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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04331-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04331-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04331-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

6 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04331-00
Demandante: Julio César Vásquez Quintero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., 6 de agosto de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04331-00
Demandante: JULIO CÉSAR VÁSQUEZ QUINTERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA y OTRO

Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Proceso disciplinario. Improcedencia de
la acción de tutela. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Julio César Vásquez Quintero
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo
de Buenaventura.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 5 de junio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y actuando a través de
apoderado, el señor Julio César Vásquez Quintero pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, presunción de inocencia, acceso a la administración
de justicia y al trabajo.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del
28 de noviembre de 2023 y del 4 de febrero de 2026, dictadas por el Juzgado Primero
Administrativo Mixto de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
respectivamente, que denegaron las pretensiones de la demanda dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76109-33-33-002-2022-00064-
00/01.

2. Pretensiones

La parte actora no formuló un acápite titulado pretensiones o solicitudes en el escrito de
tutela; sin embargo, del escrito se infiere que el accionante pretende que se dejen sin
efectos las sentencias proferidas el 28 de noviembre de 2023 y 4 de febrero de 2026, por
el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, respectivamente, que denegaron pretensiones dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76109-33-33-002-2022-00064-
00/01.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

El señor Julio César Vásquez Quintero ingresó a la Policía Nacional mediante Resolución
No. 05414 de 11 de diciembre de 2008, se desempeñó como patrullero adscrito a la base
antinarcóticos de Buenaventura con funciones de conductor en el control portuario y
aeroportuario de Buenaventura.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04331-00
Demandante: Julio César Vásquez Quintero

El 25 de noviembre de 2018, durante el turno comprendido entre las 15:00 y las 23:00
horas, las cámaras de circuito cerrado del puerto de la Sociedad Portuaria de
Buenaventura registraron un vehículo tipo camioneta, con características similares a las
utilizadas por la compañía antinarcóticos, realizando movimientos que consideró como
extraños en un sector de las instalaciones.

El 26 de noviembre de 2018 se incautaron 135 kilogramos de clorhidrato de cocaína y
como posibles implicados en los hechos se identificaron al intendente Jhonedin Norbey
Mambí y al patrullero Julio César Vásquez Quintero.

Por lo anterior, el accionante fue vinculado al proceso disciplinario No. IJUR-GRUTE-
2019-33 radicado en la oficina disciplinaria de la Policía del Valle del Cauca por conductas
relacionadas con el transporte y disposición de sustancias estupefacientes.

Dentro del proceso disciplinario se aportaron como pruebas registros fílmicos fotográficos
del sistema de seguridad, el informe investigador de campo - FPJ 11 de 30 de enero de
2019 en el que se analizaron los videos captados por las cámaras de seguridad con
relación a los hallazgos de 26 de noviembre de 2018 y que fue complementado por el
informe FPJ 11 de 18 de marzo de 2019, la defensa presentó una prueba pericial cuyo
objeto fue analizar los videos y fotografías estudiados en los informes de campo, que
concluyó que la trazabilidad realizada por la policía judicial y sociedad portuaria no
permitía identificar con certeza que la camioneta que apareció en los videos fuera la de
placas DIN468 ni que correspondiera al vehículo asignado al patrullero Julio César
Vásquez Quintero.

De manera paralela, cursó proceso penal ante el Juzgado Penal Especializado de
Buenaventura bajo el radicado 76109600016201801503, dentro del cual, según el
accionante, la Fiscalía Segunda, con apoyo de la prueba pericial, solicitó audiencia de
preclusión en favor del demandante, diligencia que desde el año 2021 no había podido
realizarse.

El 21 de octubre de 2021, la oficina de control interno disciplinario de la Policía del Valle
del Cauca profirió fallo disciplinario de primera instancia a través del cual sancionó al
señor Julio César Vásquez Quintero con destitución e inhabilidad para ejercer funciones
públicas en cualquier cargo o función, por el término de dieciséis (16) años, por incurrir
en las faltas previstas por los numerales 211 y 222 del artículo 343 de la Ley 1015 de 2006.

El 6 de enero de 2022, la Inspección delegada Región de Policía No. 4 dictó fallo de
segunda instancia SIJIR – GRUTE – 2019-33 por medio del cual confirmó la decisión de
primera instancia.

