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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04369-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04369-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción, a la igualdad procesal, a la seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia de la Organización Musical Churo Díaz S.A.S. y del señor Jorge Iván Díaz Lafaurie, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el auto del 26 de febrero de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado núm. 20001-33-33-005-2024-00004-01, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión respecto del recurso de apelación interpuesto contra el auto del 19 de septiembre de 2025, proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Valledupar, con observancia de las consideraciones expuestas en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04369-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

3 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04369-00
Accionantes: Organización Musical Churo Díaz SAS y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04369-00
Accionantes: Organización Musical Churo Díaz SAS y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo – Ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la Organización Musical Churo Díaz
SAS, a través de su representante legal el señor Jesús Rodrigo Mendoza Yepez, y por
el señor Jorge Iván Díaz Lafaurie, contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

La Organización Musical Churo Díaz SAS, por conducto de su representante legal,
señor Jesús Rodrigo Mendoza Yepez, y el señor Jorge Iván Díaz Lafaurie, en nombre
propio, interpusieron acción de tutela en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción, a la igualdad
procesal, a la seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia, los cuales
estiman vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar con ocasión del auto
proferido el 26 de febrero de 2026 dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado núm. 20001-33-33-005-2024-00004-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. Sara Valentina Gutiérrez Cardozo y Frey Camilo Hernández Pérez promovieron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Municipio de
Valledupar, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Jorge Iván Díaz Lafaurie y la
Organización Musical Churo Díaz S.A.S., con ocasión de los presuntos daños y
perjuicios que afirman haber sufrido el 17 de octubre de 2021, aproximadamente a las
4:20 a. m., mientras asistían a un concierto realizado en el marco del Festival de la
Leyenda Vallenata. Según expusieron, durante la presentación del artista Jorge Iván

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Díaz, conocido artísticamente como «Churo Díaz», una bengala fue disparada en
dirección a sus cuerpos, lo que les ocasionó diversas lesiones.

2.2. Mediante auto del 31 de julio de 2025, el Juzgado Once Administrativo del Circuito
de Valledupar inadmitió la demanda al considerar que la parte demandante no aportó
los certificados de existencia y representación legal de la Fundación Festival de la
Leyenda Vallenata y de la Organización Musical Churo Díaz S.A.S., como lo exige el
numeral 4 del artículo 166 del CPACA. Asimismo, advirtió que tampoco acreditó haber
remitido a la parte demandada, por medios electrónicos, copia de la demanda y de sus
anexos, conforme a lo previsto en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA, modificado
por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, concedió el término de diez
(10) días para subsanar las deficiencias advertidas y señaló que, de no hacerlo, la
demanda sería rechazada.

2.3. El 19 de septiembre de 2025, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Valledupar profirió auto mediante el cual rechazó la demanda. Señaló que el auto
inadmisorio fue comunicado a la parte demandante mediante correo electrónico del 1º
de agosto de 2025, por lo que el término para subsanar vencía el 19 de agosto de ese
mismo año. No obstante, indicó que, una vez expirado dicho plazo, la parte actora no
allegó escrito de subsanación. Contra esa decisión, la demandante interpuso recurso
de reposición y, en subsidio, de apelación.

2.4. Mediante providencia del 14 de noviembre de 2025, el referido juzgado resolvió no
reponer el auto del 19 de septiembre de 2025, mediante el cual rechazó la demanda, y
concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación.

Para sustentar esa decisión, señaló que la parte demandante guardó silencio durante el
término concedido para subsanar la demanda y que, en atención al carácter preclusivo
de los términos procesales, no era posible analizar los argumentos ni los documentos
aportados con el recurso de reposición, pues tales aspectos debían plantearse dentro
del término otorgado para la subsanación de la demanda.

2.5. Mediante providencia del 26 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del
Cesar revocó el auto del 19 de septiembre de 2025, proferido por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Valledupar.

El tribunal consideró que, si bien al momento de la presentación de la demanda no se
acreditó la existencia y representación legal de las entidades demandadas ni el envío
de la copia de la demanda y de sus anexos a la parte demandada, lo que, en principio,
daba lugar a la consecuencia prevista en el artículo 170 del CPACA, también era cierto
que tales deficiencias fueron subsanadas durante el trámite del recurso de apelación.
Por ello, concluyó que resultaba procedente revocar la providencia apelada.

Asimismo, señaló que, aunque el ejercicio del derecho de acción se encuentra
sometido a términos perentorios y preclusivos, en garantía de los principios
constitucionales y del derecho de acceso a la administración de justicia era procedente

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tener por subsanadas las falencias advertidas, con el fin de evitar la configuración de un
exceso ritual manifiesto.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud1

La parte actora elevó al juez constitucional las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, contradicción, igualdad procesal, seguridad jurídica y acceso a
la administración de justicia en condiciones de legalidad de la parte
accionante, los cuales fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Cesar con ocasión de la providencia proferida el día veintiséis (26) de febrero
de dos mil veintiséis (2026), dentro del proceso de reparación directa
radicado No. 20001-33-33-005-2024-00004-01.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar el día veintiséis (26) de febrero de dos mil
veintiséis (2026), mediante la cual resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra el auto de rechazo de la demanda dentro del proceso
anteriormente identificado.

TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro del
término que señale el fallo de tutela, profiera una nueva decisión respetando
los derechos fundamentales invocados, el principio de preclusión procesal,
las formas propias del juicio y las disposiciones contenidas en los artículos
169 y 170 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTA: DISPONER la vinculación al presente trámite constitucional del
Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y de las
demás partes e intervinientes dentro del proceso de reparación directa
radicado No. 20001-33-33-005-2024-00004-01, para garantizar el ejercicio
de sus derechos de defensa y contradicción.

QUINTA: Adoptar cualquier otra medida que el Honorable Consejo de Estado
considere necesaria para el restablecimiento integral de los derechos
fundamentales vulnerados”. (Negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

Para sustentar su solicitud, la parte accionante alegó la configuración de los siguientes
defectos:

3.1. Defecto procedimental absoluto. Sostuvo que la autoridad judicial accionada
desconoció expresamente el procedimiento establecido en los artículos 169 y 170 del
CPACA en razón de que los demandantes no subsanaron la demanda dentro del plazo
otorgado. Sin embargo, el tribunal accionado concedió efectos jurídicos a documentos
incorporados mediante la presentación del recurso de reposición y en subsidio
apelación, lo que permitió de manera indebida el cumplimiento extemporáneo de
cargas procesales que habían precluido.

