Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04346-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04346-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04346-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04346-00
Demandantes: MARIO BORJA SEPÚLVEDA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Mario Borja Sepúlveda y otros1, por conducto de apoderado judicial,
promovieron acción de tutela en contra de la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la buena fe y de acceso a
la administración de justicia.
Consideraron vulneradas las mencionadas garantías con ocasión de la sentencia
proferida el 21 de septiembre de 2020, que confirmó el fallo de 14 de abril de 2010
dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de
la demanda en el medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 05001-23-31-000-1999-00582-01, promovido contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Ejército Nacional.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
1 Rosmira Borja Sepúlveda, María Nohelia Manco García, María Dorys Manco García, Aparicio de
Jesús Manco García, Adalgisa de Jesús Vanegas Villa, Juan Carlos Vanegas González, Leonardo
Vanegas Villa, Jorge Mario Vanegas González, Jorge Hernán Vanegas Durango, Martha Cecilia
Vanegas González, Jairo León Vanegas Villa y Cecilia Inés González Betancourt.
1
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Demandantes: Mario Borja Sepúlveda y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04346-00
Primero: Tutelar los derechos constitucionales fundamentales de los
demandantes a la igualdad de trato frente a la ley, al debido proceso, a la
seguridad jurídica, a la buena fe (confianza legítima) y al acceso a la
administración de justicia en condiciones de igualdad que fueron desconocidos
por la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2020 y notificada el 18 de
enero de 2022, por la Sección Tercera - Subsección “C” del Consejo de Estado,
radicado No. 05001-23-31-000-1999-00582-01 (38999) C.P Guillermo Sánchez
Luque, por desconocer el precedente jurisprudencial sentado en la sentencia
proferida el 29 de febrero de 2016 por la Sala Plena de la Sección Tercera de
Consejo de Estado con Radicado 050012331000200004390-01 (35298).
Segundo: Dejar sin efectos el fallo proferido el 21 de septiembre de 2020 y
notificada el 18 de enero de 2022, por la Sección Tercera - Subsección “C” del
Consejo de Estado, radicado No. 05001-23-31-000-1999-00582-01 (38999),
C.P Guillermo Sánchez Luque y, en su lugar, ordenar la emisión de una nueva
sentencia que se ajuste a los lineamientos jurisprudenciales trazados en la
sentencia proferida el 29 de febrero de 2016 por la Sala Plena de la Sección
Tercera de Consejo de Estado con Radicado 050012331000200004390-01
(35298) y las demás sentencias que forman parte de la línea jurisprudencial en
torno a la materia; así mismo se valore integralmente el material probatorio,
incluyendo las declaraciones de la JEP, realizada por parte del ex - Subteniente
del Ejército Nacional Juan Manuel Grajales y las advertencias por parte del
Alcalde de Dabeiba, Antioquia2.
1.3. Hechos
En el escrito de la tutela los accionantes mencionaron los siguientes supuestos
fácticos:
El 27 de agosto de 1998, el alcalde del municipio de Dabeiba (Antioquia) advirtió
formalmente al secretario de gobierno del departamento sobre la inminencia de un
ataque guerrillero a ese municipio, basado en amenazas concretas y la presencia
detectada de grupos armados. Además, mencionaron que, pese a los avisos, la
fuerza pública retiró la base militar fija, dejando la seguridad del municipio en
manos de 18 a 24 policías.
El 24 de septiembre de 1998, el grupo guerrillero FARC se tomó el municipio de
Dabeiba. El asalto duró aproximadamente 10 horas, desde las 7:00 p.m. hasta las
6:00 a.m. del día siguiente. El refuerzo del Ejército Nacional llegó a la zona a las
9:00 a.m. del 25 de septiembre, esto es, tres horas después de finalizado el
ataque.
La toma dejó un saldo de civiles y policías muertos, heridos y la destrucción de
inmuebles, bancos, la iglesia y la alcaldía del municipio. Además, los accionantes
sufrieron la destrucción total o parcial de sus bienes inmuebles.
El 2 de marzo de 1999 los afectados presentaron demanda de reparación directa
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Ejército
Nacional, con la finalidad de ser indemnizados por los perjuicios sufridos. Alegaron
falla del servicio por omisión en impedir la incursión armada y por la ausencia de
fuerzas militares en el municipio.
