Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04385-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04385-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04385-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
2 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04385-00
Demandante: CONJUNTO RESIDENCIAL FÉNIX
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTROS
TEMA: Tutela de fondo. Acción de tutela para obtener el cumplimiento
de una sentencia judicial. Declara improcedente – incidente de
desacato en trámite - artículo 41 de la Ley 472 de 1998. Ampara
debido proceso por mora judicial injustificada.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el Conjunto Residencial
Fénix contra el Tribunal Administrativo del Tolima y otros, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud
El Conjunto Residencial Fénix, a través de su representante legal2, presentó acción
de tutela3 contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el municipio de Ibagué, la
Corporación Autónoma del Tolima (CORTOLIMA), la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.S. E.S.P. y las compañías INGECO S.A.S. y
ABC S.A.S., con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales «a la vida
digna, al ambiente sano, al agua y a la salud».
Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión del
presunto incumplimiento de las órdenes dictadas en el proceso de protección de
derechos e intereses colectivos promovido por la señora Margarita Rosa Rivillas
Correal contra el municipio de Ibagué, identificado con el radicado 73001-23-33-
004-2017-00572-00; así como por la mora judicial en los incidentes de desacato
promovidos dentro de la misma causa.
1.2. Pretensiones
La parte actora pidió lo siguiente:
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 La señora Gimena Fernanda Tascón Diaz.
3 Mediante escrito radicado el 4 de junio de 2026, a través del aplicativo web de recepción de tutelas
y habeas corpus en línea. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto de Familia del
Circuito Judicial de Ibagué, autoridad judicial que mediante auto de 5 de junio de 2026 ordenó la
remisión del expediente al Consejo de Estado, en atención a lo previsto el Decreto 333 de 2021.
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Demandante: Conjunto Residencial Fénix
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
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3.1 Se ordene reconocer a la QUEBRADA CRISTALES que circunda el Barrio
Calambeo del Municipio de Ibagué, como sujeto de derechos, reconociéndole las
prerrogativas de protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del
MUNICIPIO DE IBAGUÉ y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLIMA CORTOLIMA.
3.2 Solicito se ordene a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
CORTOLIMA, que efectúe las acciones de su resorte a fin controlar la deforestación,
degradación, erosión y fragmentación ecológica causadas a la QUEBRADA
CRISTALES por parte del MUNICIPIO DE IBAGUÉ, el IBAL S.A E.S.P., la Compañía
ABC S.A.S., como se dejó sentado en la VISITA AMBIENTAL, adelantada el 15 de
agosto de 2025.
3.3 Solicito se ordene a la Alcaldía Municipal de Ibagué que en conjunto con la
Compañía ABC S.A.S, identificada con Nit. 900940418-2, finalicen la ejecución del
Contrato No. 2939 de 9/11/2023, efectuando con carácter inmediato la “Construcción
de obras civiles de control de erosión, corrección y protección del cauce - orilla de la
Quebrada Cristales Sector Conjunto Fénix, Barrio Calambeo”
3.4 Solicito se ordene a la Alcaldía Municipal de Ibagué que en conjunto con la
Compañía ABC S.A.S, identificada con Nit. 900940418-2, efectúe la intervención
inmediata del muro de contención en concreto que el constructor comenzó a demoler
y fue dejado en abandono, sin terminar su demolición, ni ejecutar ninguna obra de
mitigación para evitar el colapso, disponiendo con carácter inmediato la señalización
o cercamiento de esa parte de la obra que está expuesta a una altura de más de
nueve metros sin ningún tipo de encerramiento que pudiese evitar una posible
fatalidad.
3.5 Solicito se ordene a la Alcaldía Municipal de Ibagué que en conjunto con la
Compañía ABC S.A.S, identificada con Nit. 900940418-2, efectúe la remoción
inmediata de los DOS (2) container´s que fueron abandonados en la zona contigua a
la quebrada y que efectúen la reparación de la vía.
3.6 Solicito se ordene a empresa INGECO - Ingeniería de Construcciones S.A.S,
identificada con NIT. 890115120-1, que con carácter urgente reestablezca la
Interventoría técnica del Contrato No. 2940 del 9/11/2023, a fin de que se pueda
reanudar las obras suspendidas por la Compañía ABC S.A.S.
3.7 Que la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P.
OFICIAL, con carácter urgente intervenga los vertimientos de aguas residuales que
está generando la tubería aérea en gres de 8” a la Quebrada Cristales, en el punto
de coordenadas (P1): N4.45366°, W-75.22862°, la cual proviene presuntamente del
Conjunto Residencial San Felipe del Barrio Calambeo del Municipio de Ibagué y se
conecta a un pozo de inspección ubicado alrededor de las coordenadas N4.45368°,
W-75.22851°.
