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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04366-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04366-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor Jorge Arturo Echeverry Ibargüen y otros. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Firmado electrónicamente ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Firmado electrónicamente FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Firmado electrónicamente JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ VF Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente, puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04366-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04366-00
Accionante: JORGE ARTURO ECHEVERRY IBARGÜEN Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia por falta de
inmediatez, subsidiariedad y relevancia constitucional. La tutela se presentó fuera
del plazo razonable. La parte actora se abstuvo de presentar solicitud de adición de
la sentencia y pretende convertir la tutela en una instancia adicional para cuestionar
la valoración probatoria del juez natural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, porque no cumple los
requisitos de inmediatez, subsidiariedad y relevancia constitucional. Los
accionantes presentaron la solicitud después del plazo que la jurisprudencia
considera razonable para controvertir providencias judiciales.

2. Además, no solicitaron la adición de la sentencia frente a la presunta omisión
relacionada con la menor Jaziel Echeverry Queeman. Los demás cargos se limitan
a controvertir la valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo del
Chocó, sin evidenciar una vulneración de derechos fundamentales.

II. ANTECEDENTES

La demanda

3. El 9 de junio de 2026, los señores Jorge Arturo Echeverry Ibargüen, a nombre
propio y en representación de Jaziel Echeverry Queeman; Luz Herminia Echeverry
Ibargüen, a nombre propio y en representación de Aura Rosa Hidalgo Echeverry;
Luz del Carmen Echeverry Ibargüen; Jaime Antonio Echeverry Mosquera, a nombre
propio y en representación de Naidy Nahomy Echeverry Banguero; Nikol Johana
Echeverry Banguero; Lilian Andrea Echeverry Arango; Luz Ángela Echeverry
Mosquera; Carlos Wilmar Echeverry Mosquera, a nombre propio y en
representación de Emmanuel Echeverry Vargas; Jhean Carlos Wilmar Echeverry
Vélez; María Isabel Echeverry Vélez; Julio César Echeverry Mosquera; César Julio
Echeverry Mosquera, a nombre propio y en representación de Haudy Valentina
Echeverry Leudo; Kevin Andrés Mosquera Echeverry; Johan Alexander Mosquera

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04366-00
Accionante: Jorge Arturo Echeverry Ibargüen y otros

Echeverry; César Augusto Echeverry Mosquera; Vicente Echeverry Mosquera, a
nombre propio y en representación de Sara Valenthyna Echeverry Panesso; y Luz
Marina Echeverry Mosquera presentaron acción de tutela para la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva1.

4. Los accionantes atribuyen la vulneración a la sentencia del 26 de noviembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó en el proceso de reparación
directa con radicado 27001-33-33-001-2020-00206-01.

Hechos relevantes

5. En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Jorge Arturo
Echeverry y su núcleo familiar demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional2 por la muerte del menor Jasser Steven Echeverry Agualimpia,
quien fue arrollado por una motocicleta oficial el 6 de agosto de 2018.

6. En sentencia del 14 de agosto de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de
Quibdó accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Declaró
responsable a la Policía Nacional, y condenó solidariamente a la llamada en
garantía, con fundamento en la póliza de responsabilidad civil extracontractual que
amparaba el vehículo involucrado en el accidente. Por concepto de perjuicios
morales reconoció 100 SMLMV a los familiares en primer grado de consanguinidad,
50 SMLMV a los de segundo grado, 35 SMLMV a los de tercer grado y 25 SMLMV
a los de cuarto grado. También reconoció, por daño emergente, los gastos de las
honras fúnebres del menor actualizados a la fecha de la sentencia.

7. La Policía Nacional y La Previsora presentaron recurso de apelación. La primera
sostuvo que no existía nexo causal entre la conducta estatal y el daño. También
cuestionó el reconocimiento de perjuicios a algunos familiares que, en su criterio,
no acreditaron la afectación alegada. Además, señaló que los señores Shirley
Jackswary y Jockswar Steven Echeverry Agualimpia habían sido beneficiarios de
una condena en otro proceso.

8. La aseguradora afirmó que la condena solidaria era improcedente y que su
responsabilidad se limitaba al monto asegurado.

9. El 26 de noviembre de 2025, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó modificó la decisión de primera instancia. Concluyó que el
daño era imputable exclusivamente a la Policía Nacional, porque se produjo por la
conducta imprudente del agente que conducía la motocicleta. Consideró que la
póliza de responsabilidad extracontractual excluía los perjuicios morales del tercero
damnificado. En consecuencia, limitó la condena de la aseguradora al reembolso
de los perjuicios materiales reconocidos.

1 También consideran desconocido el principio de protección reforzada a los niños, niñas y
adolescentes.
2 Llamó en garantía a La Previsora Compañía de Seguros S.A.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04366-00
Accionante: Jorge Arturo Echeverry Ibargüen y otros

10. El Tribunal revocó el reconocimiento de perjuicios morales a favor de la señora
Jaqueline Echeverry Álvarez, porque no acreditó su parentesco con la víctima; a
favor de los familiares en tercer y cuarto grado de consanguinidad, porque no
demostró la afectación moral alegada; y a favor de los señores Jokswar Stiven
Echeverry Agualimpia y Shirley Jakswary Echeverry Agualimpia, debido al
desistimiento de la demanda.