2 Trascripción literal del original con posibles errores.
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Demandantes: Mario Borja Sepúlveda y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04346-00
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante fallo de 14
de abril de 2010, negó las pretensiones al considerar que: i) las autoridades no
pueden garantizar la seguridad de los habitantes en términos absolutos y
definitivos, ii) el ataque fue un acto indiscriminado de terceros y iii) la Policía
Nacional puso en práctica los protocolos y las medidas de seguridad dentro de sus
posibilidades.
La anterior decisión fue apelada por la parte demandante y decidida en segunda
instancia por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
sentencia de 21 de septiembre de 2020 que confirmó la negativa, argumentando
que no se probó una falla del servicio y que la fuerza pública no tenía la capacidad
material para resistir un ataque de tal magnitud.
Finalmente, los demandantes interpusieron recurso extraordinario de revisión
alegando que la sentencia de 2020 ignoró pruebas fundamentales y precedentes
judiciales. Además, aportaron declaraciones del subteniente Juan Manuel Grajales
García ante la JEP, quien relató la connivencia entre el Ejército Nacional y
paramilitares en el municipio de Dabeiba. El recurso fue resuelto por la Sala
Especial de Decisión 26 del Consejo de Estado, que lo declaró infundado el 16 de
diciembre de 2025, al considerar que no se configuró ninguna causal de nulidad
procesal.
1.4. Sustento de la vulneración
Los accionantes manifestaron que la tutela cumple a cabalidad con los requisitos
generales de procedencia de la acción de amparo. Además, argumentaron que se
presentan los siguientes defectos:
Desconocimiento del precedente. Al respecto, alegaron que la sentencia
cuestionada ignoró el fallo de 29 de febrero de 20163, en el que por los mismos
hechos y con el mismo material probatorio sí se declaró la responsabilidad del
Estado4.
Señalaron que, días antes de la toma guerrillera, los militares del municipio de
Dabeiba habían salido del municipio, situación que agravó más la condición de
toda la población civil, quienes se vieron expuestos e indefensos ante los hechos
violentos, de los cuales no estaban en la obligación de soportar, pues el Estado
colombiano debió haber actuado como garante.
Sostuvieron que, de haberse contado con las medidas de prevención necesarias,
en el momento que era de público conocimiento que el municipio y sus alrededores
se estaba llenando de miembros de grupos armados al margen de la ley, se pudo
haber mitigado y evitado el ingreso de este grupo subversivo. Además, si la
3 Radicado radicado 05001233100020000439001 (35298).
4 Además, mencionaron las siguientes sentencias:
a) De 8 de junio de 2017, radicado: 05001-23-31-000-2002-02401-01(45576) (Respecto del cual
indicaron que, a pesar de ser proferido con anterioridad a la sentencia de la Sala Plena de la
Sección Tercera, guarda armonía en el desarrollo de la materia).
b). Sentencia de 19 de julio de 2017, radicado 50001-23-31-000-2001-10478-01 (37498).
c). Sentencia de primera instancia de 08 de julio de 2008, radicado: 76001-23-31-000-
2006-02021-00.
d). Sentencia de 24 de enero de 2019, radicado: 05001-23-31-000-2005-03186-01(43112).
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Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado hubiera aplicado las
reglas de imputación fijadas en la sentencia citada como desconocida, habría
analizado la responsabilidad extracontractual del Estado dentro del régimen
jurídico de falla en el servicio por posición de garante del Estado en el marco de
un conflicto armado.
Pero, el fallo cuestionado afirmó categóricamente que la responsabilidad
extracontractual del Estado por atentados, enfrentamientos o tomas guerrilleras se
configura únicamente cuando se acredita una falla del servicio imputable al Estado
y aseguró, sin referir antecedente jurisprudencial alguno, que no son aplicables a
estos casos las teorías objetivas de la responsabilidad. Adicionaron que el
consejero ponente al apartarse del precedente establecido no expuso de manera
clara y razonada los fundamentos jurídicos que justificaron tal decisión.
