Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04356-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04356-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04356-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
28 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 28 de julio de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04356-00
Demandantes: Jairo Macareo Arenas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD | Mora judicial –
Carencia actual de objeto
Síntesis del caso: La parte actora reclamó la protección de sus derechos fundamentales
con ocasión a la presunta mora judicial en el trámite de un proceso ejecutivo.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Jairo Macareo Arenas,
Mayra Alejandra Macareo Ramírez y María Fernanda Macareo Ramírez
contra el Tribunal Administrativo de Santander.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 5 de junio de 2026, Jairo Macareo Arenas, Mayra Alejandra
Macareo Ramírez y María Fernanda Macareo Ramírez presentaron, en
nombre propio, una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y debido proceso, con ocasión a la
presunta mora judicial de la autoridad judicial accionada en decidir el
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación interpuesto contra el Auto
de 17 de julio de 2025, dentro del proceso ejecutivo No. 68001-23-33-000-
2020-00197-00.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“PRIMERA: Solicitamos señor Juez Constitucional, se tutelen los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA JUSTICIA, de los señores
JAIRO MACAREO ARENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
5.677.036 del Municipio de Los Santos (Stder); MAYRA ALEJANDRA MACAREO
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04356-00
Demandantes: Jairo Macareo Arenas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
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RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1095810165 de
Floridablanca (Stder) y MARIA FERNANDA MACAREO RAMIREZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 1095810166 de Floridablanca (Stder), en
contra del TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE SANTANDER, y la Dra. CLAUDIA
XIMENA ARDILA PEREZ, adscrita al TRIBUNAL, por la mora injustificada en
resolver las solicitudes pendientes del proceso bajo el medio de control
ejecutivo bajo el radicado No. 68001 2333-000-2020-00197-00.
SEGUNDO: Solicito se ordene a la TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE SANTANDER,
y la Dra. CLAUDIA XIMENA ARDILA PEREZ que, en el menor tiempo posible,
resuelva las solicitudes pendientes del proceso bajo el medio de control
ejecutivo bajo el radicado No. 68001-2333-000-2020-00197 00.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 10 de febrero 2020, Jairo Macareo Arenas, Mayra Alejandra
Macareo Ramírez y María Alejandra Macareo Ramírez presentaron
demanda ejecutiva contra la Nación- Rama Judicial y la Nación- Fiscalía
General de la Nación con fundamento en las Sentencias de 16 de febrero
de 2017 y 10 de mayo de 2018, en las cuales el Tribunal Administrativo de
Santander y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de reparación directa No. 68001-23-31-000-
2008-00722-00/01, accedieron parcialmente a las pretensiones de la
demanda y declararon administrativa y patrimonialmente responsable a las
entidades demandadas por la privación injusta de la libertad del señor
Macareo Arenas.
5. 2) El 16 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander
libró mandamiento de pago en favor de la parte ejecutante y en contra de
la Nación- Rama Judicial y la Nación- Fiscalía General de la Nación por la
suma de $282.574.337. Posteriormente, el 3 de noviembre de 2020 profirió un
nuevo auto mediante el cual volvió a librar mandamiento de pago2 y, el 19
de noviembre de la misma anualidad, decretó el embargo y la retención de
los dineros de las entidades ejecutadas.
6. 3) El 4 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó
seguir adelante con la ejecución y condenó a la parte ejecutada al pago
de las costas procesales, fijándolas en el 5% del valor reconocido en el
mandamiento de pago. Asimismo, mediante Auto de 5 de abril de 2024,
reiteró la medida de embargo y retención de los dineros que tuvieran las
entidades ejecutadas.
7. 4) El 11 de abril de 2024, la Nación- Rama Judicial, solicitó, entre
otras cosas, que se declarara la nulidad de todo lo actuado, al considerar
que el Auto de 16 de octubre de 2020, mediante el cual se libró
mandamiento de pago, no le fue notificado en debida forma, conforme
2 Ambas providencias coinciden en su contenido.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04356-00
Demandantes: Jairo Macareo Arenas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
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con lo previsto en el artículo 199 del CPACA3. Posteriormente, el 24 de abril
de 2024, la Nación - Fiscalía General de la Nación coadyuvó dicha solicitud
de nulidad, con fundamento en la misma circunstancia, esto es, la indebida
notificación del mandamiento de pago.
8. 5) Mediante Auto de 17 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la nulidad de todo lo actuado desde el Auto de 16 de
octubre de 2020, mediante el cual se libró mandamiento de pago, con
excepción de las actuaciones relacionadas con la medida cautelar
previamente decretada. Así mismo, tuvo por notificadas por conducta
concluyente a la Nación- Rama Judicial y a la Nación- Fiscalía General de
la Nación, a partir de las solicitudes de nulidad presentadas el 11 y el 24 de
abril de 2024, respectivamente. No obstante, precisó que el término para
proponer excepciones al mandamiento de pago comenzaría a correr a
partir de la notificación de esa providencia.
