Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04371-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04371-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04371-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04371-00
Demandante: MARTHA LUCÍA AMAYA DÍAZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Temas: Tutela contra incidente de desacato – ampara derecho
fundamental al debido proceso. Configuración del defecto
fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la parte accionante, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Martha Lucía Amaya Díaz1, a través de apoderado judicial, presentó acción
de tutela2 contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, con el fin de que se le amparen sus
derechos fundamentales «al debido proceso, al juez natural, a la defensa, a la
igualdad, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la libertad personal».
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la
providencia de 1. ° de junio de 2026 del Tribunal Administrativo del Tolima que modificó
el auto de 8 de mayo de 2026 dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué, en el que se sancionó a la accionante con multa y arresto por el
desacato a las órdenes proferidas el 3 de mayo de 2010, en el trámite de la acción
popular que se identificó con el radicado 73001-33-31-004-2008-00370-00.
1 Quien señaló ejercer el cargo de alcaldesa de San Sebastián de Mariquita.
2 Con escrito presentado el 5 de junio de 2026, a través del aplicativo web de recepción de tutelas y
habeas corpus en línea y remitido el 9 de junio del mismo año a la Secretaría General del Consejo de
Estado.
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Demandante: Martha Lucía Amaya Díaz
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
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1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
Primera pretensión — Medida provisional. Que, con carácter urgente y previo a la
notificación de la presente acción a las autoridades accionadas, se ordene la suspensión
inmediata de los efectos de las providencias del ocho (8) de mayo y del primero (1°) de
junio de dos mil veintiséis (2026), y en consecuencia se abstenga de ejecutar la sanción
de arresto impuesta a la señora Martha Lucía Amaya Díaz mientras se decide de fondo
la presente acción de tutela.
Segunda pretensión — Amparo principal. Que se tutelen los derechos fundamentales
al debido proceso, al juez natural, a la defensa, a la igualdad, a la libertad personal y al
acceso efectivo a la administración de justicia de la señora Martha Lucía Amaya Díaz,
vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima mediante las providencias del ocho (8) de mayo y del primero
(1°) de junio de dos mil veintiséis (2026), respectivamente.
Como consecuencia del amparo, se disponga a dejar sin efectos la providencia del
primero (1°) de junio de dos mil veintiséis (2026) proferida por el Magistrado John
Libardo Andrade Flórez del Tribunal Administrativo del Tolima, y se ordene al Tribunal
Administrativo del Tolima proferir una nueva decisión que resuelva el grado jurisdiccional
de consulta con plena observancia del estándar constitucional y jurisprudencial aplicable
al elemento subjetivo del desacato, valorando integralmente el material probatorio
obrante en el expediente.
Tercera pretensión — Inejecutabilidad de la sanción. Que mientras se tramita y decide
la presente acción de tutela y hasta tanto no exista una decisión de fondo que resuelva
definitivamente la controversia constitucional planteada, se ordene la inejecutabilidad de
la sanción de multa y arresto impuesta a la señora Martha Lucía Amaya Díaz mediante
las providencias cuestionadas.3
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:
La Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria para el Tolima promovió una acción
popular en contra del departamento del Tolima, la Secretaría de Salud Departamental
y el municipio de San Sebastián de Mariquita, con el fin de que se garantizara el
suministro de agua potable a la comunidad de Pueblo Nuevo, ubicada en el
departamento del Tolima. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, bajo el radicado 73001-33-31-004-
2008-00370-00.
Mediante sentencia de 3 de mayo de 2010, la autoridad judicial amparó los derechos
colectivos invocados y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:
3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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“(…) CUARTO: IMPARTIR las siguientes ORDENES, con miras a efectivizar la
protección de los derechos colectivos ya mencionados:
AL MUNICIPIO DE MARIQUITA: Que, en un plazo de un año, contado a partir de la
ejecutoria de esta sentencia, adelante todas las gestiones que técnica, administrativa y
presupuestalmente resulten necesarias, para garantizar el suministro de agua potable a
los usuarios del servicio de acueducto de la vereda Pueblo Nuevo.
Algunas de las medidas a las que se deberá dar cumplimiento, son: 1. Un plan de acción
con su respectivo cronograma, para la ejecución del proyecto de implementación de una
planta de tratamiento de agua potable de dicho municipio, para que se garantice la
potabilización del agua y su aptitud para el consumo humano, 2. Instalaciones de
laboratorio adecuadas, para realizar los análisis de la calidad del agua, 3. Elaboración
e implementación del Plan de Control Interno de Calidad de Agua, de conformidad con
las normas de reglamento de agua potable y saneamiento (RAS), entregando
información con la periodicidad establecida en el Decreto 1575 de 2007 y demás normas
vigentes, a las autoridades competentes, dándole énfasis al índice de Riesgo de Calidad
de Agua (IRCA), 4. Capacitación de sus operarios en las áreas administrativa, operativa,
directiva, de recursos humanos, mantenimiento y análisis físico-químico y
microbiológico del agua, así como las demás medidas que se requieran, de conformidad
con las normas vigentes.
AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA: Deberá prestar apoyo de tipo presupuestal,
financiero, técnico y administrativo al MUNICIPIO DE MARIQUITA para el cumplimiento
de las órdenes impartidas a este.
A través de la Secretaría de Salud Departamental, deberá certificar según los plazos
establecidos en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007 y demás normas
reglamentarias, la aptitud del agua suministrada a los usuarios actuales y futuros del
Acueducto de la vereda Pueblo Nuevo del Municipio de MARIQUITA.
QUINTO: CONFORMAR EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN el cual estará integrado por
la titular de este despacho, el demandante, el jefe de la Secretaria de Salud
Departamental y el Alcalde de MARIQUITA.
SEXTO: ENVIAR una copia del presente fallo a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, en
aplicación a lo dispuesto en el artículo 80 de la ley 472 de 1998 y a cada una de las
personas que integran el COMITÉ DE VERIFICACIÓN, excepto a la titular de este
Despacho.”4
Esta decisión fue apelada y el trámite de la segunda instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Tolima. Sin embargo, mediante auto de 13 de agosto de 2010 la
autoridad judicial declaró desierto el recurso presentado.
Por auto de 16 de febrero de 2026 el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Ibagué abrió el incidente de desacato contra la señora Martha Lucía Amaya
Díaz, en calidad de mandataria del municipio de San Sebastián de Mariquita.
4 Extraído del auto de 1. ° de junio de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el
expediente 73001-33-31-004-2008-00370-02.
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Luego, a través de proveído de 8 de mayo de 2026 la autoridad judicial declaró en
desacato a la señora Amaya Díaz, por las órdenes proferida por ese despacho en la
sentencia de 3 de mayo de 2010, y la sancionó con multa equivalente a diez salarios
mínimos legales mensuales vigentes, conmutables con arresto de seis meses, de no
ser cancelada inmediatamente la multa.
