Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04349-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04349-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04349-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04349-00
Accionante: LIGIA PATRICIA RODRÍGUEZ MAZANET
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Estabilidad laboral reforzada de
mujer lactante que ocupa un cargo en provisionalidad. Terminación de
la relación laboral con base en una razón objetiva, general y legítima.
Sujeto de especial protección constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Ligia Patricia Rodríguez Mazanet, quien actúa en nombre
propio, contra la Unidad de Administración de la Carrera Judicial - Consejo Superior
de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Santa Marta.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de junio de 20261, la parte accionante acudió al juez constitucional con el fin de
que protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la
estabilidad laboral reforzada, supuestamente vulnerados por la parte accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Que, se tutele a mi favor mis derechos fundamentales constitucionales a la
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR FUERO DE MATERNIDAD y el INTERÉS
SUPERIOR DEL MENOR; el DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVO, el MÍNIMO VITAL Y MÓVIL, vulnerados por la entidad accionada al
desvincularme sin el permiso del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social – Regional
Magdalena, en la ciudad de Santa Marta.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se proceda a DEJAR SIN EFECTOS
JURÍDICOS, el acto administrativo de notificación que me fue enviado a la suscrita el día
14 de abril de 2026, a mi correo electrónico, por parte de la entidad accionada.
TERCERA: Que, como consecuencia del amparo a mi derecho fundamental
constitucional a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA por gozar del FUERO DE
LACTANCIA y MATERNIDAD, la INDEMNIZACIÓN de 180 días de salario señalada en
el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en concordancia con el artículo 317 del
1
Le correspondió por reparto al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, quien por auto de la misma
fecha ordenó remitir el asunto con destino al Consejo de Estado, en virtud de las reglas de reparto contenidas
en el Decreto 333 de 2021.
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Accionante: Ligia Patricia Rodríguez Mazenet
Decreto Nacional No. 019 del 2012, por despido sin PERMISO del MINISTERIOR DEL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL – REGIONAL MAGDALENA.
CUARTA: Que, se ordene a la entidad accionada a REINTEGRARME al cargo que venía
desempeñando u otro mayor sin que se desmejore mi salario mensual que venía
percibiendo o el asignado para un nuevo cargo.
QUINTA: Todas aquellas que su señoría a bien considere en aras de restablecer mis
derechos fundamentales constitucionales cercenados por la aquí accionada”.
2. Hechos
La accionante manifestó que el 21 de abril de 2025, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Santa Marta, Magdalena, profirió la Resolución
DESAJSMR25-1495, por la cual reconoció el pago de aportes a la seguridad social
en protección a la maternidad, para lo cual precisó que estuvo vinculada en el cargo
de asistente administrativo grado 5 en provisionalidad hasta esa oportunidad,
debido a que se produjo el regreso del titular del cargo en propiedad.
Aludió que para ese momento tenía catorce semanas de embarazo, por lo que la
autoridad administrativa dispuso, con ocasión de su desvinculación, la protección
efectiva a la maternidad y ordenó que estuviera afiliada al sistema de seguridad
social para garantizar el pago de la licencia de maternidad.
Señaló que el 22 de abril de 2025, mediante Resolución DESAJSMR25-1509, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta,
Magdalena, la nombró nuevamente en el cargo de asistente administrativo grado 5
en provisionalidad por el término que dure la licencia no remunerada y/o se presente
la renuncia a la misma por parte de la titular del cargo en propiedad. Asimismo,
indicó que en dicho acto administrativo se resolvió garantizar la protección a la
maternidad, por lo que se reconoció la afiliación al sistema de seguridad social hasta
el momento en que terminara el disfrute de la licencia de maternidad.
Mencionó que el 14 de abril de 2026 le fue notificada la Resolución DESAJSMR26-
1358 del 13 del mismo mes y año, por la cual se aceptó la renuncia a una licencia
no remunerada de la persona que tenía el cargo de asistente administrativo grado
5 en propiedad, y que venía desempeñando en provisionalidad, por lo que se
dispuso dar por terminado el nombramiento.
Indicó que su hijo tiene nueve meses y que actualmente se encuentra en período
de lactancia, por lo que la desvinculación del cargo en provisionalidad no tuvo en
consideración la protección reforzada que tiene y que la misma debía contar con
permiso del Ministerio del Trabajo - Seccional Magdalena.