9. 6) Contra la anterior decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación. Como fundamento de su
inconformidad, sostuvo, en primer lugar, que la solicitud de nulidad fue
tramitada de manera indebida, ya que, de conformidad con lo previsto en
los artículos 208, 209 y 210 del CPACA, debía resolverse mediante el trámite
incidental y no a través de un auto interlocutorio. En segundo lugar, afirmó
que no era procedente declarar la nulidad del proceso, toda vez que, al
proferirse el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución, el tribunal ya
había efectuado el correspondiente control de legalidad y saneado la
actuación procesal sin advertir la existencia de causal alguna de nulidad,
razón por la cual las entidades ejecutadas no podían promover dicho
cuestionamiento en una etapa posterior del proceso.
10. Finalmente, sostuvo que el mandamiento de pago fue notificado en
debida forma a las entidades ejecutadas, de conformidad con las
certificaciones de envío, entrega y lectura de los correos electrónicos
obrantes en el expediente. En consecuencia, solicitó revocar el auto que
declaró la nulidad por indebida notificación y, en su lugar, negar las
solicitudes de nulidad formuladas por las entidades ejecutadas.
3 “Artículo 199. Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al
ministerio público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos
en el registro mercantil. Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento ejecutivo a entidades
públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a los particulares. El auto
admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra las entidades públicas y las personas privadas que
ejerzan funciones públicas, se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan
delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al
Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico notificaciones judiciales a que se refiere el
artículo 197 de este código.
(…)
El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica de la providencia a
notificar. Al Ministerio Público deberá anexársele copia de la demanda y sus anexos. Se presumirá que el
destinatario ha recibido la notificación cua:1do el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por
otro medio el acceso al mensaje electrónico por parte del destinatario. El secretario hará constar este hecho en
el expediente (…)”
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04356-00
Demandantes: Jairo Macareo Arenas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
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11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora señaló que el
Tribunal Administrativo de Santander incurrió en mora judicial al no resolver
el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación instaurado contra el
Auto de 17 de julio de 2025, proferido dentro del proceso ejecutivo No.
68001-23-33-000-2020-00197-00, lo cual, en su criterio, trasgredía sus derechos
fundamentales.
12. Indicó que, pese a que el proceso ejecutivo fue promovido en el 2020
y el despacho había saneado la actuación y ordenado seguir adelante con
la ejecución mediante Auto de 4 de abril de 2024, posteriormente declaró
la nulidad de lo actuado por presuntas irregularidades en la notificación del
mandamiento de pago a las entidades ejecutadas, lo que, a su juicio,
desconoció el saneamiento previamente efectuado. Agregó que, contra
dicha decisión, interpuso oportunamente recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, los cuales, al momento de la presentación de la
tutela, llevaban aproximadamente 9 meses sin resolverse, situación que,
sumada la prolongada duración del proceso y ante la falta de impulso
frente a las medidas cautelares solicitadas, impedía la materialización de las
sentencias condenatorias proferidas en su favor dentro del proceso de
reparación directa4, razón por la cual afirmó que se configuraba una mora
judicial injustificada.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5
13. El Tribunal Administrativo de Santander6 no se pronunció sobre la
acción de tutela, pero allegó el Auto de 22 de julio 2026, mediante el cual
se pronunció, entre otros aspectos, sobre los recursos de reposición y, en
subsidio, de apelación presentados por la parte ejecutante y que se
encontraban pendientes de resolver.
14. La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander remitió
el expediente digital del proceso7 y guardó silencio frente a los hechos que
motivaron la solicitud de amparo.
15. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial8 solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela respecto de esa entidad por
falta de legitimación pasiva en la causa. Como fundamento, sostuvo que la
vulneración alegada por los accionantes se derivaba de la presunta mora
4 Radicado No. 68001-23-31-000-2018-00722-00/01.
5 A través de Auto de 4 de junio de 2026, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia
declaró la falta de competencia para conocer del asunto, de conformidad con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
1069 de 2015, y ordenó remitir el expediente a esta Corporación. Posteriormente, mediante Auto de 12 de junio
de 2026, el despacho ponente resolvió entre otros, (1) avocar el conocimiento del asunto, (2) admitir la acción de
tutela (3) tener como accionado al Tribunal Administrativo de Santander, y (4) vincular a la Fiscalía General de la
Nación, a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander, como terceros con interés en el asunto.
6 Índices 16 y 17 del aplicativo SAMAI.
7 Índices 10 y 11 del aplicativo SAMAI.
