Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04359-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04359-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04359-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04359 00
Accionante: Yulieth Paulina Alcázar Vásquez
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral A
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir
con los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Yulieth Paulina Alcázar
Vásquez contra el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral A, con ocasión del
auto del 1 de junio del 2026, proferido dentro del proceso identificado con el radicado
núm. 08001 33 33 001 2026 00087 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Yulieth Paulina Alcázar Vásquez, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte accionante.
2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Tribunal Administrativo del
Atlántico dejar sin efectos las actuaciones surtidas en segunda instancia, en
cuanto dispuso la adecuación del medio de control, y disponer que el proceso
continúe su trámite bajo el medio de control de reparación directa, conforme a las
pretensiones y hechos planteados en la demanda inicial.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora relató que, el 25 de marzo del 2026, por intermedio de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la E.S.E.
Hospital de Luruaco.
Indicó que la demanda se fundó en la presunta falta de protección, custodia y
conservación de documentos por parte de la entidad demandada. Según expuso, dicha
omisión ocasionó la pérdida de documentos que respaldaban la existencia de su vínculo
contractual, circunstancia que, a su vez, habría dado lugar a la terminación del contrato.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04359 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04359 00
Accionante: Yulieth Paulina Alcázar Vásquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral A
El asunto fue repartido al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla,
autoridad judicial que, mediante auto del 20 de abril del 2026, rechazó de plano la
demanda, al considerar configurada la caducidad del medio de control.
Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio, apelación. Mediante auto del 20 de mayo del 2026, el juzgado resolvió no
reponer la decisión recurrida y concedió el recurso de apelación.
El conocimiento del recurso correspondió al despacho 005 del Tribunal Administrativo del
Atlántico, autoridad judicial que, mediante providencia del 1 de junio del 2026, declaró la
nulidad de lo actuado a partir del auto del 20 de abril del 2026 y ordenó al juzgado adecuar
la demanda al medio de control de controversias contractuales.
La parte actora cuestionó la providencia del 1 de junio del 2026, al estimar que vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
En su criterio, el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en defecto procedimental,
porque impuso la utilización de un medio de control que no correspondía con la naturaleza
de las pretensiones formuladas.
Sostuvo que la demanda no estaba dirigida a obtener la declaratoria de incumplimiento,
interpretación, ejecución o liquidación de un contrato estatal, ni el reconocimiento de
prestaciones derivadas de este, en los términos del artículo 141 del CPACA.
Por el contrario, explicó que la controversia se estructuró sobre la presunta
responsabilidad extracontractual del Estado, derivada del incumplimiento del deber legal
de conservación y custodia de documentos públicos, previsto en la Ley 594 del 2000.
Adujo que los perjuicios reclamados se originaron en una falla del servicio administrativo,
consistente en la pérdida de documentos, lo cual habría ocasionado la afectación de su
experiencia laboral, la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato y la
terminación del vínculo contractual.
Agregó que, si bien el artículo 171 del CPACA faculta al juez para adecuar la demanda
cuando se acude a una vía procesal inadecuada, dicha potestad no resultaba aplicable
al caso concreto, porque el medio de control de reparación directa sí era procedente, de
acuerdo con la naturaleza del daño alegado.
Finalmente, invocó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la responsabilidad
patrimonial del Estado por la pérdida o extravío de documentos, así como sobre la
procedencia del medio de control de reparación directa cuando el daño proviene de una
actuación u omisión administrativa autónoma, aun si los hechos se desarrollan en un
contexto contractual.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 5 de junio de 20262 y correspondió por reparto a esta Sección
que, por auto del 10 de junio de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04359 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04359 00.
4 Esta orden se cumplió el 12 de junio de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04359 00.
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Accionante: Yulieth Paulina Alcázar Vásquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral A
Administrativo del Atlántico – Sala Oral A y vincular5 al Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Barranquilla y a la E.S.E. Hospital Local de Luruaco, como tercero con
interés en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla
y al Tribunal Administrativo del Atlántico para que allegaran copia digital del expediente
identificado con radicado núm. 08001 33 33 001 2026 00087 00/01, el cual fue remitido6.
3.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla allegó escrito7 en el
que indicó que la acción de tutela cuestiona la decisión del Tribunal Administrativo del
Atlántico que ordenó adecuar la demanda al medio de control de controversias
contractuales. Por ello, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó
su desvinculación del presente trámite tutelar.
