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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04380-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04380-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA, respecto de la acción de tutela presentada por la parte actora, en contra de las Resoluciones 002798 del 30 de marzo y 004238 del 8 de mayo de 2026 proferidas por la Unidad Nacional de Protección. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela respecto al cargo por mora judicial en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado: 11001-03-24-000-2019- 00211-00. TERCERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de Bogotá y el Ministerio del Interior. CUARTO: ACCEDER a la desvinculación solicitada por la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara de Iscuandé. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04380-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04380-00
Accionante: JHON JAIR SEGURA TOLOZA
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTROS

Tema: Mora judicial y tutela contra acto administrativo. Niega y
declara improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Sección Primera del Consejo de
Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 11 de junio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia
y en providencia del 9 de julio del presente, se declaró infundado el impedimento
manifestado por el doctor Omar Joaquín Barreto Suárez para conocer de la solicitud
de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Jhon Jair Segura Toloza, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Fiscalía
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de Bogotá, el Ministerio del Interior
y la Unidad Nacional de Protección. Con la solicitud de amparo pretende que se le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como autoridad accionada
a la Sección Primera del Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo de Bogotá, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección. A su vez, se vinculó
en calidad de terceros con interés al municipio de Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño) y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta última, en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso. Finalmente, se negó la solicitud de medida provisional elevada por el
accionante.
1
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Accionante: Jhon Jair Segura Toloza
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2. La trasgresión de sus garantías constitucionales se las adjudica a: i) la mora
judicial en la que ha incurrido la Sección Primera del Consejo de Estado en resolver
la medida cautelar elevada el 21 de mayo de 2026 al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-24-000-2019-00211-00 y; ii)
la «terminación» su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de
Protección.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:

1} Sírvase usted honorable magistrados como MEDIDA PROVISIONAL ordenar de
manera inmediata a la UNIDAD NACIONAL restablecer la medida cautelar
ordenada por el CONSEJO DE ESTADO de radicado 110010324000-2019-00211-
00 la misma se encuentra vigente como quiera que sea la UNIDAD NACIONAL DE
PROTECCION no cuenta con autonomía para revocar dicha MEDIDA CAUTELAR
del CONSEJO DE ESTADO por lo que no es más que un abuso de poder

2 sírvase usted honorable magistrado como fallo definitivo ordenar al magistrado
HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ resolver la MEDIDA CAUTELAR DE
URGENCIA presentada el día 21 de mayo 2026 y además requerir al director de la
UNP el cumplimiento de la MEDIDA CAUTELAR del 12 de julio 2019 de radicado
110010324000-2019-00211-00

3 sírvase usted honorable magistrado compulsar copia en contra del director de la
UNP a la procuraduría y fiscalía para que se inicie una investigaciones contra el
funcionario que incurrió en la falta GRAVISIMA en el desmonte de mi seguridad de
manera arbitraria. [Sic a toda la cita]

1.2. Hechos

4. El señor Jhon Jair Segura ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 9043 del 2018 y 0380
de 2019 proferidas por la UNP. En tales actos administrativos, la autoridad calificó
de «ordinario» su nivel de riesgo, dispuso la finalización de su esquema de
protección3 y confirmó dicha decisión en sede de reposición, respectivamente.

5. El conocimiento del asunto correspondió a la Sección Primera del Consejo
de Estado4, quien, el 15 de julio de 2019 profirió auto mediante el cual decretó, como
medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones objeto
de la litis. Asimismo, le ordenó a la UNP que, de manera inmediata, restableciera
las medidas de protección que tenía el demandante.