3.8 Las demás acciones tendientes a proteger todos los derechos fundamentales de
los residentes del CONJUNTO FENIX y del BARRIO CALAMBEO, a causa del
deterioro de las paredes de protección de la QUEBRADA CRISTALES, a fin de evitar
una catástrofe.
1.3. Hechos
La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:
Explicó que el 23 de noviembre de 2015, la señora Margarita Rosa Rivillas, en
representación del Conjunto Residencial Fénix, promovió una acción popular en
contra del municipio de Ibagué, con el fin obtener la protección de los derechos
colectivos de los habitantes ese conjunto.
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Señaló que el proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Tolima; corporación que en sentencia de 4 de diciembre de 2017 amparó los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio público, a la
utilización y defensa de los bienes de uso público, y a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las siguientes órdenes
con miras a efectivizar la protección de los derechos e intereses colectivos
mencionados:
a) El ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUÉ: en coordinación con las respectivas
autoridades ambientales y en un término máximo de seis (6) meses, contados
a partir de la ejecutoria de esta sentencia, deberá llevar a cabo los respectivos
estudios técnicos – especializados y científicos, acerca de las condiciones del
terreno correspondientes a la Quebrada Cristales contiguo al Conjunto
Residencial Fénix (Sector Calambeo), ubicado en la Calle 19 No. 13- 195 de
Ibagué, que permitan establecer las pertinentes medidas de prevención y
mitigación para el caso; ya sea con la construcción de un nuevo muro de
contención u otra alternativa equivalente que resulte efectiva para precaver
eventuales riesgos de desastres como el que dio origen a la presente acción.
Así mismo, las obras civiles en mención, deben ser entregadas a la comunidad
por parte del Municipio de Ibagué, dentro de los seis (6) meses siguientes a la
culminación de los estudios técnicos ordenados precedentemente. (subrayas
fuera de texto)
b) La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA,
en cumplimiento de sus funciones legales ejercerá el respectivo seguimiento,
vigilancia y control ambiental sobre las obras civiles que despliegue el Municipio
de Ibagué en cumplimiento de la presente sentencia; adelantando las
correspondientes mediciones y verificaciones de posibles vertimientos,
emisiones y/o desechos de agentes contaminantes a los recursos naturales del
sector, con miras a ejecutar todas las actuaciones pertinentes del caso.
c) El ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUÉ y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA, deberán remitir a esta instancia
informes trimestrales contentivos sobre las medidas decretadas por esta
Corporación.
Destacó que esta decisión fue confirmada por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante providencia de 5 de julio de 2019, en la que, además, se agregó
lo siguiente:
TERCERO: ADVERTIR al Municipio de Ibagué que las órdenes impartidas por el a
quo no lo eximen, conforme a las funciones que le son, propias, de la adopción de
cualquier otra medida que resulte necesaria como principal responsable de la
atención y prevención del riesgo en el sector donde se ubica el conjunto residencial
Fénix.
Manifestó que, ante el incumplimiento de las órdenes impartidas por los jueces de
instancia, procedió a solicitar la apertura del respectivo incidente de desacato.
Expuso que mediante auto de 5 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo del
Tolima declaró que el alcalde de Ibagué, el señor Andrés Fabian Hurtado Barrera,
incurrió en desacato a lo ordenado en la sentencia de 4 de diciembre de 2017,
confirmada mediante el fallo de 5 de julio de 2019. Por lo tanto, lo sancionó con una
multa de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Comentó que la anterior decisión fue revocada por la Sección Primera del Consejo
de Estado, a través de proveído de 29 de agosto de 2024, en la que se le ordenó al
Tribunal Administrativo del Tolima que «de manera inmediata, inicie un nuevo
incidente de desacato a las sentencias de 4 de diciembre de 2017 y 5 de julio de
2019, contra quien ostente la calidad de alcalde de la ciudad de Ibagué», toda vez
que «la persona que fue sancionada ya no tiene esa calidad».
Puso de presente que el 8 de octubre de 2024, en cumplimiento de lo anterior, la
autoridad judicial accionada inició el incidente de desacato contra la alcaldesa de
Ibagué, señora Johana Ximena Aranda Rivera, y la directora de la Corporación
Autónoma Regional del Tolima, señora Olga Lucia Alfonso Lannini y les concedió el
término de 3 días para que se pronunciaran, así como para que solicitaran y
aportaran las pruebas que pretendían hacer valer.