3.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral A rindió informe8 en el que
manifestó que la tutela resulta improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad,
porque controvierte una providencia interlocutoria dictada dentro de un proceso judicial
que aún se encuentra en trámite. Al respecto, sostuvo que la parte actora conserva las
oportunidades procesales propias del medio de control correspondiente para ejercer su
derecho de defensa y contradicción.
Expuso que el Consejo de Estado ya estudió un asunto sustancialmente similar, en el
que se cuestionó una decisión de ese mismo tribunal que ordenó adecuar el medio de
control de reparación directa al de controversias contractuales. Señaló que, en esa
oportunidad, mediante sentencia del 5 de marzo del 2026, confirmada el 8 de mayo del
2026, se declaró improcedente la acción de tutela por falta de subsidiariedad y por no
acreditarse un perjuicio irremediable.
Frente al fondo del asunto, afirmó que la providencia cuestionada no vulneró los derechos
fundamentales invocados, pues fue adoptada en ejercicio de la facultad del juez de
adecuar la demanda al trámite que corresponda, conforme a los artículos 141 y 171 del
CPACA.
Precisó que, al analizar los hechos y pretensiones de la demanda, concluyó que la
controversia tenía naturaleza contractual, toda vez que el daño reclamado derivaba de la
presunta imposibilidad de ejecutar un contrato de prestación de servicios y de la pérdida
de los honorarios pactados.
3.4. E.S.E. Hospital Local de Luruaco guardó silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
5 Ibidem
6 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04359 00.
7 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04359 00.
8 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04359 00.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
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Accionante: Yulieth Paulina Alcázar Vásquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral A
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:
4.2.1. La señora Yulieth Paulina Alcázar Vásquez promovió demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la E.S.E. Hospital Local de Luruaco
(Atlántico), con el propósito de que se declarara su responsabilidad patrimonial por la
presunta omisión en la publicación y conservación de los documentos relacionados con
un contrato de prestación de servicios. El proceso fue identificado con el radicado núm.
08001 33 33 001 2026 00087 00/01.
4.2.2. Mediante auto del 20 de abril del 2026, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Barranquilla rechazó de plano la demanda, al considerar configurada la
caducidad del medio de control.
4.2.3. Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, apelación. Mediante auto del 20 de mayo del 2026, el juzgado no repuso la
decisión y concedió el recurso de apelación.
4.2.4. En auto del 1 de junio del 2026, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la
nulidad de lo actuado a partir del auto del 20 de abril del 2026 y ordenó al juzgado adecuar
la demanda al medio de control de controversias contractuales.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Barranquilla, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a
ella, toda vez que dicha autoridad fue vinculada al presente trámite en calidad de tercero
con interés en el resultado del proceso.
Lo anterior, en atención a que profirió la sentencia de primera instancia dentro del proceso
ordinario que dio lugar a la providencia judicial cuestionada en sede de tutela.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 08001 33 33 001 2026 00087
00/01. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04359 00.
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constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela sólo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable14.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito de subsidiariedad envuelve tres
eventos que conducen a la improcedencia de la acción contra providencia judicial, esto
es, i) cuando el asunto está en trámite; ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y, iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico15.
No obstante, dicha Corporación ha establecido dos excepciones a dicho requisito, a
saber: i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar la
configuración de perjuicio irremediable, el cual debe acreditarse que cumple con la
características de ser inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de
carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable16.
Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el asunto está en
trámite, la Corte Constitucional ha manifestado que la intervención del juez
constitucional, en principio, está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye
un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
resueltos al interior del trámite ordinario17. Al respecto, ha precisado que18:
[…] la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en
trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa
14 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, dijo que los
criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto, se está ante la
presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental;
(ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que
resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se
encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad
de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales.
15 Corte Constitucional, sentencia T-396 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16 Corte Constitucional, sentencia T-150 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
18 Ibidem.
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previstos en el ordenamiento. No obstante, la protección de derechos
fundamentales a través de la acción de tutela permite la intervención del juez
constitucional siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa
judicial o que se pretende evitar un perjuicio irremediable […].
Frente a la procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado lo siguiente19:
[…] el análisis (…) es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones definitivas;
ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el
auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la
posibilidad de recurrir la decisión final. Tal criterio restrictivo encuentra su
justificación en que la acción de tutela no puede ser utilizada por el accionante
para “controvertir una decisión adversa a [los] intereses”, en el marco de un
proceso judicial en el cual “no se ha proferido ningún fallo definitivo” […]. (Se
destaca).