Defecto fáctico. Sobre el particular mencionaron que la prueba sobreviniente
(declaraciones del comandante Juan Manuel Grajales García ante la JEP) debió
ser sujeto de análisis y valoración. Además, indicaron que no se tuvieron en cuenta
las siguientes pruebas: i) la comunicación proferida por el alcalde de Dabeiba un
mes antes de la toma guerrillera, ii) los testimonios rendidos en el proceso de
reparación directa de los cuales se logran extraer situaciones como que se
recomendaba cerrar establecimientos públicos de manera temprana para evitar
una mayor pérdida de vidas humanas, iii) la comprobación de los escasos medios
utilizados por los pocos agentes de policía para anticipar y evitar el ataque
guerrillero, iv) el informe de incursión guerrillera rendido por el teniente de la Policía
Nacional en el que se evidencian los desaciertos de la estrategia, así como la hora
de arribo del Ejército Nacional a la municipalidad.
Aseguraron que estas pruebas logran demostrar que existen elementos suficientes
para tener por demostrado que los hechos fueron previsibles, que la estrategia
implementada fue insuficiente e inadecuada y que la ayuda brindada se dio de
manera tardía, supuestos configuradores de la falla del servicio.
1.5. Trámite y contestación de la tutela
Mediante auto de 30 de junio de 2026 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los magistrados que
integran la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado. Asimismo, se
ordenó notificar como terceros con interés en las resultas del proceso a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, a los magistrados que
integran la Sala Especial de Decisión No. 26 del Consejo de Estado, al ministro de
Defensa Nacional, al director de la Policía Nacional y al comandante del Ejército
Nacional.
Remitidas las respectivas comunicaciones se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
El consejero que reemplazó al magistrado ponente de la decisión atacada señaló
que los tutelantes pretenden utilizar la acción de amparo como una instancia
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adicional para reabrir un debate jurídico que ya fue agotado en el proceso ordinario
de reparación directa y posteriormente mediante el recurso extraordinario de
revisión.
Indicó que, los accionantes pretendían que se valoraran declaraciones del
subteniente Juan Manuel Grajales García ante la JEP, material que fue aportado
de forma extemporánea, cuando el expediente ya estaba para fallo y el proyecto
de sentencia ya había sido registrado para discusión.
El consejero sostuvo que la providencia cuestionada no incurrió en las causales
de revisión alegadas en el recurso extraordinario de revisión y que los argumentos
de la tutela son idénticos a los ya despachados desfavorablemente en la sentencia
que decidió el mentado recurso.
1.5.2. Ministerio de Defensa Nacional
Esta cartera ministerial sostuvo que la sentencia cuestionada es el resultado de
un análisis detallado y legítimo del acervo probatorio. Argumentó que la
inconformidad de los accionantes no nace de una actuación arbitraria, sino de un
desacuerdo con las conclusiones jurídicas que resultaron desfavorables a sus
intereses económicos y que la tutela no puede ser utilizada como una tercera
instancia para reabrir debates ya cerrados.
La entidad afirmó que los accionantes omitieron señalar con claridad los defectos
específicos en los que habría incurrido el Consejo de Estado. Además, aseguró
que no hubo omisión en la valoración de pruebas; por el contrario, los jueces
ordinarios analizaron la totalidad del material para determinar si la conducta de la
Fuerza Pública fue proporcional al riesgo conocido en ese momento.
Reiteró que el deber de protección no implica que el Estado deba responder por
todos los daños causados por grupos armados al margen de la ley. Subrayó que
la incursión en Dabeiba fue ejecutada por un número de guerrilleros que superaba
ampliamente la capacidad operativa disponible, lo que hizo que el ataque fuera
irresistible para las autoridades locales.
Alegó que no había información precisa y verificable sobre la fecha o magnitud del
ataque, sino solo rumores generales que no permitían una anticipación adecuada.
Resaltó además, que la Policía Nacional realizó patrullajes y planes de
contingencia antes de los hechos y que tanto la Policía como el Ejército
reaccionaron durante el desarrollo del ataque, lo que desvirtúa la tesis de
abandono estatal.
Sobre el precedente judicial desconocido, la entidad aclaró que la existencia de
otras sentencias que declararon la responsabilidad del Estado por la misma toma
guerrillera no obliga a que este proceso se resuelva de igual forma, ya que cada
juez goza de autonomía para valorar el material probatorio aportado
específicamente en cada expediente.