Indicó que la Alcaldía de Ibagué informó que el 9 de julio de 2025 se iniciaría la
ejecución de las obras con la compañía ABC S.A.S., con ocasión al contrato de obra
2029-02023 y el contrato de interventoría 2940 de 2023, suscrito con INGECO
S.A.S.
No obstante, alegó que solamente se avanzó con un 30 % de la ejecución de las
obras, toda vez que el 8 de septiembre de 2025 estas fueron suspendidas, sin
alguna explicación. En ese sentido, indicó que solo se instalaron unas mallas con
piedras en algunas partes de la quebrada, pero que quedó pendiente el resto de las
labores.
Comentó que el 28 de octubre de 2025 radicó una petición ante la Alcaldía de
Ibagué, con copia al Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de que se reinicien
las actividades emanadas del contrato de obra 2939-02023.
Dijo que la Alcaldía de Ibagué contestó la petición en el sentido de informar que no
es posible determinar una fecha estimada para el reinicio de las obras hasta tanto
no se culmine el proceso de liquidación del contrato de interventoría 2940 de 2023.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales, al señalar
que, pese a las órdenes impartidas en el proceso de protección de derechos e
intereses colectivos identificado con el radicado 73001-23-33-004-2017-00572-00,
han pasado casi 7 años sin que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en ese
proceso, con lo cual se siguen generando daños alrededor de la quebrada Cristales
y, en consecuencia, en las viviendas que se sitúan cerca a esta.
Alegó que, aunque el 8 de octubre de 2024 el Tribunal Administrativo del Tolima dio
apertura a un nuevo incidente de desacato contra la alcaldesa de Ibagué y la
directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), a la
fecha de radicación de esta acción constitucional no se ha tomado alguna
determinación, con lo cual existe una mora judicial por parte del magistrado ponente.
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Explicó que la compañía ABC S.A.S. cuando ejecutó las obras hizo una «tala
indiscriminada de los árboles situados a lado y lado de dos márgenes aguas abajo
de la Quebrada Cristales, además de que con su maquinaria pesada
(Retroexcavadoras y Volquetas) ocasionaron dañó en los andenes y deterioro la
vía»4.
Trajo a colación que el 15 de agosto de 2025, se llevó a cabo una visita ambiental
por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) en la que
quedó registrado el desgate ambiental generado con ocasión a las obras, así como
los presuntos responsables de estos actos; circunstancias que también fueron
informadas al Tribunal Administrativo del Tolima.
Acotó que frente a la portería del Conjunto Residencial Fénix existe un muro de
contención en concreto que empezó a demolerse por parte de la compañía ABC
S.A.S., sin que se terminara «su demolición ni ejecutar ninguna obra de mitigación
para evitar el colapso o la subsiguiente erosión continua por la presencia de ese
muro, quedando esa parte de la obra expuesta a una altura de más de nueve metros
sin ningún tipo de contención, señalización o cercamiento que pudiese evitar una
posible fatalidad con alguna persona o animal».
Puso de presente que la acción de tutela es el único mecanismo de protección,
puesto que en este asunto se colige que hay un perjuicio inminente o próximo a
suceder, comoquiera que la «construcción está en riesgo de socavar produciendo
daños colaterales a personas y bienes» y a que en la quebrada quedó material
suelto (piedras, arena, tierra, desechos de la tala de árboles) que generan erosión
severa al terreno y produce un mayor riesgo de inundaciones; máxime cuando en
el barrio viven sujetos de especial protección como menores de edad, personas en
condición de discapacidad y adultos mayores.
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 10 de junio de 2026, el magistrado ponente de esta decisión admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Tolima5, al municipio de Ibagué, a la Corporación
Autónoma del Tolima (CORTOLIMA), a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A.S. E.S.P. y a las compañías INGECO S.A.S. y ABC S.A.S.6, en calidad de
autoridades accionadas.
Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de
1991, vinculó como terceros interesados a la Sección Primera del Consejo de
Estado [autoridad que conoció el proceso popular en segunda instancia], a la Procuraduría
Judicial Ambiental y Agraria del Tolima [interviniente en el asunto popular], a la señora
Margarita Rosa Rivillas Correal7 [extremo actor en el trámite popular], y a todas aquellas
personas o entidades que hubieren participado en el proceso de protección de los
derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 73001-23-33-004-2017-
00572-00.
4 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
5 Notificado a los correos stadtol@cendoj.ramajudicial.gov.co y sgtadmintol@notificacionesrj.gov.co.
6 Notificado al buzón companiaabcsas@gmail.com.
7 Notificada a las direcciones leslie.juridico@gmail.com, juridico@gmail.com y
rojasjuridico@hotmail.com.