3. Fundamentos de la acción
Manifestó que la desvinculación del cargo que ocupaba en provisionalidad vulnera
su derecho fundamental al debido proceso, debido a que, para proceder con la
misma, era necesario contar con el permiso del Ministerio del Trabajo - Regional
Magdalena, por lo tanto, la notificación del acto administrativo se torna ineficaz.
Indicó que la autoridad accionada debe reconocer y cancelar la indemnización
correspondiente al despido contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997,
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por encontrarse amparada en el “fuero de lactancia y maternidad”, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 29, 44 y 53 de la Constitución Política.
Sostuvo que la Corte Constitucional, en las sentencias T-169 y T-333 de 2025 ha
señalado que la protección especial a la madre y al menor se extiende incluso hasta
los dos años de edad del menor. Asimismo, aludió que en la sentencia T-014 de
2026 se dispuso el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado
de embarazo y en periodo de lactancia, precisando que se trata de un sujeto de
especial protección constitucional, lo que obliga a las autoridades a adoptar medidas
efectivas para garantizar el mínimo vital, la igualdad y la no discriminación.
4. Trámite procesal
Por auto de 11 de junio de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a las autoridades accionadas - la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
– Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta-. De igual modo, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura de Magdalena, como
terceros interesados en el resultado del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del
Código General del Proceso2.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La abogada adscrita a la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal
rindió informe en el que solicitó su desvinculación del trámite constitucional, tras
exponer que, no tiene injerencia en decisiones individuales de nombramiento,
desvinculación laboral en los despachos judiciales ni en las seccionales.
5.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Santa Marta - Magdalena
El apoderado de la Seccional solicitó negar la solicitud de amparo, al considerar que
en el asunto no se han vulnerado los derechos fundamentales de la accionante y,
de manera subsidiaria, pidió declarar improcedente la acción de tutela por existir
otros mecanismos de defensa, sin que se acredite la posible configuración de un
perjuicio irremediable.
Frente al caso concreto, sostuvo que la terminación de la vinculación de la
accionante en el cargo de asistente administrativo grado 5 no tuvo origen en su
maternidad ni en el período de lactancia alegado, sino en el regreso de quien ocupa
el cargo en propiedad, circunstancia que, según indicó, se especificó desde el inicio
del nombramiento, por lo que existía certeza sobre su carácter temporal.
Adicionalmente, expuso que la accionante no quedó desvinculada de la Rama
Judicial, por cuanto el 17 de abril de 2026 fue nombrada en el cargo de oficial mayor
2
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º 109160 a 109166 de 16 de
junio de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
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de circuito en provisionalidad en el Juzgado Segundo del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta, lo que descarta la vulneración de los
derechos fundamentales alegados y la posible configuración de un perjuicio
irremediable.
Señaló que “la Dirección Seccional no terminó la vinculación porque la accionante fuera
madre, porque hubiera dado a luz o porque invocara el período de lactancia. La terminación
se produjo porque regresó la servidora que tenía derecho a ocupar el empleo. Este aspecto
cambia por completo el análisis del caso, pues no estamos ante un retiro discriminatorio,
sino ante la finalización de una ocupación temporal que ya no podía mantenerse”.
5.3. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Magdalena
El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Magdalena adujo que
carece de legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones de la
accionante, en la medida en que estas no guardan relación con la competencia
asignada.
5.4. Respuesta de la Unidad de Desarrollo de Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura
La directora de la Unidad rindió informe en el que solicitó la desvinculación del
trámite constitucional, bajo el argumento de que no es la competente para atender
las súplicas de la demanda, toda vez que las mismas recaen en la nominadora, sin
que tenga injerencia en las decisiones que deban adoptarse.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
En el escrito de contestación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Magdalena y la Unidad de Desarrollo de
Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura solicitaron su
desvinculación porque carecen de competencia para atender las súplicas de la
demanda de tutela.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción,
de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en
caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” . Así las cosas, la
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Sentencia T-005 de 2022.
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Sala negará las solicitudes presentadas debido a que su participación en este
trámite constitucional se dio en calidad de accionadas y de terceros con interés.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales
al mínimo vital, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada de la señora
Ligia Patricia Rodríguez Mazenet, como consecuencia de la desvinculación del
cargo de asistente administrativo grado 5 en provisionalidad, que desempañaba en
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta cuando
se encontraba en período de lactancia.