3.2. Actuación judicial

El señor Julio César Vásquez Quintero promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Policía Nacional para que se declarara la nulidad del fallo de primera
instancia proferido el 21 de octubre de 2021 por la oficina de control interno disciplinario
que sancionó al accionante con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas
por 16 años y del fallo de segunda instancia dictado el 6 de enero de 2022 por la
Inspección Delegada Región de Policía No. 4 que confirmó decisión de primera instancia.

El demandante estimó que con la expedición de los actos acusados se vulneraron los
artículos 29, 40, 53 y 89 de la Constitución, así como los artículos 23, 28, 141 y 142 de
la Ley 734 de 2002, el artículo 39 de la Ley 1015 de 2006, el artículo 138 de la Ley 1437

1 Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley,

reglamentos o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas:
2 Elaborar, cultivar, suministrar, traficar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar o apropiarse de cualquier

tipo de precursores o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, prohibidas por la ley, así como permitir
estas actividades.
3 Faltas Gravísimas.

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de 2011 y el Decreto 976 de 2021, al considerar que la Policía Nacional había incurrido
en una vía de hecho, por cuanto a través de los fallos disciplinarios le impuso una sanción
que le generó un daño antijurídico que no se encontraba en el deber de soportar.

A título de restablecimiento, solicitó el reconocimiento y pago de los salarios, primas,
bonificaciones, vacaciones, cesantías y demás derechos laborales que dejó de percibir
desde su desvinculación hasta su reintegro al cargo que desempeñaba o a otro de igual
o superior jerarquía y que declarara que no existió solución de continuidad, además del
reconocimiento de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados por la
sanción impuesta.

La demanda fue tramitada bajo el radicado 76109-33-33-002-2022-00064-00 y
correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo Mixto de Buenaventura,
despacho que, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2023, negó las pretensiones
de la demanda. Como fundamento de su decisión, consideró que dentro del proceso se
respetaron las garantías constitucionales y legales propias de esta clase de actuaciones,
efectuó una valoración integral y adecuada del material probatorio obrante en el
expediente y garantizó el derecho al debido proceso del accionante durante todas las
etapas del trámite disciplinario.

Señaló que no existían dudas sobre los hechos en los que se vio inmerso el señor Julio
César Vásquez Quintero los días 25 y 26 de noviembre de 2018 relacionados con la
incautación de 134 kilogramos y 865 gramos de clorhidrato de cocaína, que estaban en
3 tulas abandonadas en el módulo A15 del puerto de Buenaventura y no existía discusión
sobre el turno laboral del accionante como conductor de la camioneta DIN468 y de su
tripulante para el 25 de noviembre de 2018 desde las 15:00 horas hasta las 23:00 y de
las 16:58 horas momento en el que ingresó a las instalaciones de la sociedad portuaria
de Buenaventura ni del lugar donde ejercía su turno ni de la sustancia y cantidad de droga
encontrada en las tulas abandonadas en el módulo A 15 y que con los informes y
testimonios se corroboró la presencia del actor en el lugar de los hechos bajo las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueron establecidas en la investigación
disciplinaria sancionatoria.

Inconforme, el demandante apeló al considerar que la sentencia de primera instancia
había incurrido en una valoración incompleta e inmotivada del material probatorio al
desestimar que la prueba pericial de fotografía y videografía elaborada por el perito José
Javier Posada Posso, que, a su parecer, desvirtuó la trazabilidad que presentó la Policía
Judicial, dado que esa prueba pericial había demostrado que no existían condiciones
técnicas para identificar con certeza a la persona que descendió de la camioneta ni para
diferenciar las dos camionetas blancas de similares características que ingresaron al
lugar de los hechos.

Afirmó que no existía prueba alguna que acreditara que la camioneta DIN468 hubiera
transportado la droga encontrada en el módulo A15 ni que el actor hubiera participado en
tal conducta y que la sola presencia de su vehículo en cercanías del lugar donde apareció
el estupefaciente no permitía inferir su responsabilidad e indicó que el juez de primera
instancia aceptó el informe del investigador John Alexander Guío Hernández sin hacer
un análisis crítico pues el mismo no cumplía con estándares técnicos y condujo a
conclusiones erradas sobre la identidad del conductor y los movimientos del vehículo y
que los testimonios de los suboficiales Carlos Andrés Jaramillo y Diego David Corzo
demostraron que durante los turnos comprendidos entre las 23:00 del 25 de noviembre y
las 7:00 del 26 de noviembre de 2018 se realizaron varias revistas sin advertir la
presencia de droga.

