Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04379-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04379-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04379-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04379-00
Demandante MARÍA ISABEL SANTOS MEDINA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Temas Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Mora
judicial. Sentencia de segunda instancia del proceso ordinario.
Carencia actual de objeto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora María Isabel Santos Medina, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de junio de 20261, la señora María Isabel Santos Medina, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca,
despacho del magistrado Carlos Hernando Jaramillo Delgado, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, con ocasión de la presunta
mora judicial en la que se estaría incurriendo al no haber dictado aún sentencia de
segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
19001-33-33-004-2017-00357-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«A. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, celeridad y
tutela judicial efectiva.
B. Ordenar al despacho del Magistrado Ponente Dr. Carlos Hernando Jaramillo Delgado
que, dentro de un término perentorio (por ejemplo, 10 días), profiera sentencia de
segunda instancia dentro del proceso referido.
C. Prevenir a la autoridad accionada para que en lo sucesivo no incurra en conductas
dilatorias.»
2. Hechos
Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Samai, índice 2.
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Demandante: María Isabel Santos Medina
2.1. Para el año 2017, la señora María Isabel Santos Medina interpuso demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y el departamento del Cauca, Secretaría de Educación
y Cultura, en donde pretendía la nulidad de las resoluciones 0256-01-2017 del
26 de enero de 2017 y 1176-05-2017 del 30 de mayo de 2017, por medio de
las cuales se le negó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales.
El mencionado asunto le fue repartido al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Popayán, bajo el radicado 19001-33-33-004-2017-00357-00, en
donde inició su trámite.
2.2. El 29 de junio de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Popayán dictó sentencia de primera instancia, en la que declaró la nulidad de
los actos administrativos demandados, a título de restablecimiento del derecho
ordenó al FOMAG reconocer y pagar a la accionante sus cesantías parciales,
igualmente, se declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva
del departamento del Cauca, Secretaría de Educación y Cultura y se condenó
en costas a la parte demandada.
Esta decisión fue impugnada por el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
2.3. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia le fue
repartido al Tribunal Administrativo del Cauca, despacho del magistrado
Carlos Hernando Jaramillo Delgado bajo el radicado 19001-33-33-004-2017-
00357-01.
2.4. El 25 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca, dictó auto
admitiendo el recurso de apelación. El expediente ingresó al despacho para
fallo el 3 de febrero de 2023.
2.5. La accionante manifestó que el 1 de febrero de 2026, radicó una solicitud al
despacho ponente, cuyo asunto era «Solicitud de impulso procesal – Segunda
instancia», sin que este le hubiera brindado respuesta.
2.6. La accionante asegura que a la fecha de radicación de esta acción de tutela el
Tribunal Administrativo del Cauca no ha dictado la sentencia de segunda
instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a
pesar de que han transcurrido aproximadamente 3 años en esa instancia.
3. Fundamentos de la acción
La señora María Isabel Santos Medina consideró que el Tribunal Administrativo del
Cauca, despacho del magistrado Carlos Hernando Jaramillo Delgado vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la tutela judicial efectiva, con ocasión de la presunta mora judicial en la que se
estaría incurriendo al no haber dictado la sentencia de segunda instancia en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 19001-33-33-004-2017-
00357-00/01.
La accionante sostuvo que «han transcurrido aproximadamente tres (3) años sin decisión de
segunda instancia, en un proceso que solo se deben valorar los documentos aportados con la
demanda ya que no hubo debate procesal como tal, por cuanto la parte demandada solo se limitó a
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Demandante: María Isabel Santos Medina
contestar la demanda sin acompañar o solicitar pruebas», añadió que el 1 de febrero de 2026
remitió una petición de impulso procesal al despacho ponente sin que esta hubiera
obtenido respuesta alguna, situaciones que no han permitido que obtenga una
decisión judicial en un plazo razonable generando una mora judicial injustificada.
