Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04375-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04375-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04375-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04375-00
Accionante: JUAN CAMILO SIERRA GRACIANO Y YONY ALEXANDER
SIERRA GRACIANO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
PRIMERA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de reparación directa.
Defectos sustantivo, fáctico y procedimental por exceso ritual
manifiesto. Requisito general de inmediatez
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Juan Camilo Sierra Graciano y Yony Alexander Sierra
Graciano, quienes actúan mediante apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de junio de 2026, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, así
como el principio de primacía del derecho sustancial, presuntamente vulnerados
por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. AMPARAR, tutelar, los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a la Administración
de Justicia, Igualdad y Mínimo Vital de los señores JUAN CAMILO SIERRA GRACIANO, YONY
ALEXANDER SIERRA GRACIANO y su grupo familiar.
2. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la providencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia dentro del proceso de Reparación Directa con radicado No.
050013333034201700580-00, por adolecer de vicios y errores por defecto sustantivo y factico (sic).
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el término perentorio de cuarenta y
ocho (48) horas, proceda a proferir una nueva providencia judicial de fondo en la que aplique de
manera integral las normas de conservación vial, efectúe una valoración razonable y conjunta del
acervo probatorio aportado (manteniendo en firme los razonamientos técnicos plasmados en la
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DE MEDELLÍN, y reconozca la responsabilidad patrimonial del Estado y otros vinculados”.
2. Hechos
Los accionantes relataron que el 13 de noviembre de 2015, cuando transitaba por
la vía que conduce del municipio de Dabeiba al de Mutatá, sector del Túnel Falso,
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Accionante: Juan Camilo Sierra Graciano y Otro
el joven Juan Camilo Sierra Graciano sufrió un accidente en su motocicleta al
colisionar con un montículo de tierra que se encontraba en la vía producto de un
deslizamiento ocurrido en días anteriores, el cual no contaba con señalización y
causó que perdiera el control y se golpeara la cabeza contra el pavimento, lo que
conllevó que quedara con secuelas neurológicas severas, secundarias a
traumatismo craneoencefálico.
Afirmaron que presentaron demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Transporte, el departamento de Antioquia, el Instituto Nacional de Vías
(en adelante Invías), el municipio de Dabeiba y la sociedad Prestavial S.A.S., con
el fin de que se declarara la responsabilidad de estas por el accidente sufrido por
el joven Juan Camilo Sierra Graciano y que, como consecuencia, se les ordenara
reconocer y pagar los perjuicios morales, materiales en la modalidad de lucro
cesante y por daño a la salud, causados por la falta de señalización en la vía que
advirtiera sobre el montículo que se generó por un alud de tierra.
Sostuvieron que el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Medellín
en fallo de 2 de febrero de 2023, declaró la responsabilidad administrativa y
extracontractual del Invías, por los perjuicios ocasionados al joven Sierra Graciano,
condenó en abstracto el daño a la salud y los perjuicios morales y materiales en la
modalidad de lucro cesante y, finalmente, dispuso que Mapfre Seguros General de
Colombia S.A., en calidad de llamada en garantía, debía asumir el 60% de las
sumas que se establezca en el incidente de liquidación de condena.
Finalmente, manifestaron que Mapfre Seguros General de Colombia S.A. y el Invías
interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión. El Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, en sentencia de 2 de
septiembre de 2025 (notificada a las partes en la misma fecha), la revocó y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda. A juicio de la referida autoridad judicial,
no se aportaron pruebas (dictamen pericial), que permitiera esclarecer las
circunstancias en que ocurrió el accidente y cuál fue la causa eficiente que
desencadenó el suceso. Adicionalmente, constató la falta de licencia y casco,
condiciones requeridas para transitar, fue lo que generó la duda de habilidad y
pericia para conducir del señor Sierra Graciano, por lo que infirió que el demandante
asumió un riesgo que fue determinante en la materialización del daño.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la acción de tutela cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, pues se debate la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso del joven Juan Camilo Sierra Graciano, quien es un sujeto con
“invalidez del 87.67%”. Adicionalmente, aseguró que contra la decisión de la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, no procede recurso
ordinario.