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1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se recibieron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima
La secretaría de la corporación remitió el enlace de consulta del proceso 73001-23-
33-004-2017-00572-00.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Primera
Luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales adelantadas al interior
del proceso 73001-23-33-004-2017-00572-00, el magistrado ponente de la Sección
Primera del Consejo de Estado solicitó que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva y, en consecuencia, se le desvincule del trámite constitucional,
«debido a que no se le atribuye a esta Corporación la transgresión que dio lugar a
la interposición de la acción regulada en el artículo 86 de la Constitución Política,
pues la aparente «mora judicial» que se alega, tiene origen en un incidente de
desacato que está siendo tramitado actualmente por el Tribunal Administrativo del
Tolima».
1.6.3. Procuraduría General de la Nación
El procurador 20 Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela. Sin embargo, pidió que se exhorte al Tribunal
Administrativo de Tolima para que: (i) conmine a la Alcaldía de Ibagué al
cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de 4 de diciembre de 2017,
en el marco del proceso 73001-23-33-004-2017-00572-00, o (ii) inicie el incidente
de desacato, imponga las sanciones al comprobarse el incumplimiento de los
referidos mandatos y compulse copias a la Fiscalía General de la Nación.
De otro lado, indicó que el mecanismo de amparo no cumple con los requisitos de
procedibilidad, puesto que, aun cuando discute asuntos de evidente relevancia
constitucional, no se acreditan los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez.
Sobre el primer supuesto, indicó que el accionante tiene el incidente de desacato
para que se revise el presunto incumplimiento de las órdenes de protección de los
derechos colectivos. Y en cuanto al segundo, destacó que ni el escrito de tutela ni
sus anexos dan cuenta de la ocurrencia de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito
que expliquen la inactividad del actor durante siete meses y veintidós días.
Ahora bien, en relación con la solicitud de la parte actora para que se declare a la
quebrada Cristales como sujeto de derechos, consideró que aunque tal fuente
hídrica tiene relevancia ambiental, no es procedente acceder a tal solicitud, puesto
que «ese cuerpo de agua puede ser protegido a través de otras figuras regulatorias
ya previstas en el ordenamiento nacional, como por ejemplo, los planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA) a la que esta pertenezca
o los planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH)».
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Finalmente, indicó que el juez constitucional no cuenta con los elementos
necesarios para ponderar las consecuencias derivadas de la situación, teniendo en
cuenta que el extremo accionante no acreditó ni siquiera sumariamente la
ocurrencia de deterioros o daños irreversibles respecto de la quebrada Cristales.
1.6.4. INGECO S.A.S.
El representante legal de la sociedad se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
En primer lugar, resaltó que las órdenes impartidas en la sentencia de 4 de
diciembre de 2017 se dieron al municipio de Ibagué y a la Corporación Autónoma
del Tolima (CORTOLIMA), por lo que la vulneración puesta de presente por la parte
actora deviene de la inactividad estatal en acatar dicho fallo por más de 7 años,
razón por lo cual no se le puede atribuir dicha dilación a la interventora INGECO
S.A.S. y, en consecuencia, no es la llamada a responder por las pretensiones del
escrito de tutela.
Afirmó que le consta que entre el municipio de Ibagué y la Compañía ABC S.A.S.
se celebró el contrato de obra 2939-2023 por el valor de $ 1.724.779.353, toda vez
que INGECO S.A.S. suscribió con el municipio el contrato de interventoría 2940 de
9 de noviembre de 2023, por un valor de $ 114.516.080 y un plazo de ejecución de
3 meses, cuyo objeto era «ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera,
ambiental y jurídica al Contrato de Obra No. 2939-2023, contrato de obra este último
del cual mi representada nunca fue parte».
Sin embargo, afirmó que contrario a lo afirmado por la parte actora, el contrato de
interventoría no fue suspendido, sino que lo que ocurrió fue que su plazo de
ejecución venció el 9 de septiembre de 2025. Así mismo, consideró que la
terminación del contrato no es atribuible a una causa o incumplimiento de la
interventoría.
Sostuvo que es cierto que la Compañía ABC S.A.S. inició la demolición de un muro
de contención sin que la culminara, dado que la interventoría ejerció seguimiento
durante la vigencia del contrato y reportó estas observaciones al municipio, pero no
le consta el estado actual del muro, teniendo en cuenta que el contrato expiró.
Así mismo, señaló que es cierto que desde el inicio de las obras «advirtió sobre los
riesgos asociados al peso de los contenedores y su efecto sobre la vía, advertencias
comunicadas al contratista y al Municipio. La decisión de retirarlos correspondía al
contratista bajo dirección del Municipio. A la fecha de vencimiento del contrato, los
contenedores no habían sido removidos, sin que ello sea imputable a la
interventoría».