4. Estabilidad laboral reforzada para mujeres en estado de embarazo y en
periodo de lactancia que ocupan cargos en provisionalidad
La Constitución Política reconoce a favor de la mujer en estado de embarazo y en
periodo de lactancia una especial protección, al disponer en el artículo 43 que
“durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del
Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o
desamparada”.
4
Por su parte, en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha señalado
que el fin de la salvaguarda de la mujer embarazada o lactante es impedir la
discriminación que, por dicha condición, pueda sufrir, particularmente en el ámbito
laboral, mediante la terminación o la no renovación de su vínculo. De ahí que se
constituyan acciones afirmativas a su favor, con especial énfasis en la estabilidad
laboral reforzada, habida cuenta de que “una de las manifestaciones más claras de
discriminación sexual ha sido y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que
se encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales sobrecostos o
5
incomodidades que tal fenómeno puede implicarpara las empresas” .
En este sentido, la Corte ha precisado que dicha protección no solo cobija el período
de gestación, sino que se extiende al período de lactancia, en tanto, es la fase
subsiguiente del proceso de maternidad que también compromete el mínimo vital
de la madre y el interés superior del menor.
Al respecto, en la sentencia T-014 de 2026 sostuvo que “la especial protección y
asistencia a la mujer gestante y lactante se erige como un mandato constitucional y
convencional de carácter reforzado, que obliga tanto al Estado como a los particulares a
adoptar medidas positivas para garantizar el mínimo vital, la igualdad real y efectiva y la no
discriminación. Su alcance no se restringe al ámbito laboral, sino que se proyecta sobre
todas las esferas de la vida social, en reconocimiento de la vulnerabilidad histórica y
estructural de las mujeres en estas condiciones. Así, la protección de la maternidad y la
lactancia no solo asegura el ejercicio pleno de la maternidad y la vida digna de la mujer y
su hijo, sino que también materializa la salvaguarda de la familia como núcleo esencial de
la sociedad, conforme lo ordena la Constitución y el bloque de constitucionalidad”.
En la misma decisión, la Corte Constitucional señaló que la protección del mínimo
vital de la mujer gestante y lactante tiene como propósito garantizar que cuente
4
Sentencias SU-070 de 2013, T-353 de 2016, SU-077 de 2018.
5
Sentencia C-005 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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con los recursos necesarios para afrontar, en condiciones dignas, el embarazo y
el nacimiento de su hijo. En esa línea, enfatizó que los empleadores deben
abstenerse de incurrir en prácticas discriminatorias, tales como el despido o la no
renovación del vínculo laboral con ocasión del embarazo o la lactancia.
En consecuencia, reiteró la existencia de una prohibición general de despido
discriminatorio y precisó que la estabilidad laboral reforzada de las trabajadoras
en estado de gestación o lactancia constituye una manifestación del principio
constitucional de especial protección a la mujer en el ámbito laboral y, al mismo
tiempo, un derecho fundamental. Esta garantía ampara la permanencia del vínculo
laboral e impide su terminación por razones asociadas al embarazo o la lactancia.
Bajo ese contexto, la jurisprudencia ha sostenido que las personas que ocupan
cargos en provisionalidad, si bien no ostentan una estabilidad propia de la carrera
administrativa, ello no implica la ausencia de protección constitucional,
especialmente cuando se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta,
como ocurre con las mujeres en estado de embarazo o en período de lactancia.
Además, ha señalado que6 dicha garantía no es absoluta, ya que puede ceder
frente a causas objetivas, generales, válidas y legítimas.
7
En la sentencia SU-075 de 2018 , la Corte Constitucional indicó que “el fuero de
maternidad se extiende desde el momento en que la trabajadora se encuentra en estado de
gestación hasta que culmina el período de lactancia previsto en el artículo 238 del Código
Sustantivo del Trabajo”. El artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo -modificado por el
artículo 6º de la Ley 2306 de 2023- establece el derecho al descanso remunerado de lactancia
hasta que el hijo o hija de la trabajadora cumpla dos años”. En ese sentido, el fuero de
maternidad o de lactancia integra un conjunto de garantías orientadas, entre otros
fines, a impedir el despido discriminatorio, de manera que la desvinculación solo
procede ante la configuración de una justa causa.