Pretensiones

11. Los accionantes solicitaron amparar sus derechos fundamentales, dejar
parcialmente sin efectos la sentencia del 26 de noviembre de 2025 y ordenar al
Tribunal Administrativo del Chocó que profiera una decisión de reemplazo en la que
valore en su integridad las pruebas que acreditan la afectación de los parientes en
tercer y cuarto grado de consanguinidad de la víctima y se pronuncie sobre la
pretensión indemnizatoria de la menor Jaziel Echeverry Queeman.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La sentencia del 26 de noviembre de 2025 incurrió en defecto procedimental por
incongruencia omisiva. El Tribunal Administrativo del Chocó no resolvió la
pretensión indemnizatoria de la menor Jaziel Echeverry Queeman, hermana de la
víctima, pese a que acreditó su parentesco y no fue objeto de desistimiento. La
omisión vulnera su derecho de acceso a la administración de justicia, situación que
adquiere especial relevancia por tratarse de una menor de edad.

13. La providencia que se cuestiona también adolece de defecto fáctico por indebida
valoración de las declaraciones de los señores (i) Jorge Arturo Echeverry; (ii) Shirley
Palacio Bonilla, testigo «sin vínculo de parentesco con los demandantes»; y (iii) de
los «demás testimonios», que acreditan la existencia de una relación afectiva
estrecha entre la víctima y sus familiares, así como el sufrimiento que les produjo
su fallecimiento.

14. La sentencia también desconoce jurisprudencia unificada de esta Corporación
sobre el reconocimiento de perjuicios morales, que exige la acreditación de la
existencia de una relación afectiva que trascienda el simple vínculo formal de
consanguinidad. Circunstancia que, en este caso, se acreditó con las «múltiples
declaraciones testimoniales» practicadas en la audiencia inicial, especialmente las
de los señores Jorge Arturo Echeverry, Shirley Palacio Bonilla y José Gabriel
Palacio.

15. El Tribunal no expuso razones «objetivas» para concluir que las pruebas
practicadas eran insuficientes, ignorando que las declaraciones describieron las
consecuencias emocionales que produjo el fallecimiento del menor.

Trámite impartido

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04366-00
Accionante: Jorge Arturo Echeverry Ibargüen y otros

16. En auto del 9 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó y
vinculó a los terceros con interés.

17. Además, solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó copia del
expediente del proceso de reparación directa con radicado 27001-33-33-001-2020-
00206 00/01.

18. Por auto 7 de julio de 2026, se dispuso la vinculación de los señores José María
Echeverry Cosisio, Carmen Rosa Ibargüen Moreno y Jaqueline Echeverry Álvarez
en calidad de terceros con interés, porque participaron en el proceso de reparación
directa objeto de esta controversia.

Intervenciones

19. La Policía Nacional3 solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa
por pasiva. Los accionantes atribuyeron la vulneración de sus derechos a las
autoridades judiciales que definieron el proceso de reparación directa.

20. El Tribunal Administrativo del Chocó, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y los demás vinculados no intervinieron.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. Esta Subsección es competente para resolver la acción de tutela, conforme a
los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991,
concordantes con el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento
interno de esta corporación.

Problema jurídico

22. La Sala determinará si el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos
fundamentales de los accionantes, al (i) abstenerse de resolver la pretensión
indemnizatoria respecto de la menor Jaziel Echeverry Queeman; (ii) valorar
indebidamente las declaraciones rendidas en el proceso; y (iii) desconocer el
precedente unificado sobre el reconocimiento de perjuicios morales a los parientes
de tercer y cuarto grado de consanguinidad.

23. Para resolver el problema jurídico, se verificará si se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Si
se cumplen, se determinará si la autoridad judicial demandada incurrió en los
defectos alegados.
Análisis de la Sala

3 Samai, índice 13.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04366-00
Accionante: Jorge Arturo Echeverry Ibargüen y otros

24. Conforme al artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela es un mecanismo
de protección inmediata de derechos fundamentales. La jurisprudencia de la Corte
Constitucional4 sostiene que, aunque no está sometida a un término de caducidad,
debe interponerse dentro de un «plazo razonable y proporcional» al tiempo
transcurrido entre el acaecimiento de los hechos que sustentan las pretensiones y
la solicitud de protección. En casos de tutela contra providencias judiciales la
referida Corporación determinó que, por regla general, dicho plazo corresponde a
seis meses.

25. La Corte Constitucional también precisa que la razonabilidad del plazo debe
evaluarse según las circunstancias de cada caso. Además, sostiene que este
requisito puede flexibilizarse cuando se demuestre: (i) que la vulneración es
permanente, continua y actual, aunque el hecho que la originó es antiguo o (i)
cuando el estado de vulnerabilidad del accionante torna desproporcionada la carga
de acudir a la acción oportunamente.