Esta decisión fue modificada en grado jurisdiccional de consulta por el magistrado del
Tribunal Administrativo del Tolima, doctor John Libardo Andrade Flórez, por medio del
auto de 1. ° de junio de 2026, en el sentido de reducir la multa a siete salarios mínimos
legales mensuales vigentes, conmutables con arresto de veinticinco días, de no ser
cancelada inmediatamente. Ello, en consideración a los siguientes argumentos:
Revisado el trámite incidental en procura de establecer por parte de este Despacho si
se encuentran dados los presupuestos para confirmar, modificar o revocar la decisión
proferida por el Juez de instancia, se observa que, en el expediente administrativo,
específicamente en el numeral 23 de las actuaciones del auto sancionatorio, se
encuentra acreditado que el Municipio de San Sebastián de Mariquita ha desplegado
diversas actividades orientadas a la mitigación de la problemática.
Entre estas acciones destacan la reactivación de mesas técnicas, la instalación de
tanques como medidas transitorias, la radicación del proyecto ante el Ministerio
competente y la reiteración de solicitudes a instancias nacionales. Asimismo, se
reportan avances en la gestión predial respecto de 65 inmuebles, el inicio de trámites
de utilidad pública y servidumbres, solicitudes de apoyo técnico departamental, la
actualización de diseños conforme a la normativa vigente y la implementación alternativa
del programa Filtros Acuavida.
No obstante, si bien se reconoce y valora las gestiones administrativas, técnicas y
logísticas enlistadas en precedencia, las mismas resultan a la fecha insuficientes e
inconclusas de cara a la materialización de la orden judicial impartida hace más de tres
lustros. El análisis integral de las pruebas denota que la entidad territorial no ha
consolidado un plan de acción presupuestal definitivo, real y con recursos asignados de
manera concreta que garantice de forma permanente y efectiva el suministro de agua
potable a los usuarios del servicio de acueducto de la vereda Pueblo Nuevo. Por
consiguiente, la vulneración de los derechos colectivos amparados no ha cesado y la
orden judicial principal continúa desatendida en su núcleo esencial.
Ahora bien, al descender al estudio de la responsabilidad subjetiva de la encartada,
señora Martha Lucía Amaya Díaz, se vislumbra que las actividades reportadas
desvirtúan una actitud de desidia absoluta o contumacia caprichosa frente al mandato
del juez constitucional. Estas actuaciones operan como un factor de atenuación en la
graduación de la sanción, pues demuestran un ánimo de gestión que aleja su conducta
del dolo y la ubica en un grado de negligencia menor al inicialmente valorado por el a
quo.
Por ende, en virtud del principio de proporcionalidad que rige el ejercicio de la facultad
sancionatoria en el trámite de desacato, y habiendo quedado demostrado que la gestión
desplegada no fue oportuna ni completamente eficaz para salvaguardar los derechos
de la comunidad, se determinará que la sanción impuesta en primera instancia debe ser
modificada. Se considera ajustado a derecho reducir la sanción pecuniaria a siete (7)
salarios mínimos legales mensuales vigentes y fijar la medida subsidiaria de restricción
de la libertad en 25 días comunes de arresto, cuantías que guardan un equilibrio
razonable entre la entidad de las gestiones iniciadas por la mandataria y la imperiosa
necesidad de conminarla al cumplimiento definitivo del fallo de Acción Popular.
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1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales con la expedición de las providencias a través de las que fue
declarada en desacato por el incumplimiento a las órdenes proferidas en la sentencia
de 3 de mayo de 2010 del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Ibagué, y que la sancionaron con multa equivalente a siete salarios mínimos legales
mensuales vigentes, conmutables con arresto de veinticinco días, de no ser cancelada
inmediatamente.
En ese sentido, indicó que los autos de 8 de mayo y 1. ° de junio de 2026 incurrieron
en los siguientes defectos:
1.4.1. Sustantivo: al desconocer el régimen jurídico aplicable a la responsabilidad por
desacato y prescindir de la acreditación del elemento subjetivo exigido por la
jurisprudencia constitucional, lo que conllevó a imponerle una sanción privativa de la
libertad.
Al respecto, precisó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado
que el desacato no constituye un mecanismo de responsabilidad objetiva, sino que
este tiene carácter subjetivo y que no puede presumirse por el solo hecho del
incumplimiento. Para tal efecto, citó como desconocidas las sentencias T-652 de 2010,
SU-034 de 2018 y T-029 de 2025 de la alta corporación.
Destacó que en el presente caso las autoridades judiciales omitieron valorar tres
circunstancias relacionadas con su responsabilidad personal: (i) que la sentencia fue
proferida en el 2010 y ella asumió el cargo en el 2024, es decir, que no examinaron
«cuál era el estado real de ejecución al momento de su posesión, qué condiciones
heredó de administraciones precedentes ni cuál era su margen real de actuación frente
a una problemática estructural acumulada históricamente», (ii) que se acreditaron más
de 20 actuaciones5 de cara al cumplimiento del fallo, y (iii) que la propia sentencia le
impuso al departamento del Tolima la obligación de prestar apoyo al municipio, por lo
que el cumplimiento depende de la actuación coordinada de múltiples entidades.
Alegó que el mismo tribunal accionado en la providencia de 1. ° de junio de 2026
expuso que las actividades reportadas por la señora Martha Lucía Amaya Díaz
desvirtuaban una actitud de desidia absoluta o contumacia caprichosa frente al
mandato del juez constitucional, pero que, aun así, y de manera contradictoria,
confirmó la sanción privativa de la libertad.
5 La parte accionante citó: «la radicación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda mediante Radicado
No. 07498 del 21 de mayo de 2026, la apropiación p resupuestal mediante CDP No. 2026000521 por
$250.000.000, la radicación de doce carpetas técnicas ante la EDAT, la instalación de tanques
comunitarios y domiciliarios y la gestión predial de 65 inmuebles».
5
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En conclusión, destacó que las providencias cuestionadas desconocieron el
precedente de la Corte Constitucional y de la Sección Primera del Consejo de Estado
que exigen la acreditación del elemento subjetivo como presupuesto indispensable
para la imposición de sanción por desacato.
1.4.2. Fáctico: toda vez que ninguna de las providencias sancionatorias analizó el
material probatorio allegado por la actora ni valoró su incidencia sobre el elemento
subjetivo del desacato.
Particularmente, puso de presente que al trámite incidental se allegó un informe
técnico y jurídico detallado, soportado «con actas de reunión, oficios institucionales,
cronogramas, registros fotográficos, actas de entrega y soportes presupuestales» que
acreditaban la gestión del municipio para el cumplimiento progresivo de la sentencia.
Además, destacó que al grado jurisdiccional de consulta se aportaron seis anexos6
que no fueron apreciados por el tribunal, puesto que este solo se limitó a reiterar lo
indicado por el juzgado, quien, por demás, tampoco examinó el valor probatorio de
cada elemento allegado.