Reiteró que el recurso de apelación no constituye una nueva oportunidad para
subsanar la demanda ni puede ser utilizado con el fin de revivir términos procesales
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vencidos, por lo que el Tribunal Administrativo del Cesar alteró el trámite previsto en la
ley y asimismo vulneró las normas propias del juicio consagradas en el artículo 29 de la
Constitución.

3.2. Defecto sustantivo. Adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en una
interpretación irrazonable y en una aplicación indebida de los artículos 169 y 170 del
CPACA, toda vez que dichas normas establecen de manera clara e inequívoca que
procede el rechazo de la demanda cuando la subsanación no se realiza dentro del
término concedido. En consecuencia, en el caso concreto, una vez vencido dicho
término sin que la parte demandante hubiera subsanado la demanda, la única
consecuencia jurídicamente viable era mantener su rechazo. Pese a ello, el tribunal
accionado otorgó prevalencia a una interpretación incompatible con el texto normativo,
con lo cual desconoció la voluntad del legislador.

3.3. Desconocimiento del precedente judicial. Argumentó que la providencia
cuestionada desconoce el precedente reiterado según el cual los términos procesales
son perentorios y preclusivos. Además, sostuvo que tanto la Corte Constitucional como
el Consejo de Estado han establecido que la prevalencia del derecho sustancial no
puede ser utilizada con el fin de eliminar requisitos procesales esenciales ni para
habilitar oportunidades procesales inexistentes.

Además, indicó que “el presente caso, la Sala accionada fundamentó su decisión en
una interpretación excesivamente amplia del acceso a la administración de justicia y del
principio pro actione, pero omitió valorar que la parte demandante no fue privada
arbitrariamente de su derecho de acceso a la jurisdicción, sino que dejó vencer
voluntariamente el término legal otorgado para subsanar los defectos advertidos por el
juez”.

3.4. Vulneración directa de la Constitución. Expuso la vulneración de los artículos
29 respecto del debido proceso y la exigencia de que las actuaciones judiciales se
adelanten con observancia de las formas propias de cada juicio, y ii) 228 y 229 en razón
de que la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia
no permiten a los jueces desconocer los términos legales perentorios ni sustituir el
procedimiento establecido por el legislador.

3.5. Falta de motivación suficiente. Adujo que la providencia cuestionada no ofrece
una justificación constitucionalmente válida que explique la forma en que una actuación
procesal extemporánea puede llegar a producir los efectos jurídicos propios de una
subsanación presentada dentro del término legal.

Lo anterior, en razón de que el Tribunal Administrativo del Cesar, en el auto
cuestionado, estableció expresamente que la parte demandante había guardado
silencio dentro del término para subsanar la demanda y que solamente corrigió los
yerros identificados en el auto inadmisorio mediante la presentación del recurso de
reposición y en subsidio apelación en contra del auto mediante el cual se rechazó la
demanda; sin embargo, no estableció la razón por la que dicha conducta no generaba

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las consecuencias previstas en los artículos 169 y 170 del CPACA, sin realizar una
ponderación adecuada de los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad
procesal y debido proceso.

Por lo que concluyó que la providencia cuestionada carece de motivación suficiente
para justificar la alteración de una regla procesal expresa y la creación de una
oportunidad procesal no reconocida en el ordenamiento jurídico.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 10 de junio de 2026 2, la magistrada ponente admitió la acción de
tutela; vinculó, en calidad de terceros con interés, al Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Valledupar, a Sara Valentina Gutiérrez Cardozo, a Frey Camilo Hernández
Pérez, al Municipio de Valledupar, a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, ofició a las autoridades
judiciales para que quien tuviera a su cargo el expediente identificado con el radicado
núm. 20001-33-33-005-2024-00004-00/01 lo remitiera a este trámite constitucional y
requirió a la parte actora para que allegara nuevamente copia íntegra del escrito de
tutela.

De igual manera, ordenó notificar a las partes, tener como pruebas los documentos
aportados con el escrito de tutela y suspender los términos del presente trámite.

Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.1. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado3 solicitó su desvinculación
del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que
no se evidenciaba acción u omisión alguna atribuible a esa entidad, toda vez que el
asunto objeto de la controversia no correspondía a sus competencias ni era destinataria
de las pretensiones formuladas por los accionantes.

4.2. La parte accionante4 atendió el requerimiento efectuado en el auto admisorio de
la tutela y, en consecuencia, allegó copia íntegra del escrito de tutela.

4.3. El Municipio de Valledupar5 solicitó conceder el amparo invocado, al considerar
que la decisión cuestionada desconoció las cargas procesales que correspondía
cumplir a la parte demandante dentro del proceso de reparación directa.

Sostuvo que el auto proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Valledupar obedecía a una interpretación razonable de las normas previstas en el

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2A7201B4DBAC1CC4.
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A9AAD3C989E83FED.

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CPACA y garantizaba los principios del debido proceso, la seguridad jurídica y la
igualdad procesal. En contraste, afirmó que el auto del 26 de febrero de 2026, proferido
por el Tribunal Administrativo del Cesar, sustituyó el criterio del juez de primera
instancia sin que existieran razones constitucionalmente suficientes para ello, con lo
cual incurrió en un defecto susceptible de control mediante la acción de tutela. Agregó
que la autonomía judicial no excluye el control constitucional cuando una providencia
desconoce derechos fundamentales o resulta manifiestamente irrazonable.

En ese sentido, enfatizó que la decisión adoptada por el Juzgado Once Administrativo
del Circuito de Valledupar garantizaba el cumplimiento de las cargas procesales
establecidas por el legislador y preservaba la igualdad entre las partes. Por ello, estimó
que no existían razones suficientes para revocar dicha determinación, pues la
providencia cuestionada comprometía la estabilidad de las actuaciones judiciales y el
principio de seguridad jurídica.

4.4. El Tribunal Administrativo del Cesar6 solicitó negar el amparo, al considerar que
la decisión cuestionada se ajustó a la normativa vigente, a los principios
constitucionales y a las garantías del debido proceso, de manera que no se configuró
una vulneración real y verificable de derechos fundamentales.

