Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04386-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
23 de julio de 2026
Radicado11001-03-15-000-2026-04386-00
Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04386-00
Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial – proceso disciplinario -
requisitos generales de procedibilidad.
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado judicial, por el
señor Guillermo Hernán Burgos Rodríguez contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca
y Amazonas de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de
2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de diciembre de 2025, el señor Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca
y Amazonas, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso,
al trabajo y de acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
« Sin duda alguna, en el presente caso se ha incurrido en una vía de hecho por parte
de los despachos accionados, COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL y
COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CUNDIAMARCA Y
AMAZONAS, en consecuencia, demandamos:
Se requiera a la honorable COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL,
REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia emitidas dentro del proceso
disciplinario seguido contra GUILLERMO BURGOS, en su condición de Juez
promiscuo municipal de Sasaima (Cund.).»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Hechos que dieron origen a la actuación disciplinaria
• Proceso ejecutivo el núm. 2018-01034 (Cooperativa Multiactiva Aspen)
Ante el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soledad
(Atlántico) se adelantó el proceso ejecutivo núm. 2018-01034, promovido por la
Cooperativa Multiactiva Aspen contra la señora Doris Maribel Pedeaña Jiménez.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04386-00
Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
Dentro de este asunto, el 7 de noviembre de 2018, la autoridad judicial libró
mandamiento de pago y decretó el embargo de la pensión que la deudora percibía
a través de Colpensiones.
El despacho comunicó esta medida cautelar mediante el oficio núm. 2953 del 20 de
noviembre de 2018.
Posteriormente, el 13 de agosto de 2019, la entidad pensional emitió respuesta y
aplicó la retención de manera efectiva a favor de la cooperativa.
No obstante, la cautela pasó a un turno de espera desde abril de 2020, ante la
prelación de un embargo de alimentos sobreviniente que afectaba el 50%
legalmente retenible de la mesada pensional.
El trámite continuó su curso y el juzgado profirió diversas decisiones, entre ellas, un
auto del 12 de enero de 2022 para aceptar un desistimiento y ordenar seguir
adelante con la ejecución, y una modificación a la liquidación del crédito y
aprobación de costas el 8 de octubre de 2024.
• Proceso ejecutivo núm. 2020-00065-00 (María de la Hoz Pedeaña)
El 19 de febrero de 2020, la señora María Paola de la Hoz Pedeaña presentó
demanda ejecutiva de alimentos ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima.
Como título ejecutivo, aportó un documento privado denominado «contrato de renta
vitalicia alimentaria», suscrito y autenticado el 13 de febrero de 2020. En dicho
contrato, la deudora se obligó a suministrar una cuota de alimentos «para contribuir
a la manutención» de la demandante, por un valor equivalente al 50% de su pensión
en Colpensiones.
Mediante auto del 27 de febrero de 2020, el juez libró mandamiento de pago por las
cuotas correspondientes a diciembre de 2019, enero y febrero de 2020, así como
por «las demás cuotas que se sigan causando mes a mes», junto con los intereses
legales a la tasa del 6% anual. En la misma providencia, el funcionario decretó el
embargo y retención del 50% de la mesada pensional de la ejecutada.
Posteriormente, el 10 de junio de 2020, ingresó al juzgado un memorial suscrito por
la demandada, con fecha de presentación del 15 de mayo de 2020. En el escrito, la
ejecutada se notificó por conducta concluyente, aceptó la obligación y solicitó
proferir la sentencia para continuar la ejecución.
En consecuencia, el 13 de julio de 2020, el funcionario judicial dictó auto para
ordenar que la ejecución siguiera adelante, practicar la liquidación del crédito y
condenar en costas a la parte ejecutada.
El 11 de septiembre de 2020, el señor Luis Javier Pardo García presentó dos
memoriales ante el despacho judicial. En el primero, solicitó el reconocimiento de
un «contrato de cesión de derechos litigiosos» celebrado con la demandante. Este
documento presentaba fecha de autenticación del 13 de febrero de 2020, es decir,
el mismo día en que se constituyó el título ejecutivo y se firmó la demanda.
En el segundo memorial, el cesionario aportó una liquidación de crédito que omitía
el cobro de los intereses legales ordenados en el mandamiento de pago.
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Finalmente, mediante auto del 21 de septiembre de 2020, el juez impartió
aprobación a la liquidación del crédito tras considerarla ajustada a derecho.