En conclusión, solicitó mantener la firmeza de las decisiones judiciales atacadas,
argumentando que se respetó el debido proceso y que la justicia ordinaria ya
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determinó que no existió una falla del servicio determinante en la producción del
daño.
1.5.3. Policía Nacional
Esta autoridad señaló que las pretensiones de la parte actora no están llamadas
a prosperar ante la imposibilidad de acreditación de las afirmaciones consignadas
en la demanda, pues no está soportada ninguna actuación deficiente por parte de
la institución policial, sino que por el contrario, se pudo evidenciar que las medidas
de seguridad adoptadas fueron acordes a las capacidades humanas y logísticas
existentes; igualmente, los ataques terroristas fueron contrarrestados, siendo
imposible contenerlo en su totalidad, dada la magnitud de la incursión armada.
Por otra parte, señaló que los hechos fueron perpetrados por terceros y de esta
manera, se presenta un eximente de responsabilidad administrativa, como lo es el
hecho exclusivo y determinante de un tercero, al existir la ruptura del nexo causal,
siendo esta una causa extraña eximente de responsabilidad jurídica.
Adujo que, al interior del proceso se demostró que la Policía Nacional, no incurrió
en ninguna omisión que conllevara a causar perjuicios a los accionantes y, que tal
situación pudiera configurar una responsabilidad institucional, dado que se
encuentra ausente el elemento de la imputación; luego entonces, no es
jurídicamente posible soportar una decisión de declaratoria de responsabilidad.
Concluyó que la presente acción de tutela es plenamente improcedente, teniendo
en cuenta la inexistencia de un perjuicio irremediable ocasionado a la parte
accionante, derivado de la determinación adoptada por la Rama Judicial y que no
está en la obligación jurídica de soportar.
1.5.4. Tribunal Administrativo de Antioquia
Los magistrados que integran este tribunal esgrimieron que de la revisión integral
de las actuaciones procesales se advierte que las inconformidades planteadas no
corresponden a una cuestión de relevancia constitucional autónoma, sino a una
discrepancia frente a las conclusiones jurídicas alcanzadas por los jueces de
conocimiento luego de surtido un amplio debate probatorio y procesal.
Manifestaron que la sentencia proferida por esa corporación el 14 de abril de 2010
fue producto del análisis detallado de los hechos, del acervo probatorio obrante en
el expediente y de los diferentes títulos de imputación desarrollados por la
jurisprudencia contencioso administrativa para establecer la eventual
responsabilidad patrimonial del Estado frente a daños ocasionados por actos
violentos de terceros.
Dentro de dicho examen se evaluaron ampliamente las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las cuales ocurrieron los hechos, las actuaciones desplegadas
por las autoridades demandadas, las pruebas documentales y testimoniales
allegadas al proceso, así como los argumentos propuestos por cada una de las
partes, concluyéndose, mediante una decisión debidamente motivada, que no se
acreditaron los elementos necesarios para atribuir jurídicamente el daño
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reclamado a las entidades estatales demandadas.
La providencia determinó que los daños cuya indemnización se pretendía tuvieron
origen inmediato en la actuación de grupos armados al margen de la ley,
circunstancia que, de acuerdo con los elementos probatorios acreditados dentro
del expediente y la jurisprudencia aplicable al caso, configuraba una causal
eximente de responsabilidad que impedía estructurar la imputación jurídica exigida
por el artículo 90 de la Constitución Política.
Resaltaron, además, que tales conclusiones fueron objeto de control jurisdiccional
por parte del Consejo de Estado, autoridad que mediante sentencia de segunda
instancia confirmó la decisión adoptada por ese tribunal, descartando igualmente
la prosperidad de las pretensiones indemnizatorias. Posteriormente, los
demandantes acudieron al recurso extraordinario de revisión, el cual fue decidido
por la respectiva Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado,
manteniéndose incólume la validez de las providencias judiciales cuestionadas.
Así las cosas, indicaron que no se observa la configuración de defecto fáctico,
sustantivo, orgánico o procedimental alguno que permita afirmar la existencia de
una vulneración al debido proceso. Por el contrario, lo que se evidencia es el
desacuerdo de los accionantes con las conclusiones alcanzadas por los jueces
naturales de la causa, circunstancia que resulta insuficiente para habilitar la
intervención extraordinaria del juez constitucional.