8 Índice 12 de aplicativo SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04356-00
Demandantes: Jairo Macareo Arenas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
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judicial atribuida al Tribunal Administrativo de Santander en el trámite del
proceso ejecutivo, actuación que correspondía al ejercicio de la función
jurisdiccional, frente a la cual, la DEAJ no tenía competencia ni injerencia,
pues sus funciones eran exclusivamente técnicas y administrativas.
16. En todo caso, indicó que la acción tampoco satisfizo el requisito de
subsidiariedad, en tanto los accionantes contaban con el mecanismo de
vigilancia judicial administrativa para cuestionar la presunta mora en la
administración de justicia. En consecuencia, solicitó su desvinculación del
trámite y que se negaran las pretensiones de la tutela.
17. La Fiscalía General de la Nación9 solicitó que se declarara su falta de
legitimación pasiva en la causa. Señaló que la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por los accionantes se derivaba de la
mora atribuida al Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso
ejecutivo, actuación que le correspondía y respecto de la cual la Fiscalía no
tenía competencia ni injerencia. En ese sentido, afirmó que no existía acción
u omisión atribuible a esa entidad que guardara relación de causalidad con
la presunta vulneración alegada.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Actualidad de objeto. 2.4. Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
18. Frente a la alegada falta de legitimación pasiva en la causa
formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, la Sala considera que no hay lugar a acceder a esta.
En efecto, se advierte que ambas entidades fueron vinculadas al presente
trámite en calidad de terceros con interés, por ostentar la condición de
demandadas dentro del proceso ejecutivo No. 68001-23-33-000-2020-00197-
00. En esa medida, la decisión que se adopte en esta acción de tutela
puede incidir en sus intereses dentro del referido proceso, razón por la cual
resulta procedente mantener su vinculación al presente trámite
constitucional, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos
de defensa y contradicción.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
19. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección de los derechos fundamentales10 de acceso a la administración
9 Índice 13 del aplicativo SAMAI.
10 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04356-00
Demandantes: Jairo Macareo Arenas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
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de justicia y debido proceso. Jairo Macareo Arenas, Mayra Alejandra
Macareo Ramírez y María Fernanda Macareo Ramírez son los titulares de los
derechos invocados como violados, por lo cual, se tiene por acreditada la
legitimación activa en la causa11.
20. De igual manera, el Tribunal Administrativo de Santander tiene
legitimación pasiva en la causa12, porque de este se predica la vulneración
y la misma tiene relación con sus competencias (mora judicial injustificada).
21. Frente al requisito de subsidiariedad13, la Sala lo tendrá por superado
por no existir recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera al accionante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los
derechos presuntamente vulnerados.
22. En relación con el requisito de inmediatez14, este se satisface, en tanto,
de conformidad con el escrito de tutela, la presunta vulneración se presentó
con ocasión de una situación actual y continua, como lo es el presunto
retardo o mora en la decisión respecto del recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, interpuesto contra el Auto de 17 de julio de 2025.
2.3. Actualidad de objeto
23. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado15
por las siguientes razones:
24. En el curso del presente trámite constitucional, el Tribunal
Administrativo de Santander profirió el Auto de 22 de julio de 202616,
mediante el cual resolvió, entre otras cosas, los recursos de reposición y, en
subsidio, de apelación interpuestos por la parte ejecutante contra el Auto
de 17 de julio de 2025. En concreto, decidió no reponer dicha providencia y
conceder, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación. De esta manera,
la autoridad judicial accionada emitió la decisión cuya ausencia motivó la
presente acción de tutela.
25. En consecuencia, para la Sala es claro que se configuró un hecho
superado, en la medida que cesó el hecho que dio origen a la tutela
durante su trámite, esto es, la presunta mora judicial en resolver los recursos
11 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
12 Ídem.
13 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
14 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4
15 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar
la existencia o no de un hecho superado: “1) Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho
o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante
o de aquél en cuyo favor se actúa; 2) Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la
acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado y 3) Si lo que se pretende por medio de la acción de
tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede
considerar que existe un hecho superado”. Sentencias T-045/08, T-093/05, T-137/05, T-753/05, T-760/05, T-780/05,
T096/06, T-442/06, T-431/07.
16 Notificado el 23 de julio de 2026. Índice 126 del aplicativo SAMAI del proceso ejecutivo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04356-00
Demandantes: Jairo Macareo Arenas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
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de reposición y, en subsidio, de apelación, interpuestos contra el Auto de 17
de julio de 2025 dentro del proceso ejecutivo No. 68001-23-33-000-00197-00.
Además, los accionantes conocieron de esta decisión durante el trámite de
la presente acción de tutela17.
2.4. Conclusión
26. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de
la tutela presentada por Jairo Macareo Arenas, Mayra Alejandra Macareo
Ramírez y María Fernanda Macareo Ramírez, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por
los motivos dados.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 18.
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
17 Notificada por estado de 23 de julio de 2026. Índice 125 del aplicativo SAMAI del proceso ejecutivo.
18 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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