Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04374-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04374-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-04374-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04374-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: INSTITUTO NACIONAL Y PENITENCIARIO CARCELARIO (INPEC)
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS
ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR
PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 16 de julio de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la
solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
El INSTITUTO NACIONAL Y PENITENCIARIO CARCELARIO2,
1
En adelante Sección Quinta.
2
En adelante INPEC.
2
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Actor: INSTITUTO NACIONAL Y PENITENCIARIO CARCELARIO (INPEC)
actuando a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA3, al haber proferido la providencia de 27 de
mayo de 2026 dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2024-00035-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que los señores ANTONIO HERMÓGENES CORTÉS,
YUDY CABEZAS SEGURA, la menor A.M.C.M.4 representada por la
ciudadana BRENDA MONTAÑO ROJAS, la menor C.C.T
representada a su vez por la señora ANDRA MILENA TAVERA
TRIVIÑO, el menor A.S.Q.C. representado por la ciudadana SINDY
PAMELA QUINTERO CAICEDO; y los señores FERNANDO STIVEN
ULLOA SEGURA, YOSELIN ULLOA SEGURA, HOLMES CABEZAS
SEGURA, MERIELEN SEGURA, SORY MONDRAGÓN CABEZAS y
MARÍA CAMILA MONDRAGÓN CABEZAS, presentaron demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa en su contra,
3
En adelante Tribunal.
4
La Sala se reserva el nombre por protección a los menores de edad.
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Actor: INSTITUTO NACIONAL Y PENITENCIARIO CARCELARIO (INPEC)
la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA
NACIONAL5 y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL6, con el fin de obtener el pago de los perjuicios
ocasionados por la muerte del señor ANTONIO CORTÉS SEGURA
(q.e.p.d.), mientras se encontraba recluido en una estación de policía
en el distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de
servicios de Santiago de Cali.
Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2024-00035-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI7
que, mediante providencia de pruebas de 29 de octubre de 2025,
accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, le
ordenó a la POLICÍA pagar los perjuicios morales reclamados.
Arguyó que inconforme con la anterior decisión la POLICÍA interpuso
recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 27
de mayo de 2026, modificó los numerales tercero, cuarto y quinto de
la sentencia del a quo y, en su lugar, incluyó al INPEC en la orden
de reconocimiento y pago de los perjuicios reconocidos.
5
En adelante Policía.
6
En adelante Dirección.
7
En adelante Juzgado.
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Actor: INSTITUTO NACIONAL Y PENITENCIARIO CARCELARIO (INPEC)
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo al efectuar una interpretación indebida de las
competencias legales del INPEC, ya que se le atribuyó una obligación
que no se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico.
Mencionó que igualmente incurrió en desconocimiento del
precedente establecido por la Corte Constitucional8 en el que, a su
juicio, se ha reconocido que la problemática derivada del
hacinamiento en centros de detención transitoria constituye un
fenómeno estructural y multicausal que involucra competencias de
múltiples autoridades estatales. Por lo tanto, consideró que la
providencia judicial accionada, le endilgó responsabilidad en la
producción del daño sin efectuar un análisis detallado de dicho
precedente.
Manifestó que también incurrió en falta de motivación por cuanto
las circunstancias que motivaron la demanda exigían una carga
argumentativa rigurosa respecto de la imputación y el deber
presuntamente incumplido de las entidades involucradas.
8
Refirió la sentencia SU- 122 de 31 de marzo de 2022.
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Adujo que igualmente incurrió en violación directa de la
Constitución, por cuanto se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso, al ser condenada sin la acreditación de la custodia
material y sin la demostración del deber jurídico concreto incumplido.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial
efectiva del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
– INPEC.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 27 de
mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca –
Sala Mixta de Decisión dentro del proceso radicado No. 76001-33-
33-006-2024-00035-01, únicamente en lo relacionado con la
declaratoria de responsabilidad administrativa atribuida al INPEC.