Sobre la incidencia que tuvo el haber omitido esta valoración, señaló lo siguiente:
El CDP No. 2026000521 desvirtuaba la afirmación de ausencia de compromisos
presupuestales concretos.
El Radicado No. 07498 del 21 de mayo de 2026 demostraba que diez días antes del
auto sancionatorio la administración había radicado nuevamente el proyecto ante el
Ministerio de Vivienda, actuación incompatible con cualquier hipótesis de inactividad.
Las doce carpetas técnicas radicadas ante la EDAT el 9 de octubre de 2025
evidenciaban avance concreto en la viabilización del proyecto.
Las actas de gestión predial demostraban el inicio formal del proceso de adquisición y
servidumbres.
La Resolución CORTOLIMA No. 8181 acreditaba gestión exitosa ante la autpridad
ambiental del orden regional.
Las actas de entrega y el registro fotográfico desvirtuaban la afirmación de ausencia de
acciones para garantizar el mínimo vital de agua.
El Plan de Acción demostraba una ruta institucional organizada que respondía
directamente a los requerimientos del Juzgado7.
6 La accionante indicó los siguientes: «el Plan de Acción de Corto y Mediano Plazo, el Radicado No.
07498 del 21 de mayo de 2026 ante el Ministerio de Vivienda, el cronograma de mesas técnicas con la
EDAT y la Gobernación, el CDP No. 2026000521 del 25 de mayo de 2026 por $250.000.000, las actas
de entrega de tanques y el registro f otográfico de las medidas transitorias implementadas».
7 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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1.4.3. Orgánico: comoquiera que el Tribunal Administrativo del Tolima desconoció que
la providencia que resuelve el grado jurisdiccional de consulta exige que la decisión
sea adoptada por la Sala de la Corporación y no de manera unipersonal por el
magistrado ponente, como ocurrió en el presente caso, dado que el auto de 1. ° de
junio de 2026 solo fue suscrito por el magistrado John Libardo Andrade Flórez.
Afirmó que esta actuación no solo desconoció lo previsto en el artículo 41 de la Ley
472 de 19988, sino la jurisprudencia del Consejo de Estado 9 que ha interpretado el
artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en el sentido de precisar que «la competencia para proferir autos
interlocutorios reside en el magistrado ponente únicamente respecto de las
actuaciones no exceptuadas, siendo los incidentes de desacato uno de los casos
expresamente sustraídos de dicha regla general y atribuidos al órgano colegiado».
Expuso que el auto que resuelve una consulta de desacato no constituye una
providencia de sustanciación ni una actuación de simple impulso procesal, sino que se
trata de «una decisión jurisdiccional definitiva mediante la cual el superior funcional
ejerce control sobre una providencia sancionatoria y determina si la misma debe ser
confirmada, modificada o revocada».
Alegó que el propio Tribunal Administrativo del Tolima ha adoptado decisiones
colegiadas en el marco de consultas de desacato en acciones popu lares. Para tal
efecto, citó el expediente 73001-33-33-008-2019-00212-02, en el que se resolvió un
grado jurisdiccional de consulta mediante proveído de 12 de junio de 2025 y fue
suscrito por los magistrados John Libardo Andrade Flórez, Belisario Beltrán Bastidas
y José Aleth Ruiz Castro.
1.4.4. Violación a los derechos de igualdad y la libertad personal: reiteró que el
desconocimiento del principio del juez natural por parte del Tribunal Administrativo del
Tolima vulneró su garantía a la igualdad, teniendo en cuenta que frente a dos
situaciones análogas se dio un trato diferente por el mismo funcionario judicial sin
fundamento normativo ni jurisprudencial que lo justifique.
Además, comentó que las irregularidades descritas adquieren una dimensión
constitucional intensa y gravosa, puesto que las providencias enjuiciadas culminan con
la imposición de una sanción de arresto por veinticinco días, con lo cual no solo se
afecta su esfera individual, sino que se interrumpiría el ejercicio de sus funciones como
alcaldesa del municipio de San Sebastián de Mariquita.
8 «Por la cual se desarrolla el artículo88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».
9 Cito el auto de 29 de marzo de 2019 de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso
11001-03-24-000-2018-00410-00, con ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón.
7
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1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 10 de junio de 2026 el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela
y ordenó la notificación de la actora, así como de los magistrados del Tribunal
Administrativo del Tolima y del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué, en calidad de autoridades judiciales.
Así mismo, accedió a la solicitud de medida provisional elevada por la señora Martha
Lucía Amaya Díaz, consistente en la suspensión de los efectos de la providencia de 1.
° de junio de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del incidente
de desacato identificado con el radicado 73001-33-31-004-2008-00370-00, hasta que
se dictara la presente sentencia.
De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, se vinculó como terceros interesados a la Procuraduría Judicial Ambiental y
Agraria para el Tolima, al departamento del Tolima, a la Secretaría de Salud
Departamental del Tolima10, al municipio de San Sebastián de Mariquita 11, a la
Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), a la Empresa
Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT), a la Secretaria
de Infraestructura de Mariquita 12, así como las demás partes, personas, terceros y/o
entidades que participaron en el incidente de desacato identificado con el radicado
73001-33-31-004-2008-00370-00.
Finalmente, se requirió a las autoridades ju diciales accionadas que remitieran copia
digital del incidente de desacato identificado con el radicado 73001-33-31-004-2008-
00370-00, y se reconoció personería jurídica a la abogada de la actora.
Luego, mediante auto de 12 de julio de 2026 el despacho sustanciador requirió al
Tribunal Administrativo del Tolima que: (i) remitiera copia digital del incidente de
desacato identificado con el radicado 73001-33-31-004-2008-00370-02, e (ii) informara
las razones de hecho y de derecho por las cuales esa corporación adopta decisiones
colegiadas en el marco de consultas de desacato en acciones populares y en otras
oportunidades no. Así mismo, para que citara los fundamentos de derecho que
respaldan el haber suscrito la providencia de 1. ° de junio de 2026, dentro del proceso
73001-33-31-004-2008-00370-02, de manera unitaria.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:
10 Notif icada a los correos juridica@saludtolima.gov.co, tutelas@saludtolima.gov.co y
despacho@saludtolima.gov.co.
11 Notif icado a los buzones notif icacionesjuridicas@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co,
contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co y alcalde@sansebastiandemariquita-
tolima.gov.co.
12 Notif icada a la dirección inf raestructura@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co.
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1.6.1. Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué
Luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales adelantadas al interior de
la acción popular y sus incidentes de desacato, la titular del despacho solicitó que se
nieguen las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se han vulnerado
los derechos fundamentales de la parte actora.
En primer lugar, destacó que no desconoce que para lograr el cumplimiento del fallo
popular se requiere del trabajo mancomunado de varios agentes, así como de una
inversión presupuestal bastante elevada. Sin embargo, puso de presente que han
transcurridos 16 años desde el que se profirió la decisión , sin que a la fecha exista un
plan de acción ejecutable, según las pruebas que fueron aportadas al proceso.