En cuanto a la petición de 28 de octubre de 2025 en la que se solicitó el reinicio de
actividades, precisó que esta fue presentada con posterioridad al vencimiento del
contrato, por lo que ya no tenía competencia sobre el de obra ni sobre el de
interventoría, toda vez que ya estaba en proceso de liquidación.
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Consideró que si el juez constitucional estima necesaria la continuación de la
interventoría debe dirigir la orden al municipio de Ibagué para que suscriba la
respectiva prórroga y adición del contrato con el respaldo presupuestal, comoquiera
que una vez vencido el contrato de interventoría 2940-2023, INGECO S.A.S. carece
de competencia para reanudarlo, en virtud de lo consagrado en el artículo 40 de la
Ley 80 de 1993.
Finalmente, aludió que no es la llamada a responder por las pretensiones de la
demanda, porque (i) no es parte del contrato de obra; (ii) no es autoridad ambiental
ni de gestión del riesgo encargada de cumplir el fallo, y (iii) no tiene competencia
legal para el reconocimiento de derechos a la quebrada Cristales.
1.6.5. Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P.
El apoderado de la entidad solicitó que se declare improcedente la pretensión que
se dirige en contra de su poderdante, por no cumplir el requisito de subsidiariedad,
toda vez que la accionante tiene a su disposición un medio de defensa idóneo y
eficaz como lo es el proceso sancionatorio ambiental regulado en la Ley 1333 de
2009, que en la actualidad se adelanta contra esa empresa bajo el radicado SAN
26622. Al respecto, agregó:
De conformidad con la Ley 1333/2009, CORTOLIMA cuenta con las herramientas
para, inclusive, ordenar medidas preventivas. De igual manera de continuarse con el
proceso administrativo sancionatorio se cuenta con un proceso debidamente
estructurado que está diseñado para garantizar el derecho fundamental al debido
proceso. Y finalmente, sin desconocer la importancia que tiene la eliminación pronta
del vertimiento en aras de proteger el medio ambiente, lo cual el IBAL es plenamente
consciente y desde ya se encuentra trabajando ene se norte, no veo de qué manera
un vertimiento le pueda ocasionar un perjuicio irremediable a la parte accionante, al
medio ambiente o a cualquier otra persona.
Puso de presente que no actuó dentro de la acción popular que dio origen a esta
acción de tutela, razón por la cual resaltó que las órdenes impartidas en ese proceso
no fueron dirigidas a ella sino única y exclusivamente en contra del municipio de
Ibagué y la Corporación Autónoma del Tolima (CORTOLIMA).
Informó que el 9 de junio de 2026 le fue notificada la Resolución 2765 a través de
la cual se inició el proceso sancionatorio ambiental en su contra por la presunta
comisión de la infracción consistente en la generación de vertimientos de aguas
residuales sin previo tratamiento en la quebrada Cristales; problemática sobre la
cual ya se encuentra adelantando los trámites correspondientes.
Comentó que no es parte en los contratos de obra que celebraron las entidades
accionadas, por lo que no puede ser el llamado a responder por la finalización de
estas.
1.6.6. Alcaldía de Ibagué
La Oficina Jurídica del municipio de Ibagué solicitó que se declare improcedente la
acción de amparo o que, subsidiariamente, se nieguen las pretensiones de la
demanda.
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Sobre la improcedencia de la acción de tutela indicó que para la protección de los
derechos e intereses colectivos invocados por la parte actora existe un mecanismo
judicial idóneo, que en la actualidad se encuentra en curso, consistente en la acción
popular y su respectivo incidente de desacato, que se encuentran reglados en la
Ley 472 de 1998.
En cuanto a la existencia de un perjuicio irremediable destacó que no se acreditan
los elementos exigidos por la Corte Constitucional para la configuración de este,
puesto que la sola existencia de un proceso judicial en curso desvirtúa la
irremediabilidad exigida.
En relación con el riesgo inminente que puso de presente la parte accionante,
consideró que este «es, en realidad, el mismo que dio origen a la acción popular
instaurada en el año 2015 y fallada en 2017. Se trata, por tanto, de una situación
estructural y prolongada en el tiempo —siete años, según la propia accionante—,
lo que riñe con la nota de inminencia y con el carácter perentorio y actual que la
jurisprudencia exige para el perjuicio irremediable».
Adujo que, aunque la parte actora sustentó el riesgo en registros fotográficos y
comunicaciones, no aportó un dictamen técnico, estudio geotécnico, concepto de
la autoridad de gestión del riesgo o prueba pericial que acreditara con un grado de
certeza la magnitud del daño, lo cual no satisface el estándar probatorio requerido
para desplazar el carácter subsidiario de la acción de tutela.