Mediante sentencia del 4 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó la sentencia de primera instancia luego de concluir que las pruebas
aportadas en el proceso disciplinario permitieron establecer que el demandante, en su
calidad de conductor del vehículo DIN468 de la Policía Nacional, realizó conductas
irregulares y funcionalmente reprochables, relacionadas con el transporte y disposición

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de la sustancia estupefaciente hallada en el módulo A15 de la Sociedad Portuaria de
Buenaventura. En consecuencia, la sanción impuesta no se sustentó en conjeturas o
simples sospechas, sino en un análisis probatorio coherente y suficiente.

Sostuvo que el informe pericial presentado por la defensa sí fue considerado dentro del
proceso pero no fue suficiente para descartar la responsabilidad disciplinaria y que los
testimonios de los señores Carlos Jaramillo y Diego Corzo se coligió que la visibilidad
nocturna era deficiente y que de las labores de revista se realizaban desde el vehículo
sin descender a inspeccionar físicamente el módulo A15 por lo que los mismos no
resultaban idóneos para desvirtuar los hechos ocurridos el 25 de noviembre de 2018 en
tanto no acreditaron que el lugar hubiera sido efectivamente inspeccionado con
condiciones de visibilidad y profundidad suficiente para descartar la presencia de la
sustancia ilícita.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, el accionante afirmó que incurrió en el siguiente
vicio de fondo:

Defecto fáctico, por cuanto en las sentencias cuestionadas se realizó una valoración
probatoria fragmentada, incompleta y errónea de las pruebas obrantes en el proceso,
pues las autoridades accionadas omitieron valorar de forma integral el dictamen pericial
que, según el actor, evidenció la imposibilidad técnica de identificar con certeza el
vehículo presuntamente involucrado y desestimaron la existencia de múltiples
automotores con características similares en el lugar de los hechos, las limitaciones
técnicas de los registros videográficos y la ruptura del nexo temporal entre la conducta
atribuida al señor Julio César Vásquez y el hallazgo del material ilícito.

Adujo que las autoridades accionadas avalaron una reconstrucción fáctica basada en
supuestos y conjeturas y trasladaron indebidamente al accionante la carga de desvirtuar
una imputación que no estaba debidamente probada; que validaron la destitución del
señor Vásquez con fundamento en un informe videográfico que a su parecer fue
elaborado por personal no idóneo y aplicaron un estándar de responsabilidad contrario a
la Constitución pues no consideraron que en el proceso penal que se adelantó en contra
del actor, luego de conocer el dictamen pericial que fue aportado al proceso disciplinario,
la fiscalía coadyuvó la revocatoria de la medida de aseguramiento que se le había
impuesto; sin embargo, se le trasladó la carga de demostrar su inocencia en lugar de
exigir a la autoridad disciplinaria acreditar plenamente su responsabilidad.

Defecto sustantivo por cuanto las providencias cuestionadas realizaron una
interpretación extensiva e irrazonable del régimen disciplinario al atribuir al accionante la
comisión de una falta gravísima sin que se encontraran estructurados los elementos de
la conducta, pues la sanción impuesta correspondió a la imputación de comportamientos
relacionados con el tráfico o transporte de sustancias ilícitas que por su naturaleza
exigían la demostración de una conducta activa, directa y materialmente verificable; no
obstante, se sustituyeron tales exigencias por un estándar significativamente inferior,
pues consideraron como suficiente para derivar la responsabilidad disciplinaria del actor,
la presencia del vehículo y su condición de conductor del mismo, lo que a su juicio
conllevó a una ampliación indebida del tipo disciplinario al equiparar una situación
meramente circunstancial con la realización efectiva de la conducta sancionada.

De otra parte, afirmó que, al no efectuar un control integral sobre la sanción disciplinaria
y no verificar si existía certeza probatoria suficiente para confirmar los actos
administrativos sancionatorios, las autoridades disciplinarias desconocieron las
sentencias T-189 de 2005 y C-799 de 2005.