Adujo que estas circunstancias solo pusieron de presente dos situaciones: (i) la
ausencia de un verdadero compromiso institucional por parte de la administración
municipal de Mariquita al haber dilatado en el tiempo la ejecución de acciones que
materialicen la orden judicial, y (ii) que la situación de amenaza y peligro que generó
la interposición de la acción popular se mantiene en el tiempo, lo cual compromete la
efectividad de los derechos protegidos, especialmente el estándar mínimo de 50 litros
de agua al día por persona definido por la Corte Constitucional.
Finalmente, consideró que en el trámite del incidente de desacato se salvaguardaron
los derechos al debido proceso y a la defensa de la actora.
1.6.2. Procurador 20 Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima
El procurador solicitó declarar improcedente el amparo constitucional pretendido por
la demandante, puesto que, aunque se cumplen con los requisitos generales que
habilitan la interposición de la acción de tutela contra providencia judicial, no sucede
lo mismo con los específicos.
Así mismo, destacó que no se han vulnerado los derechos fundamentales de la parte
actora, sino que, por el contrario, se ha actuado de conformidad con el derecho de
acceso a la administración de justicia, por las siguientes razon es:
6. A la fecha, los habitantes de la vereda Pueblo Nuevo en Mariquita, carecen de un
sistema de acueducto y el ente territorial, no ha garantizado el acceso a cincuenta
litros/día/persona de agua potable, ni siquiera acudiendo a uno cualquiera de los
mecanismos alternativos previstos en la normatividad nacional; al punto que adujo la
imposibilidad de llevar agua en carrotanques, por las dificultades de topografía y el
estado de las vías de acceso, como una de las causas principales de la inobservancia
de los mandatos judiciales; desconociendo que vehículos automotores de menor
capacidad y tamaño, como las camionetas con platón, pueden cargar en la parte
trasera, tanques con agua para el abasto de la mencionada comunidad, superando
así los problemas de transitabilidad alegados.
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7. Es decir, están probados los fundamentos fácticos que llevaron al Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué en mayo 8 de 2026, a declarar en desacato
a la accionante; quien dentro del trámite iniciado en febrero 16 de 2026, no emitió
contestación, ni allegó o solicitó el decreto y la práctica de prueba alguna y los hechos
sobre los que fundó el Tribunal Administrativo de Tolima, su decisión de sancionar a
la solicitante de tutela, demostraron que no se consolidó un plan de acción
presupuestal definitivo, real y con recursos asignados, para garantizar permanente y
efectivamente, el suministro de agua potable a los usuarios del servicio de acueducto
de la vereda Pueblo Nuevo de Mariquita; en tal sentido, las acciones desplegadas
por la ciudadana Martha Lucía Amaya Díaz al respecto, no fueron completamente
eficaces y oportunas.
1.6.3. Gobernación del Tolima
La secretaria de salud del Tolima solicitó que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la entidad que representa. Ello, comoquiera que es el Tribunal
Administrativo del Tolima es el llamado a atender la pretensión de la accionante,
máxime cuando la Secretaría de Salud del Tolima no funge como superior jerárquico
ni funcional de algún juez de la República.
1.6.4. Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima -
EDAT S.A. E.S.P.
Luego de hacer un resumen sobre las actuaciones que ha realizado la empresa con el
objetivo de brindar apoyo al municipio en la estru cturación y ejecución de un proyecto
de suministro de agua potable a los usuarios del servicio de acueducto de la vereda
de Pueblo Nuevo, la apoderada de la entidad solicitó que se le exonere de cualquier
responsabilidad en el asunto de la referencia.
En primer lugar, destacó que conforme a lo establecido en el Decreto 1425 de 2019,
esa empresa tiene la calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua del Tolima,
por lo que dentro de sus funciones se encuentra la de apoyar a los municipios
vinculados en la formulación, estructuración y ejecución de proyectos que sean
priorizados y debidamente viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio o por la ventanilla única regional.
Así mismo, indicó que la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
del Tolima - EDAT S.A. E.S.P. no tiene competencia ni funciones relacionadas con la
prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico de los municipios del
departamento del Tolima, sino que sus funciones están encaminadas en articular
políticas nacionales ambientales de desarrollo territorial y sectorial, con el fin de
preservar el recurso hídrico y la modernización empresarial de los entes prestadores
de servicios. En ese sentido, puso de presente que no es la entidad encargada de
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
10
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Finalmente, concluyó que ha «desplegado diversas acciones a través de los comités
técnicos en apoyo a los pactos de cumplimiento citados por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito para brindar el alcance técnico al municipio de mariquita,
para que el proyecto pueblo nuevo sea viabilizado en la ventanilla departamental y
posteriormente en el Ministerio, sin embargo no se ha logra por parte del municipio la
satisfacción del cumplimiento de los requisitos señalados Resolución No. 0661 de
2019 del MVCT».
1.6.5. Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA)
La apoderada de la entidad manifestó que «los asuntos objeto de controversia no
guardan relación con las competencias, actuaciones u omisiones atribuibles a la
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA». En ese sentido, expuso
que se atiene a lo que en derecho resuelva el Consejo de Estado, dentro del ámbito
de sus competencias constitucionales y legales.
1.6.6. Tribunal Administrativo del Tolima
1.6.6.1. El magistrado sustanciador de la providencia enjuiciada 13 pidió que se declare
improcedente la acción de tutela o que, en su defecto, se niegue el amparo solicitado,
por cuanto no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante.
Así mismo, hizo un recuento de las decisiones adoptadas en el auto de 1. ° de junio
de 2026, en el sentido de precisar que, tras analizar el expediente, concluyó que,
aunque el municipio había adelantado diversas gestiones administrativas, técnicas y
logísticas encaminadas a cumplir la orden judicial, tales como la reactivación de mesas
técnicas, la formulación de proyectos, la gestión predial y la implementación de
medidas transitorias, estas actuaciones resultaban insuficientes para garantizar de
manera definitiva el acceso al servicio de agua potable en la vereda Pueblo Nuevo del
municipio de San Sebastián de Mariquita.
Así mismo, indicó que las mencionadas actuaciones le permitieron descartar una
conducta de desidia o desacato doloso por parte de la alcaldesa, pero que estas fueron
valoradas como circunstancias atenuantes para graduar la sanción que le fue impuesta
por el a quo.
En ese sentido, señaló que, en aplicación del principio de proporcionalidad, modificó
la decisión de primera instancia, reduciendo la multa a siete salarios mínimos legales
mensuales vigentes y el arresto a veinticinco días, «cuantías que guardan un equilibrio
razonable entre la entidad de las gestiones iniciadas por la mandataria y la imperiosa
necesidad de conminarla al cumplimiento definitivo del fallo de Acción Popular».