26. En este caso la acción no satisface el requisito de inmediatez. La sentencia
cuestionada se profirió el 26 de noviembre de 2025, se notificó el 27 del mismo mes
y año y quedó ejecutoriada el 4 de diciembre siguiente. En ese orden, el plazo para
interponer la acción se extendió hasta el 5 de junio de 2026; sin embargo, esta se
radicó el 9 de junio de 2026, superado el término razonable empleado por la Corte
Constitucional como criterio orientador para determinar la inmediatez.

27. Si bien es cierto, que es un criterio orientador y existen circunstancias que
justifican flexibilizar este requisito, en el presente caso no se advierte alguna de
ellas. Aunque los accionantes afirmaron que la acción se presentó en un plazo
proporcional a la complejidad del caso, lo cierto es que no explicaron porque resultó
insuficiente el término razonable para recopilar la información y para estructurar
correctamente sus cargos. Tampoco demostraron que la presunta vulneración
conservara efectos nuevos o sobrevinientes. La afectación que alegan deriva de
una providencia judicial y quedó consolidada desde su notificación.

28. Admitir la tesis del extremo actor equivale a ampliar indefinida e
injustificadamente el plazo para acudir a la acción de tutela, en detrimento de los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, así como de la propia naturaleza de
protección inminente de este mecanismo de amparo.

29. En todo caso, la acción tampoco satisface los requisitos de subsidiariedad y
relevancia constitucional.

30. Los accionantes argumentan que la providencia censurada adolece de múltiples
defectos, pero fundan sus alegatos en dos cuestiones transversales. Por un lado, la
omisión del Tribunal de pronunciarse frente a la pretensión de la menor Jaziel
Echeverry Queeman, hermana de la víctima, que demostró el parentesco y frente a
la que no se admitió desistimiento de la demanda. Sobre este punto, se destaca que

4 Corte Constitucional, sentencia T-422 de 2025. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

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la parte actora se abstuvo de presentar solicitud de adición a la sentencia,
procedente en los términos del artículo 287 del Código General del Proceso.

31. La acción de tutela no sustituye los mecanismos procesales ordinarios ni permite
corregir la falta de ejercicio oportuno de las cargas procesales. La omisión alegada
podía someterse al conocimiento del Tribunal mediante la correspondiente solicitud
de adición, por lo que este cargo no cumple con el requisito de subsidiariedad.

32. De otro lado, el extremo actor centró sus alegatos en la valoración probatoria
que llevó al Tribunal a negar las pretensiones de los familiares en tercer y cuarto
grado de consanguinidad de la víctima. Sin embargo, dichos argumentos no tienen
relevancia constitucional, pues proponen una valoración alternativa de las pruebas,
sin justificar o demostrar una verdadera afectación a derechos fundamentales.

33. Los accionantes consideran que las declaraciones de Jorge Arturo Echeverry,
Shirley Palacio Bonilla y José Gabriel Palacio tienen el mérito suficiente para
demostrar la causación de los perjuicios morales reclamados por los tíos y primos
de la víctima; sin embargo, ese planteamiento no supone ni demuestra que la
valoración del Tribunal sea arbitraria, caprichosa o irrazonable.

34. En contraste, el juicio de apreciación es coherente. El Tribunal explicó las
razones por las cuales consideró insuficiente el material probatorio incorporado al
expediente para demostrar la afectación moral de los familiares en tercer y cuarto
grado de consanguinidad. Entre otros aspectos, señaló que la testigo Shirley Palacio
Bonilla leyó los nombres de algunos familiares durante su declaración. También
indicó que varios de ellos residían en ciudades distintas y que las comunicaciones
telefónicas mencionadas por la testigo no permitían inferir una relación afectiva
particularmente estrecha.

35. Además, destacó que la declaración de la señora Carmen Rosa Ibargüen
tampoco aportó elementos específicos sobre la intensidad del vínculo afectivo que
unía a los tíos y primos con la víctima ni sobre las circunstancias que permitieran
inferir la entidad del dolor que les ocasionó su fallecimiento.

36. El hecho de que el Tribunal no mencionara de manera individual cada
declaración no permite inferir un defecto fáctico. La valoración probatoria exige
apreciar las pruebas en conjunto y no responder separadamente a cada elemento
de convicción incorporado al expediente. La decisión cuestionada muestra que el
Tribunal examinó en su integridad el material probatorio obrante en el expediente y
concluyó que este no acreditaba la intensidad de la relación afectiva alegada por los
demandantes.

37. El cargo por desconocimiento del precedente tampoco tiene relevancia
constitucional. Los accionantes no identifican una regla jurisprudencial concreta
desconocida. Su planteamiento parte de la premisa de que los testimonios
acreditaban la relación afectiva exigida por la jurisprudencia de unificación. Tal

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desacuerdo se refiere una vez más a la valoración del material probatorio y no a la
inaplicación de una regla jurisprudencial vinculante.

38. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, porque no
satisface los requisitos generales de inmediatez, subsidiariedad y relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
el señor Jorge Arturo Echeverry Ibargüen y otros.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
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