Asimismo, ordenó entregar los dineros embargados al ejecutante y reconoció
interés jurídico al señor Luis Javier Pardo García «en su calidad de cesionario de
los derechos litigiosos (...) de conformidad con lo previsto en el artículo 1969 del
Código Civil».
De la actuación disciplinaria
A raíz del desplazamiento y la afectación de su medida cautelar, la Cooperativa
Multiactiva Aspen, a través de su gerente Alexander Alberto Sosa Pedraza, formuló
una queja disciplinaria el 12 de enero de 2021 contra el juez promiscuo municipal
de Sasaima para denunciar las múltiples irregularidades de dicho trámite procesal.
En el escrito, la entidad narró que ante el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas
y Competencia Múltiple de Soledad (Atlántico) se adelantó el proceso ejecutivo núm.
2018-01034 contra la señora Doris Maribel Pedeaña Jiménez. En dicho trámite, se
decretó el embargo de la pensión que la deudora percibía de Colpensiones
No obstante, la medida cautelar que se encontraba en etapa de ejecución terminó
desplazada por una orden de embargo sobreviniente. Esa nueva orden la emitió el
funcionario Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, en su calidad de Juez Promiscuo
Municipal de Sasaima, dentro del proceso ejecutivo de alimentos núm. 2020-00065-
00.
Dicho proceso lo promovió María Paola De la Hoz Pedeaña contra la misma
deudora; para iniciar la acción, las partes acudieron a la figura jurídica de un contrato
de renta vitalicia.
En su escrito de denuncia, la entidad quejosa afirmó que el trámite de alimentos
tuvo como único propósito burlar su acreencia, porque:
(i) El despacho asumió el conocimiento del asunto y admitió la demanda el
27 de febrero de 2020, a pesar de que los sujetos procesales carecían de
cualquier relación o domicilio en el municipio de Sasaima.
(ii) El juez acudió a la figura de la renta vitalicia para tramitar un proceso de
alimentos tendiente a «enriquecer de manera ilegal a ciertas personas».
(iii) El 21 de septiembre de 2020, tras ordenar seguir adelante con la
ejecución, el juez aceptó una cesión de derechos litigiosos a favor del
señor Luis Javier Pardo García. Con esta actuación, ordenó retener el
50% de la pensión y autorizó la entrega de los títulos judiciales a dicho
cesionario.
(iv) La transferencia de esos derechos resultó improcedente y transgredió la
prohibición legal de ceder alimentos futuros, de estricta conformidad con
el artículo 424 del Código Civil.
(v) La conducta no constituyó un hecho aislado, pues aportó copias de otros
autos para demostrar que el juez aprovechó su posición en la cabecera
municipal para admitir diversos procesos ejecutivos de alimentos bajo
idénticas circunstancias, cediendo siempre los derechos litigiosos
exactamente a la misma persona (Luis Javier Pardo García). Lo anterior,
según el denunciante, configuró posibles actos fraudulentos «con el único
fin de perjudicar a los acreedores».
Del proceso disciplinario con radicado 2021-00019-00/01
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Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca y Amazonas, que, mediante
sentencia del 5 de mayo de 2025, adoptó varias determinaciones.
En primer lugar, decretó la terminación y el consecuente archivo parcial de la
actuación por el fenómeno de prescripción, declaratoria que recayó exclusivamente
sobre la decisión judicial proferida por el disciplinado el 27 de febrero de 2020 (auto
de mandamiento de pago), dentro del proceso ejecutivo de alimentos núm. 2020-
00065-00.
Seguidamente, declaró disciplinariamente responsable al señor Guillermo Hernán
Burgos Rodríguez, en su calidad de Juez Promiscuo Municipal de Sasaima
(Cundinamarca), por lo cual le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general
por el término de quince (15) años.
Al respecto, el reproche se fundamentó en la falta gravísima, a título de dolo,
descrita en el artículo 48, numeral 1° de la Ley 734 de 2002, en concordancia con
el artículo 196 ibidem y el artículo 413 de la Ley 599 de 2000 (prevaricato por
acción). Dicha responsabilidad se derivó de las irregularidades sustanciales
cometidas en el auto proferido el 21 de septiembre de 2020 mediante el cual el
señor Burgos Rodríguez en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Sasaima
aprobó la liquidación del crédito y reconoció la cesión de derechos litigiosos a favor
del señor Luis Javier Pardo García, dentro del proceso ejecutivo de alimentos núm.