1.6. Actuación previa
El 10 de junio de 2026, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra manifestó su
impedimento para conocer del asunto, por considerar que se encontraba incurso
en la causal 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, impedimento
que le fue aceptado mediante auto de 17 de junio de 2026.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala analizar si la autoridad judicial accionada incurrió en alguna
irregularidad que atente contra los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la seguridad jurídica, a la buena fe y de acceso a la administración de
justicia de los accionantes al proferir la sentencia de 21 de septiembre de 2020,
que confirmó el fallo de 14 de abril de 2010 dictado por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de
reparación directa identificado con el radicado 05001-23-31-000-1999-00582-01,
promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional –
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Ejército Nacional.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales,
de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
5 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio de 2022
explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada,
cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
judicial «...el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar
un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.»
En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.6
En el presente asunto se observa que la parte actora atribuyó la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la sentencia de 21 de septiembre de
2020, que confirmó el fallo de 14 de abril de 2010 dictado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda en el medio
6 Destacado por la Sala.
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1999-00582-01, promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional – Ejército Nacional.
En su criterio, la autoridad judicial accionada al proferir la mencionada providencia
incurrió en los defectos:
• De desconocimiento del precedente por inaplicación de la sentencia de 29
de febrero de 2016 proferida por el Consejo de Estado con radicado 2000-
04390-01 (35298), en la que por los mismos hechos y con el mismo material
probatorio sí se declaró la responsabilidad del Estado; y
• Fáctico al no valorar el siguiente material probatorio: i) declaración del
subteniente Juan Manuel Grajales García ante la JEP, quien relató la
connivencia entre el Ejército y paramilitares en Dabeiba; ii) comunicación
proferida por el alcalde de Dabeiba un mes antes de la toma guerrillera, iii)
testimonios que recomendaban cerrar establecimientos públicos de manera
temprana para evitar una mayor pérdida de vidas humanas, iv) la
comprobación de los escasos medios utilizados por los pocos agentes de
policía para anticipar y evitar el ataque guerrillero; y, v) informe de incursión
guerrillera rendido por el teniente de la Policía Nacional en el que se
evidencian los desaciertos de la estrategia, así como la hora de arribo del
Ejército Nacional al municipio.
En el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por los tutelantes
no satisface el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que las
inconformidades planteadas no contienen la carga argumentativa necesaria que
dé cuenta de las razones del porqué el asunto requiere la intervención del fallador
de esta sede; es decir, no tienen la entidad o trascendencia para aplicar, interpretar
o desarrollar mandatos constitucionales.
Lo primero que se advierte es que los actores, si bien alegaron la posible
configuración de los defectos mencionados en precedencia, lo cierto es que
ninguno cumple con la argumentación mínima para su estudio, de conformidad con
lo establecido por la Corte Constitucional cuando se le atribuye la vulneración de
derechos fundamentales a una providencia judicial.
Esto por cuanto se limitaron a señalar que la autoridad judicial accionada debió
tener en cuenta otra sentencia en la que el mismo caso se decidió de forma
diferente y por cuanto no se analizaron algunas pruebas aportadas al plenario.
En primer lugar, en cuanto al defecto fáctico alegado por haberse omitido el análisis
de algunas pruebas, la sentencia cuestionada, puntualmente señaló:
(…)
De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso,
se demostraron los siguientes hechos:
8.3. El 27 de agosto de 1998, el alcalde de Dabeiba informó al secretario de
Gobierno del departamento de Antioquia que existían "muchos comentarios sobre
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inminente toma guerrillera" en el municipio y recibieron llamadas de una integrante
del grupo amado que informó que se iban a tomar el pueblo. El comandante de
Policía estaba enterado y adelantaba los dispositivos de rigor, no había presencia
del Ejército, había 18 agentes de Policía y solicitó su intervención, según da cuenta
copia simple de la comunicación.
8.8. El 27 de septiembre de 1998, el comandante del Cuarto Distrito de Policía de
Dabeiba presentó a la Fiscalía General de la Nación informe sobre la incursión
guerrillera, relató los hechos, identificó los agentes muertos y heridos, relacionó la
munición utilizada y hurtada y los aciertos y desaciertos, según da cuenta copia
auténtica del informe n°. 517. COMAN-4to DDTTO.