TERCERO: ORDENAR a la autoridad judicial accionada proferir
una nueva decisión respetando el precedente constitucional y
contencioso administrativo aplicable, así como las garantías
fundamentales del debido proceso […]”. (Destacado pertenece al
texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que no incurrió en vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto
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la decisión que profirió en su momento fue debidamente motivada y
adoptada con fundamento en el material probatorio obrante en el
expediente ordinario, con el que se logró inferir la falla en el servicio
por omisión.
I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del
medio de control objeto de análisis y, además, solicitó ser
desvinculado del presente trámite constitucional por cuanto el actor
no formuló ningún cuestionamiento en contra de sus actuaciones.
I.5.3.- La POLICÍA señaló que la acción de tutela es improcedente,
por cuanto la parte actora no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable derivado de la decisión adoptada por la autoridad
judicial cuestionada.
Aseguró que en el asunto no se observa una amenaza inminente e
injustificada que amerite el estudio del mecanismo constitucional
para acceder a las pretensiones, máxime cuando el problema jurídico
fue ventilado a través de otras vías jurídicas idóneas.
I.5.4.- La DIRECCIÓN solicitó ser desvinculada del trámite
constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva,
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dado que no ha incurrido en la vulneración de las garantías
constitucionales invocadas por el actor.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN QUINTA, mediante sentencia de 16 de julio de 2026,
denegó las solicitudes de desvinculación formuladas por el JUZGADO
y la DIRECCIÓN, y declaró improcedente el amparo al considerar
que no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional.
Señaló que la parte actora pretende reabrir la discusión jurídica que
ya fue resuelta por el juez natural del asunto, por lo que no le
correspondería al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional al respecto.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
QUINTA, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, la presente
acción de tutela sí cumple con el requisito de la relevancia
constitucional ya que en el asunto no se pretende crear una tercera
instancia, sino procurar el respeto de sus garantías constitucionales,
por cuanto el TRIBUNAL le atribuyó una obligación de custodia
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respecto de un privado de la libertad que no estuvo bajo su
administración penitenciaria, sin establecer la disposición legal o
constitucional que sustentara dicha obligación.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
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jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
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definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
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rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 27 de mayo de 2026,
proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2024-00035-01.
A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, por cuanto, a
su juicio, incurrió en defecto sustantivo al efectuar una
interpretación indebida de las competencias legales del INPEC, ya
que se le atribuyó una obligación que no se encuentra prevista en el
ordenamiento jurídico.
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Mencionó que igualmente incurrió en desconocimiento del
precedente establecido por la Corte Constitucional9 en el que, a su
juicio, se ha reconocido que la problemática derivada del
hacinamiento en centros de detención transitoria constituye un
fenómeno estructural y multicausal que involucra competencias de
múltiples autoridades estatales. Por lo tanto, consideró que la
providencia judicial accionada, le endilgó responsabilidad en la
producción del daño sin efectuar un análisis detallado de dicho
pronunciamiento.
Manifestó que también incurrió en falta de motivación por cuanto
las circunstancias que motivaron la demanda exigían una carga
argumentativa rigurosa respecto de la imputación y el deber
presuntamente incumplido de las entidades involucradas.
Adujo que igualmente incurrió en violación directa de la
Constitución, por cuanto se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso, al ser condenada sin la acreditación de la custodia
material y sin la demostración del deber jurídico concreto incumplido.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
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Refirió la sentencia SU- 122 de 31 de marzo de 2022.
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SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 16 de julio de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se
acreditó el requisito de la relevancia constitucional.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo, pues, a
su juicio, la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de la
relevancia constitucional ya que en el asunto no se pretende crear
una tercera instancia, sino procurar el respeto de sus garantías
constitucionales, por cuanto el TRIBUNAL le atribuyó una obligación
de custodia respecto de un privado de la libertad que no estuvo bajo
su administración penitenciaria, sin establecer la disposición legal o
constitucional que sustentara dicha obligación.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
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generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».11
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
10
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-061 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 2012-
02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregório Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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Actor: INSTITUTO NACIONAL Y PENITENCIARIO CARCELARIO (INPEC)
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
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En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) impedir que esta se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii)
preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora
es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración
del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte
actora se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial aplicó
indebidamente la normatividad relacionada con sus competencias
legales y le atribuyó la responsabilidad del perjuicio, sin acreditar la
custodia material y el deber jurídico concreto presuntamente
incumplido.