2020-00065-00.
En relación con el fundamento de la ilicitud, el juez disciplinario concluyó que el
funcionario aceptó una cesión de derechos litigiosos que involucró el derecho a
percibir alimentos durante el resto de la vida de la acreedora.
En consecuencia, a su juicio, ese acto vulneró los artículos 424 y 2474 del Código
Civil, normatividad que prohíbe de forma expresa transferir o transigir sobre
derechos alimentarios futuros. Sobre el particular, precisó que «por expresa
prohibición legal, la decisión del funcionario de aceptar la cesión resultó en todo
contraria a derecho».
Adicionalmente, la providencia de primera instancia determinó que el juez reconoció
al cesionario como sucesor procesal cuando el trámite ya contaba con un auto que
ordenaba seguir adelante con la ejecución, emitido el 13 de julio de 2020.
Expresó que, la controversia jurídica ya estaba zanjada y carecía de un «evento
incierto de la litis», requisito ineludible exigido por el artículo 1969 del Código Civil
para la viabilidad de este tipo de cesiones.
Finalmente, encontró probada la modalidad dolosa en el actuar del disciplinado,
pues profirió su decisión ante solicitudes con «vicios evidentes».
Por ello, afirmó que el juez obró de forma voluntaria, con pleno conocimiento de la
irregularidad y se apartó de su deber funcional sin justificación alguna, aspecto
inadmisible para un funcionario vinculado a la Rama Judicial desde el 15 de febrero
de 2008.
Contra la referida decisión, el apoderado del disciplinado interpuso recurso de
apelación con fundamento en los siguientes argumentos:
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Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
(i) Las actuaciones del juez obedecieron a una interpretación del
ordenamiento amparada en los principios de autonomía e independencia
judicial. A su juicio, el debate recayó sobre el alcance de normas civiles y
no configuró una conducta disciplinariamente reprochable.
(ii) La aparente irregularidad provino de un error de las partes al denominar
el negocio jurídico, pues la intención real de los contratantes era efectuar
una cesión de crédito y no de derechos litigiosos. Afirmó que, en
aplicación del principio iura novit curia, el fallador ostentaba el deber de
otorgarle el tratamiento jurídico adecuado a la solicitud para evitar una
denegación de acceso a la administración de justicia.
(iii) Las cuotas reconocidas en la liquidación correspondieron a las generadas
hasta el mes de agosto de 2020. Con base en esta premisa, invocó el
artículo 426 del Código Civil para justificar que la cesión recayó de forma
exclusiva sobre pensiones alimenticias atrasadas, disposición que
permite su libre transferencia, con lo cual pretendió desvirtuar la infracción
a la ley.
(iv) Cuestionó el fallo de primera instancia, porque la condena se basó en un
«relato amañado y con suspicacias» frente al origen del contrato de renta
vitalicia. Por consiguiente, reclamó que el operador disciplinario inaplicó
el principio de in dubio pro disciplinado) «para hacer ver lo que no está en
la ley».
(v) Criticó la adecuación al tipo penal de prevaricato por acción y cuestionó
que la sentencia omitió explicar el perjuicio material irrogado a la parte
quejosa. Para sustentar su inconformidad, aseveró textualmente que en
el fallo de primera instancia «el principio de lesividad lo escondieron bajo
el ropaje dogmático de la ilicitud sustancial».
(vi) Como pretensión subsidiaria, indicó que, de mantenerse en firme la
declaratoria de responsabilidad disciplinaria, la segunda instancia debía
reconsiderar la destitución e inhabilidad de 15 años por estimarla
desproporcionada.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante sentencia del 9 de julio
de 2025, confirmó la decisión de primera instancia.
De manera preliminar, determinó que la acción disciplinaria frente al auto del 21 de
septiembre de 2020 no prescribió, por cuanto el término extintivo se interrumpió de
forma oportuna con la notificación del fallo de primera instancia.
En primer lugar, consideró que la autonomía judicial opera como una prerrogativa
destinada a «asegurar que el juez pueda interpretar las leyes de manera libre, sin
presiones externas que interfieran con el razonamiento necesario para aplicar el
derecho». Sin embargo, precisó que «ninguna prerrogativa es ilimitada», por lo cual
mantiene un alcance restringido con el fin de «evitar abusos por parte de las
autoridades judiciales». En este sentido, advirtió que «la libertad de decisión del
juez está limitada por el principio de legalidad y el respeto a los precedentes».