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Demandante: Julio César Vásquez Quintero

Violación directa de la Constitución en sus artículos 13, 25, 29, 83 y 229, por cuanto
las autoridades accionadas confirmaron los actos acusados basados en conjeturas sin
ejercer un verdadero control material de legalidad.

Desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en materia disciplinaria
conforme al cual <<los indicios débiles no bastan para sancionar, la mera presencia en
el lugar de los hechos no acredita responsabilidad y la ausencia de prueba directa exige
absolución.>> Sin embargo, no identificó ninguna sentencia en particular.

5. Trámite procesal

Por auto del 16 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al juez Primero Administrativo de Buenaventura, al
ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 19 de junio de 2026.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la magistrada ponente de
la decisión cuestionada, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional porque la sola inconformidad
con conclusión probatoria no convierte el asunto en uno de relevancia constitucional,
dado que la tutela no fue concebida para reabrir un debate que ya se surtió ante el juez
natural ni para sustituir su autonomía en la valoración de las pruebas.

El Ministerio de Defensa, Policía Nacional, solicitó que denegaran las súplicas de la
parte actora ante la improcedencia de la acción, por cuanto a través de la misma se
pretende que el juez constitucional realice un juicio de valor que ya se realizó dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

El juez Primero Administrativo de Buenaventura no rindió informe pese a haber sido
notificado en debida forma de la acción de tutela4.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Julio César Vásquez Quintero para dejar sin efectos las sentencias del 28 de noviembre
de 2023 y del 4 de febrero de 2026, dictadas por el Juzgado Primero Administrativo Mixto
de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente, que
denegaron las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado 76109-33-33-002-2022-00064-00/01.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional. La parte actora la utiliza como una
instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho e insiste en
argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural.

4 A través de los correos electrónicos j01admtura@cednoj.ramajudicial.gov.co.

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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan
cuando se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

La Sala empieza por precisar que, si bien la parte actora cuestiona las providencias del
28 de noviembre de 2023 y 4 de febrero de 2026, dictadas por el Juzgado Primero
Administrativo Mixto de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
respectivamente, que denegaron las pretensiones de la demanda dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento con radicado 76109-33-33-002-2022-00064-00/01, el análisis
se centrará en la última providencia por ser la que confirmó la decisión de primera
instancia y decidió de manera definitiva sobre las pretensiones de nulidad de los fallos
proferidos dentro del proceso disciplinario que se adelantó en contra del accionante.

Ahora bien, del examen de la solicitud de amparo se observa que el demandante insiste
en los argumentos expuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En efecto, aunque el accionante alega la configuración de los defectos fáctico y
sustantivo y violación directa de la Constitución, lo cierto es que lo hace para insistir en
que debió declararse la nulidad de los fallos proferidos dentro del proceso disciplinario

5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Julio César Vásquez Quintero