De otro lado, manifestó que en la sentencia objetada se configuró un defecto
sustantivo, por indebida aplicación de la causal de exoneración de responsabilidad
denominada culpa exclusiva de la víctima.
Agregó que se aplicó indebidamente el artículo 2375 del Código Civil y las
sentencias de 29 de enero de 2021 (radicado interno núm. 54224) y 14 de marzo
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Accionante: Juan Camilo Sierra Graciano y Otro
de 2024 (radicado interno núm. 66001) de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, pues el Tribunal equiparó una infracción de tránsito con la
causa eficiente del daño, en tanto consideró erradamente que la ausencia de
licencia de conducción, SOAT y revisión técnico-mecánica constituían la culpa
exclusiva de la víctima.
Luego, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico en su
dimensión negativa, al valorar de forma arbitraria y contraevidente los elementos
probatorios, específicamente el Informe Oficial del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Dabeiba y al invertir de manera desproporcionada la carga de la
prueba en detrimento de la víctima en situación de especial protección
constitucional.
Indicó que en el informe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dabeiba se
advierte la ausencia de señalización reflectiva, vallas informativas o dispositivos de
seguridad vial en la zona donde ocurrió el deslizamiento de tierra que generó el
accidente.
Sostuvo que no se puede imponer a la víctima que sufrió un trauma
craneoencefálico severo con secuelas neurológicas gravísimas o a sus familiares
que no se encontraban en el lugar de los hechos, la prueba diacrónica y exacta del
momento del desprendimiento de un talud en una vía nacional.
Por último, manifestó que se incurrió en un defecto “sustantivo y exceso ritual
manifiesto en la condena en abstracto”, por inaplicación del artículo 283 del
Código General del Proceso, dado que ante la inasistencia del perito de Semedic
IPS a la audiencia de contradicción, el dictamen sobre la pérdida de capacidad
laboral perdió valor probatorio, aunado al hecho de que el Tribunal ignoró “que la
existencia del daño material y la gravedad de las secuelas neurológicas y motoras
del demandante se encontraban PLENAMENTE ACREDITADAS DE FORMA
DIRECTA EN LA HISTORIA CLÍNICA expedida por la Clínica Panamericana y el
Instituto Neurológico de Colombia”.
En escrito adicional, la parte actora solicitó que se aplicara un enfoque diferencial
y el principio pro homine, pues los señores Juan Camilo Sierra Graciano y Yony
Alexander Sierra Graciano se encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas
y el Estado no ha realizado la correspondiente reparación administrativa.
4. Trámite procesal
Por auto de 10 de junio de 2026, el magistrado sustanciador requirió al apoderado
de la parte actora para que allegara los documentos que acreditaran la
representación de los demandantes.
En atención a que se dio cumplimiento parcial al requerimiento, en proveído de 24
de junio de 2026 se admitió la demanda, se ordenó notificar a los accionantes y a
la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Medellín, los señores Arnoldo Arboleda García, Gloria
Inés Sierra Graciano, Yeraldin Arboleda Sierra, Cristina Arboleda Sierra, Diego
Alexander Arboleda Sierra y Leydy Yoana Arboleda Sierra, a la Nación - Ministerio de
Transporte, el departamento de Antioquia, el Instituto Nacional de Vías -Invías-, el
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municipio de Dabeiba (Antioquia), a la sociedad Prestavial S.A.S. y a Mapfre
Seguros Generales de Colombia S.A.. De igual modo, se vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 117254 a 117263
de 26 de junio de 2026, 128304 a 128306 de 15 de julio de 2026, con el fin de dar
cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión
La magistrada ponente informó que los fundamentos fácticos y jurídicos que se
analizaron para proferir la decisión objetada se encuentran contenidos en el texto
de la providencia. Además, allegó el link de acceso al expediente ordinario.
5.2. Respuesta del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de
Medellín
El titular del despacho manifestó que los reparos planteados en el escrito de tutela
se dirigen contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, no contra la decisión que
se dictó en primera instancia, por lo que no tiene consideraciones que exponer al
respecto y acoge lo que se resuelva en la solicitud de amparo.