A partir de lo anterior, concluyó que la normatividad civil exigía que la cesión de
derechos litigiosos recayera sobre un objeto incierto y, además, prohibía involucrar
pensiones alimenticias a futuro. Frente a esa prohibición expresa, determinó que el
funcionario «no podía de forma antojadiza ignorarla».
Adicionalmente, la providencia descartó que la actuación constituyera un simple
error de denominación del negocio jurídico por parte de los contratantes, como lo
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propuso la defensa. Al respecto, explicó que la cesión se autenticó de manera
concomitante con la demanda ejecutiva, hecho que evidenció la intención precisa
de efectuar una cesión de derechos litigiosos y no una mera cesión de crédito.
De igual forma, expuso que idéntica situación ocurrió con el trámite de la liquidación
de crédito. Sobre este punto, enfatizó que «el control de legalidad al que estaba
obligado, forzosamente le exigía verificar los términos del mandamiento de pago».
Por lo tanto, si la liquidación allegada por el extremo demandante resultaba
inexacta, el funcionario tenía el deber de rechazarla; sobre ese punto concluyó que:
«si lo presentado por la parte demandante -cesionaria- no era acorde, así debió
declararlo».
Finalmente, desestimó la aplicación del principio de proporcionalidad invocado por
el recurrente. Para sustentar esa afirmación, aclaró que, a diferencia del derecho
penal, el ilícito disciplinario no se fundamenta en la lesión material de bienes
jurídicos, sino en la transgresión injustificada de los deberes funcionales y la
consecuente afectación al correcto funcionamiento de la administración de justicia.
3. Argumentos de la tutela
La parte actora afirmó que las autoridades disciplinarias demandadas vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al trabajo, porque las sentencias cuestionadas fueron arbitrarias, por
cuanto el ejercicio de la acción sancionatoria no guardó correspondencia con la
naturaleza de los hechos juzgados ni con la normatividad procesal vigente.
Para contextualizar el debate, el accionante explicó que el reproche disciplinario se
concentró de forma exclusiva en el auto del 21 de septiembre de 2020, emitido
dentro del proceso ejecutivo núm. 2020-00065. Mediante dicha providencia, el
funcionario judicial impartió aprobación a la liquidación del crédito, dispuso la
entrega de los dineros embargados y reconoció interés jurídico al señor Luis Javier
Pardo García como cesionario de los derechos litigiosos de la señora María Paola
De La Hoz.
Alegó que en las decisiones cuestionadas se configuró defecto sustantivo y fáctico
por imposición de cargas inexistentes, pues, a su juicio, le exigió al juez deberes de
verificación sobre un título ejecutivo que gozaba de plena presunción de
autenticidad. De modo que, la autoridad judicial demandada le impuso cargas que
la ley no contempla, en contravía del principio de buena fe procesal y de lo dispuesto
en los artículos 243, 244 y 247 del Código General del Proceso, así como en la Ley
527 de 1999.
De igual manera, señaló que ignoró que ninguna de las partes tachó el documento
de falso, situación con la cual alteró la realidad del expediente y valoró de forma
arbitraria un negocio jurídico legalmente válido.
El accionante afirmó que también se incurrió en defecto sustantivo por una
interpretación errada del ordenamiento civil, toda vez que:
(i) la norma civil no prohíbe de manera absoluta la transacción sobre
alimentos futuros, pues los artículos 2474 y 427 del Código Civil
diferencian con claridad las obligaciones alimentarias legales de las
asignaciones alimenticias voluntarias. De ahí que, en el presente asunto,
la renta vitalicia provino de un acto de liberalidad (convenio gratuito), por
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Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
lo cual las cuotas causadas constituían un derecho de carácter
patrimonial susceptible de libre disposición y cesión.
(ii) En cuanto a la exclusión de intereses, mencionó que, aprobar una
liquidación de crédito sin la inclusión de intereses resultó ser una
actuación ajustada a derecho, soportada en el artículo 15 del Código Civil,
norma que avala la renuncia a derechos de interés netamente individual.
Asimismo, que en virtud del artículo 446 del Código General del Proceso
y del principio dispositivo, el juez carecía de facultades para imponer el
cobro de intereses de oficio cuando el propio acreedor decidió no
reclamarlos y la contraparte omitió objetar la cuenta.