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Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL de forma admisible,
así:
“[…] 65. Descendiendo al caso concreto, el señor Antonio
Cortés Segura se encontraba privado de la libertad en la
estación de policía Nueva Floresta de la ciudad de Cali “ por el
punible fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o
municiones. La víctima se encontraba en la instalación policial
desde el día 13/05/23” , según se extrae del libro de población
de la estación.
66. El 21 de junio de 2023, aproximadamente a las 19:30
horas, los funcionarios encargados de la custodia en la estación
de policía acudieron a un llamado de auxilio en la celda donde
se encontraba el señor Antonio Cortés, quien presuntamente
había sufrido un accidente al caer de la hamaca en la que
dormía, por lo que, fue trasladado de la celda hacia el pasillo
de la estación y atendido por la ambulancia del cuerpo de
bomberos Cali AM3 del barrio municipal, que lo declaró
fallecido.
67. Posteriormente, se informó de lo ocurrido a las autoridades
competentes y acudieron funcionaros del CTI Grupo nro. 03 de
criminalista y homicidios Fiscal 102 Seccional, quienes
realizaron los actos urgentes y entrevistaron a los policiales que
se encontraban a cargo en ese momento, quienes manifestaron
no tener conocimiento de riñas o dificultades en la convivencia
de los privados de la libertad y, que durante su turno no se
presentó ningún altercado.
68. No obstante, el Acta de inspección técnica a cadáver que
elaboró la policía judicial arrojó que el occiso tenía signos de
violencia tales como “ surco de presión en el cuello, una herida
pequeña, abierta en región ciliar, pequeñas laceraciones o
escoriaciones en región pectoral lado izquierdo, laceración en
pómulo izquierdo y hematoma en región orbital lado izquierdo,
una herida pequeña en pantorrilla derecha y otra herida
pequeña en rodilla derecha, equimosis en brazo derecho cara
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externa, laceración en dorso de nariz.” , evidencia que pone en
tela de juicio la manifestación de los policías que afirmaron la
presunta ocurrencia de un accidente por caída de la hamaca en
la que dormía la víctima.
69. Lo anterior se reafirma con las conclusiones del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en su informe
pericial de necropsia nro. 2023010176001001333 del 14 de
julio de 2023 donde determinó que el occiso sufrió un
“politraumatismo contundente a nivel de cabeza, cuello, tórax,
dorso y extremidades superiores e inferiores” lo que causó una
hemorragia masiva y finalmente la muerte. Esta evidencia llevó
a que la entidad estableciera que lo ocurrido fue un homicidio.
70. Por su parte, los testimonios rendidos en el marco de la
investigación penal que adelantó la Fiscalía por los punibles de
tortura y homicidio agravado, también llevaron a concluir que
lo ocurrido no fue producto de un accidente o de una actuación
imprudente desplegada por el señor Antonio Cortés Segura sino
de un hecho violento del que este fue víctima, al punto que uno
de sus compañeros de celda reconoció mediante diligencia
adelantada ante la Fiscalía General de la Nación a los presuntos
autores materiales del delito, quienes fueron individualizados,
según se extrae del expediente aportado.
71. De conformidad con las pruebas analizadas, no cabe duda
de que la muerte del señor Antonio Cortés Segura ocurrió como
consecuencia de agresiones físicas que ejercieron sus
compañeros de celda, y en este punto, llama poderosamente
la atención de la Sala que, pese a los testimonios rendidos en
el proceso penal señalan que el occiso fue víctima de violencia
durante todo el día, los policiales a cargo de la custodia en la
estación de policía manifestaran ante la policía judicial que no
se presentaron riñas y que no había problemas de convivencia
entre los privados de la libertad.