Posteriormente, en la Sentencia T-333 de 2025, la Corte precisó que el fuero de
maternidad no responde a una regla única, sino a un sistema de garantías con
alcances diferenciados. Dentro de estas se incluyen la prohibición general de despido
discriminatorio y la ineficacia del despido durante los periodos de especial protección,
como el de lactancia, actualmente extendido hasta los dos años. No obstante, aclaró
que la presunción de despido discriminatorio y la exigencia de autorización previa del
Ministerio del Trabajo tienen un alcance temporal limitado al embarazo y a las
dieciocho semanas posteriores al parto.
En esa medida, la Corte ha reconocido que, una vez transcurrido dicho periodo y hasta
que el menor cumpla dos años, el fuero subsiste de manera parcial. En esta etapa, le
corresponde acreditar a la empleada que la desvinculación vulnera la prohibición de
despido discriminatorio, para lo cual resulta necesario demostrar, entre otros aspectos,
que el empleador conocía el estado de lactancia.
Así las cosas, la jurisprudencia ha sostenido que en este escenario no opera la
presunción de despido discriminatorio prevista en el artículo 239.2 del Código
Sustantivo del Trabajo ni la exigencia de autorización previa contemplada en el artículo
240 ibídem. Por ende, ha sostenido que, la carga de probar el carácter discriminatorio
6
Ver sentencias T-108 de 2019 y T-464 de 2019.
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M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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del despido recae, en principio, en la trabajadora y se rige por el principio de libertad
probatoria. Lo anterior, sin perjuicio del deber del empleador de actuar con diligencia y
de justificar de manera objetiva, razonable y suficiente la terminación del vínculo
laboral.
5. Estudio y solución del caso concreto
La señora Ligia Patricia Rodríguez Mazenet, quien actúa en nombre propio,
promovió acción de tutela contra la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada,
como consecuencia de su desvinculación el 16 de abril de 2026, cuando se
encontraba en período de lactancia.
En el caso bajo examen, se encuentra demostrado que mediante la Resolución
DESAJSMR25-1495 del 21 de abril de 2025, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta reconoció el pago de aportes al sistema de
seguridad social en protección a la maternidad de la accionante, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
“Que, la señora LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MAZENET, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 57.299.170, estuvo vinculada en el cargo de Asistente Administrativo
Grado 5 en Provisionalidad de esta Dirección Seccional hasta el 21 de abril del 2025
inclusive.
Que, mediante Resolución Nº DESAJSMR25-1494 del 21 de abril del 2025 se le
comunicó a la señora LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MAZENET, la terminación del
nombramiento en provisionalidad en consecuencia del regreso del titular del cargo
desempeñado, a partir del 21 del abril del 2025 inclusive.
Que, debido al estado de embarazo de 14 semanas informado a esta Dirección Seccional
por la señora LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MAZENET y en consecuencia de su
desvinculación se considera brindar una efectiva protección a la maternidad, de manera
oficiosa e iniciar el trámite administrativo para salvaguardar sus derechos”.
En ese orden, la autoridad administrativa resolvió reconocer y pagar a favor de la
actora, de manera mensual, los aportes al Sistema General de Seguridad Social,
sobre la base salarial correspondiente al cargo que venía ocupando como asistente
administrativo grado 5 en provisionalidad de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta, a partir del 21 de abril de 2025 y hasta la
finalización de la licencia de maternidad.
Posteriormente, mediante la Resolución DESAJSMR25-1509 del 22 de abril de
2025, el director Seccional de Administración Judicial de Santa Marta nombró
nuevamente a la accionante en el cargo de asistente administrativo grado 5 en
provisionalidad, al tener en cuenta que, a la titular del empleo, nombrada en
propiedad, le había sido concedida una licencia no remunerada por el término de
tres años, contados a partir de esa fecha.