Como fundamento de su acción citó los artículos 2, 29, 86 y 228 de la Constitución
Política y las sentencias T-183 de 2024 y T-309 de 2023 dictadas por la Corte
Constitucional.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 12 de junio de 2026 se admitió2 la acción de tutela presentada
por la señora María Isabel Santos Medina contra el Tribunal Administrativo del
Cauca, despacho del magistrado Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés a la Nación, Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al
departamento del Cauca, Secretaría de Educación, al Ministerio Público, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Juzgado Cuarto
Administrativo de Popayán.
Se solicitó al juzgado vinculado que concediera el acceso al expediente 19001-
33-33-004-2017-00357-00/01 a través del aplicativo Samai, a su vez, para que
las piezas procesales que no se encontraban registradas en el sistema de
gestión fueran remitidas en formato PDF o en una carpeta de OneDrive.
Se ofició al Tribunal Administrativo del Cauca para que informara del trámite
que le ha dado al proceso 19001-33-33-004-2017-00357-00/01, asimismo para
que allegara el listado de procesos pendientes de sentencia y el turno en el
que se encontraba el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y para
que aportara cualquier medio de prueba conducente a demostrar la diligencia
del trámite impartido por el magistrado sustanciador; se negó la medida
provisional solicitada; y ordenó las notificaciones correspondientes.
4.2. El Tribunal Administrativo del Cauca, Despacho 0033, rindió informe en el
que manifestó que se debe declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Explicó que el 18 de junio de 2026 se discutió en Sala el proyecto de fallo del
proceso 19001-33-33-004-2017-00357-00/01. Indicó que para la fecha en la cual
se le realizó el requerimiento con el auto admisorio el proceso se encontraba
en el turno Nro. 3, por lo que, se evidenciaba que no se presentó ninguna
demora injustificada, y señaló que no se puede desconocer la gran cantidad
de asuntos previos y de procesos constitucionales que estaban a cargo de ese
despacho del Tribunal Administrativo del Cauca.
Por último, dijo que la petición que manifestó la actora haber presentado el 1
de febrero de 2026 era una solicitud de impulso procesal, «por lo cual no había
lugar a emitir respuesta alguna», y adjuntó el enlace de consulta del proceso en el
Sistema de Gestión Samai.
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Samai, índice 5.
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Samai, índice 14.
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4.3. La Gobernación del Cauca4 puso de presente que en la parte resolutiva de
la sentencia de primera instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se declaró la falta de legitimación en la causa por
pasiva del departamento del Cauca, Secretaría de Educación y de Cultura,
decisión que fue objeto de impugnación y que estaría pendiente de ser resuelto
por el Tribunal Administrativo del Cauca.
No obstante, en lo relacionado con los cuestionamientos de la actora mencionó
que el 9 de julio de 2024 la señora Santos Medina presentó petición ante la
autoridad accionada pidiendo: (i) las razones por las cuales el expediente se
encontraba en el despacho «sin solución de continuidad» y (ii) para que se
precisara si ese caso obedecía a un «asunto de orden legal».
Frente a lo anterior, mencionó que de acuerdo a la información que obraba en
el sistema de Gestión Samai el tribunal atendió esta solicitud el 28 de octubre
de 2024, mediante el oficio TCA-AMS-25-2024, en donde se le puso de
presente el trámite que se le había dado al caso y que se encontraba en turno,
sin que se advirtiera alguna excepción de las contempladas en la ley para
alterar el orden del turno. Finalmente señaló que no advertía que se estuvieran
vulnerando los derechos fundamentales de la accionante, pues el trámite de
la alzada se estaba llevando a cabo cumpliendo lo establecido en la ley.
4.4. El Ministerio de Educación Nacional5 indicó que carecía de legitimación en
la causa por pasiva en este asunto pues no es la autoridad responsable de la
conducta cuya omisión genera la presunta vulneración alegada, explicó que
las pretensiones están dirigidas a que se profiera la sentencia de segunda
instancia por parte del Tribunal Administrativo del Cauca. En consecuencia,
solicitó ser desvinculado de este trámite constitucional.