Expuso que esa entidad no ha permanecido inactiva frente a las órdenes impartidas
en la acción popular, sino que por el contrario ha celebrado los contratos de obra e
interventoría y dispuso los registros presupuestales por el valor de $ 1.724.779.353
para iniciar la ejecución material de las obras de protección del cauce de la
quebrada.
Alegó que la mora judicial invocada por el accionante respecto del incidente de
desacato se predica únicamente frente al Tribunal Administrativo del Tolima, motivo
por el cual pidió que se declara la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Alcaldía de Ibagué.
Ahora bien, de cara a las pretensiones relacionadas con que se ordene la ejecución
de contratos estatales, trajo a colación que la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que la acción de tutela no es la vía adecuada para analizar tales
peticiones.
Finalmente, solicitó que se disponga la improcedencia de la declaratoria de la
quebrada Cristales como sujeto de derechos, puesto que ello «exige un análisis
probatorio, técnico, ambiental y constitucional complejo que excede el ámbito
sumario y preferente de la acción de tutela y que, en todo caso, corresponde al
escenario de la acción popular ya en curso».
1.6.7. Corporación Autónoma del Tolima (CORTOLIMA)
El apoderado de la entidad pidió que se declare improcedente este mecanismo de
amparo o que, en subsidio, de estimarse que existe un riesgo inminente, se le
exonere de toda responsabilidad y se concentren las órdenes en el municipio de
Ibagué por ser el encargado de la gestión del riesgo y dueño de la obra pública civil.
9
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Explicó que con ocasión a la ejecución del contrato de obra 2939-2023 la
Corporación Autónoma del Tolima (CORTOLIMA) evidenció acciones que
generaron el inicio del correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio
ambiental, conforme a lo previsto en la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley
2387 de 2024. Por esta razón, estimó que ha realizado todas las gestiones
pertinentes y conducentes para garantizar la protección de los derechos colectivos
amparados en la acción popular.
Alegó que la acción de tutela no es el mecanismo procedente en este caso, puesto
que la parte actora cuenta los medios de defensa judicial consagrados en la Ley
472 de 1998 para exigir la protección de sus garantías colectivas. Máxime cuando
en la actualidad existe un trámite incidental en curso encaminado a evaluar y forzar
el cumplimiento de las órdenes de mitigación de la quebrada Cristales.
Adujo que «no es una entidad constructora de infraestructura civil, ni le corresponde
la ejecución de contratos de obra pública, andenes, vías urbanas o redes de
alcantarillado, obligaciones que recaen constitucional y legalmente sobre el
Municipio de Ibagué y la empresa IBAL S.A. E.S.P».
Informó que el 15 de agosto de 2025 realizó una visita rigurosa de inspección ocular
en la quebrada Cristales en la que identificó «presuntas infracciones ambientales
consistentes en el aprovechamiento forestal no autorizado de 13 árboles y 58
culmos de Guadua angustifolia por parte del Municipio de Ibagué y su contratista
(Compañía ABC S.A.S.), excediendo los topes permitidos en la Resolución No.
0219 del 3 de febrero de 2025», así como la «ruptura en la tubería de gres de 8"
operada por el IBAL S.A. E.S.P., la cual genera vertimientos directos de aguas
residuales al cauce».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el Conjunto Residencial Fénix, de conformidad con lo establecido
por el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y el Acuerdo 080 de 20198 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
La Sección Primera del Consejo de Estado, INGECO S.A.S. y la Alcaldía de Ibagué
solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional al considerar que
carecen de legitimación en la causa por pasiva.
Sin embargo, no se accederá a estas pretensiones, teniendo en cuenta que la
Sección Primera del Consejo de Estado fue vinculada como tercero interesado al
haber conocido el proceso popular en segunda instancia.
8 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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Por su parte, la vinculación de INGECO S.A.S. y de la Alcaldía de Ibagué resulta
necesaria, toda vez que contra estas dos entidades se reprocha la presunta
vulneración de los derechos fundamentales del conjunto accionante.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales del accionante ante el presunto
incumplimiento de las órdenes dictadas en el proceso de protección de derechos e
intereses colectivos identificado con el radicado 73001-23-33-004-2017-00572-00;
así como por la mora judicial en los incidentes de desacato promovidos por la misma
causa.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza
de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela e
improcedencia cuando existan otras vías judiciales disponibles y eficaces, (iii) las
generalidades de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, (iv) la mora judicial justificada, y (v) el caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9.
2.5. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.10
9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
10 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
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La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
deviene en la improcedencia de este mecanismo11.