Al respecto, señaló que la parte demandante, dentro del proceso ordinario, al interponer
el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, aportó los certificados de
existencia y representación legal de las demandadas, así como la constancia del envío
de la demanda, sus anexos y el recurso interpuesto. En consecuencia, sostuvo que los
yerros advertidos en el auto inadmisorio fueron corregidos y que los defectos de
carácter formal quedaron subsanados, circunstancia que habilitaba al juzgador para
continuar con el estudio de admisibilidad de la demanda, en aplicación de los principios
de prevalencia del derecho sustancial y de acceso efectivo a la administración de
justicia.

Asimismo, destacó que la Corte Constitucional, en la sentencia T-246 de 2009, precisó
que los jueces incurren en exceso ritual manifiesto cuando utilizan las formas
procesales como un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, con lo cual
terminan por denegar el acceso a la administración de justicia. En esa medida, sostuvo
que negar la eficacia de la subsanación presentada constituiría un exceso ritual
manifiesto, toda vez que la omisión inicialmente advertida había sido plenamente
superada.

Por último, remitió el enlace de acceso al expediente digital a través del aplicativo
SAMAI.

4.5. El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, Sara Valentina
Gutiérrez Cardozo, Frey Camilo Hernández Pérez y la Fundación Festival de la

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B2DEA80BDE18E523.

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Leyenda Vallenata, pese a haber sido notificados en debida forma,7 guardaron silencio
durante el trámite de la presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto la
Organización Musical Churo Díaz SAS, por intermedio de su representante legal 8, y
Jorge Iván Díaz Lafaurie son los titulares de los derechos fundamentales que afirman
vulnerados, en su condición de demandados dentro del medio de control de reparación
directa, identificado con el radicado núm. 20001-33-33-005-2024-00004-00/01.

2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto el Tribunal Administrativo del Cesar fue la autoridad judicial que profirió la
decisión que, según la parte accionante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
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EA1802D4A1D8CBCB.
9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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habilitan la interposición de la tutela10 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 12.

5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad.

5.1. En relación con el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional
ha precisado que corresponde al juez de tutela exponer de manera expresa, clara y
suficiente las razones por las cuales el asunto sometido a su consideración trasciende
el ámbito de una simple controversia de legalidad y plantea un problema con relevancia
constitucional, conforme a los lineamientos fijados por esa corporación sobre la
materia13.
En el presente asunto, la Sala observa que la parte accionante no se limitó a expresar
su inconformidad con el sentido de la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar. Por el contrario, identificó de manera concreta los derechos
fundamentales que estimó vulnerados, en particular los derechos al debido proceso, de
defensa, de contradicción, a la igualdad procesal, a la seguridad jurídica y de acceso a

10
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la
solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria
de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de
tutela
11
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
«La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y
goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo
que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una
norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para
los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa
mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de
derechos fundamentales».

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la administración de justicia. Asimismo, atribuyó dicha vulneración a la presunta
configuración de los defectos procedimental absoluto y sustantivo, al desconocimiento
del precedente judicial, a la violación directa de la Constitución y a la falta de motivación
suficiente. En sustento de tales cargos, afirmó que la autoridad judicial accionada
realizó una interpretación irrazonable de los artículos 169 y 170 del CPACA, al inaplicar
la consecuencia jurídica prevista por el legislador para los eventos en que la demanda
no es subsanada dentro del término concedido en el auto inadmisorio.

En esas condiciones, la controversia planteada trasciende el ámbito de una mera
discrepancia respecto de la interpretación o aplicación de normas procesales, pues
exige establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en alguno de los defectos
alegados y, como consecuencia de ello, vulneró los derechos fundamentales
invocados. En tal virtud, la Sala considera satisfecho el requisito de relevancia
constitucional.

5.2. La parte accionante no dispone de otro mecanismo judicial ordinario o
extraordinario para la protección de los derechos fundamentales que considera
vulnerados.

5.3. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la providencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 26 de febrero de 2026 fue
comunicada el 27 de febrero siguiente, mientras que la acción de tutela fue presentada
el 9 de junio de 2026; es decir, dentro del término de seis (6) meses que la
jurisprudencia constitucional14 y del Consejo de Estado15 ha considerado, por regla
general, como un plazo razonable para acudir al mecanismo de amparo.

5.4. De igual manera, la parte actora expuso de manera clara y razonada los hechos
y fundamentos en los que sustentó la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, sin que de sus planteamientos se advierta la existencia de una
irregularidad procesal que deba ser analizada como presupuesto autónomo de
procedibilidad. Finalmente, la providencia cuestionada no corresponde a una sentencia
proferida dentro de un trámite de tutela.

5.5. En consecuencia, la Sala encuentra acreditados los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Por tanto, procederá a
examinar las causales específicas de procedibilidad invocadas por la parte accionante.

6. Defecto sustantivo

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto sustantivo se configura cuando la
decisión judicial se fundamenta en una norma claramente inaplicable al caso concreto,
bien porque ha perdido vigencia, fue declarada inexequible, derogada o subrogada, o

14
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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porque carece de conexidad material con los supuestos fácticos respecto de los cuales
se aplica16.

No obstante, para que dicho defecto se configure, debe tenerse en cuenta que la acción
de tutela no constituye un mecanismo para controvertir la interpretación razonable de
una norma legal o reglamentaria. Ello obedece a que, de conformidad con el artículo
230 de la Constitución Política, los jueces gozan de autonomía para escoger, entre las
distintas interpretaciones jurídicamente admisibles de una disposición, aquella que
consideren más acorde con el ordenamiento jurídico.

Así entonces, el alto tribunal constitucional se pronunció sobre la limitación del principio
de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

“(…) Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de
autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta
a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la
autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso
concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse
de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con
sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de
forzosa aplicación (…)”17.

En ese sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía judicial para
interpretar y aplicar las normas en la solución de los asuntos sometidos a su
conocimiento no tienen carácter absoluto. Por el contrario, la función jurisdiccional debe
ejercerse con sujeción a los principios, valores y derechos consagrados en la
Constitución, los cuales pueden resultar afectados cuando se realiza una interpretación
indebida del ordenamiento jurídico, se inaplica una disposición pertinente o se
fundamenta la decisión en un precepto inexistente.