En dicho contexto, la autoridad nominadora indicó que el nombramiento se
efectuaba por el tiempo de duración de la licencia o hasta que la titular del cargo
presentara renuncia a esta. Asimismo, precisó que, debido al estado de embarazo
de la demandante, era necesario adoptar medidas afirmativas encaminadas a
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garantizar la protección reforzada que le asistía. En consecuencia, dispuso
reconocer el pago mensual de los aportes al Sistema General de Seguridad Social,
con base en el cargo desempeñado como asistente administrativo grado 5, en caso
de producirse el regreso de la titular del cargo, hasta la finalización de la licencia de
maternidad.
Según la historia clínica de la accionante, el nacimiento se produjo mediante
cesárea de emergencia debido a un cuadro de “hipertensión”, por lo que la licencia
de maternidad transcurrió entre el 17 de agosto y el 20 de diciembre de 2025.
A su vez, está acreditado que mediante la Resolución DESAJSMR26-1358 del 13
de abril de 2026, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Santa Marta aceptó la renuncia a la licencia no remunerada presentada por la titular
del cargo de asistente administrativo grado 5 nombrada en propiedad. Como
consecuencia, dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora
Ligia Patricia Rodríguez Mazenet, efectuado mediante la Resolución
DESAJSMR25-1509 del 22 de abril de 2025.
Adicionalmente, se evidenció que el 17 de abril de 2026 la demandante fue
nombrada en el cargo de oficial mayor nominado grado 9 en provisionalidad, en el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta.
Expuesto lo anterior, la Sala destaca que, como se indicó en las consideraciones de
esta decisión, las mujeres en estado de embarazo y durante el período posterior al
parto gozan de una especial asistencia y protección por parte del Estado. En virtud
de ello, se ha sostenido que, si bien quienes ocupan cargos en provisionalidad no
cuentan con la estabilidad propia de la carrera administrativa, ello no implica la
ausencia de protección constitucional, especialmente cuando se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la estabilidad laboral
reforzada también es predicable de las mujeres que desempeñan cargos en
provisionalidad. No obstante, dicha garantía no tiene carácter absoluto, pues puede
ceder ante causas objetivas, generales, válidas y legítimas. Así, se ha sostenido
que la desvinculación de un empleo provisto en provisionalidad resulta procedente
cuando obedece a una causa objetiva y ajena a cualquier criterio discriminatorio
relacionado con el estado de embarazo o el período de lactancia. En tales eventos,
no es viable ordenar el reintegro de la trabajadora, sin perjuicio de la adopción de
otras medidas orientadas a garantizar la protección efectiva de sus derechos.
En el caso bajo examen, se encuentra probado que la demandante manifestó
encontrarse en período de lactancia al momento de su desvinculación del cargo de
asistente administrativo grado 5 que ocupaba en provisionalidad. Además, tiene a
su cargo un menor de nueve meses de edad, por lo que el requisito de
subsidiariedad se encuentra satisfecho, pues la intervención solicitada reviste
carácter urgente e impostergable.
De las pruebas allegadas al proceso, la Sala advierte que la accionante se
encontraba en estado de embarazo cuando fue nombrada en el cargo de asistente
administrativo grado 5 en provisionalidad en la Dirección Ejecutiva Seccional de
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Accionante: Ligia Patricia Rodríguez Mazenet
Administración Judicial de Santa Marta. En esa oportunidad, dicha circunstancia
quedó consignada en el acto administrativo correspondiente y se dispuso la
adopción de medidas efectivas encaminadas a garantizar los derechos
fundamentales comprometidos, dada su condición de sujeto de especial protección
constitucional.
En ese sentido, la autoridad nominadora precisó, en primer lugar, que el
nombramiento se efectuaba debido a que la titular del cargo nombrada en
propiedad, había solicitado una licencia no remunerada por el término de tres años,
la cual le fue concedida. En consecuencia, señaló que el nombramiento se
extendería durante dicho período o hasta tanto la titular renunciara a la licencia
otorgada. Adicionalmente, dispuso el reconocimiento y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social, en caso de producirse el regreso de la titular
del cargo, hasta la finalización de la licencia de maternidad.
A su vez, se acreditó que la accionante disfrutó de la licencia de maternidad y que
la titular del cargo de asistente administrativo grado 5 nombrada en propiedad,
presentó renuncia a la licencia no remunerada que le había sido concedida. Ello
condujo a que la autoridad nominadora profiriera la Resolución DESAJSMR26-1358
del 13 de abril de 2026, mediante la cual dio por terminado el nombramiento en
provisionalidad de la accionante, efectuado mediante la Resolución DESAJSMR25-
1509 del 22 de abril de 2025.