5.3. Respuesta del Ministerio de Transporte
La coordinadora encargada del Grupo de Defensa Judicial de la cartera ministerial
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y la falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones de la solicitud
de amparo no guardan relación directa e indirecta con las funciones de esa cartera
ministerial.
5.4. Respuesta del Instituto Nacional de Vías -Invías-
El apoderado de la entidad pidió que se desvinculara del trámite constitucional por
falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no existe relación jurídica entre
los demandantes y esa entidad.
5.5. Respuesta del departamento de Antioquia
El profesional universitario de la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría de
Infraestructura Física solicitó que se desvinculara a la entidad territorial de la acción
de tutela por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
5.6. Los señores Arnoldo Arboleda García, Gloria Inés Sierra Graciano,
Yeraldin Arboleda Sierra, Cristina Arboleda Sierra, Diego Alexander Arboleda
Sierra y Leydy Yoana Arboleda Sierra, el municipio de Dabeiba, la sociedad
Prestavial S.A.S. y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., a pesar de
que se les notificó en debida forma el auto admisorio, guardaron silencio.
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Accionante: Juan Camilo Sierra Graciano y Otro
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
El Ministerio de Transporte, el Invías y el departamento de Antioquia solicitaron que
se desvincularan del trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa
por pasiva.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva, ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción,
de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en
caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” 1. En ese orden de
ideas, la Sala accederá a la solicitud de desvinculación del departamento de
Antioquia, pues una vez se allegó el expediente ordinario se constató que en el
curso de la primera instancia se declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, respecto al Ministerio de
Transporte y el Invías se negará, porque ostentan interés directo en el asunto, más
aún cuando conformaron la parte demandada en el proceso ordinario objeto de
tutela.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la salud y a la
seguridad social, así como el principio de primacía del derecho sustancial de los
demandantes al revocar la decisión favorable de primera instancia y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda de reparación directa que iniciaron contra la
Nación, Ministerio de Transporte, departamento de Antioquia, Instituto Nacional de
Vías –Invías-, municipio de Dabeiba y la sociedad Prestavial S.A.S.
4. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
1
Sentencia T-005 de 2022.
5
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protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun
cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo que
podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier
tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo
único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso
concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional2 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o
indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar4, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20165,
así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de
presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la
vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar
el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se
prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos
de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos
fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados
en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto
2
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
3
Ibídem.
4
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-
246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
5
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
6
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tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la
tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora
en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en
los derechos de terceros si se declarara procedente”6.
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Sobre
este particular, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito
diferente al de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la respuesta
negativa a una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de justificación, pues lo
que pretende cuestionarse es la condena y no la negativa de la libertad”.
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Contencioso
Administrativa de esta Corporación mediante sentencia de 5 de agosto de 20147
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en
un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la
sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que
también ha sido acogido por la Corte Constitucional8.
5. Estudio y solución del caso concreto
Los señores Juan Camilo Sierra Graciano y Yony Alexander Sierra Graciano, por
conducto de apoderado judicial, presentaron acción de tutela con el objeto de que
el juez constitucional proteja sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la
salud y a la seguridad social, así como el principio de primacía del derecho
sustancial, supuestamente vulnerados por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, al incurrir en los defectos sustantivo, fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto, con la decisión que revocó la de primera
instancia que había accedido parcialmente a las pretensiones y, en su lugar, negó
lo solicitado en la demanda de reparación directa que promovieron contra la Nación,
Ministerio de Transporte, el departamento de Antioquia, el Instituto Nacional de Vías
–Invías-, el municipio de Dabeiba y la sociedad Prestavial S.A.S.
Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente el de
la inmediatez frente a la decisión de la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, así:
Conforme da cuenta el expediente del proceso de reparación directa allegado a la
acción de tutela, la sentencia de 2 de septiembre de 2025 de la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera
6
Ibídem.