En consecuencia, la labor interpretativa del juez encuentra límites en el carácter
normativo de la Constitución (artículo 4.º), en el deber de garantizar la efectividad de los
derechos fundamentales (artículo 2.º), en el reconocimiento de la primacía de los
derechos inalienables de la persona (artículo 5.º), en el principio de legalidad que
integra el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29) y en la garantía de
acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)18.

7. Caso concreto

16
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-649 del 19 de octubre de 2017, proceso con radicado T 3.402.625.
M.P. Alberto Rojas Ríos.
17
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-284 del 5 de abril de 2006, proceso con radicado
T-1.244.552. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; criterio reiterado en: Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, sentencia T-450 del 19 de noviembre de 2018, proceso con radicado T-6.388.862. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
18
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-050 del 2 de febrero de 2017, proceso con radicado T 5.375.361.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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La Sala advierte que amparará los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante, por las razones que se exponen a continuación:

7.1. La parte actora cuestiona el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar
dentro del medio de control de reparación directa, al considerar que dicha providencia
incurrió en: (i) un defecto procedimental absoluto, por desconocer el procedimiento de
los artículos 169 y 170 del CPACA al otorgar efectos jurídicos a documentos aportados
de manera extemporánea; (ii) un defecto sustantivo, derivado de la interpretación
irrazonable de dichas disposiciones y de la inaplicación de la consecuencia jurídica
consistente en el rechazo de la demanda cuando esta no es subsanada dentro del
término legal; (iii) un defecto por desconocimiento del precedente judicial, al desatender
el carácter perentorio y preclusivo de los términos procesales, reconocido por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, para dar prevalencia al principio pro actione,
pese a que la parte demandante dejó vencer el plazo concedido para subsanar la
demanda; (iv) un defecto por violación directa de la Constitución, al desconocer el
artículo 29 superior, así como los artículos 228 y 229, que consagran el debido proceso,
la observancia diligente de los términos procesales y el acceso a la administración de
justicia; y (v) un defecto por falta de motivación suficiente, al no explicar por qué una
actuación extemporánea podía producir los mismos efectos de una subsanación
presentada oportunamente, pese a reconocer que la parte demandante guardó silencio
durante el término concedido para corregir la demanda.

7.2. Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 29 de la Constitución Política consagra
el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe garantizarse en toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. Asimismo, el artículo 150 superior atribuye al
Congreso de la República la competencia para expedir los códigos en los distintos
ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Por su parte, el artículo 228 de la
Constitución establece que los términos procesales deben observarse con diligencia y
que su incumplimiento será sancionado, además de consagrar la prevalencia del
derecho sustancial.

7.3. En desarrollo de lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley 1437 de
2011, mediante la cual se adoptó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

El artículo 162.8 del CPACA, modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021,
establece, entre los requisitos de la demanda, la carga de remitir simultáneamente, al
momento de su presentación, copia de esta y de sus anexos a los demandados, por
medio de correo electrónico.
Por su parte, el artículo 166 del CPACA dispone los anexos que se deben acompañar
con la demanda. Entre ellos, exige a las personas jurídicas de derecho privado y
público que intervengan en el proceso acreditar su existencia y representación legal.
Asimismo, prevé expresamente que dicha exigencia no resulta aplicable a “la Nación,
los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución
y la ley”.

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A su turno, el artículo 170 del CPACA dispone que, cuando la demanda incumpla los
requisitos previstos en la ley, el juez deberá inadmitirla mediante providencia en la que
señale los defectos que deben ser corregidos y conceda a la parte demandante un
término de diez (10) días para subsanarlos, so pena de rechazo. Contra dicha decisión
procede el recurso de reposición.

En concordancia con lo anterior, el artículo 169 del CPACA regula los eventos en los
cuales procede el rechazo de la demanda en los siguientes términos:

“Artículo 169. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los
anexos en los siguientes casos:

(…)

2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro
de la oportunidad legalmente establecida.

(…)”

7.4. En este contexto, las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, expedidas en ejercicio de la potestad de
configuración normativa atribuida al Congreso de la República para regular los
procedimientos judiciales y las formas propias de cada juicio, establecen de manera
clara los requisitos que debe cumplir la demanda, los anexos que deben acompañarla y
las excepciones a dicha exigencia. Asimismo, prevén que, cuando la demanda no
reúna los requisitos legales, deberá ser inadmitida para que la parte demandante
subsane las deficiencias advertidas dentro del término de diez (10) días y, de no
hacerlo, procederá su rechazo.

7.5. Precisado lo anterior, la Sala procede a examinar las actuaciones surtidas dentro
del proceso de reparación directa.

En primer lugar, se observa que, mediante auto del 31 de julio de 202519, el Juzgado
Once Administrativo del Circuito de Valledupar inadmitió la demanda presentada por
Sara Valentina Gutiérrez Cardozo y Frey Camilo Hernández Pérez contra el Municipio
de Valledupar, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Jorge Iván Díaz Lafaurie
y la Organización Musical Churo Díaz S.A.S., por cuanto no se aportó la prueba de la
existencia y representación legal de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata ni de
la Organización Musical Churo Díaz S.A.S. De igual manera, advirtió que no se acreditó
la remisión, por medios electrónicos, de la demanda y de sus anexos a la parte
demandada. En consecuencia, concedió a la parte demandante el término de diez (10)
días, previsto en la ley, para subsanar tales deficiencias.

19
Índice 00016 del expediente de primera instancia ordinario en el aplicativo SAMAI, certificado
DB0FA5A39A8D830A E30D160FB312EA1E AAFF9EDC300AEDD2 4FD59C518E41E32D.

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Accionantes: Organización Musical Churo Díaz SAS y otro

Contra el referido auto inadmisorio no se interpuso recurso de reposición. Además, la
parte demandante no presentó escrito de subsanación dentro del término legalmente
establecido. En consecuencia, mediante auto del 19 de septiembre de 202520, el
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Valledupar rechazó la demanda.

Contra esta última providencia, la parte demandante interpuso recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación. En dicho escrito invocó los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y de prevalencia del derecho sustancial, con el
propósito de evitar la imposición de cargas excesivamente formalistas. Aunque
reconoció que no había subsanado oportunamente los defectos advertidos en el auto
inadmisorio, cuestionó tanto las razones que motivaron dicha decisión como el
posterior rechazo de la demanda.