En esa medida, se concluye que la desvinculación del cargo que ocupaba la
accionante en provisionalidad se fundamentó en una razón objetiva, general y
legítima, sin que obedeciera a un trato discriminatorio derivado de su período de
lactancia. Lo anterior, por cuanto la demandante conocía desde el momento de su
nombramiento que la terminación de su vínculo laboral podía producirse como
consecuencia de la renuncia a la licencia no remunerada concedida a la titular del
cargo nombrada en propiedad. Es decir, existía una condición resolutoria que podía
hacer cesar la vinculación en provisionalidad, certidumbre que descarta la existencia
de una desvinculación discriminatoria.
Adicionalmente, se destaca que la autoridad nominadora, desde un primer momento
y al tener conocimiento del estado de gravidez de la accionante, adoptó medidas de
protección orientadas a garantizar sus derechos fundamentales, entre ellas, el
reconocimiento y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social hasta
la finalización de la licencia de maternidad. Tales medidas tenían como propósito
salvaguardar los derechos fundamentales de la accionante y del niño por nacer, así
como garantizar su acceso oportuno a los servicios de salud requeridos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala destaca que, en términos de la Corte
Constitucional8, la lactancia materna es una práctica esencial para la salud y el
desarrollo integral de los niños y las niñas, así como para el bienestar de las madres.
Según la OMS y UNICEF constituye la forma óptima de alimentación durante los
primeros meses de vida, pues aporta los nutrientes necesarios, fortalece el sistema
inmunológico, favorece el desarrollo cognitivo y emocional y reduce el riesgo de
diversas enfermedades. Asimismo, genera importantes beneficios para la salud
materna, al contribuir a la recuperación posparto y disminuir la probabilidad de
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04349-00
Accionante: Ligia Patricia Rodríguez Mazenet
padecer ciertas patologías. Por ello, la protección y promoción de la lactancia exige
garantizar condiciones adecuadas para la mujer lactante, dado que su bienestar
físico, emocional, laboral y social constituye un elemento indispensable para el
ejercicio efectivo de este derecho y para el desarrollo saludable de los niños y las
niñas.
En ese orden de ideas, la Sala no desconoce que existe una protección reforzada
durante el periodo de lactancia y que la misma repercute en los niños y niñas que
se benefician de ella. Sin embargo, dicha circunstancia, por sí sola, no permite dejar
a un lado que, en el caso concreto, la desvinculación laboral obedeció a una causa
objetiva, legítima y ajena a cualquier criterio discriminatorio asociado al período de
lactancia. Lo anterior, por cuanto la autoridad nominadora había adoptado
previamente medidas orientadas a la protección de los derechos fundamentales de
la accionante.
A lo anterior, se suma que, de las pruebas obrantes en el expediente, se acreditó
que la accionante fue nombrada posteriormente, esto es, el 17 de abril de 2026 en
el cargo de oficial mayor Nominado grado 9 en provisionalidad, en el Juzgado
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta.
Por lo expuesto, la Sala concluye que no se configura vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados, en la medida en que la desvinculación del
cargo desempeñado en provisionalidad obedeció a la renuncia de la titular del
empleo nombrada en propiedad, circunstancia que era conocida por la demandante
desde el momento de su nombramiento. Asimismo, no se acreditó que la
terminación del vínculo laboral hubiera estado motivada por el hecho de que la
actora se encontrara en período de lactancia ni que respondiera a un criterio
discriminatorio asociado a dicha condición.
Por el contrario, se demostró que, desde un inicio la autoridad nominadora adoptó
medidas encaminadas a garantizar la protección derivada de la maternidad de la
accionante, entre ellas, el reconocimiento y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social hasta la finalización de la licencia de maternidad. A ello se
suma que se constató que la actora actualmente se encuentra vinculada a la Rama
Judicial.
En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela promovida
por la señora Ligia Patricia Rodríguez Mazenet.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Magdalena y
la Unidad de Desarrollo de Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura.
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Accionante: Ligia Patricia Rodríguez Mazenet
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora
Ligia Patricia Rodríguez Mazanet, quien actúa en nombre propio, por las razones
aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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