13 Magistrado John Libardo Andrade Flórez.
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1.6.6.2. Posteriormente, con ocasión al requerimiento realizado mediante el auto de
12 de julio de 2026, el magistrado Óscar Ulises Lozano Cortes del Tribunal
Administrativo del Tolima informó lo siguiente:
Revisado el trámite adelantado respecto de la decisión mediante la cual se surtió el
grado jurisdiccional de consulta de la providencia dictada por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Ibagué, se evidenció que inicialmente el Despacho presentó un
proyecto de providencia ante la Sala de Decisión Escritural integrada por el suscrito, el
Magistrado José Andrés Rojas Villa y el Magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya, que
se discutió en sesión del 29 de mayo de 2026. Por decisión unánime se dispuso retirar
el proyecto y proferir la decisión de ponente, tal y como quedó consignado en el acta de
sala de esa misma fecha, la cual adjunto a presente documento.
Así mismo, explicó que esa determinación se fundó en inciso 1. ° del artículo 35 del
Código General del Proceso.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Martha Lucía Amaya Díaz contra el Tribunal Administrativo
del Tolima y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. La Gobernación del Tolima solicitó su desvinculación de la presente acción
constitucional por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Sin
embargo, la referida petición será negada, en razón a que esta fue vinculada como
tercero interesado, mas no como autoridad accionada.
2.2.2. En este punto del debate, la Sala precisa que, si bien el extremo accionante
reprochó las providencias de 8 de mayo y 1. ° de junio de 2026, dictadas por las
autoridades judiciales accionadas en primera y en segu nda instancia, lo cierto es que,
en esta sede, el análisis se realizará respecto del auto de 1. ° de junio de 2026 por ser
el que puso fin al incidente de desacato.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a esta Colegiatura determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales invocados por la accionante por parte del
Tribunal Administrativo del Tolima, al expedir al auto de 1. ° de junio de 2026 mediante
el cual se le impuso una sanción de multa y arresto por el desacato a las órdenes
proferidas el 3 de mayo de 2010, en el trámite de la acción popular que se identificó
con el radicado 73001-33-31-004-2008-00370-00.
12
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Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la
referencia, y de encontrarse superados; (iii) el estudio del caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 14
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 15.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 16.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201417, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen
a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las
pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
a la igualdad, de acceso efectivo a la administración de justicia y a la libertad personal,
ante la posible configuración de los defectos sustantivo, fáctico, orgánico, así como la
violación de los derechos a la igualdad y a la libertad personal.
14 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref .: Exp . No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del f allo de la Sal a Plena antes
reseñada.
16 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conf ormidad con lo expuesto a f olios 2 a 50 de esta providencia.
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref .: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
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De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos
fundamentales alegados por la parte actora, en tanto que ella interpreta que la
autoridad judicial incurrió en los mencionados errores, por lo que se evidencia que
trasciende un estudio de lo meramente legal.
En otras palabras, para la Sala de Decisión el asunto reviste una indudable relevancia
constitucional toda vez que se discute la validez de un trámite incidental que culminó
con la imposición de una sanción de arresto y en la que, a priori, pudo haberse incurrido
en una omisión probatoria y en una falta de competencia del juez accionado, lo que
implica que el presente debate se traslade de forma directa al núcleo esencial del
derecho fundamental al debido proceso.
De igual manera, se destaca que el escrito de tutela cumple con las reglas establecidas
por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.
En el referido fallo la alta corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial».
Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i)
que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
En esta oportunidad, como quedó establecido, se involucra un debate jurídico que gira
en torno al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso
y a la defensa de la actora, así como el de la libertad personal, comoquiera que las
decisiones reprochadas imponen una sanción de arresto en contra de la señora Martha
Lucía Amaya Díaz. Es resumen, el presente asunto no se refiere a un asunto
meramente legal y/o económico, sino que involucra la posible limitación de la libertad
personal de la actora, con fundamento en decisiones judiciales que, a juicio de la
accionante, incurrieron en los defectos antes mencionados.
14
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2.5.2. En lo que se refiere al requisito de agotamiento de los mecanismos
judiciales, esta colegiatura encuentra que en el caso concreto la providencia
controvertida fue dictada en el marco del incidente de desacato identificado con el
radicado 73001-33-31-004-2008-00370-02, razón por la cual contra esta no procede
recurso alguno conforme con lo dispuesto en la Ley 472 de 1998. Igualmente, tampoco
proceden los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia.
2.5.3. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia no
se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia
judicial que censura la parte accionante fue proferida en el marco del incidente de
desacato 73001-33-31-004-2008-00370-02 que se promovió con el propósito de que
el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué exigiera el
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de 3 de mayo de 2010.
2.5.4. Igualmente, en cuanto al presupuesto de la inmediatez, se observa que la
decisión cuestionada fue expedida el 1. ° de junio de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mientras que la acción de tutela se presentó el 5 de junio de
2026, de manera que, sin que se revise la fecha de ejecutoria de la providencia, se
observa que su interposición se hizo en u n término que a juicio de la Sala es razonable,
por cuanto fue antes de transcurridos seis (6) meses desde que se dictó.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 18, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200519 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, y la protección
de derechos de terceros.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P. Jorge
Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
19 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
15
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2.6. Generalidades de los defectos alegados
2.6.1. Frente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional20 ha explicado
que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»21.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente 22 o porque ha sido derogada 23, es inexistente24,
inexequible25 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
legislador26.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma 27.
c) La disposición aplicada es regresiva 28 o contraria a la Constitución 29.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición 30.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma 31 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
21 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
26 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
27 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101
del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cif uentes Muñoz.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
16
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2.6.2. Sobre el defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201532
precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la
ocurrencia de este en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión así:
i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación
del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello
sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que
no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad.
Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un
decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto,
ya que este procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la
prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros
arriba señalados.
Omisión de decreto
y práctica de De esta manera, se requiere que la parte:
pruebas
indispensables para a) Identifique el elemento probatorio que solicitó
fallar el asunto b) Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señale de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se
Desconocimiento del concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas
acervo probatorio oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
determinante para
identificar la Así las cosas, se configura siempre que se:
veracidad de los
hechos alegados por a) Identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
las partes b) Demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
d) Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar
el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.
Requiere entonces que:
32Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de
Valoración indebida valoración por el juez
irracional o b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración
arbitraria de las del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia
pruebas aportadas y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia,
pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la
conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este
aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del
juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado.
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
Dictar sentencia con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para
con fundamento en su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
pruebas obtenidas ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
con violación del haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
debido proceso planteado, al ser esta una prueba que desconoce el debido proceso
de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento
de la decisión.
Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino
también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr
la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia
judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son
la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados
de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que
los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera
que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele
ocurrir, pues es desacertado.