En particular, sostuvo que la exigencia de aportar los certificados de existencia y
representación legal constituía un exceso ritual manifiesto, por cuanto esa información
podía ser consultada por el despacho en bases de datos públicas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 85 del Código General del Proceso. Asimismo, afirmó que la
falta de acreditación del envío de la copia de la demanda y de sus anexos no debía
impedir su admisión, toda vez que la parte demandada ya conocía la controversia
desde la audiencia de conciliación prejudicial. En consecuencia, sostuvo que dicho
requisito debía interpretarse de manera razonable y proporcional, en garantía del
derecho de acceso a la administración de justicia.

Sin perjuicio de lo anterior, con el escrito contentivo de los recursos anexó los
certificados de existencia y representación legal que habían sido requeridos y acreditó
que, de manera concomitante con la presentación de dicho memorial, remitió a la parte
demandada copia de la demanda y de sus anexos.

Mediante auto del 14 de noviembre de 202521, el juzgado resolvió no reponer la
providencia recurrida, al considerar que los cuestionamientos formulados por la parte
demandante debieron plantearse oportunamente mediante recurso de reposición
contra el auto inadmisorio de la demanda. Asimismo, señaló que los documentos
requeridos debían aportarse dentro del término concedido para subsanar la demanda,
por lo que su allegamiento extemporáneo no podía servir de fundamento para el
recurso interpuesto contra el auto que dispuso su rechazo.

7.6. Precisado el alcance de las disposiciones que regulan los requisitos de la
demanda, los anexos que deben acompañarla y las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, así como las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario, la Sala
procede a examinar la providencia cuestionada en el presente trámite constitucional.

20
Índice 00020 del expediente de primera instancia ordinario en el aplicativo SAMAI, certificado
9562FA3648520894 06A2D9B6238C0EFC 218DA7860E785500 731F8BB999A93ED7.
21
Índice 00025 del expediente de primera instancia ordinario en el aplicativo SAMAI, certificado
EED999C623710726 6112C84256038B6F 03B5808CE85631C9 B627DFCF9A832F2B.

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Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo del Cesar, al resolver el recurso
de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda, mediante providencia
del 26 de febrero de 2026 revocó el auto del 19 de septiembre de 2025, proferido por el
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Valledupar, y ordenó al juez de primera
instancia pronunciarse sobre la admisión de la demanda.

Para sustentar esa decisión, el tribunal señaló:

lo reconoce no subsanó tales errores, pues según su parecer, no eran yerros que
ameritaban la inadmisión de la demanda, constituyéndose más en un exceso ritual
manifiesto, por cuanto el juez podía acreditar la existencia de las demandadas con
otros mecanismos tales como con la verificación del NIT, y además por ser evidente
que desde el trámite de la conciliación prejudicial las accionadas conocían de la
existencia del proceso. A pesar de lo anterior, en esta instancia el togado aporta los
documentos requeridos, y además, acreditó haber remitido la demanda y sus
anexos vía electrónica a las demandadas”.

Como se advierte, la autoridad judicial accionada reconoció expresamente que la parte
demandante no subsanó la demanda dentro del término previsto en la ley. Asimismo,
señaló que dicha omisión obedeció a la postura asumida por la parte demandante,
según la cual las deficiencias advertidas no justificaban la inadmisión de la demanda.

No obstante, la providencia cuestionada dejó de considerar que, si la parte demandante
estimaba infundadas las exigencias contenidas en el auto inadmisorio, contaba con el
recurso de reposición para controvertir esa decisión. Al no ejercer oportunamente ese
medio de impugnación, el auto inadmisorio quedó ejecutoriado y las cargas procesales
allí impuestas adquirieron carácter obligatorio.

En esas condiciones, correspondía a la parte demandante aportar, dentro del término
de diez (10) días previsto en el artículo 170 del CPACA, los certificados de existencia y
representación legal de la Organización Musical Churo Díaz S.A.S. y de la Fundación
Festival de la Leyenda Vallenata, así como acreditar la remisión de la copia de la
demanda y de sus anexos a la parte demandada.

Sin embargo, tales cargas procesales no fueron atendidas dentro de la oportunidad
legalmente prevista. En consecuencia, la demanda fue presentada sin el cumplimiento
de los requisitos exigidos por la ley; el auto inadmisorio no fue oportunamente
controvertido y las deficiencias advertidas tampoco fueron subsanadas dentro del
término concedido para ese efecto.

En ese contexto, la Sala observa que el propio tribunal reconoció la configuración del
supuesto de hecho previsto en los artículos 169 y 170 del CPACA, esto es, la falta de
subsanación de la demanda dentro del término legalmente establecido. No obstante,
decidió apartarse de la consecuencia jurídica expresamente prevista por el legislador,
al otorgar eficacia a los documentos allegados con el recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda, como si se
tratara de una subsanación realizada oportunamente.

14

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Lo anterior resulta particularmente relevante si se tiene en cuenta que fue la propia
parte demandante quien decidió no interponer recurso de reposición contra el auto
inadmisorio, no subsanar la demanda dentro del término concedido y aportar los
documentos requeridos únicamente con ocasión del recurso formulado contra el auto
de rechazo, sin invocar circunstancia alguna que justificara el incumplimiento de las
cargas procesales impuestas por la ley.

En relación con la no realización de la carga de anexar los certificados de existencia y
representación legal de las demandadas, el tribunal accionado señaló que:

“Ahora bien, es cierto que el artículo 85 del Código General del Proceso dispone
cuándo se puede exigir el certificado de existencia y representación, precisamente,
para los mismos efectos de identificar e individualizar a la contraparte, entre otros
propósitos, para verificar el presupuesto de la capacidad para ser parte y la
capacidad para comparecer, además que este documento sólo podrá exigirse
cuando dicha información no conste en las bases de datos de las entidades
públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla, pues si la
información está disponible por ese medio, no es necesario certificado alguno.

(…)

Al tenor de lo anterior, el estatuto procesal no fue concebido para que el juez sea el
único encargado de recaudar las pruebas, como supone el apoderado en su
recurso, sino que, además, dado su carácter predominantemente dispositivo o
mixto, atañe a las partes atender las cargas procesales previstas en cada etapa del
trámite judicial, pues de no hacerlo, deben asumir las consecuencias desfavorables
de esa omisión.