Bajo dicho contexto, comoquiera que la inconformidad de la parte accionante está
relacionada con el auto del 1 de junio del 2026, proferido por el Tribunal Administrativo
del Atlántico dentro del proceso identificado con el radicado No. 08001 33 33 001 2026
00087 00/01, la acción de tutela resulta improcedente, en tanto el referido proceso aún
se encuentra en curso.
En efecto, mediante la providencia cuestionada se declaró la nulidad de lo actuado a
partir del auto del 20 de abril del 2026 y se ordenó al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Barranquilla adecuar la demanda al medio de control de controversias
contractuales. Por tanto, la controversia no ha culminado y la parte actora conserva las
oportunidades procesales propias del trámite ordinario para ejercer sus derechos de
defensa y contradicción.
Así, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo al proceso judicial
para controvertir decisiones interlocutorias adoptadas dentro de un asunto que continúa
en trámite, pues ello implicaría desplazar al juez natural de la causa.
Adicionalmente, la Sala advierte que la parte accionante no alegó ni acreditó la ocurrencia
de un perjuicio irremediable que permita la procedencia excepcional de la solicitud de
amparo como mecanismo transitorio.
En consecuencia, la solicitud de amparo es improcedente por no cumplir el requisito
general de subsidiariedad, toda vez que el proceso en el que fue proferida la providencia
cuestionada se encuentra en curso y no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela también deviene
improcedente por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese
sentido, señaló lo siguiente:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
19 Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020.
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debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]20.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU-
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades21:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional, deben
concurrir los tres elementos que integran el requisito de relevancia22. En consecuencia,
si no se acredita alguno de ellos, la acción de tutela deviene improcedente por no superar
dicho presupuesto de procedibilidad.
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que23:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
20 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
21 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
22 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, en particular el elemento orientado a impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces.
En el caso concreto, la solicitud de amparo está siendo utilizada como una instancia
adicional al proceso ordinario para controvertir la interpretación realizada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico sobre la naturaleza de las pretensiones y el medio de control
procedente.
Al respecto, la parte actora sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en defecto
procedimental, porque ordenó adecuar la demanda al medio de control de controversias
contractuales, pese a que, en su criterio, la controversia correspondía al medio de control
de reparación directa, al estar fundada en la presunta falta de conservación y custodia de
documentos por parte de la E.S.E. Hospital Local de Luruaco.
No obstante, de la lectura del auto del 1 de junio del 2026, se advierte que el tribunal
accionado explicó que el daño reclamado se hacía derivar de la presunta imposibilidad
de ejecutar un contrato de prestación de servicios y de la pérdida de los honorarios
pactados, razón por la cual concluyó que la controversia tenía naturaleza contractual y
debía tramitarse por el medio de control previsto en el artículo 141 del CPACA.
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la parte actora pretende reabrir, por vía de tutela,
el debate sobre la escogencia del medio de control y la lectura que el juez natural hizo de
los hechos y pretensiones de la demanda, con el fin de obtener un nuevo pronunciamiento
que ordene continuar el proceso como reparación directa.
Así, la inconformidad planteada no estructura un verdadero problema de relevancia
constitucional, sino una discrepancia con el criterio jurídico adoptado por el Tribunal
accionado en ejercicio de sus competencias, particularmente frente a la adecuación del
trámite conforme a los artículos 141 y 171 del CPACA.
Ahora bien, aunque la parte actora invocó jurisprudencia del Consejo de Estado
relacionada con la responsabilidad patrimonial del Estado por pérdida de documentos y
con la procedencia de la reparación directa, no desarrolló de manera suficiente por qué
dichas reglas resultaban estrictamente aplicables al caso concreto ni explicó la analogía
entre los supuestos fácticos de esos precedentes y la controversia objeto de estudio.
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Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa mínima exigida para
estructurar un cargo con relevancia constitucional, pues la parte actora se limitó a
cuestionar el alcance del análisis efectuado por el Tribunal sobre la naturaleza del litigio
y el medio de control procedente.
En consecuencia, la Sala concluye que la solicitud de amparo no cumple el requisito
general de relevancia constitucional, en tanto pretende convertir la acción de tutela en
una instancia adicional para controvertir una decisión interlocutoria adoptada dentro del
proceso ordinario por el juez natural de la causa.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Barranquilla, conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Yulieth Paulina Alcázar Vásquez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 3 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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