que se adelantó en su contra y que le impusieron la sanción de destitución e inhabilidad
para ejercer funciones públicas en cualquier cargo o función, por el término de dieciséis
(16) años por incurrir en las faltas previstas por los numerales 21 7 y 228 del artículo 349
de la Ley 1015 de 2006, pues a su parecer dentro del proceso disciplinario hubo una
indebida valoración probatoria y no se tuvieron en cuenta pruebas relevantes como el
informe pericial que aportó la defensa.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
providencia del 28 de noviembre de 2023, dictada por el Juzgado Primero Administrativo
Mixto de Buenaventura, se lee lo siguiente:
«En el presente asunto, se puede colegir sin dubitación alguna que, contrario a lo manifestado por el a
quo en la decisión que se recurre, el fallo de primera instancia proferido por la oficina de Control
Disciplinario Interno del Departamento de Policía – Valle, presidida en su momento por el capitán
HELBERTH HERNANDO ZUÑIGA MUÑOZ – jefe de la oficina – y el fallo de segunda instancia a cargo
de la señora Coronel MARTHA LUCIA RAMIREZ CARDENAS , sí vulneraron el derecho fundamental
al debido proceso del Patrullero ® JULIO CESAR VÁSQUEZ QUINTERO, dentro del proceso que se
adelantó en su contra bajo el radicado No. Rad. No. SIJUR-GRUTE-2019-33, toda vez que, se omitió́ el
material probatorio recaudado (y se continua omitiendo en este proceso judicial), que dejan en
incertidumbre o en duda la responsabilidad de mi representado en el asunto disciplinario, ya que el
señalamiento que se hiciera al citado VÁSQUEZ QUINTERO, es porque supuestamente fue quien
transportó la droga alucinógena que fuera hallada en un lugar en la sociedad portuaria de Buenaventura,
es considerado alejada de la realidad, porque no existe prueba alguna que logre determinar a ciencia
cierta, que mi representado haya transportado la droga justamente en la camioneta DIN468, para el 25
de noviembre de 2018, pues el fallador de instancia como lo hicieron las autoridades administrativas
disciplinarias, tan solo ostentan en el universo probatorio, el informe del investigador de campo JOHN
ALEXANDER GUIO HERNÁNDEZ, investigador criminal, el cual debemos decir, se habría apropiado
de un informe de Investigador de Campo FPJ 11 del 30 de enero de 2019, el cual aquel no realizó, esto
porque dicho informe lo signó el señor Intendente JESUS ANDRES VALENCIA ORREGO, el cuál jamás
fue llamado a declarar en la Actuación Disciplinaria, mismo que fuera el encargado de entregar 109
fotografías en dicho informe, y que después aparecen relacionadas en un CD que fuera aportado por la
autoridad disciplinaria - sin saberse quien era el autor de las mismas, pues lo que entregan en la
sociedad portuaria son los CDS que contienen los videos de aquella noche del 25 de noviembre de
2018, y es el señor Intendente VALENCIA ORREGO, y el Patrullero GUIO HERNANDEZ, pero en otro
informe, hacen relación de una mal LLAMADA TRAZABILIDAD DE LOS VIDEOS DE DONDE SACAN
LAS FOTOS, que hoy en día incluso se usan, tanto como en la actuación disciplinaria, como ahora en
la sentencia de primera instancia en el presente proceso administrativo de nulidad y restablecimiento
del derecho. (…).

De lo anterior, tenemos que decir que, en la valoración de las pruebas analizadas por la Señora Juez
de Primera Instancia, no se tuvo en cuenta la PRUEBA PERICIAL realizada por el perito JOSE JAVIER
POSADA POSSO, que sin duda desdibujó la que fuera presentada por la policía judicial, incluso
pudimos establecer que dicho joven Patrullero testigo de la Policía Judicial GUIO HERNANDEZ, no
tenía las capacitaciones en dicha área como para haber presentado un análisis de trazabilidad de
videos. Pero en cambio, el perito JOSE JAVIER POSADA POSO aportado por la defensa, pudo
demostrar en informe pericial de fecha 19 de junio de 2020, que fue presentado bajo juramento en
diligencia disciplinaria ante la Inspección General de la Policía Nacional, el pasado 02 de julio de 2020,
en donde logra debatir en un todo - el incipiente y amañado informe presentado por el policía judicial
Intendente JESUS ANDRES VALENCIA ORREGO, el cual fue apropiado como lo dijimos en líneas
anteriores por el Pt. GUIO HERNANDEZ, mismo informe que había sido base para señalar a mi
representado, y cuando digo base, es porque así fue relacionada dicha prueba, no solo en el proceso
disciplinario, sino en su momento cuando impusieron la medida de aseguramiento en el proceso penal
por los mismos hechos, mismo proceso en el cual la Fiscalía General de la Nación en el radicado No
761096000163201801503 asido de esta muy fuerte prueba pericial aportada por la defensa, toma la
decisión de solicitar audiencia ante la Juez Penal del Circuito Especializado de Buenaventura, para
sustentar la PRECLUSION DE LA INVESTIGACION, porque no existe posibilidad alguna de demostrar
CON CERTEZA, MAS ALLA DE TODA DUDA, la responsabilidad penal del procesado. >>

Por su parte, en la acción de tutela, el actor argumenta lo siguiente:

<<En el presente caso, tanto el Juzgado como el Tribunal:

7 Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley,

reglamentos o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas:
8 Elaborar, cultivar, suministrar, traficar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar o apropiarse de cualquier

tipo de precursores o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, prohibidas por la ley, así como permitir
estas actividades.
9 Faltas Gravísimas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04331-00
Demandante: Julio César Vásquez Quintero

