecto procedimental absoluto al
proferir el auto del 11 de mayo de 2026, mediante el cual resolvió la recusación que
propuso contra el magistrado ponente en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 20001-33-33-009-2022-00032-01.
Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial accionada omitió suspender los términos
procesales mientras conseguía un profesional del derecho que ejerciera su
representación, pues había revocado el poder otorgado a su anterior abogado.

37. Además, explicó que la tutela se convierte en un medio para evitar un perjuicio
irremediable, ya que de proferirse sentencia de segunda instancia mientras está en
dicha situación de «indefensión técnica» y con un estado de salud delicado, se
configuraría una violación irreversible de sus derechos fundamentales.

38. Con el propósito de establecer si el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió
en el defecto alegado por el accionante, resulta necesario examinar si se reunieron
los requisitos para la interrupción del proceso, comoquiera que la inconformidad del
tutelante se reduce a que la autoridad judicial no podía resolver sobre la recusación
formulada el 30 de enero de 2026, pues no contaba con apoderado judicial en razón
del memorial de revocatoria del poder que presentó el 4 de mayo de la misma
anualidad.

16
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.

7

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39.De esa manera, se debe acudir al artículo 159 del Código General del Proceso,
que establece los eventos que dan lugar a la interrupción del proceso, así:

El proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá:

1. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya
estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad
lítem.
2. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial
de alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio
de la profesión de abogado. Cuando la parte tenga varios apoderados para el
mismo proceso, la interrupción solo se producirá si el motivo afecta a todos los
apoderados constituidos.
3. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del representante o
curador ad lítem que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado
judicial.

40. De la disposición transcrita se desprende que la interrupción del proceso solo
procede cuando se configura alguno de los supuestos expresamente previstos en
ella, entre los cuales no se encuentra la revocatoria del poder, dado que la
terminación del mandato en manera alguna se equipara a la muerte, enfermedad
grave, privación de la libertad o imposibilidad para ejercer la profesión que, en los
términos del artículo 159 del CGP, pueden afectar a la parte, a su apoderado judicial
o a su representante.

41. En efecto, la revocatoria del poder constituye la intención de poner fin al
mandato conferido a su apoderado, pero no es una circunstancia irresistible o ajena
a su voluntad que le impida intervenir en la actuación. Por consiguiente,
correspondía al señor Mejía Herazo adoptar las medidas necesarias para designar
un nuevo apoderado, sin que la ausencia temporal de representación judicial,
originada en su propia decisión, obligara al Tribunal accionado a paralizar el trámite.

42. Ahora bien, en cuanto al estado de salud del accionante, el numeral 1 del
artículo 159 del CGP establece que la enfermedad grave de la parte puede
interrumpir el proceso cuando esta no haya estado actuando por conducto de
apoderado judicial, representante o curador ad lítem. Circunstancia que tampoco se
configura en el presente caso pues, al margen de que el señor Mejía Herazo haya
revocado el poder conferido a su abogado y solicitado que se le facultara para actuar
en nombre propio, lo cierto es que el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho requiere del derecho de postulación en los términos del artículo 160 del
CPACA18.

43. En todo caso, y en gracia de discusión, se estima pertinente aclarar que el inciso
1 del artículo 159 del CGP establece que en el evento en que la causal de
interrupción se presente cuando el expediente esté al despacho, como en el
presente caso, los efectos de la interrupción surgen a partir de la notificación de la
providencia que se dicte a continuación. Por ende, las circunstancias que refiere el

18
Artículo 160. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de
abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. […].

8

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accionante en nada afectarían la validez del auto del 11 de mayo de 2026.

44. Finalmente, en relación con el posible perjuicio irremediable alegado por el
tutelante, la eventual expedición de la sentencia de segunda instancia no constituye,
por sí misma, un daño irreversible a sus derechos fundamentales, en especial
cuando la «indefensión técnica» expuesta por el accionante surgió de su decisión
de revocar el poder conferido a su abogado y no de una actuación atribuible al
Tribunal.

45. Así las cosas, para la Sala no es de recibo la afirmación de la parte accionante
frente al defecto procedimental absoluto por omitir suspender los términos
procesales debido a la falta de apoderado judicial. Por el contrario, lo que se advierte
es que el Tribunal Administrativo del Cesar, de forma razonable, continuó con el
impulso ordinario del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
comoquiera que no se configuró ninguna de las causales de procedencia para la
interrupción del proceso.

46. Cuestión distinta es que el tutelante no comparta la interpretación de la
autoridad judicial accionada, circunstancia que no configura, por sí misma, el
defecto procedimental alegado, pues la acción de tutela no constituye una instancia
adicional para reabrir el debate jurídico resuelto por el juez natural.

4. Conclusión

47. La Sala concluye que el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la
providencia del 11 de mayo de 2026, no incurrió en una irregularidad procesal que
configure un defecto procedimental absoluto. En consecuencia, se negarán las
pretensiones de la demanda propuesta por la parte actora.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Cristian Rafael Mejía
Herazo contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04329-00 (6878)
Accionante: Cristian Rafael Mejía Herazo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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