6. En cumplimiento de la orden descrita, la UNP expidió la Resolución 5172 del
30 de julio de 2019 mediante la cual ordenó el esquema de protección a favor del
señor Segura Toloza. Ello, hasta tanto se resolviera el recurso de súplica en contra

3
El cual había sido aprobado mediante Resolución 8238 del 2 de octubre de 2018 por la UNP y
consistió en: un (1) vehículo blindado, dos (2) hombres de protección, un (1) medio de comunicación
y un (1) chaleco blindado.
4
En proceso identificado con el radicado: 11001-03-24-000-2019-00211-00

2
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del auto que decretó la medida cautelar, o hasta que se obtuviera decisión de fondo
al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

7. El 26 de junio de 2020, la autoridad judicial confirmó dicha decisión en sede
del recurso de súplica.

8. Asimismo, en virtud de otras acciones de tutela que le ordenaron a la UNP
resolver de fondo la evaluación del nivel de riesgo del señor Segura Toloza5, la
entidad profirió la Resolución DGRP 002798 el 30 de marzo de 2026, mediante la
cual dispuso:

Artículo 1º: Dar a conocer al (a la) señor (a) JHON JAIR SEGURA TOLOZA
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13106088, la validación del nivel de
riesgo como EXTRAORDINARIO, emitida por el Comité de Evaluación del Riesgo y
Recomendación de Medidas – CERREM.

Artículo 2º: Adoptar las medidas de protección recomendadas por el Comité de
Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM, consistentes en:

Recomendaciones: Ajustar las medidas de protección de la siguiente manera:
Finalizar un (1) vehículo blindado, dos (2) personas de protección, un (1) medio de
comunicación.

Ratificar un (1) chaleco blindado.
Temporalidad: Las medidas de protección tendrán una temporalidad inicial de doce
(12) meses, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, sin
perjuicio de que estas medidas puedan ser modificadas por el CERREM, de
conformidad con el parágrafo 3 del artículo 2.4.1.2.40. y los artículos 2.4.1.2.45 y
2.4.1.2.46 del Decreto 1066 del 2015 adicionado y modificado.

9. Inconforme con lo resuelto en dicho acto administrativo, el señor Jhon Jair
Segura Toloza impetró recurso de reposición. El mismo fue resuelto en Resolución
004238 del 8 de mayo de 2026 en el sentido de dejar en firme lo decidido.

10. Por lo anterior, el 21 de mayo de 2026 el señor Segura Toloza solicitó al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramita
en la Sección Primera del Consejo de Estado, una nueva medida cautelar de
urgencia. Afirmó que a su vivienda llegaron alrededor de «18 guerrilleros de ELN
con fusiles».

1.3. Sustento de la vulneración

11. La parte actora señaló que, a la fecha, la Sección Primera de esta colegiatura
no ha resuelto la medida cautelar solicitada el pasado 21 de mayo de 2026, en aras
de conseguir un aumento de su seguridad.

12. De otro lado, señaló que la UNP de manera arbitraria dio por finalizada una
medida cautelar vigente. Tal circunstancia, en su sentir, demuestra que la autoridad

5
Según se indica en la parte motiva de la Resolución 002798 de 2026, el señor Jhon Jair Segura
Toloza ha radicado más de 385 acciones de tutela en contra de la UNP.
3
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incurrió en prevaricato por acción y abuso de autoridad.

13. Expuso que a su vivienda han llegado hasta 18 de guerrilleros del ELN, sin
que aquel tenga un esquema de seguridad que pueda protegerlo de manera efectiva
y, aun así, la UNP decide dar por finalizado su esquema de protección.

14. Agregó que está siendo víctima de una persecución por parte de la UNP,
quien, aun cuando cuenta con todos los elementos de juicio, adopta medidas en
contra de su vida. Incluso, insinuó que existe un plan «macabro entre el director de
dicha autoridad y el ELN para asesinarlo».

1.4. Intervenciones

15. La Fiscalía 12 Especializada de Pasto indicó que en su despacho cursa el
proceso 760016000199202446801 por el delito de amenazas contra defensores de
derechos humanos, el cual está activo y en etapa de indagación. Agregó que, en
desarrollo del programa metodológico de la investigación, solicitó protección policiva
y estudio de riesgo por parte de la UNP a fin de garantizar la vida e integridad de la
víctima.

16. Ahora bien, expuso que las pretensiones del tutelante se dirigen en contra de
otras autoridades. Por ende, afirmó, que dicha autoridad no ha vulnerado ninguna
garantía constitucional.