El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»12.
2.6. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución13, del derecho fundamental al
debido proceso14 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter
de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia15.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
11Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
12 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
13 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
14 «Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
// Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. // En
materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable. // Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. //
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
15 Sentencia T-006 de 1992.
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procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»16.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar
ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender
las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de
que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden
jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real
y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión
[…]»17.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una
respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y
garantías”18, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales
de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el
acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se
deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende
por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los
jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un
avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»19.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia20 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de
las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que
se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de
los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política
ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho
sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen
el ideal de la justicia material […]»21.
16 Sentencia T-476 de 1998.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
18 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
19 Ibídem.
20 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional.
21 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
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2.7. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes22.
Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»23. En esa línea
esa corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial24, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y al debido proceso de las partes.
2.8. Caso concreto
2.8.1. En el sub examine, el Conjunto Residencial Fénix consideró vulnerados sus
derechos fundamentales por la omisión de las autoridades accionadas en velar por
el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de 4 de diciembre de
2017 del Tribunal Administrativo del Tolima, confirmada por la Sección Primera del
Consejo de Estado, mediante providencia de 5 de julio de 2019, en el marco del
proceso de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el
radicado 73001-23-33-004-2017-00572-00.
22 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
23 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
24 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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En consecuencia, el extremo actor solicitó como pretensiones: (i) que se reconozca
a la quebrada Cristales como sujeto de derechos; (ii) que se ordene a la Corporación
Autónoma del Tolima (CORTOLIMA) controle la deforestación causada a la
quebrada; (iii) que se ordene a la Alcaldía de Ibagué y a la Compañía ABC S.A.S.
que finalicen la ejecución del contrato de obra 2029-02023, que intervengan el muro
de contención de empezaron a demoler y dejaron abandonado, y que remuevan los
dos contenedores que dejaron en la zona contigua a la quebrada; (iv) que se ordene
a INGECO S.A.S. que restablezca el contrato de interventoría 2940 de 2023, y (v)
que la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.
intervenga los vertimientos de aguas residuales a la quebrada Cristales.
Pues bien, revisadas las pretensiones hechas por la parte accionante, se advierte
que, en concreto, estas se encuentran encaminadas a que se ordene a las
entidades accionadas a ejecutar algunas obras con el fin de que se dé cumplimiento
a las órdenes impartidas en las sentencias de 4 de diciembre de 2017 y 5 de julio
de 2019, en el trámite de la pluricitada acción popular.
Al respecto, la Sala considera que estas pretensiones resultan improcedentes,
comoquiera que son cuestiones propias del incidente de desacato que en la
actualidad se adelanta por el Tribunal Administrativo del Tolima para velar por el
acatamiento de las mencionadas disposiciones.
Se recuerda que este mecanismo constitucional se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa o para revivir términos, de lo contrario, esta
herramienta sería utilizada como un instrumento de reemplazo de las demás
acciones judiciales contempladas en el ordenamiento, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales.
En los mismos términos ha sido señalado por el alto tribunal constitucional, al indicar
que «en caso de existir un medio judicial principal, el actor tiene la carga de acudir
a él toda vez que es necesario preservar las competencias legales asignadas por el
legislador a cada jurisdicción […]»25.
Esta Sala no desconoce que, en efecto, ha transcurrido un término considerable
desde la fecha en que se dictaron las sentencias de la acción popular. Sin embargo,
también es cierto que al tratarse de órdenes complejas requieren de, entre otros
aspectos, aprobaciones presupuestales por parte del presupuesto general de la
nación o de recursos propios de cada entidad y, por lo tanto, es deber de la autoridad
que profirió las órdenes judiciales estudiar y analizar las pruebas que dan cuenta de
las gestiones adelantadas por las demandadas.
En ese sentido, se concluye que a la fecha se encuentra en estudio, por parte de la
autoridad competente, los hechos y las pruebas que, a juicio de la parte demandada,
demuestran las acciones tendientes a dar cumplimiento a las órdenes judiciales.
25 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021.
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Ello de conformidad con el artículo 4126, de la Ley 472 de 1998, «Por la cual se
desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».
Por lo tanto, se declarará improcedente la acción de tutela en relación con las
pretensiones elevadas por la parte actora en su escrito de tutela.
2.8.3. Ahora bien, la parte accionante alegó que el Tribunal Administrativo del
Tolima ha incurrido en una mora judicial, toda vez que desde el 8 de octubre de
2024 dio apertura a un nuevo incidente de desacato contra la alcaldesa de Ibagué
y la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), sin
que a la fecha de radicación de esta acción constitucional haya tomado alguna
determinación.