4.5. El Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán6 remitió el enlace de
consulta del proceso 19001-33-33-004-2017-00357-00/01 y adjuntó las piezas
procesales del mismo.
4.6. El 22 de junio de 20267, el Despacho 003 del Tribunal Administrativo del Cauca
remitió un nuevo informe en el que puso de presente que, como se mencionó
en la contestación, el 18 de junio de 2026 se discutió el proyecto de fallo y se
aprobó, por lo que ya se encuentra cargado y firmado, estando pendiente del
trámite de la notificación que surte la Secretaría. Como prueba adjuntó copia
de la sentencia dictada.
4.7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público guardaron silencio a pesar de haber sido notificados8.
4.8. Con memorial del 21 de julio de 2026, la Fiduprevisora S.A. rindió informe en
el que manifestó que no es responsable de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de la señora María Isabel Santos Medina, por lo que
considera se torna improcedente la acción de tutela. En consecuencia,
mencionó que carece de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su
desvinculación.
4
Samai, índice 15.
5
Samai, índice 17 y 19.
6
Samai, índice 13.
7
Samai, índice 21.
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Samai, índice 8.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa. Legitimación en la causa
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares.
La Corte Constitucional10 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en
sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige
la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la accionante cuestiona la presunta mora en la que estaría
incurriendo el Tribunal Administrativo del Cauca, despacho del magistrado Carlos
Hernando Jaramillo Delgado, al no haber proferido aún la sentencia de segunda
instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 19001-33-
33-004-2017-00357-00/01. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional
y la Fiduprevisora SA. manifestaron que carecían de legitimación en la causa por
pasiva, porque las pretensiones de la demanda de tutela estaban
dirigidas contra una autoridad judicial. No obstante, se precisa que la vinculación de
las autoridades no fue como parte demandada llamada a satisfacer las pretensiones
de la parte actora, sino como terceros con interés.
En consecuencia, no hay lugar a acceder a las solicitudes de desvinculación.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si operó la figura de la carencia actual de
objeto, debido a que, en el trámite de la acción de tutela, el Tribunal Administrativo
del Cauca adelantó gestiones tendientes a garantizar los derechos fundamentales
que la señora María Isabel Santos Medina considera vulnerados.
4. Carencia actual de objeto por hecho superado
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
9
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
10
Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
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finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.
Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento. Este fenómeno ha
sido denominado por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de objeto
dividido en tres escenarios: (i) hecho superado11; (ii) daño consumado12 y (iii) situación
sobreviniente13.
Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-
494 de 1993, precisó lo siguiente:
«(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.»
(Subrayas fuera del texto)
Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la autoridad accionada adelantó las acciones tendientes
a superar las omisiones que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela.
Por sustracción de materia tal gestión hace inocuo efectuar cualquier
pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de los derechos.
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial».
11
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011 T-597 de 2015, T-669 de 2016 y T-624 de 2016
T-021 de 2017.
12
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
13
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.
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De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones».
5. Del trámite impartido por la autoridad accionada. Carencia actual de
objeto.
5.1. La señora María Isabel Santos Medina cuestionó que a la fecha de radicación
del escrito de tutela (6 de junio de 2026) el Tribunal Administrativo del Cauca,
despacho del magistrado Carlos Hernando Jaramillo Delgado, no ha dictado
la sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 19001-33-33-004-2017-00357-00/01, a pesar de
que el expediente lleva aproximadamente tres años en esa instancia.
Así consideró que esta autoridad incurrió en mora judicial injustificada, esto
sumado a que sostuvo que presentó una petición a esta autoridad por la mora.
5.2. Sería del caso establecer si las acciones u omisiones del Tribunal
Administrativo del Cauca desconocieron los derechos fundamentales de la
señora María Isabel Santos Medina si no fuera porque durante esta acción la
autoridad accionada dio el trámite correspondiente a la demanda en cuestión.