8.12. Para la época de la toma del 24 de septiembre de 1998 las unidades de
policía acantonadas en Dabeiba eran veinticuatro agentes que adelantaban
patrullajes permanentes, instalaban puestos de control, hacían requisas a
personas y registros a establecimientos públicos. El personal ejecutaba planes de
contingencia para preparar al personal ante una eventual incursión, el ataque fue
indiscriminado y la unidad de policía tenía armamento disponible según da cuenta
original del oficio n° 0130/SIPOL-COMAN-DEURA del 7 de febrero de 2003,
suscrito por el comandante del Departamento de Policía de Urabá.
(…)
En ese sentido y revisada la motivación de la sentencia que puso fin a la litis y que
confirmó la negativa de acceder a las pretensiones de la demanda de reparación
directa de la referencia y que ahora es objeto de cuestionamiento, se evidencia
que la autoridad judicial accionada sí analizó las pruebas que a juicio de la parte
tutelante no fueron estudiadas y a partir de las cuales determinó que:
(…)
Los informes y oficios -analizados en conjunto con las demás pruebas-
acreditan que la Policía Nacional adelantó actividades preventivas antes de
la toma, el número de guerrilleros de las FARC era -al menos- superior a
cuatrocientos, la toma duró aproximadamente diez horas y la Policía y el Ejército
Nacional reaccionaron con apoyo aéreo y presencia de soldados de la Base Militar
de Frontino [hecho probado 8.8].
(…)
La decisión de retirar la base militar del municipio obedeció a una estrategia de la
Cuarta Brigada del Ejército Nacional, ante la difícil situación de orden público en la
región y la posibilidad de incursiones armadas. Esa decisión tuvo en cuenta que -
dadas las limitaciones en el recurso humano- no era posible mantener bases
militares fijas, para atender todos los frentes. Por tanto, se dispusieron tropas en
constante desplazamiento y disponibles permanentemente en esa región [hecho
probado 8.10].
(…)
No se probó que la fuerza pública tuviera información precisa sobre la fecha de la
toma, el lugar y su magnitud. Por el contrario quedó demostrado que (i) aunque
existieron amenazas de la acción armada en el municipio, estas no fueron
verificadas con información concreta, más allá de simple “rumores”; (ii) el ataque
guerrillero fue indiscriminado, no estuvo dirigido exclusivamente al comando de la
Policía, pues los subversivos atacaron diferentes establecimientos, robaron
bancos, liberaron presos y atacaron inmuebles de propiedad privada, entre otros
actos violentos; (iii) los agentes de la Policía del municipio, dentro de su capacidad
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de acción, adoptaron medidas de protección y prevención previo al ataque y
respondieron de forma inmediata al mismo; (iv) el número de hombres armados
que incursionaron en el municipio, aunado a la capacidad militar con la que
contaban por las armas que usaron, hicieron que el ataque fuera irresistible para la
fuerza pública; (v) la magnitud del ataque impidió que fuera evitado y que produjera
los daños que causó; (vi) aunque no existía base militar permanente en el
municipio, decisión tomada por estrategia militar, el Ejército Nacional prestó apoyo
el día de los hechos y repelió la incursión guerrillera.
Con base en las pruebas, la Sala concluye que no se probó que la fuerza pública
omitió adoptar las medidas de seguridad necesarias para impedir la toma de
Dabeiba, a pesar de las circunstancias de orden público y los rumores existentes.
Tampoco se acreditó que la acción armada hubiera sido resistible pues, por el
contrario, su dimensión superó la capacidad de respuesta de la fuerza pública.
(…)
Asimismo, en lo referente a la prueba sobreviniente echada de menos en el análisis
probatorio del fallo cuestionado, tal como se analizó en el recurso extraordinario
de revisión del cual fue objeto dicha sentencia, esta fue aportada de forma
extemporánea, cuando el expediente se encontraba al despacho para dictar
sentencia y ya se había registrado el proyecto para ser decidido, aspectos que,
como allí se mencionó, hicieron inviable su incorporación y posterior análisis, pues
el momento procesal en el que fue allegado no fue el oportuno.