Sin perjuicio de lo anterior, aunque es evidente que en su momento la parte actora
no cumplió con la carga de acreditar la existencia y representación legal de las
entidades de derecho privado que cita en su demandada como parte demandada,
lo que conllevó con acierto a la inadmisión de su escrito, también lo es que se
avizora que en esta instancia, el togado subsanó el yerro precitado, aportando
debidamente los certificados de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y de
la Organización Musical Churo Díaz S.A.S, por lo tanto, ello permite a la Sala
considerar que los defectos de forma señalados en el auto inadmisorio de la
demanda fueron debidamente subsanados”.

Frente a ese razonamiento, la Sala considera pertinente recordar que el artículo 166 del
CPACA establece los anexos que deben acompañar la demanda, entre ellos la prueba
de la existencia y representación legal de las personas jurídicas de derecho privado que
intervienen en el proceso. La misma disposición contempla una excepción para la
Nación, los departamentos, los municipios y las demás entidades creadas por la
Constitución y la ley; sin embargo, dicha excepción no resulta aplicable a la
Organización Musical Churo Díaz S.A.S. ni a la Fundación Festival de la Leyenda
Vallenata, por tratarse de personas jurídicas de derecho privado.

En consecuencia, correspondía a la parte demandante aportar los respectivos
certificados con la presentación de la demanda o, en su defecto, dentro del término de
diez (10) días concedido para subsanar las deficiencias advertidas en el auto
inadmisorio. No obstante, tales documentos solo fueron allegados con el recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la

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demanda, esto es, una vez había vencido el término legal previsto para su
subsanación.

En esas condiciones, la Sala observa que el propio tribunal reconoció, por una parte,
que la omisión inicial justificó la inadmisión de la demanda y que las cargas procesales
debían ser asumidas por las partes dentro de las oportunidades previstas en la ley;
pero, por otra, atribuyó efectos jurídicos a una actuación realizada cuando el término
para subsanar ya había precluido. Esa conclusión desconoce el alcance de los artículos
169 y 170 del CPACA, los cuales establecen que la subsanación debe efectuarse
dentro del término concedido en el auto inadmisorio y que, de no ocurrir así, procede el
rechazo de la demanda.

Por consiguiente, la interpretación acogida en la providencia cuestionada terminó por
desatender la consecuencia procesal expresamente prevista por el legislador para el
incumplimiento oportuno de la carga de subsanar la demanda, otorgando eficacia a una
actuación procesal realizada de manera extemporánea.

En este punto, resulta necesario precisar que el artículo 166 del CPACA regula de
manera expresa los anexos que deben acompañar la demanda presentada ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Dicha disposición establece, de forma
clara, la obligación de aportar la prueba de la existencia y representación legal de las
personas jurídicas de derecho público y de derecho privado que intervengan en el
proceso, salvo las excepciones expresamente previstas por el propio legislador. En
consecuencia, no resulta procedente acudir a los artículos 84 y 85 del Código General
del Proceso, pues la aplicación supletoria de ese estatuto únicamente tiene lugar en
ausencia de regulación especial en el CPACA22, circunstancia que no se presenta en el
caso objeto de estudio.

En cuanto a la segunda causal de inadmisión de la demanda, consistente en la falta de
acreditación del envío de la copia de la demanda y de sus anexos a las demandadas, el
tribunal accionado consideró lo siguiente:

“(…)

Establecido lo anterior, este Tribunal encuentra que, al momento de presentar la
demanda, la parte actora no acreditó ante el juez el envío de la demanda y sus
anexos a la parte demandada, lo que ameritaba al tenor de la norma y la
jurisprudencia su inadmisión, tal como precisó el a quo.

No obstante, se avizora que, en esta oportunidad, los actores acreditaron con el
escrito de alzada, un pantallazo remitiendo a las demandadas tanto la demanda y
sus anexos, como del recurso incoado, dando así cumplimiento a lo establecido en
la norma transcrita.”

22
ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

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La Sala considera pertinente recordar que el artículo 162 del CPACA, modificado por el
artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, impone a la parte demandante la carga de remitir
simultáneamente, al momento de la presentación de la demanda, copia de esta y de
sus anexos a los demandados, por medio de correo electrónico.

En el presente asunto no existe discusión acerca del incumplimiento de dicha carga
procesal. En efecto, la propia parte demandante reconoció que no realizó el envío
correspondiente, al considerar que las demandadas ya conocían la controversia desde
el trámite de la conciliación extrajudicial. En consecuencia, correspondía cumplir ese
requisito con la presentación de la demanda o, a más tardar, dentro del término
concedido para subsanar las deficiencias advertidas en el auto inadmisorio. Además,
la parte demandante no alegó circunstancia alguna que justificara jurídicamente el
incumplimiento de dicha exigencia procesal.

En esas condiciones, la Sala concluye que: (i) al momento de presentar la demanda, la
parte actora debía remitir copia de esta y de sus anexos a la parte demandada,
conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del CPACA; (ii) el artículo 166 ibidem exige
aportar la prueba de la existencia y representación legal de las personas jurídicas que
intervienen en el proceso y únicamente exceptúa de esa carga a la Nación, los
departamentos, los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución o la
ley, supuesto que no cobija a la Organización Musical Churo Díaz S.A.S. ni a la
Fundación Festival de la Leyenda Vallenata; (iii) la parte demandante no interpuso
recurso de reposición contra el auto inadmisorio y tampoco subsanó la demanda
dentro del término legal, al considerar que las exigencias formuladas por el juez no
resultaban procedentes; (iv) solo con la interposición del recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación contra el auto que rechazó la demanda aportó los documentos
requeridos y acreditó el envío de la demanda y de sus anexos; y (v) de conformidad con
los artículos 169 y 170 del CPACA, la consecuencia jurídica prevista para la falta de
subsanación oportuna de la demanda consiste en su rechazo.

En ese contexto, adquieren especial relevancia las consideraciones expuestas por el
Tribunal Administrativo del Cesar acerca de las omisiones procesales en que incurrió la
parte demandante durante el trámite del proceso ordinario:

“(…) Por lo expuesto, aunque las omisiones en primera instancia generaban la
consecuencia descrita en el artículo 170 del CPACA, como en efecto ocurrió, esta
Corporación no puede desconocer que las falencias advertidas ya se encuentran
satisfechas en esta oportunidad, por lo que es procedente revocar la providencia
apelada.