2.6.3. En relación con el defecto orgánico la Corte Constitucional 33 ha señalado que
este defecto se fundamenta en el artículo 121 de la Constitución Política que dispone
que las autoridades del Estado solo pueden ejercer las funciones que se les asigna de
conformidad con la Constitución y la ley. A su vez, tiene sustento en el artículo 29
superior, el cual establece que los ciudadanos deben ser juzgados por un juez o
tribunal competente, esto es, por el juez natural.
33 SU-072 de 2018.
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A su vez, el alto tribunal constitucional 34 ha dispuesto que este defecto puede
presentarse tanto por el desconocimiento del factor funcional, es decir, cuando se
actúa sin una norma que faculte a la autoridad para ello, como por el factor temporal,
esto es, cuando la autoridad actúa por fuera del tiempo previsto.
2.7. Caso concreto
2.7.1. En el sub examine, la parte actora indicó que el Tribunal Administrativo del
Tolima vulneró sus derechos fundamentales con la expedición del auto de 1. ° de junio
de 2026, por incurrir en los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, así como por
vulnerar los derechos a la igualdad y a la libertad personal
Sobre el primero, alegó que las providencias que la sancionaron desconocieron el
régimen jurídico aplicable al desacato y el precedente de la Corte Constitucional,
según el cual esta figura exige la acreditación del elemento subjetivo de la
responsabilidad y no opera bajo u n régimen de responsabilidad objetiva.
Además, sostuvo que se omitió valorar que el cargo de alcaldesa lo asumió en 2024,
es decir, catorce años después de proferida la sentencia cuyo cumplimiento se exige,
que desplegó múltiples actuaciones encaminadas a su ejecución, y que el
cumplimiento del fallo dependía de la actuación coordinada de varias entidades.
Finalmente, trajo a colación la contradicción en que incurrió el Tribunal Administrativo
del Tolima al reconocer que no existía una actitud de desidia o contumacia absoluta
por parte su parte y, pese a ello, confirmar la sanción privativa de su libertad.
Igualmente, invocó la existencia de un defecto fáctico, por cuanto las autoridades
judiciales no valoraron el abundante material probatorio aportado du rante el trámite
incidental y en el grado jurisdiccional de consulta que desvirtuaban cualquier supuesto
de inactividad o incumplimiento deliberado de la sentencia.
Finalmente, la actora sostuvo que se configuró un defecto orgánico, al considerar que
el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió el grado
jurisdiccional de consulta fue suscrito únicamente por el magistrado ponente, cuando
por su naturaleza debía ser adoptado por la Sala de Decisión.
Argumentó que esta actuación desconoció lo dispuesto en la Ley 472 de 1998, el
artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado, según los cuales las
decisiones que resuelven incidentes de desacato corresponden al órgano colegiado,
criterio que, además, ha sido aplicado por el mismo Tribunal Administrativo del Tolima
en otros procesos de consulta de desacato, con lo cual se desconoció su derecho a la
igualdad.
34 Al respecto ver, entre otras, SU 770 de 2014, T-446 de 2007, T-929 de 2008, T-511 de 2011, T-929
de 2012, T-267 y T-309 de 2013.
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Pues bien, con el fin de determinar si se configuraron los defectos invocados por la
parte actora, para la Sala resulta necesario recordar las razones por las cuales el
Tribunal Administrativo del Tolima en la providencia de 1. ° de junio de 2025 resolvió
mantener la multa y la sanción de arresto impuesta a la accionante en el trámite de la
acción popular identificada con el radicado 73001-33-31-004-2008-00370-00.
2.7.2. Revisadas las pruebas allegadas al plenario, la Sala observa que, mediante
providencia de 8 de mayo de 2026 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué declaró en desacato a la señora Martha Lucía Amaya Díaz, en
calidad de mandataria del municipio de San Sebastián de Mariquita, por el
incumplimiento de las órdenes proferidas por ese despacho en la sentencia de 3 de
mayo de 2010, y la sancionó con multa equivalente a diez salarios mínimos legales
mensuales vigentes, conmutables con arresto de seis meses, de no ser cancelada
inmediatamente la multa.
El 20 de mayo de 2026, el expediente fue enviado al Tribunal Administrativo del Tolima
e ingresó al despacho de magistrado sustanciador de ese proceso el 22 del mismo
mes y año.
Luego, el 26 de mayo de 2026 la accionante radicó a través de la ventanilla virtual 4
memoriales, registrados en el índice 4 de Samai, a través de los cuales solicitó la
revocatoria de la sanción y allegó las pruebas con las que pretendía acreditar las
gestiones realizadas para el cumplimiento del fallo.
Igualmente, se observa que mediante el auto de 1. ° de junio de 2026 dictado por el
magistrado John Libardo Andrade Flórez del Tribunal Administrativo del Tolima,
modificó el proveído de 8 de mayo de 2026 en el sentido de reducir la multa a siete
salarios mínimos legales mensuales vigentes, conmutables con arresto de veinticinco
días, de no ser cancelada inmediatamente, bajo los siguientes argumentos:
Revisado el trámite incidental en procura de establecer por parte de este Despacho si
se encuentran dados los presupuestos para confirmar, modificar o revocar la decisión
proferida por el Juez de instancia, se observa que, en el expediente administrativo,
específicamente en el numeral 23 de las actuaciones del auto sancionatorio, se
encuentra acreditado que el Municipio de San Sebastián de Mariquita ha desplegado
diversas actividades orientadas a la mitigación de la problemática.
Entre estas acciones destacan la reactivación de mesas técnicas, la instalación de
tanques como medidas transitorias, la radicación del proyecto ante el Ministerio
competente y la reiteración de solicitudes a instancias nacionales. Asimismo, se
reportan avances en la gestión predial respecto de 65 inmuebles, el inicio de trámites
de utilidad pública y servidumbres, solicitudes de apoyo técnico departamental, la
actualización de diseños conforme a la normativa vigente y la implementación alternativa
del programa Filtros Acuavida.
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No obstante, si bien se reconoce y valora las gestiones administrativas, técnicas y
logísticas enlistadas en precedencia, las mismas resultan a la fecha insuficientes e
inconclusas de cara a la materialización de la orden judicial impartida hace más de tres
lustros. El análisis integral de las pruebas denota que la entidad territorial no ha
consolidado un plan de acción presupuestal definitivo, real y con recursos asignados de
manera concreta que garantice de forma permanente y efectiva el suministro de agua
potable a los usuarios del servicio de acueducto de la vereda Pueblo Nuevo. Por
consiguiente, la vulneración de los derechos colectivos amparados no ha cesado y la
orden judicial principal continúa desatendida en su núcleo esencial.
Ahora bien, al descender al estudio de la responsabilidad subjetiva de la encartada,
señora Martha Lucía Amaya Díaz, se vislumbra que las actividades reportadas
desvirtúan una actitud de desidia absoluta o contumacia caprichosa frente al mandato
del juez constitucional. Estas actuaciones operan como un factor de atenuación en la
graduación de la sanción, pues demuestran un ánimo de gestión que aleja su conducta
del dolo y la ubica en un grado de negligencia menor al inicialmente valorado por el a
quo35.
