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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04373-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04373-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. AMPARAR el derecho fundamental de petición invocado por la señora Myriam del Carmen Ruidíaz Mejía, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta que, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, emita una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente al derecho de petición presentado por la accionante el 13 de abril de 2026. Tercero. Se niega la tutela en relación con el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta. 6 Radicado: 11001-03-15-000-2026-04373-00 de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas - Archivo Central. Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04373-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04373-00
Accionante: Myriam del Carmen Ruidíaz Mejía
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta – Rama
Judicial y otro.

Tema: Derecho de petición. Falta de respuesta a solicitud de información
sobre el destino de cesantías. CONCEDE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Myriam del Carmen
Ruidíaz Mejía, mediante apoderada, en contra del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta – Rama Judicial.

ANTECEDENTES

La accionante solicita que se ampare su derecho fundamental de petición, el cual
considera vulnerado por la autoridad judicial accionada, por la falta de respuesta al
derecho de petición elevado el 13 de abril de 2026, mediante la cual solicitó
información relacionada con el destino de las cesantías causadas durante el período
comprendido entre los años 1991 y 1997, cuando se desempeñó como Juez
Municipal en el municipio de San Zenón, Magdalena.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el 13 de abril de 2026 radicó derecho de petición por medio electrónico, dirigido
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta – Rama Judicial, con el fin
de obtener información sobre el destino de las cesantías causadas durante el
período comprendido entre los años 1991 y 1997, cuando ejerció el cargo de juez
Municipal en el municipio de San Zenón, Magdalena.

Señaló que remitió la solicitud al correo electrónico

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ofjudstma@cendoj.ramajudicial.gov.co, y que recibió acuse de recibido en la misma
fecha, así como constancia de traslado a la dependencia competente. Sin embargo,
afirmó que la entidad accionada no emitió respuesta de fondo, clara y oportuna a su
solicitud.

PRETENSIONES

La accionante solicitó que se ampare su derecho fundamental de petición y se le
ordene a la autoridad judicial accionada dar respuesta de fondo, clara, precisa y
oportuna a la solicitud del 13 de abril de 2026.

TRÁMITE DEL PROCESO

El 16 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela; se vinculó como accionada a
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, y se ordenó
notificar a las autoridades accionadas.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Superior del distrito Judicial de Santa Marta – Rama judicial a través
de su vicepresidencia, informó que, los correos electrónicos a los cuales la
accionante remitió su solicitud no pertenecen al Tribunal, sino que corresponden, al
parecer, a la Oficina de Apoyo Judicial de la Ciudad, a Dirección Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta y a su Oficina de Talento Humano.

Afirmó que al verificar el buzón electrónico de la Secretaría General del Tribunal, no
encontró registro alguno de petición formulada por la accionante. Por lo anterior,
sostuvo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, guardó
silencio, sin embargo, aportó constancia de correo con fecha 24 de junio de 2026
dirigido a la accionante.

Por su parte, la señora Myriam del Carmen Ruidíaz Mejía, el 25 de junio de 2026
aportó al presente trámite, memorial en el cual puso en conocimiento del despacho
que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta emitió una
respuesta el 24 de junio de 2026, en la cual le informó que realizó una revisión en
el archivo histórico de hojas de vida y en el sistema de nómina, y encontró un
documento en el cual consta que los pagos de sus cesantías se efectuaron a la
«Caja Nacional de Previsión» – CAJANAL.

No obstante, expresó que esa respuesta no satisface de fondo su solicitud, porque
lo pretendido es conocer con precisión la entidad o fondo al cual se realizaron los
pagos, con el fin de poder «ejercer las acciones debidas que en derecho me
corresponden por ese factor», por lo que insistió en la protección de su derecho
fundamental de petición.

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Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición
y III) carencia actual de objeto por hecho superado; IV) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Derecho de petición

El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.

Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del derecho a
lo pedido»1.

En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual,
la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con

1 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las
Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.

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los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada2.

Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.

Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.

Así mismo, se ha establecido que para la satisfacción del derecho de petición no es
necesario que se accedan a lo peticionado, sino que se dé una respuesta de fondo.
Así mismo, cuando a quien le llega la solicitud no es competente para resolver, tiene
el deber de remitir a quién sí lo es, para emitir una respuesta de fondo y completa,
como lo establece el artículo 21 de la ley 1755 de 2015.

«Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se
informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro
de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.
Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará
copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se le comunicará. Los términos para decidir o responder
se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la
autoridad competente».