• Omitieron la valoración material del dictamen pericial de la defensa: El dictamen del perito JOSÉ
JAVIER POSADA POSO demostró́ la imposibilidad técnica de identificar el vehículo y al conductor. El
Juzgado Primero Administrativo, en su fallo de 2023, guardó silencio frente a esta prueba determinante,
y el Tribunal, en 2026, la descalificó sin sustento técnico, prefiriendo el informe de la policía judicial,
que se demostró́ ni siquiera habría sido elaborado por personal idóneo en el campo videográfico, que
solo contenía suposiciones basadas en el turno de servicio policial y la camioneta que aquellos usaban
para tal efecto, desconociendo que en el lugar en las mismas horas transitaba otra camioneta de
idénticas características en aquel complejo portuario.

Ignoraron la ruptura del nexo causal: Los jueces administrativos no valoraron que el hallazgo del ilícito
ocurrió́ en un turno posterior al del accionante, lo que introduce una duda objetiva que el juez
administrativo estaba obligado a proteger por mandato del artículo 29 de la Constitución. (…).
Validaron la destitución del hoy demandante, basándose exclusivamente en la existencia de un informe
de policía judicial de cámaras de seguridad (A cargo de personal NO idóneo o al menos con alguna
capacitación en dicha área del conocimiento, pues así lo reconoció el policial - en el contrainterrogatorio
de la defensa), omitiendo un hecho fundamental, de alta referencia, esto es, que en el proceso penal
derivado de los mismos hechos, la propia fiscalía general de la Nación —en aplicación del principio de
objetividad (Art. 115 C.P.P.)— coadyuvó la revocatoria de la medida de aseguramiento solicitada por
la defensa, quien se afincó precisamente en el dictamen pericial del Señor JOSE JAVIER POSADA
POSO.

Esta decisión judicial surgió tras conocerse la prueba pericial videográfica, la cual demostró que en la
noche de los hechos circulaban simultáneamente dos (2) camionetas de idénticas características en la
terminal marítima de Buenaventura, más otras camionetas blancas de otras características. Sumado a
ello, se acreditó que el alijo fue hallado cerca de las 09:00 horas del día siguiente, durante un turno
posterior al del demandante. Dado que los agentes del turno intermedio (23:00 a 07:00 horas)
declararon no haber encontrado o visualizado la droga en sus patrullajes, resulta objetivamente
imposible atribuir el hallazgo al turno de mi patrocinado, el cual finalizó a las 23:00 horas, que es dos
turnos antes a dicha inspección.

• No aplicaron el principio de presunción de inocencia al trasladar al demandante la carga de probar
su inocencia frente a videos que fueron catalogados insuficientes en su calidad, borrosos por cuenta
de la lluvia, en lugar de exigir a la autoridad disciplinaria administrativa, la prueba plena de la
culpabilidad. >>

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en sentencia dictada el 4 de febrero de 2026, en la que se consideró:

«(…) 101. De entrada, la Sala advierte que el análisis del material probatorio recaudado dentro del
proceso disciplinario no puede realizarse de manera fragmentada ni aislada, sino de forma conjunta,
armónica y conforme a las reglas de la sana critica, atendiendo a los criterios de lógica, experiencia y
razonabilidad. En consecuencia, no resulta jurídicamente admisible lo pretendido por la parte actora al
tratar de desvirtuar la totalidad del acervo probatorio únicamente a partir del informe pericial rendido
por el señor José Javier Posada Posso.

102. En efecto, dentro del proceso disciplinario no solo reposan los registros fílmicos y la denominada
«trazabilidad» del vehículo institucional, sino también los informes de investigador de campo, el informe
suscrito por el mayor Edibier Gustavo Ramírez Agudelo, así como las entrevistas practicadas a los
propios implicados, particularmente al actor (conductor del vehículo oficial).

103. Está plenamente acreditado que, para el día 25 de noviembre de 2018, en el turno comprendido
entre las 15:00 y las 23:00 horas, el actor se desempeñaba como conductor del vehículo de la Policía
Nacional de placas DIN468, lo que se desprende del libro de anotaciones del suboficial de servicio, de
las actas de asignación vehicular y de las propias entrevistas rendidas dentro del proceso disciplinario.
El investigado no negó́ haber conducido dicho automotor ni haber transitado por los módulos de
exportación durante ese turno, circunstancia que constituye un hecho probado y no controvertido dentro
de la actuación.