(iii) Ausencia de tipicidad, dolo o culpa gravísima.
Manifestó que, al actuar conforme a la ley procesal, su conducta resulta atípica
frente al delito de prevaricato por acción previsto en el artículo 413 del Código Penal,
porque la decisión jurisdiccional no se vislumbra como «manifiestamente contraria
a derecho», pues impartió legalidad a un trámite cimentado en la presunción de
buena fe, sin que la autoridad disciplinaria demostrara negligencia extrema o
intención deliberada de infringir el deber funcional para favorecer a alguna de las
partes.
Alegó que la autoridad disciplinaria extralimitó sus competencias al utilizar la
potestad sancionatoria con el fin ilícito de revisar, corregir y sustituir el criterio
hermenéutico y de valoración probatoria del juez natural. A su juicio, tal proceder
transformó el proceso disciplinario en una tercera instancia no prevista por el
legislador, lo que vulneró la separación funcional de poderes y desconoció que las
inconformidades contra las decisiones judiciales deben tramitarse mediante los
recursos procesales idóneos, no a través de quejas disciplinarias.
Finalmente, advirtió que las sentencias sancionatorias adolecen de una motivación
aparente, pues se edificaron sobre apreciaciones subjetivas (como afirmar que el
juez «debió verificar más») sin identificar de forma objetiva el deber violado ni
demostrar su nexo causal con la conducta. De modo que, las autoridades judiciales
demandadas desconocieron de forma flagrante el precedente de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, el cual prohíbe reprochar disciplinariamente
sentencias judiciales por meras discrepancias hermenéuticas (sentencias SU-913
de 2009, C-417 de 1993, C-037 de 2003, SU-1184 de 2001, SU-158 de 2021, entre
otras).
4. Trámite previo
Inicialmente la solicitud de amparo fue presentada el 19 de diciembre de 2025 ante
la Corte Suprema de Justicia que en fallo del 21 de enero de 2026 negó la solicitud
de amparo.
No obstante, lo anterior, al conocer de la impugnación presentada por la parte
actora, dicha autoridad judicial, en providencia del 6 de mayo de 2026, advirtió que
el asunto no había sido repartido conforme con las reglas de competencia previstas
en el Decreto 333 de 2021, pues el caso involucraba a un funcionario de la
jurisdicción ordinaria y en ese entendido la competencia para conocer del proceso
era de la jurisdicción contencioso administrativa. Como consecuencia de esto,
declaró la nulidad de todo lo actuado dejó a salvo las pruebas recaudadas y ordenó
la remisión inmediata del expediente al Consejo de Estado para que se surtiera el
trámite correspondiente.
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En atención a dicha determinación, y con el fin de garantizar la celeridad y eficacia
que orientan el trámite de tutela, mediante auto del 12 de junio de 2026, el despacho
sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia, ordenó notificar a las
partes, y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la
Cooperativa Multiactiva Aspen, al Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Soledad y a los señores Doris Maribel Pedeaña Jiménez
y Luis Javier Pardo García en calidad de terceros con interés a quienes remitió copia
de la demanda.
5. Oposiciones
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó declarar improcedente la
acción de tutela o, en su defecto, denegar el amparo
Para sustentar su petición, en primer lugar, expuso que el accionante omitió
demostrar la configuración de un defecto constitucional con el rigor que exige la
jurisprudencia para cuestionar providencias de órganos de cierre, de conformidad
con la sentencia SU-573 de 2019.
En este sentido, advirtió que la demanda no delimita un problema constitucional,
sino que pretende reabrir una controversia jurídica ya resuelta bajo la calificación
genérica de una «vía de hecho».
Por lo tanto, aclaró que la tutela no constituye una instancia adicional para imponer
lecturas normativas alternativas ni para sustituir la valoración probatoria del juez
natural; a tal punto que la simple discrepancia del actor frente al fallo carece de
entidad constitucional, regla reiterada en la sentencia SU-048 de 2022.
Por otra parte, descartó la existencia de un defecto fáctico, toda vez que el tutelante
no identificó una prueba determinante omitida ni demostró una tergiversación
ostensible del expediente.