17. La Alcaldía Municipal de Santa Bárbara de Iscuandé solicitó la declaratoria
de falta de legitimación en la causa por pasiva y su correspondiente desvinculación,
tras afirmar que no han sido requerido ni han participado en la evaluación de riesgo
del demandante, ni tienen relación con los supuestos fácticos que motivaron la
tutela.

18. La Fiscalía 85 Seccional de Cali puso de presente que el señor Segura
Toloza presentó denuncia penal (NUNC 760016000199202518461) por los delitos
de prevaricato por omisión y corrupción contra funcionarios de la UNP, una empresa
contratista de vehículos y un juez administrativo, al considerar que existe un
esquema irregular en la contratación y prestación del servicio de transporte
asignado a su esquema de seguridad.

19. Al margen de eso, solicitó su falta de legitimación en la causa por pasiva, tras
afirmar que no es la responsable directa de la presunta vulneración de derechos
alegada en la presente acción de tutela.

20. La Dirección Seccional de Tolima de la Fiscalía General de la Nación
informó que el 18 de junio de 2026 consultó en el Sistema Misional de Información
SPOA los procesos en los que el accionante figura como denunciante/víctima y el
señor Augusto Rodríguez Ballestero (director de la UNP) como indiciado y encontró
alrededor de 9 expedientes, los cuales se tramitan en diferentes despachos.

4
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21. Luego de ello, indicó que les remitió a tales autoridades copia de la presente
actuación. Además, solicitó su falta de legitimación en la causa tras advertir que no
se evidenciaba participación, conocimiento o actuación por parte de la Dirección
Seccional Tolima, respecto de los hechos y pretensiones que fundamentan la tutela
de la referencia.

22. Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó que se
negara la solicitud de amparo. Para el efecto, mencionó que no se configura la mora
judicial alegada por la parte actora, habida cuenta de que el plazo transcurrido
desde la presentación de la medida cautelar de urgencia, a la fecha, era menor de
30 días. Tal plazo, en su sentir, es razonable, máxime si se tiene en cuenta la carga
laboral de ese despacho.

23. A efectos de explicar su afirmación, mencionó que tiene actualmente 1.325
procesos e hizo referencia a la situación pública de congestión judicial que afecta a
la jurisdicción contencioso-administrativa.

24. La Fiscalía 48 Delegada ante los Jueces del Circuito mencionó que está
tramitando la noticia criminal 760016000199202551525 y
760016000199202623106, adelantadas por el accionante en contra de algunos
magistrados y jueces de la República, así como, personas adscritas a la UNP por el
delito de prevaricato por acción y omisión, respectivamente.

25. De otro lado, afirmó que no tiene relación con los hechos de la tutela, en tanto
le ha garantizado el derecho de acceso a la administración de justicia al accionante.
En esa medida, solicitó la declaratoria de falta de legitimación en la causa por
pasiva.

26. La Fiscalía 112 Delegada ante el Tribunal «DECC» afirmó que aquella
autoridad no investiga ningún hecho directamente vinculado con los supuestos
facticos de la tutela.

27. Sin perjuicio de ello, mencionó que está en el deber legal de informar que las
diversas investigaciones que se adelantan en su despacho tienen patrones
comunes y sistemáticos que coinciden con lo advertido en «informe de inteligencia
[…] y el fallo de la Corte Suprema de Justicia del pasado 24 de febrero de 2024
(expediente 151.809)». Esto es, que el accionante instrumentaliza el sistema penal
y las acciones de tutela para forzar beneficios de seguridad que técnicamente no le
corresponden.

28. Aunado a lo anterior, indicó que no tiene facultades legales para ordenarle a
la UNP la implementación de seguridad que pretende el accionante, por lo que
solicitó su desvinculación del trámite y la declaratoria de improcedencia de la
solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES

5
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29. La Sala negará la solicitud de amparo en relación con los reparos por mora
judicial y declarará la improcedencia de la tutela respecto de las decisiones
adoptadas por la UNP. Para ello, se analizarán los siguientes puntos: (i) el
cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela; especial énfasis en
tutela contra actos administrativos y, (ii) la presunta mora judicial injustificada.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo cumple parcialmente con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela

30. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la subsidiariedad. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
de tutela pueda emitir una decisión de fondo6.

31. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:

32. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

33. La Sala advierte que el señor Jhon Jair Segura Toloza está legitimado en la
causa por activa, ya que es el demandante del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-03-24-000-2019-
00211-00, cuya mora judicial se reprocha mediante esta vía. Asimismo, porque es
el destinatario de las Resoluciones 002798 del 30 de marzo y 004238 del 8 de mayo
de 2026 expedidas por la UNP.

34. Ahora bien, se evidencia que el Sección Primera del Consejo de Estado y la
UNP están legitimadas en la causa por pasiva, en tanto la primera, es la autoridad
judicial a cargo del proceso arriba referenciado y respecto del cual se predica la
mora judicial. Y, la segunda, es la autoridad que profirió los actos administrativos
objeto de la presente decisión.

35. Por otra parte, no se advierte ningún reparo concreto dirigido en contra de la
Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de Bogotá, ni el Ministerio
del Interior. En consecuencia, la Sala declarará su falta de legitimación en la causa

6
Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021
6
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por pasiva y, por consiguiente, las desvinculará del presente trámite.

36. Así, por sustracción de materia, no se hará un pronunciamiento
individualizado respecto de cada una de las intervenciones recibidas por parte de
los distintos despachos de la Fiscalía General de la Nación que solicitaron su
desvinculación.

37. De otro lado, la Sala accederá a la desvinculación solicitada por la Alcaldía
Municipal de Santa Bárbara de Iscuandé, pues aun cuando su vinculación fue
ordenada mediante providencia del 11 de junio de 2026, luego del recuento de los
hechos y del fundamento de la vulneración, no es posible evidenciar que al ente
territorial le asista interés respecto al objeto de la litis.

38. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el
derecho fundamental7.

39. El accionante cumplió debidamente con esta carga, pues alega que se sigue
presentando la afectación de sus derechos fundamentales a la fecha de
interposición de la solicitud de amparo.

40. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado acción de tutela
solo procede en dos casos excepcionales8: i) como mecanismo de protección
definitivo, si el afecto no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo9 y eficaz10
y, ii) como mecanismo de protección transitoria.

41. Pues bien, para el estudio del presente requisito es menester recordar que el
accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales en virtud de dos
cargos puntuales: 1) la mora judicial de la Sección Primera de la corporación para
resolver la solicitud de medida cautelar elevada el pasado 21 de mayo de 2026 y;
2) la decisión de la UNP de dar por finalizado su esquema de protección.

42. Así, la Sala precisa que en relación con el primer cargo; esto es, la mora
judicial, el requisito de la subsidiariedad se encuentra acreditado, dado que el actor
no cuenta con otros mecanismos judiciales para reprochar la falta de trámite del
proceso judicial en el que figura como sujeto procesal.

43. Sin perjuicio de lo anterior, no ocurre lo mismo en relación con los reproches
formulados en torno a las decisiones emitidas por la UNP en relación con su nivel

7
Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
8
Sentencia T-183 de 2024.
9
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir
el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
10
Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
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de riesgo y esquema de protección, las cuales fueron adoptadas mediante las
Resoluciones 002798 del 30 de marzo y 004238 del 8 de mayo de 2026.

44. Al respecto, no puede perderse de vista que la jurisprudencia constitucional
ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir
la validez ni la legalidad de los actos administrativos.

45. Lo anterior, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente, a
través de los respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Esta es la vía procesal idónea para que el legislador ha diseñado
para la garantía de los derechos11.

46. Así las cosas, la Corte ha precisado que «conforme al carácter residual de la
tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las
actuaciones administrativas, puesto que, para ello, están previstas las acciones ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela
cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales
cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa
administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable (…)»12.

47. En el sub judice, el señor Segura Tolosa pretende cuestionar la decisión
emitida por la UNP de finalizar las medidas de protección consistentes en: un (1)
vehículo blindado, dos (2) personas de protección, un (1) medio de comunicación,
que previamente le habían sido otorgadas. Para el efecto, afirmó que dicha
autoridad no tuvo en cuenta su situación real de riesgo, ni los elementos de juicio
que lo permiten corroborar, pues estarían ejerciendo persecución en su contra.