Carencia actual de objeto por hecho superado

Ha establecido la Corte Constitucional que si durante el trámite de la acción de
tutela, la situación que da origen a la misma es superada, desapareciendo los
hechos que vulneraban los derechos reclamados, la acción de tutela pierde objeto
y debe declararse el hecho superado:

«(…) Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o
vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el
amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y
expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto,
contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción”.

“Frente a estas circunstancias la Corte ha entendido que: el hecho superado se

2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de
2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES,
CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.

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presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor
en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece”
de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha
comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras
que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de
lo pedido en la tutela (…)»

Análisis del caso concreto

La señora Myriam del Carmen Ruidíaz Mejía consideró vulnerado su derecho
fundamental de petición, debido a la falta de respuesta a la solicitud que radicó el
13 de abril de 2026:

«1) Informar de manera clara y precisa a qué entidad, fondo de
cesantías o sistema administrativo fueron giradas mis cesantías
correspondientes al período 1991 a 1997, durante el cual ejercí como
Juez Municipal en San Zenón (Magdalena).
2) Indicar si dichas cesantías fueron administradas por las siguientes
entidades a. Fondo Nacional de Ahorro b. Caja Nacional de Previsión
(Cajanal) c. Otro fondo público o privado - especificar cuál
3) En caso de no reposar la información en esa entidad, indicar la
autoridad competente o entidad a la cual fueron trasladados los
archivos o registros correspondientes.
4) Remitir copia de los documentos, certificaciones, actos
administrativos o registros que soporten la información solicitada. el
destino de las cesantías causadas durante el período comprendido
entre los años 1991 y 1997, cuando se desempeñó como Juez
Municipal en el municipio de San Zenón, Magdalena.»

De las pruebas allegadas al expediente se advierte que la accionante remitió su
solicitud al correo electrónico ofjudstma@cendoj.ramajudicial.gov.co
correspondiente a la Oficina de Apoyo Judicial de Santa Marta; de donde obtuvo
acuse de recibo y constancia de remisión a los correos electrónicos de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y la Oficina de Talento
Humano.

Adicionalmente, se encuentra acreditado que la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta, a través de su Oficina de Talento Humano,
emitió una respuesta el 24 de junio de 2026, dentro del trámite de la presente acción
constitucional, la cual fue remitida a la accionante al correo electrónico
jeyssonlopez023@gmail.com. En dicha comunicación indicó que revisó el archivo
histórico de hojas de vida y el sistema de nómina EFINOMINA, y señaló haber
encontrado un documento en un único folio e indicó «documento que precisa que
los pagos se hicieron a la Caja Nacional de Previsión Social- CAJANAL»

Aportó la imagen de un certificado de licencia de maternidad comprendida entre el
21 de diciembre de 1995 y el 13 de marzo de 1996, en el que se indica que el pago

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de dicha licencia estaba a cargo de la entidad señalada.

La Sala advierte que la información suministrada por la Dirección Seccional no
resulta completa, clara ni congruente con lo solicitado, pues la actora requirió de
manera expresa información sobre el destino de las cesantías causadas durante el
período comprendido entre los años 1991 y 1997 en ejercicio de su cargo como
Juez Municipal, la entidad le remitió la imagen de un certificado relacionado con una
licencia de maternidad, de donde puede establecerse que aquella era la entidad de
salud a la que estaba afiliada la actora. No obstante, de ese contenido no se
desprende que la misma entidad fuera la administradora de las cesantías.

Adicionalmente, la respuesta no indica que se hubiera realizado búsqueda en los
archivos físicos de nómina, sino en la hoja de vida a cargo de Talento Humano y en
EFINOMINA, programa que no existía para la época.

En este sentido, la respuesta no satisface el estándar constitucional del derecho de
petición, en la medida en que no constituye una contestación, clara, completa y
congruente con lo requerido, razón por la cual no puede tenerse como atendida la
solicitud formulada por la accionante.

En relación con el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, no se
encuentra acreditado que haya recibido la petición elevada por la accionante y
tampoco lo pedido se encontraba dentro de sus competencias; de manera que no
puede predicarse vulneración del derecho fundamental por su parte.

Se tutelará entonces el derecho de petición de la accionante y, en tal sentido se
ordenará a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, dar
respuesta una respuesta de fondo, clara y congruente con lo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AMPARAR el derecho fundamental de petición invocado por la señora
Myriam del Carmen Ruidíaz Mejía, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa
Marta que, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, emita una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente al derecho
de petición presentado por la accionante el 13 de abril de 2026.

Tercero. Se niega la tutela en relación con el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Santa Marta.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04373-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.

Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Quinto. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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