Sumado a lo anterior, desestimó la configuración de un defecto sustantivo. Al
respecto, precisó que la sentencia cuestionada no impuso deberes ajenos al
ordenamiento jurídico ni se fundamentó en el reproche subjetivo de que el juez
«debió» decidir de modo distinto. Por el contrario, advirtió que la providencia
evidenció una contradicción abierta entre el auto del 21 de septiembre de 2020 y la
normatividad vigente, al demostrar que el juez avaló al señor Luis Javier Pardo
García como «cesionario» sobre derechos alimentarios intransferibles y sobre un
litigio que ya carecía de incertidumbre. Además, resaltó que la autoridad judicial
aprobó una liquidación de crédito que excluía los intereses ordenados de forma
previa en el mandamiento de pago.
Finalmente, justificó la declaratoria de responsabilidad por una conducta, al
demostrar la incompatibilidad evidente del proceder del funcionario judicial con el
marco normativo aplicable. Asimismo, indicó que el propio actor admitió en su
escrito que el juez disciplinario «entendió» las prohibiciones legales que recaían
sobre la cesión, aspecto que ratifica la validez de la sanción y desvirtúa la
procedencia del amparo constitucional.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca y Amazonas
solicitó la improcedencia del amparo tras advertir que el actor se limitó a reiterar los
argumentos resueltos en el trámite disciplinario y a proponer otros que omitió debatir
en la vía ordinaria. Por consiguiente, la demanda pretende reabrir una controversia
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Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
ya definida a partir de una simple discrepancia con la interpretación jurídica y la
valoración probatoria, aspecto insuficiente para habilitar el control constitucional.
De igual manera, defendió la legalidad de su actuación al destacar que el señor
Burgos Rodríguez gozó de un procedimiento respetuoso del debido proceso, con
plenas garantías para ejercer su defensa material y técnica, controvertir pruebas e
interponer recursos. Asimismo, precisó que las providencias proferidas contaron
con la debida motivación fáctica y normativa.
Finalmente, descartó la vulneración de los derechos fundamentales invocados. En
cuanto al acceso a la administración de justicia, aclaró que el accionante dispuso
de todos los mecanismos procesales previstos en la ley para obtener una decisión
de fondo. Frente al derecho al trabajo, explicó que su afectación constituye una
consecuencia jurídica legítima de la sanción, sin que el actor lograra demostrar un
perjuicio irremediable. En suma, concluyó que la tutela desconoce el principio de
subsidiariedad, la autonomía judicial y la seguridad jurídica.
6. Intervención de los terceros con interés
La Juez Segunda de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Soledad
rindió informe en el cual puso de presente la imparcialidad, celeridad y eficiencia de
sus actuaciones dentro del proceso ejecutivo núm. 2018-01034. Explicó que el
trámite se adelantó con estricto apego a las garantías constitucionales y legales
aplicables a la materia.
Para sustentar su afirmación, la funcionaria detalló la trazabilidad procesal de la
medida cautelar decretada a favor de la Cooperativa Aspen y en contra de la señora
Doris Maribel Pedeaña Jiménez.
Al respecto, relató que el 7 de noviembre de 2018 ordenó el embargo sobre la
pensión de la ejecutada, determinación comunicada a Colpensiones a través del
oficio núm. 2953 del 20 de noviembre de ese mismo año.
Posteriormente, el 13 de agosto de 2019, la administradora de pensiones aplicó la
medida de manera efectiva. No obstante, aclaró que dicha cautela pasó a un turno
de espera desde abril de 2020, ante la prelación del embargo de alimentos que ya
afectaba el 50% legalmente retenible de la mesada pensional. Sumado a lo anterior,
indicó que el 29 de septiembre de 2025 requirió a la entidad para conocer el estado
actual de la retención.
En respuesta a la orden, mediante comunicación del 5 de noviembre de 2025,
Colpensiones reportó la imposibilidad material de dar cumplimiento a la medida,
debido a que la deudora fue retirada de la nómina por la causal de fallecimiento
desde octubre de 2024.
Con base en este recuento fáctico, la autoridad judicial justificó que la ausencia de
dineros embargables obedeció a una situación de fuerza mayor ajena a su
despacho y ratificó la eficacia de su gestión procesal.
La Cooperativa Multiactiva ASPEN señaló que hay lugar a negar la acción de
tutela de la referencia en la medida en que el escrito inicial no plantea un problema
estrictamente constitucional, sino una inconformidad subjetiva con el criterio jurídico
adoptado por el juez natural.