De la revisión realizada al expediente digital en Samai, se evidencia que mediante
auto de 5 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo del Tolima declaró que el
alcalde de Ibagué, el señor Andrés Fabian Hurtado Barrera, incurrió en desacato a
lo ordenado en las sentencias de 4 de diciembre de 2017 y 5 de julio de 2019.
No obstante, esta decisión fue revocada por la Sección Primera del Consejo de
Estado, a través de proveído de 29 de agosto de 2024. En esa providencia se le
ordenó al a quo que iniciara un nuevo incidente de desacato contra quien ostentara
la calidad de alcalde de Ibagué, puesto que la persona que fue sancionada ya no
tenía esa calidad.
En cumplimiento a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Tolima dicto el auto de
8 de octubre de 2024, con el que inició el incidente de desacato contra la alcaldesa
de Ibagué, la señora Johana Ximena Aranda Rivera, y la directora de la Corporación
Autónoma Regional del Tolima, la señora Olga Lucia Alfonso Lannini.
Posteriormente, se evidencia que la autoridad judicial accionada ha dictado los
autos de 6 de diciembre de 2024, 4 de marzo, 18 de julio, 8 de agosto y 4 de
noviembre de 2025, a través de los cuales ha realizado diferentes requerimientos.
Finalmente, el 25 de noviembre de 2025 el expediente ingresó al despacho.
Es importante recordar que la Corte Constitucional ha indicado que, la dilación
injustificada que configura la violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, se caracteriza por: (i) el
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
por parte del funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las
obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la
falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que
no se pueden contrarrestar.
26 «Artículo 41.- Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad
competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de
cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones
penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la
orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá
en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en efecto
devolutivo». (Se resalta)
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Al respecto, se advierte que en el subjudice ésta última circunstancia, esto es, la
falta de motivo razonable sobre la demora, no se encuentra acreditada, toda vez
que el Tribunal Administrativo de Tolima no rindió el informe en la presente acción
constitucional, en el cual acreditara el impulso dado al incidente de desacato que
abrió el 8 de octubre de 2024, o desvirtuara el cargo que la parte accionante aduce
le vulnera sus garantías constitucionales, donde a la postre debía argumentar que,
si bien existe una mora judicial, ésta se justificaría de conformidad con alguna de
las causales ya descritas en esta providencia27.
Por lo tanto, como el Tribunal Administrativo de Tolima guardó silencio, en el
presente asunto deberá atenderse a la presunción de veracidad consagrada en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y se darán por ciertos los hechos de la tutela,
de conformidad con lo que dispone el citado artículo:
Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del
plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.
Por lo anterior, se deja al descubierto la falta de diligencia y la omisión en el
cumplimiento del deber de atender el requerimiento del Conjunto Residencial Fénix,
por lo que, bajo estos términos, se ha impedido a la parte actora el goce efectivo de
sus derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, con los
cuales «[…] se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los
individuos, a través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el
ordenamiento jurídico. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de
justicia constituye un presupuesto indispensable para la materialización de los
demás derechos fundamentales, ya que, como ha señalado esta Corporación
“no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas
procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente
dicho acceso”28».
Conforme a ello, esta Sala encuentra palpable la dilación injustificada del Tribunal
Administrativo del Tolima, toda vez que desde el 8 de octubre de 2024 inició el
respectivo incidente de desacato e ingresó el expediente al despacho el 25 de
noviembre de 2025, sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto ni haya
puesto de presente un motivo razonable sobre esa demora.
En ese sentido, se procederá a proteger los derechos al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia del Conjunto Residencial Fénix y se ordenará a la
autoridad judicial accionada tramitar y resolver el incidente de desacato identificado
con el radicado 73001-23-33-004-2017-00572-00, dentro del mes siguiente a la
notificación de esta providencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
27 Ver sentencia del 24 de junio de 2021, dentro del radicado 25000-23-15-000-2021-00404-01. M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
28 Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996.
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Demandante: Conjunto Residencial Fénix
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04385-00
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Sección
Primera del Consejo de Estado, INGECO S.A.S. y la Alcaldía de Ibagué.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de las
pretensiones tendientes a que se ordene la ejecución de obras con el fin de que se
dé cumplimiento a las órdenes impartidas en las sentencias de 4 de diciembre de
2017 y 5 de julio de 2019.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia del Conjunto Residencial Fénix.
CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima tramitar y resolver el
incidente de desacato identificado con el radicado 73001-23-33-004-2017-00572-
00, dentro del mes siguiente a la notificación de esta providencia.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
SEXTO: Si no fuere impugnada esta providencia dentro de los 3 días siguientes a
su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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