Huelga manifestar que esta Corporación no desconoce que el derecho de acción
está sometido a unos términos que son perentorios y preclusivos, no obstante, en
aras de garantizar principios constitucionales como son la prevalencia del derecho
sustantiva sobre el formal, así como el derecho de acceder a la Administración de
Justicia, resulta procedente admitir la subsanación realizada a la demanda por la
parte actora, en esta oportunidad, pues lo contrario sería incurrir en un exceso ritual
manifiesto.

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Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que los jueces incurren en un
exceso ritual manifiesto cuando se utiliza los mecanismos procesales como un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, denegando la administración de
justicia material.

De esta forma, a juicio de este Tribunal se considera exceso de rigorismo no admitir
la subsanación de la demanda efectuada en el presente asunto, pues en la
actualidad la omisión se encuentra superada.”

7.7. La Sala observa que la razón determinante de la providencia cuestionada consistió
en considerar que aplicar la consecuencia prevista en los artículos 169 y 170 del
CPACA, esto es, el rechazo de la demanda por no haber sido subsanada dentro del
término legal, configuraría un exceso ritual manifiesto. Por ello, resulta necesario
examinar el alcance de dicha figura a la luz de la jurisprudencia constitucional.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que el defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la
Constitución Política, en cuanto desarrollan las garantías del debido proceso, el acceso
a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas. En ese sentido, ha precisado que este defecto se configura cuando el juez
“desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental,
porque convierte los procedimientos judiciales en obstáculos para la eficacia del
derecho sustancial”23.

Asimismo, esa corporación ha definido esta causal en los siguientes términos:

“El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto puede entenderse, en
términos generales, como el apego estricto a las reglas procesales que
obstaculizan la materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la
verdad y la adopción de decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega
obediencia al derecho procesal, el funcionario judicial abandona su rol como
garante de la normatividad sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas
y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jurídico. Bajo este supuesto,
la validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por el
cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la
protección de los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema
procesal moderno no puede utilizarse como una razón válida para negar la
satisfacción de tales prerrogativas, en la medida que la existencia de las reglas
procesales se justifica a partir del contenido material que propenden”.

De igual forma, en la SU-016 de 2024, mediante la cual reiteró su jurisprudencia sobre
esta materia, en particular la desarrollada desde la sentencia T-1246 de 2008, la Corte
Constitucional precisó que “este defecto se presenta cuando una decisión judicial
desconoce abiertamente supuestos legales en materia procesal. (…), para que este
defecto se configure es necesario que el error sea trascendente, es decir, “que afecte
de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia directa en la
decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado. Así
por ejemplo, se configura un defecto procedimental cuando se deja de notificar una

23
Sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez. A.V. Natalia Ángel Cabo. A.V. Vladimir Fernández
Andrade. S.P.V. Antonio José Lizarazo Ocampo. A.V. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de
controvertir dicha decisión””24.

En ese mismo sentido, la Corte ha reiterado que “el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto no se configura ante cualquier irregularidad de carácter procedimental,
sino que debe tratarse de una anomalía en la aplicación de las formas propias de cada
juicio particularmente grave, que lleva al juez a asumir una ciega obediencia a la ley
procesal en abierto desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten a las
partes en contienda”.25

7.8. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que el
Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en un defecto sustantivo, al apartarse, sin
una justificación constitucional suficiente, de la consecuencia jurídica expresamente
prevista en los artículos 169 y 170 del CPACA para los eventos en que la demanda no
es subsanada dentro del término legalmente establecido.

En efecto, la autoridad judicial accionada reconoció que la parte demandante no
corrigió las deficiencias advertidas en el auto inadmisorio dentro del término de diez
(10) días previsto por la ley y que, por tal razón, inicialmente se configuró la
consecuencia contemplada en el artículo 170 del CPACA. No obstante, consideró
procedente otorgar eficacia jurídica a una subsanación presentada con ocasión del
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación interpuesto contra el auto que
rechazó la demanda, bajo el entendido de que una decisión en sentido contrario
configuraría un exceso ritual manifiesto.

Esa interpretación condujo a desconocer el alcance de las disposiciones que regulan la
inadmisión y el rechazo de la demanda, pues permitió tener por cumplida una carga
procesal cuando el término legal para ello ya había precluido. De esta manera, se
desatendió el carácter perentorio de los términos procesales y la finalidad que estos
cumplen dentro del proceso judicial, en garantía de los principios de igualdad, debido
proceso y seguridad jurídica.

En ese contexto, la Sala considera que el rechazo de la demanda no obedecía a un
apego irreflexivo o desproporcionado a las formas procesales. Por el contrario,
constituía la consecuencia expresamente prevista por el legislador frente al
incumplimiento de una carga procesal cuya observancia era exigible a la parte
demandante, quien, pese a conocer el contenido del auto inadmisorio, optó por no
interponer recurso de reposición y tampoco subsanó la demanda dentro del término
legalmente concedido, sin acreditar circunstancia alguna que justificara dicha omisión.

En consecuencia, no era posible concluir que la aplicación de los artículos 169 y 170
del CPACA configurara un exceso ritual manifiesto, pues la actuación procesal de la
parte demandante fue la causa de la configuración de la consecuencia jurídica prevista
por el legislador. Admitir lo contrario supondría desconocer el carácter preclusivo de los

24
Ibid y sentencia T-1246 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
25
Y entre otras, ver Sentencia SU014 de 2024 y T-401 de 2019.

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términos procesales y privar de eficacia las cargas que el ordenamiento jurídico impone
a las partes dentro del proceso contencioso administrativo.

Al respecto, la Corte Constitucional ha destacado la importancia del cumplimiento de
las cargas procesales y de las consecuencias derivadas de su inobservancia. En la
sentencia C-099 de 2022, al examinar la constitucionalidad de los artículos 78, 85 y 173
de la Ley 1564 de 2012, precisó que, en ejercicio de la potestad de configuración
normativa prevista en la Constitución, corresponde al legislador establecer la
estructura y las etapas de los procesos judiciales26, así como los términos,
oportunidades y cargas procesales que los rigen, con el propósito de garantizar la
efectividad del derecho fundamental al debido proceso27.