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Explicó que en el caso objeto de estudio es necesario destacar que la solicitud de
amparo se dirige contra un órgano de cierre en materia disciplinaria, razón por la
que se debe cumplir con las exigencias establecidas en la sentencia SU-573 de
2019.
No obstante, adujo que en el caso objeto de estudio el actor no identificó con
precisión un defecto orgánico, fáctico, procedimental o sustantivo, no demostró
arbitrariedad, capricho o ruptura ostensible del orden constitucional, se limitó a
proponer una lectura alternativa de normas civiles y procesales, lo cual no tiene
entidad constitucional.
Precisó que la solicitud de amparo mezcla citas normativas y jurisprudenciales para
concluir que el juez disciplinario «debió decidir de manera distinta», lo que no
habilita el control constitucional ejercido por el juez de tutela.
Finalmente, indicó que lo pretendido por el actor es hacer uso de la acción de tutela
como una instancia adicional al proceso disciplinario.
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) solicitó su
desvinculación del trámite de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Sobre el particular, explicó que las pretensiones de la demanda constitucional
escapan por completo a su órbita de competencia. Al respecto, precisó que, de
conformidad con los artículos 1 y 3 del Decreto 2011 de 2013, las facultades legales
de la entidad se restringen de manera exclusiva a la administración del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida.
Bajo ese marco normativo, aclaró que sus funciones operativas y legales se limitan
a resolver solicitudes de reconocimiento pensional, pagar la nómina respectiva,
administrar los fondos de reservas y efectuar el recaudo de los aportes.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1.º establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde a esta Sala determinar si resulta procedente la acción de tutela
interpuesta por la parte accionante, con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 9
de julio del 2025, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que
confirmó la decisión de sancionar al señor Burgos Rodríguez por la conducta de
prevaricato a título de dolo o culpa gravísima.
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En síntesis, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales invocados, al incurrir en defectos sustantivo, fáctico y
decisión sin motivación.
La Sala anticipa que declarará improcedente la presente acción de tutela por falta
de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, porque el actor insiste en
los mismos argumentos expuestos dentro del proceso disciplinario, por lo tanto,
pretende configurar una tercera instancia. Además, incluyó argumentos nuevos que
no fueron alegados en el recurso de apelación contra la decisión disciplinaria de
primera instancia.
Para resolver este asunto, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) sobre la
relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, y; (iii) el análisis del caso concreto.
Previo a analizar el asunto, se resolverá la solicitud de falta de legitimación en la
causa por pasiva.
(i) De la legitimación en la causa por pasiva
En la contestación de la acción de tutela de la referencia, Colpensiones solicitó su
desvinculación porque el demandante cuestionaba la providencia que confirmó la
sanción disciplinaria que se le impuso, y ello concernía a autoridades judiciales,
condición que no tenía.
Para la Sala la anterior aseveración no es de recibo, puesto que a Colpensiones
le asiste interés en este trámite constitucional por haber estado vinculada en uno de
los procesos que dio origen al proceso disciplinario objeto de debate y debido a ello
fue vinculada a este asunto como tercera con interés y no como demandada, motivo
por el cual se denegará su solicitud de desvinculación.
(ii) Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, su procedencia es excepcional y se reconoce únicamente cuando se
advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
del 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 1, para lo
cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia
C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia
de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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solicitado, mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de
procedencia de la acción de tutela.
(iii) Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general
de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con
la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no
se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(iv) Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción, la parte actora pretende dejar sin efectos
la sentencia del 9 de julio de 2025, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, en el marco de la segunda instancia del proceso disciplinario con radicado
núm. 2021-00019-01. Sobre el particular, sustentó la pretensión de amparo en que
dicha decisión está viciada de defecto sustantivo, defecto fáctico y decisión sin
motivación.
En este contexto, para resolver el presente asunto la Sala observa que el proceso
disciplinario tuvo su origen en una serie de irregularidades funcionales atribuidas al
señor Burgos Rodríguez. En concreto, la investigación se fundamentó en que el
funcionario asumió el conocimiento de la demanda sin tener competencia territorial,
impartió trámite a un proceso ejecutivo de alimentos sustentado en un contrato de
renta vitalicia, aceptó de manera irregular una cesión de derechos litigiosos y
autorizó la entrega de títulos judiciales a favor de un tercero.