7 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
8 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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instancia, al considerar que no se aportaron pruebas que permitieran esclarecer
las circunstancias en que ocurrió el accidente y cuál fue la causa eficiente que
desencadenó el suceso, aunado al hecho de que se constató la falta de licencia y
casco por parte de la víctima, lo que generó la duda de su habilidad y pericia para
conducir, aunado al hecho de que se asumió un riesgo que fue determinante en la
materialización del daño.
Al respecto, la Sala observa que dicha decisión se remitió a las partes por medios
electrónicos el 2 de septiembre de 2025, por lo que, de acuerdo con el artículo 205
de la Ley 1437 de 2011, se entendió notificada el 5 de septiembre de 2025, fecha
a partir de la cual se verificará el cumplimiento del requisito de inmediatez.
En atención a lo que se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el
artículo 86 de la Constitución aclara que la acción de tutela debe procurar la
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien,
la misma disposición establece que se podrá hacer uso de este mecanismo
constitucional en todo momento, ello no implica que no se deba interponer dentro
de un plazo razonable, pues ello está en consonancia con los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgadas, los cuales, prima facie, se deben resguardar.
Como la solicitud de amparo fue promovida el 5 de junio de 20269, transcurrieron
nueve (9) meses entre el momento de la notificación de la sentencia objetada y el
de la interposición de la acción constitucional, término que excede el límite
razonable establecido jurisprudencialmente por la Sala Contencioso Administrativa
de esta Corporación, como regla general, acogido igualmente por la Corte
Constitucional.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones
10
del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” , respecto del cual ha
precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para satisfacer el
11
requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es perentorio” .
En ese mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto
es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a criterios
como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al juez tener
12
en cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto” .
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
9
Acta individual de reparto.
10
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
11
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Accionante: Juan Camilo Sierra Graciano y Otro
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. No obstante, cuando se trata
de cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna
aún más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando
se ha superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso
concreto se deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima
facie los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
En el presente caso, la parte actora solo se limitó a señalar que se debía aplicar un
enfoque diferencial y el principio pro homine, en razón a que se encuentran inscritos
en el Registro Único de Víctimas y a la fecha el Estado no ha realizado la
correspondiente reparación administrativa, para lo cual aportaron dos
certificaciones expedidas el 16 de junio de 2026 por la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en las que consta
como último hecho victimizante que i) el 12 de febrero de 2015 el señor Yony
Alexander Sierra Graciano sufrió desplazamiento forzado en el municipio de
Dabeiba y ii) que el señor Juan Camilo Sierra Graciano, el 11 de febrero de 2004,
también sufrió el desplazamiento forzado del mismo municipio.
Para la Sala, lo que se controvierte es una sentencia proferida en un proceso de
reparación directa13 y que esa inscripción efectuada muchos años antes de la
providencia objetada no es, en principio, una razón suficiente para flexibilizar la
verificación del requisito de la inmediatez.
Igualmente, la Sala no observa que los hechos victimizantes ocurridos el 11 de
febrero de 2004 y 12 de febrero de 2015 conllevó que los demandantes presentaran
la solicitud de amparo 9 meses después de la notificación de la sentencia objetada.
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, toda vez
que no se cumple con el requisito de la inmediatez.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Desvincular de la presente acción de tutela al departamento de
Antioquia, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Segundo.- Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de
Transporte y el Instituto Nacional de Vías -Invías-, por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
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El proceso de reparación directa objeto de reproche en la acción de tutela se centró en la posible falla en el
servicio del Estado en el cuidado de las vías nacionales y que generó el accidente automotor que sufrió el señor
Juan Camilo Sierra Graciano al colisionar con un montículo de tierra producto de un deslizamiento.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04375-00
Accionante: Juan Camilo Sierra Graciano y Otro
Tercero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por los señores
Juan Camilo Sierra Graciano y Yony Alexander Sierra Graciano, quienes actúan por
conducto de apoderado judicial, contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones aquí expuestas.
Cuarto.- Reconocer personería al abogado Sebastián Vélez Trespalacios, como
apoderado del Instituto Nacional de Vías -Invías-, en los términos del poder
allegado con el informe de tutela y de conformidad con el artículo 75 del Código
General del Proceso.
Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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