En relación con la proporcionalidad de la sanción, explicó lo siguiente:
Por ende, en virtud del principio de proporcionalidad que rige el ejercicio de la facultad
sancionatoria en el trámite de desacato, y habiendo quedado demostrado que la gestión
desplegada no fue oportuna ni completamente eficaz para salvaguardar los derechos
de la comunidad, se determinará que la sanción impuesta en primera instancia debe ser
modificada. Se considera ajustado a derecho reducir la sanción pecuniaria a siete (7)
salarios mínimos legales mensuales vigentes y fijar la medida subsidiaria de restricción
de la libertad en 25 días comunes de arresto, cuantías que guardan un equilibrio
razonable entre la entidad de las gestiones iniciadas por la mandataria y la imperiosa
necesidad de conminarla al cumplimiento definitivo del fallo de Acción Popular.
Como se advierte, las razones invocadas por el Tribunal Administrativo del Tolima para
mantener las sanciones impuestas a la accionante, se resumen en que si bien se
advirtió que el municipio de San Sebastián de Mariquita había desplegado algunas
actividades orientadas a la mitigación de la problemática, lo cierto es que no se
evidenciaba que hubiera consolidado un plan de acción presupuestal con recursos
asignados de manera concreta que garantizara de forma permanente el suministro de
agua potable a los usuarios de Pueblo Nuevo.
Ahora bien, como se explicó en líneas que anteceden la jurisprudencia constitucional
ha establecido que el defecto fáctico se presenta cuando hubo, entre otras, un
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes y este escenario es el que justamente se presenta
en el sub lite por las siguientes razones:
En el presente caso, advierte la Sala que, tal como lo puso de presente la parte actora
en su escrito de tutela, el Tribunal Administrativo del Tolima no valoró los memoriales
allegados el 26 de mayo de 2026 al trámite jurisdiccional de consulta, registrados en
el índice 4 de Samai, que contienen diferentes documentos, entre ellos, el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal 2026000521 de 25 de mayo de 2026, que la actora
invoca como desconocido.
35 Subrayas f uera del original.
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Lo anterior en razón a que esta Sala de decisión realizó la lectura juiciosa del auto de
1. ° de junio de 2026 y, en efecto, como bien lo sostiene la parte tutelante, en ningún
momento se refirió sobre el mencionado certificado de disponibilidad presupuestal.
Máxime cuando este no pudo ser aportado con antelación ante el trámite de la primera
instancia, comoquiera que fue expedido con posterioridad al auto que sancionó.
Si bien enlistó como pruebas la «reactivación de mesas técnicas, la instalación de
tanques como medidas transitorias, la radicación del proyecto ante el Ministerio
competente y la reiteración de solicitudes a instancias nacionales. Asimismo, se
reportan avances en la gestión predial respecto de 65 inmuebles, el inicio de trámites
de utilidad pública y servidumbres, solicitudes de apoyo técnico departamental, la
actualización de diseños conforme a la normativa vigente y la implementación
alternativa del programa Filtros Acuavida», lo cierto es que no explicó el valor
probatorio que le otorgaba a los memoriales allegados al trámite jurisdiccional de
consulta el 26 de mayo de 2026 ni el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
2026000521 de 25 de mayo de 2026.
En este punto es importante precisar que, a esta Sección, en su calidad de juez
constitucional, no le corresponde determinar cuál es el alcance de esos medios de
convicción, dado que ello es competencia del funcionario natural de la causa, sino que
su labor se limita a establecer si se configuró o no el yerro advertido en la solicitud de
amparo ante la omisión en valorar una prueba que fue aportada durante el proceso.
Así las cosas, la Sala extraña que dichos medios de convicción allegados como
pruebas al trámite incidental no hubiesen sido analizados, pues podrían tener
incidencia directa en la decisión, dado que en ella se concluyó que el «análisis integral
de las pruebas denota que la entidad territorial no ha consolidado un plan de acción
presupuestal definitivo, real y con recursos asignados de manera concreta que
garantice de forma permanente y efectiva el suministro de agua potable a los usuarios
del servicio de acueducto de la vereda Pueblo Nuevo». Ello sin perjuicio que dentro de
dicho estudio probatorio se concluyera que con estos igualmente no se desvirtúa la
responsabilidad de la accionante.
Con base en todo lo anterior, se dejará sin efectos el auto de 1. ° de junio de 2026 y
se ordenará al Tribunal Administrativo del Tolima que, dentro de un término de diez
(10) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera decisión en remplazo en la
cual, además de analizar las pruebas que ya fueron valoradas, se pronuncie frente a
las que fueron aportadas con el memorial de 26 de mayo de 2026, registrados en el
índice 4 de Samai, atendiendo las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
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2.7.3. Ahora bien, en cuanto al defecto sustantivo, la parte actora alegó que existió un
desconocimiento del régimen jurídico aplicable a la responsabilidad por desacato, así
como del elemento subjetivo exigido por la jurisprudencia constitucional. Además,
estimó que existió una contradicción en lo argumentado por el tribunal en el auto
reprochado, puesto que en primera medida expuso que las actividades reportadas por
la señora Amaya Díaz desvirtuaban una actitud de desidia absoluta o contumacia
caprichosa frente al mandato del juez constitucional, pero que, aun así, confirmaron la
sanción privativa de la libertad.
Sin embargo, la Sala no advierte la configuración del mencionado yerro, toda vez que
de la revisión del auto de 1. ° de junio de 2026, se evidencia que la autoridad judicial
accionada sí valoró el mencionado elemento subjetivo; diferente es que, en el marco
de su autonomía, el tribunal haya interpretado que la actuación de la accionante sí
reportaba un grado de negligencia de cara al cumplimiento de las órdenes judiciales,
pero en menor grado que el otorgado en primera instancia.
Sobre el punto se destaca que el Tribunal Administrativo del Tolima sí realizó un
estudio del elemento subjetivo de la responsabilidad de la actora lo que descarta de
plano la aplicación de un régimen de responsabilidad meramente objetiva. Se itera, al
examinar el contenido de la providencia acusada, se evidencia que el juzgador de
alzada descendió al análisis de la conducta particular de la alcaldesa y evaluó de forma
concreta las gestiones administrativas, técnicas y logísticas que fueron acreditadas en
el expediente.
Ahora, tan evidente es dicho análisis del elemento de la culpabilidad que el tribunal
accionado, haciendo uso de su autonomía e independencia judicial, consideró esas
gestiones como un factor de atenuación en la graduación de la sanción . Nótese que
ese examen de reprochabilidad subjetiva fue el fundamento directo para aplicar el
principio de proporcionalidad que permitió reducir y atenuar la sanción inicialmente
impuesta por el a quo, que ascendía a diez salarios mínimos legales mensuales
vigentes, computables con seis 6 meses de arresto, y la fijó finalmente en siete salarios
mínimos legales mensuales vigentes y 25 días de restricción de la libertad.