Asimismo, esa corporación señaló que las cargas procesales encuentran fundamento
en el deber de toda persona de colaborar para el buen funcionamiento de la
administración de justicia, previsto en el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución
Política. En esa medida, los procedimientos judiciales imponen tanto a los jueces como
a las partes determinadas cargas de naturaleza procesal o sustancial, cuyo
cumplimiento resulta necesario para el adecuado desarrollo del proceso, siempre que
tales exigencias sean razonables y proporcionadas28.

En esa misma providencia, la Corte precisó que las cargas procesales corresponden a
situaciones previstas por la ley que imponen a las partes la realización facultativa de
determinadas actuaciones, cuya inobservancia acarrea consecuencias jurídicas
desfavorables para quien omite cumplirlas. En los siguientes términos:

“La Corte ha desarrollado el criterio jurisprudencial según el cual, si bien el
cumplimiento de las cargas procesales no puede basarse en la coerción, su
incumplimiento sí debe tener una consecuencia negativa. Esto, en tanto presta al
proceso garantía de razonabilidad que enmarca su desarrollo, para que no resulte
en el absurdo de que las partes o el juez se comporten de cualquier manera, o
cualquiera pueda beneficiarse de su negligencia, o ser perjudicado procesalmente
a pesar de su diligencia. Pero tampoco pueden aceptarse cargas irrazonables o
desproporcionadas, pues ello tendría a la postre la misma consecuencia
consistente en que el proceso resulte en un escenario azaroso y no-equitativo en el
cual no se pueda realizar el valor justicia mediante la adjudicación de los derechos
a la ciudadanía. Por lo que las cargas procesales solo se hallan justificadas a la luz
de la Constitución cuando buscan realizar una finalidad constitucional y no
sacrifican la satisfacción de principios constitucionales buscados por el mismo
proceso judicial”29.

De acuerdo con lo anterior, las cargas procesales previstas en el CPACA, en particular,
las contenidas en los artículos 162, 166, 169 y 170, relativas al contenido de la
demanda, los anexos que deben acompañarla, su inadmisión y su eventual rechazo por
falta de subsanación, responden a una finalidad constitucional legítima, pues
garantizan el desarrollo ordenado del proceso, la igualdad de las partes, la seguridad

26
Sentencia C-728 de 2000 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
27
Sentencia C-662 del 2004 MP. Rodrigo Uprimny Yepes.
28
Y entre otras, ver Sentencia C-1104 de 2002, C-1512 de 2000, C-662 de 2004 y C-279 de 2013.
29
Sentencia C-099 de 2022 MP (E). Karena Caselles Hernández.

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jurídica y la efectividad del derecho al debido proceso. Asimismo, evitan que una parte
pueda beneficiarse de su propia negligencia o que quien actúa con diligencia resulte
procesalmente perjudicado.

En ese contexto, la Sala considera que el rechazo de la demanda por no haber sido
subsanada dentro del término de diez (10) días concedido en el auto inadmisorio no
constituye un exceso ritual manifiesto ni representa un obstáculo desproporcionado
para el acceso a la administración de justicia. Por el contrario, corresponde a la
consecuencia jurídica expresamente prevista por el legislador frente al incumplimiento
de una carga procesal, en desarrollo de los principios constitucionales que gobiernan el
debido proceso.

Además, en el presente asunto el rechazo de la demanda encuentra fundamento en la
conducta procesal asumida por la parte demandante, quien: (i) omitió cumplir las
cargas previstas en los artículos 162 y 166 del CPACA al presentar la demanda; (ii) no
interpuso recurso de reposición contra el auto inadmisorio, pese a que, a su juicio, las
exigencias formuladas por el juzgado carecían de fundamento jurídico; y (iii) tampoco
subsanó las deficiencias advertidas dentro del término de diez (10) días concedido para
tal efecto.

En esas condiciones, no era jurídicamente posible atribuir a una subsanación realizada
de manera manifiestamente extemporánea los mismos efectos de aquella presentada
oportunamente dentro del término legal, mediante los documentos allegados con el
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación interpuesto contra el auto que
rechazó la demanda. Lo anterior, máxime cuando la propia parte demandante
reconoció que deliberadamente decidió no subsanar la demanda, por considerar que
las exigencias formuladas en el auto inadmisorio no resultaban procedentes, sin
acreditar circunstancia alguna que justificara el incumplimiento de las cargas
procesales impuestas por la ley.

En consecuencia, la Sala concluye que la providencia cuestionada incurrió en un
defecto sustantivo, al apartarse de la consecuencia jurídica prevista en los artículos 169
y 170 del CPACA sin una justificación constitucional suficiente, con afectación del
derecho fundamental al debido proceso.

Finalmente, una vez constatada la configuración del defecto sustantivo, la Sala
considera innecesario abordar el estudio de los demás yerros alegados por la parte
actora, en tanto la acreditación de aquel resulta suficiente para sustentar la intervención
del juez constitucional y adoptar las medidas de protección a que haya lugar. En ese
sentido, un pronunciamiento adicional sobre los restantes defectos propuestos no
tendría incidencia en la solución del asunto ni modificaría la conclusión a la que se
arriba, por lo que, en aplicación de los principios de economía y eficacia procesal, se
prescindirá de su análisis

Con todo, resulta necesario precisar que las consideraciones expuestas en esta
providencia no constituyen una orden dirigida a imponer un determinado sentido de la

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decisión que deberá adoptar el Tribunal Administrativo del Cesar, pues deben
preservarse los principios de independencia y autonomía judicial. En consecuencia,
esa corporación deberá proferir una nueva decisión respecto del recurso de apelación
interpuesto contra el auto del 19 de septiembre de 2025, mediante el cual se rechazó la
demanda, con observancia de las consideraciones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la contradicción, a la igualdad procesal, a la seguridad jurídica y de acceso a la
administración de justicia de la Organización Musical Churo Díaz S.A.S. y del señor
Jorge Iván Díaz Lafaurie, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el auto del 26 de febrero de 2026, proferido por el
Tribunal Administrativo del Cesar dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado núm. 20001-33-33-005-2024-00004-01, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro de los veinte
(20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión
respecto del recurso de apelación interpuesto contra el auto del 19 de septiembre de
2025, proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Valledupar, con
observancia de las consideraciones expuestas en esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB

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