72. En ese sentido, le asiste responsabilidad a la Policía
Nacional por los hechos ocurridos en virtud del régimen
objetivo. Si bien no estaba en capacidad de brindar seguridad
a la víctima porque no tiene personal ni infraestructura para
ese fin, toda vez que las estaciones de policía son centros de
detención transitorio, lo cierto es que, permaneció privado de
la libertad en sus instalaciones, sometido a las reglas punitivas
del Estado, y este último asumió posición de garante. La
víctima no podía oponerse ni escapar a las condiciones de
reclusión.
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73. No se configuró la causal eximente de responsabilidad
denominada hecho de un tercero porque lo ocurrido no
correspondía a un hecho imprevisible o irresistible para la
entidad. La posición de garante obliga a la Policía Nacional,
como concreción del Estado, a responder por la muerte del
señor Antonio Cortés Segura a causa de agresiones físicas
provenientes de otros detenidos.
74. También quedó demostrado que la muerte se presentó en
el contexto de hacinamiento de la estación de policía Nueva
Floresta de la ciudad de Cali y de que dicha situación fue
debidamente informada a las autoridades locales, Ministerio
Público y al Director Regional Occidente del Inpec […]
75. Entonces, el Inpec conocía el estado de hacinamiento de la
estación de policía y no tomó acciones para solucionar la
problemática, lo que constituye una falla en el servicio por
omisión, toda vez que su actuación permitió que la víctima
permaneciera privada de la libertad en una estación de policía
que no estaba destinada para ello y que no podía garantizar su
seguridad.
76. Así las cosas, la muerte de Antonio Cortés mientras se
encontraba privado de la libertad resulta imputable también al
Inpec por no gestionar el traslado a un centro de reclusión.
77. En consecuencia, se modificará la sentencia en este aspecto
para declarar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -
Inpec y a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
responsables por el daño causado a los demandantes. Cada
entidad asumirá el 50% del total de la condena […]”.
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que el TRIBUNAL, elaboró un recuento de las pruebas aportadas al
proceso ordinario cuestionado y, a partir de dicho análisis, concluyó
que la responsabilidad patrimonial del Estado en la muerte del señor
Antonio Cortés Segura (q.e.p.d.), obedeció a un homicidio
ocasionado por politraumatismos contundentes que le propinaron sus
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compañeros de celda, conforme al informe de necropsia y los
testimonios recaudados, descartando así la versión de los custodios
sobre un presunto accidente.
Asimismo, la autoridad judicial consideró que la POLICÍA es
responsable bajo el régimen objetivo en virtud de su posición de
garante, al no configurarse el hecho de un tercero por faltar los
elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad, en tanto el Estado
asumió el deber de custodia del privado de la libertad.
De igual manera, concluyó que al actor le era imputable el daño a
título de falla en el servicio por omisión, toda vez que, pese a conocer
el hacinamiento de la estación de policía, omitió gestionar el traslado
del privado de la libertad a un centro de reclusión que garantizara su
seguridad.
En consecuencia, el TRIBUNAL modificó el fallo de primera instancia
para declarar la responsabilidad concurrente de la POLICÍA y del
INPEC, disponiendo el valor de la condena en 50% para cada uno.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se
pronunció frente a los aspectos que la actora alude como
desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
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abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito
general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que la actora no comparta la tesis allí dispuesta,
lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su
consideración.
Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto
del precedente judicial tampoco cumple con la carga
argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte
actora se limitó a citar la sentencia que hace alusión, sin precisar la
relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí resuelto
y su caso ventilado en el proceso ordinario cuestionado.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sección20 ha indicado:
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la solicitud
de amparo un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
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decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró
improcedente la solicitud de amparo presentada por la actora y así
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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