Todo lo anterior, deja al descubierto que lo que pretende la parte actora es que a través
de la acción de tutela se imponga una interpretación que, a su juicio, es la correcta,
esto es, que no se valoró de manera correcta el elemento subjetivo de responsabilidad
en el incidente de desacato. Por lo tanto, se negará el amparo pretendido en relación
con el defecto sustantivo.
2.7.4. Finalmente, sobre el defecto orgánico, la Sala considera que comoquiera que
este se encuentra íntegramente relacionado con la presunta vulneración del derecho
a la igualdad invocado por la accionante, es necesario estudiarlos en conjunto.
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Se recuerda que sobre este reproche la accionante manifestó que se desconoció que
la providencia que resuelve el grado jurisdiccional de consulta exige que la decisión
sea adoptada por la Sala de la Corporación y no de manera unipersonal por el
magistrado ponente. Ello, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, el
artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado 36 que ha interpretado este
último artículo.
Así mismo, alegó que el propio Tribunal Administrativo del Tolima ha adoptado
decisiones colegiadas en el marco de consultas de desacato en acciones populares,
por ejemplo, en el expediente 73001-33-33-008-2019-00212-02, donde fungieron
como magistrados John Libardo Andrade Flórez, Belisario Beltrán Bastidas y José
Aleth Ruiz Castro.
Al respecto, advierte la Sala que en el presente asunto no se configura el defecto
orgánico alegado por la parte actora, como pasa a explicarse.
En primer lugar, el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 37, norma especial aplicable para
el trámite de las acciones populares, establece que en el trámite de desacato
adelantado al interior de una acción de grupo la sanción será impuesta por «la misma
autoridad que profirió la orden judicial» y que esta decisión «será consultada al superior
jerárquico».
En el presente asunto, el fallo de 3 de mayo de 2010 fue dictado por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, es decir, la misma autoridad judicial
que expidió el auto que declaró en desacato a la señora Martha Lucia Amaya Diaz. Sin
embargo, a pesar de que la sentencia de primer grado fue apelada, no surtió el trámite
de la segunda instancia, toda vez que mediante auto de 13 de agosto de 2010 el
Tribunal Administrativo del Tolima declaró desierto el recurso presentado.
Por lo tanto, como la orden judicial no fue confirmada por el órgano colegiado en
segunda instancia, el grado jurisdiccional de consulta no debía surtirse ante la Sala de
Decisión Tribunal Administrativo del Tolima.
Ahora, en el auto de 1. ° de junio de 2026, el magistrado sustanciador de ese proceso
no fue claro en realizar el anterior análisis. Además, pese a que mediante auto de 12
de julio de 2026 se le requirió para que informara las razones por las cuales el Tribunal
Administrativo del Tolima en el marco de consultas de desacato en acciones populares
adoptaba decisiones colegiadas y en otras oportunidades no, la autoridad judicial no
resolvió el mencionado requerimiento.
36 Cito el auto de 29 de marzo de 2019 de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso
11001-03-24-000-2018-00410-00, con ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón.
37«Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política d e Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».
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Para justificar su competencia, en el auto reprochado citó el artículo 35 del Código
General del Proceso, así:
De conformidad con el artículo 35 del Código General del Proceso, que dispone
textualmente “Corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que
decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de
condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega
o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no
correspondan a la sala de decisión”, dado que el asunto que nos compete es de consulta
de la sanción impuesta el 8 de mayo de 2026 por el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué, dentro del incidente de desacato promovido de oficio en
contra de la señora Martha Lucía Amaya Díaz, en calidad de mandataria local del
Municipio de San Sebastián de Mariquita, respecto del fallo de Acción Popular proferido
el 3 de mayo de 2010, se trata de una providencia que debe ser emitida por el
Magistrado Ponente.
En ese sentido, ante la ausencia de una norma especial en la Ley 472 de 1998 que
establezca que los autos que resuelven una consulta de desacato deben ser proferidos
por la Sala y no por el ponente, se considera que la autoridad judicial, en ejercicio de
su autonomía judicial, expuso de manera razonada los fundamentos de derecho por
los cuales consideraba que la competencia para conocer era de él y no de la sala.
En todo caso, esta Corporación no encuentra que exista un criterio jurisprudencial
unificado del Consejo de Estado que determine que el auto que resuelve el grado
jurisdiccional de consulta en una acción popular deba ser decidido por auto de ponente
o de sala, razón por la cual no se considera irrazonada la determinación a la que llegó
el tribunal en el auto de 1. ° de junio de 2026.
Finalmente, en cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad invocada por la parte
actora en atención a que en otras oportunidades el Tribunal Administrativo del Tolima
ha suscrito providencias de manera colegiada en el grado jurisdiccional de consulta en
el trámite de acciones populares, como por ejemplo sucedió en el proceso 73001-33-
33-008-2019-00212-02, la Sala no encuentra configurada la vulneración de esa
garantía constitucional.
Ello es así, teniendo en cuenta que al revisarse el mencionado expediente se puede
evidenciar que en esa oportunidad sí se surtió la segunda instancia de la acción
popular ante el Tribunal Administrativo del Tolima, a diferencia de lo que ocurrió en el
presente caso en el que se declaró desierto el recurso de apelación. Es decir que no
existió un trato distinto ante situaciones similares.
Así las cosas, para la Sección Quinta no se encuentra configurado el defecto orgánico
invocado ni la vulneración del derecho a la igualdad de la parte actora, razón por la
cual se negará el amparo de cara a este defecto.
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Por último, la Sala levantará la medida provisional decretada mediante el au to de 10
de junio de 2026, por medio de la cual se suspendieron los efectos de la providencia
de 1. ° de junio de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de
que el mencionado tribunal dé cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Gobernación del
Tolima.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Martha Lucía Amaya Díaz.
TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto de 1. ° de junio de 2026
dictado por el magistrado John Libardo Andrade Flórez del Tribunal Administrativo del
Tolima, en el marco del incidente de desacato identificado con el radicado 73001-33-
31-004-2008-00370-02.
CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que, en el término de diez
(10) días, contados a partir de la notificación de esta decisión, profiera una providencia
de reemplazo en la que, además de las pruebas que fueron analizadas en el incidente
de desacato identificado con el radicado 73001-33-31-004-2008-00370-02, se
pronuncie frente a las que fueron aportadas con el memorial de 26 de mayo de 2026,
registrados en el índice 4 de Samai, atendiendo las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
QUINTO: NEGAR el amparo pretendido en relación con los defecto sustantivo y
orgánico.
SEXTO: LEVANTAR la medida provisional decretada mediante el auto de 10 de junio
de 2026, en la que se suspendieron los efectos de la providencia de 1. ° de junio de
2026 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el incidente de desacato
identificado con el radicado 73001-33-31-004-2008-00370-02.
SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
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OCTAVO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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