En esa medida, de la lectura de la providencia cuestionada se advierte que la
autoridad judicial accionada, a partir de las pruebas aportadas oportunamente y
analizadas en el plenario, expuso las razones jurídicas que sustentaron la decisión
adoptada dentro del proceso ordinario, esto es, que no se logró demostrar la
configuración de los elementos de la responsabilidad administrativa de las
entidades demandadas, ni se evidenció una falla en la reacción de las autoridades,
quienes actuaron de manera inmediata y habían tomado acciones estratégicas
anticipadas para garantizar la seguridad en la región, circunstancia que evidencia
que la inconformidad de la parte actora recae sobre los criterios interpretativos
asumidos por el juez natural de la causa.
Aunado a lo anterior, y revisados los argumentos expuestos por los tutelantes en
el sustento de la vulneración (los cuales fueron una reiteración de los argumentos
expuestos en el proceso ordinario), no se avizora que respecto de dicha
providencia se hubiese desarrollado un argumento sólido que demuestre la
transgresión de sus derechos fundamentales, que permitan superar el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que para ello se torna indispensable que el
interesado identifique y desarrolle los yerros de los cuales adolece la providencia,
exponga cómo sus garantías superiores son vulneradas con ocasión de las
irregularidades contenidas en el auto enjuiciado, y determine con suficiencia las
razones del por qué el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.
Ahora bien, en cuanto al defecto de desconocimiento de precedente por
inaplicación de la sentencia de 29 de febrero de 2016 proferida por esta
corporación con radicado 2000-04390-01 (35298), en la que por los mismos
hechos y con el mismo material probatorio sí se declaró la responsabilidad del
Estado, la sala advierte que el objeto de la litis de esta decisión es distinto al ahora
analizado.
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Esto, en razón a que en esa sentencia se estudió la posible configuración de la
falla del servicio del Estado por el homicidio de 2 civiles en el ataque guerrillero
referenciado y en la sentencia que ahora se cuestiona se analizó exclusivamente
la responsabilidad del Estado frente a daños materiales como destrucción de
bienes inmuebles. Sobre el particular el fallo atacado señaló:
(…)
Aunque existen decisiones judiciales de responsabilidad del Estado frente a esta
toma guerrillera, en este proceso no se probó la falla del servicio. Los elementos
probatorios aportados no desvirtúan la eficacia de los instrumentos de prevención
utilizados por la fuerza pública y el alcance de su reacción frente a la toma
guerrillera de las FARC. Por el contrario, se acreditó que la toma guerrillera fue
indiscriminada contra toda la población de Dabeiba [hecho probado 8.12 y núm.
12].
Las sentencias son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de
hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales. Sin embargo,
ellas no acreditan los hechos que le sirvieron de fundamento. En cada proceso el
juez debe fundarse en las pruebas allegadas al mismo (art. 174 CPC) y las partes
deben tener la oportunidad para contradecirlas.
(…)
En este orden, y si bien la parte actora intenta exponer las razones por las cuales
considera que el juez demandado al proferir la sentencia cuestionada incurrió en
una vulneración de sus garantías constitucionales, en este caso, por el derecho a
la igualdad, al no decidir de igual manera un caso similar al suyo, en realidad lo
que se evidencia es una simple inconformidad con lo dispuesto por este en la
providencia censurada y las conclusiones a la cual arribó, lo cual, per se, no implica
una trasgresión del mencionado derecho.
Aunado a lo expuesto, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las providencias judiciales que son adoptadas en el curso de
los procesos que se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció
el legislador, ya que, de avalarse dicha tesis, conllevaría a una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa
juzgada y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra
providencias judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos
generales de procedibilidad.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las mismas vía
acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por los tutelantes busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia, por lo que se impone declarar la improcedencia de la presente
acción.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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FALLA
PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Mario
Borja Sepúlveda y otros7, por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
7 Rosmira Borja Sepúlveda, María Nohelia Manco García, María Dorys Manco García, Aparicio de
Jesús Manco García, Adalgisa de Jesús Vanegas Villa, Juan Carlos Vanegas González, Leonardo
Vanegas Villa, Jorge Mario Vanegas González, Jorge Hernán Vanegas Durango, Martha Cecilia
Vanegas González, Jairo León Vanegas Villa y Cecilia Inés González Betancourt.
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