48. Lo anterior permite entrever que lo que persigue el accionante, en realidad,
es controvertir la legalidad de los actos administrativos y, por esa vía, se le
impongan medidas de protección superiores en virtud del riesgo al que considera,
está expuesto. Tal situación, sin mayores elucubraciones, permite advertir que el
objeto de la litis excede la órbita de competencia del juez de tutela, en tanto el
ordenamiento jurídico prevé otros mecanismos para tales fines.

49. En efecto, se considera que, para ello, el actor debe ejercer el medio de
control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, por la presunta
desviación de las atribuciones de la autoridad a su cargo o por expedición irregular,
según corresponda. Circunstancia que, se reitera, vía acción de tutela es
improcedente.

50. Aunado a lo anterior, si lo que pretende el accionante es demostrar un
presunto hecho punible por parte del director de la UNP o de los funcionarios de
dicha autoridad, deberá acudir ante las autoridades judiciales que correspondan. En
efecto, de las intervenciones allegadas al presente trámite constitucional, se tuvo

11
Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2018.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2015.
8
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conocimiento de que al interior de la Fiscalía General de la Nación se tramitan
numerosas denuncias penales en contra de tales servidores.

51. Por consiguiente, es al interior de aquellas investigaciones, en las que el
tutelante deberá hacer valer sus intereses, demostrar que es víctima de un presunto
delito y allegar las pruebas que tiene en su poder.

52. Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela es
improcedente respecto el cargo dirigido a cuestionar las Resoluciones 002798 del
30 de marzo y 004238 del 8 de mayo de 2026. En esa medida, solo se procederá a
realizarse un estudio de fondo frente a la presunta mora judicial injustificada de la
Sección Primera del Consejo de Estado.

2.1.2. En el caso objeto de estudio no hay mora judicial injustificada por parte
de la Sección Primera del Consejo de Estado

53. Como se ha expuesto, el accionante adjudicó la vulneración de sus garantías
constitucionales a la mora judicial del Sección Primera del Consejo de Estado, al
resolver la solicitud de medidas cautelares que radicó el pasado 21 de mayo de
2026, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado: 11001-03-24-000-2019-00211-00.

54. Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora
judicial puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, en los casos que: «(i) se presenta un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es
la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial»13.

55. De una revisión de las piezas procesales, así como, del expediente
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es posible
advertir que no existe una mora judicial por parte del magistrado conductor del
proceso.

56. En efecto, se evidencia que la solicitud de medida cautelar fue radicada el 21
de mayo de 2026, mientras que la acción de tutela el 6 de junio del presente año.
Esto es, cuando aún no había transcurrido ni siquiera 1 mes desde que se pidió la
medida y el despacho tiene una carga laboral de más de 1.300 expedientes.

57. Por lo anterior, no se advierte una dilación en la adopción de la decisión
judicial que corresponde, ni mucho menos una conducta negligente o injustificada
por parte del operador judicial a cargo del proceso. Por el contrario, se estima que
la autoridad judicial se encuentra en el margen de un periodo que se estima como

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Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-179
de 2021.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Jhon Jair Segura Toloza
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04380-00

razonable para dar trámite a la mentada solicitud, máxime cuando aquel tiene una
significativa carga laboral que indiscutiblemente repercute en el tiempo que requiere
para resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento.

58. En ese sentido, la Sala negará la solicitud de amparo interpuesta por el señor
Jhon Jair Segura Toloza, tras no advertir una mora judicial injustificada por parte de
la autoridad judicial accionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA, respecto de la acción de tutela
presentada por la parte actora, en contra de las Resoluciones 002798 del 30 de
marzo y 004238 del 8 de mayo de 2026 proferidas por la Unidad Nacional de
Protección.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela respecto al cargo por mora judicial en contra
de la Sección Primera del Consejo de Estado, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado: 11001-03-24-000-2019-
00211-00.

TERCERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de Bogotá y
el Ministerio del Interior.

CUARTO: ACCEDER a la desvinculación solicitada por la Alcaldía Municipal de
Santa Bárbara de Iscuandé.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Accionante: Jhon Jair Segura Toloza
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04380-00

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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