104. En segundo término, los informes de investigación de campo y el análisis de los videos de
seguridad realizados por la Policía Judicial y por el oficial Edibier Gustavo Ramírez Agudelo permiten
establecer que la camioneta DIN468 ingresó en varias ocasiones al sector donde posteriormente fue
hallada la sustancia estupefaciente, permaneciendo allí durante lapsos de tiempo que son inusuales,
en algunos momentos con las luces apagadas y efectuando maniobras de parqueo en reversa,
comportamiento que resulta objetivamente anómalo frente a una rutina normal de patrullaje. Tales
movimientos no corresponden a un simple tránsito de control, sino que evidencian una detención
funcionalmente relevante en el lugar exacto donde se encontraron las tulas con clorhidrato de cocaína.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04331-00
Demandante: Julio César Vásquez Quintero

105. El propio investigado, en su entrevista, se limitó́ a afirmar que se encontraba «pasando revista»,
explicación que no logra desvirtuar la coincidencia temporal y funcional entre su presencia en el módulo
A15 y el hallazgo posterior de la droga.

106. Ahora, la Sala advierte que el informe pericial presentado por la defensa sí fue considerado dentro
del proceso, distinto es que no haya sido suficiente para descartar la responsabilidad disciplinaria.
Como se dijo, ese dictamen no puede tenerse en cuenta como una prueba concluyente para invalidar
las demás pruebas aportadas al proceso, máxime cuando el propio perito reconoce que no contó con
la totalidad del material fotográfico y fílmico existente, lo que introduce una limitación a sus
conclusiones.

107. Lo anterior es una circunstancia que no fue discutida dentro de las etapas procesales
correspondientes en el proceso disciplinario. En ese sentido, resulta contradictorio sostener que el
dictamen es contundente cuando admite la existencia de otros registros que no fueron analizados, pues
no es posible arribar a una certeza técnica sin la revisión completa de las fuentes audiovisuales
disponibles. Así, el peritaje de la defensa en el proceso disciplinario no logra desvirtuar de manera
suficiente la trazabilidad del vehículo ni los demás elementos probatorios que sustentaron la decisión
sancionatoria. (…).

113. Finalmente, debe precisarse que la potestad disciplinaria del Estado es autónoma e independiente
de la acción penal. Cada una responde a finalidades distintas: mientras el derecho penal protege bienes
jurídicos mediante la imposición de penas, el derecho disciplinario busca salvaguardar la moralidad
administrativa, la confianza pública y el adecuado funcionamiento del servicio. (…).

5. Conclusión
115. En consecuencia, las pruebas aportadas en el proceso disciplinario permitieron establecer que el
demandante, en su calidad de conductor del vehículo DIN468 de la Policía Nacional, realizó conductas
irregulares y funcionalmente reprochables, relacionadas con el transporte y disposición de la sustancia
estupefaciente hallada en el módulo A15 de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. En consecuencia,
la sanción impuesta no se sustentó́ en conjeturas o simples sospechas, sino en un análisis probatorio
coherente y suficiente.

116. En ese orden, no se configuró vulneración alguna al debido proceso ni al principio de presunción
de inocencia. Por ello, se confirmará la decisión de primera instancia, pues los fallos disciplinarios se
fundamentaron en la realidad fáctica demostrada con las pruebas allegadas al proceso disciplinario.>>

Como se ve, la discusión que propone el accionante ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que concluyó que los actos que lo declararon
disciplinariamente responsable no están viciados de nulidad por violación al debido
proceso y que la sanción impuesta no se sustentó en conjeturas o simples sospechas,
sino en un análisis probatorio coherente y suficiente.

Además, afirmó que el informe pericial presentado por la defensa dentro del proceso
disciplinario sí fue considerado dentro del mismo, pero no fue suficiente para descartar
la responsabilidad disciplinaria del actor y que la potestad disciplinaria del Estado es
autónoma e independiente de la acción penal.

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76109-33-33-002-2022-00064-
00/01, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por el tutelante están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que denota que la acción de tutela de la referencia no
colma el requisito de relevancia constitucional.

En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

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Demandante: Julio César Vásquez Quintero

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 10

10 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".

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