Lo anterior en razón a que la pretensión de la accionante era que el tribunal
dictara la sentencia de segunda instancia en el medio de control 19001-33-33-
004-2017-00357-00/01, al considerar que esa autoridad incurrió en mora judicial,
no obstante, de la revisión del Sistema de Gestión Samai y de los informes
rendidos por el accionado se advierte que el Tribunal Administrativo del Cauca
dictó sentencia de segunda instancia, como se evidencia a continuación:
Actuaciones relevantes adelantadas por el Tribunal Administrativo del
Fecha de actuación Cauca - Despacho Nro. 003
19001-33-33-004-2017-00357-01
7 de julio de 2022 Reparto y radicación del proceso en el tribunal (Samai, índice 1 y 2)
7 de julio de 2022 Ingresa expediente al despacho (Samai, índice 3)
25 de noviembre de 2022 Se dicta auto admite recurso de apelación (Samai, índice 4)
1 de diciembre de 2022 La Secretaría notifica el auto admisorio (Samai, índice 7)
3 de febrero de 2023 Ingresa expediente al despacho para fallo (Samai, índice 8)
9 de julio de 2024 La demandante presentó solicitud (Samai, índice 10)
28 de octubre de 2024 Se da respuesta a la solicitud de la demandante (Samai, índice 11)
1 de febrero de 2026 La demandante aporta impulso procesal (Samai, índice 12)
18 de junio de 2026 Se dicta sentencia de segunda instancia (Samai, índice 15)
22 de junio de 2026 Pasa expediente a la Secretaría (Samai, índice 16)
22 de junio de 2026 La Secretaría notifica sentencia de segunda instancia (Samai, índice 17)
Así pues, se concluye que el Tribunal Administrativo del Cauca dictó la
sentencia de segunda instancia el 18 de junio de 2026, en donde dispuso
revocar el ordinal sexto de la sentencia del 29 de junio de 2022, dictada por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán por la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda; en lo demás se confirmó la sentencia recurrida.
Lo anterior, como se observa a continuación:
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A su vez, se advierte que esa providencia fue notificada electrónicamente el
22 de junio de 2026, por lo tanto, la pretensión que planteó la señora María
Isabel Santos Medina ya fue resuelta, pues el tribunal resolvió el fondo el
asunto. Por lo tanto, carece de objeto emitir un pronunciamiento de fondo en
razón a que la solicitud de amparo perdió cualquier motivo que la justifique.
5.3. En lo que respecta a la manifestación de la actora frente a la petición del 1 de
febrero del 2026 que no le fue atendida, en donde se hacía referencia a la
presunta mora. Lo cierto es que de la revisión del documento aportado con el
escrito de tutela se observó que no se trataba de una petición o solicitud, sino
de un «REF: Solicitud de impulso procesal – Segunda instancia», tan es así que, lo
pedido en el impulso procesal era: «Que se impulse el proceso y se profiera la sentencia
de segunda instancia que en derecho corresponda, dentro del término más breve posible,
atendiendo el tiempo excesivo que el expediente ha permanecido en despacho para fallo
desde el 03 de febrero de 2023».
De ahí que, no se advierte vulneración de algún derecho fundamental de la
accionante, más aún cuando lo pretendido en ese impulso ya fue atendido al
dictar la sentencia del 18 de junio de 2026, como se mencionó anteriormente.
6. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto, ya
que a la fecha no existe vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, respecto del Tribunal Administrativo del Cauca, pues
esta autoridad dio el trámite correspondiente al expediente 19001-33-33-004-2017-
00357-00/01.
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Demandante: María Isabel Santos Medina
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR la solicitud de desvinculación invocada por el Ministerio de Educación
Nacional y por la Fiduprevisora SA.
2. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con
las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora María Isabel
Santos Medina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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