El trámite de primera instancia del proceso disciplinario correspondió a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca y Amazonas, quién, en
sentencia del 5 de mayo de 2025, declaró la prescripción parcial de la acción
respecto a los actos iniciales del proceso ejecutivo.
No obstante, declaró responsable al señor Burgos Rodríguez por las
determinaciones adoptadas el 21 de septiembre de 2020 dentro del proceso
ejecutivo núm. 2020-00065. En consecuencia, le impuso la sanción de destitución
e inhabilidad general por quince (15) años.
Para fundamentar la decisión, determinó, en primer lugar, que el disciplinado aceptó
una cesión de derechos litigiosos cuando la controversia jurídica ya estaba definida.
Al respecto, explicó que, conforme al artículo 1969 del Código Civil, esta figura exige
un evento incierto en la litis; sin embargo, en el caso concreto, el despacho ya
contaba con un auto previo (del 13 de julio de 2020) para ordenar seguir adelante
con la ejecución, aspecto que tornaba la solicitud por completo improcedente.
En segundo lugar, acreditó que el funcionario avaló una cesión sobre alimentos
futuros. Sobre el particular, precisó que el contrato no se limitó a las cuotas ya
causadas, sino que incluyó de forma expresa «los derechos que le corresponden o
puedan corresponderle» a la acreedora. Dicho acto contravino los artículos 424 y
2474 del Código Civil, normatividad según la cual el derecho de pedir alimentos no
puede transmitirse, venderse o cederse de modo alguno, y prohíbe las
transacciones sobre cuotas alimentarias futuras.
Por otra parte, censuró la aprobación de la liquidación del crédito. Con fundamento
en el artículo 446 del Código General del Proceso, resaltó que la cuantificación
debía incluir capital e intereses conforme al mandamiento ejecutivo (en un
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porcentaje del 6% anual) y que el juez ostentaba la obligación legal de ejercer un
estricto control. Pese a ello, el disciplinado aprobó una cuenta que omitía dichos
réditos y, sin ofrecer explicación alguna, autorizó la entrega de los dineros
embargados.
A partir de lo expuesto, la autoridad concluyó que las decisiones adoptadas eran
manifiestamente contrarias a la ley y estructuraban el tipo penal de prevaricato por
acción. En ese sentido, enfatizó que la claridad de las normas sustanciales y la
ausencia de complejidad del asunto tornaban inadmisible considerar lo ocurrido
como un simple error interpretativo.
Por el contrario, destacó que el funcionario contaba con amplia experiencia judicial
(desde el año 2008) y, aun así, reconoció una cesión ilegal y ordenó la entrega de
dineros «por las cuotas periódicas que se sigan causando».
Finalmente, determinó que el actuar se ejecutó a título de dolo y configuró una
ilicitud sustancial por transgresión injustificada del deber funcional, al comprometer
derechos indisponibles y materializar una vía de hecho.
Inconforme con la decisión anterior, el señor Burgos Rodríguez interpuso recurso
de apelación en los siguientes términos:
« Con tal propósito, el problema jurídico que debió plantearse el Juez sancionatorio eran
los siguientes: i) ¿vulnera alguna norma legal el auto que acepta al cedente en un
proceso ejecutivo después de proferido el auto que ordena seguir adelante la
ejecución?, ii) ¿resulta contrario a derecho aprobar una liquidación del crédito
presentada por la parte ejecutante en la que no incluyó los intereses? y iii) ¿ordenar la
entrega de dineros al cesionario conforme a la liquidación del crédito que no mereció
reparo alguno por la demandado trasgrede alguna norma legal?.
La respuesta a los interrogantes antes referidos indefectiblemente es negativa.
La “cesión” en términos generales es un acto o contrato “mediante el cual el titular de
una relación… (cedente), se sustituye en un tercero (cesionario) con el consenso de la
otra parte (cedido)…”
No se discute las diferencias que existen entre la cesión de créditos y la cesión de
derechos litigiosos. En tratándose de ésta última, tanto la doctrina como la
jurisprudencia han sido acordes en señalar que en tratándose de procesos declarativos
existe un interregno dentro del cual puede hablarse de dicho fenómeno, siendo estos
desde la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o lo que antes de
denominada la litis contestatio (art. 1969 inc. 2° del C.C.) hasta la sentencia, ello por
cuanto el “concepto de derecho litigioso tiene un contenido procesal, por oposición al
sustancial de la cosa litigiosa”. Tal posición, en tratándose de procesos ejecutivos no
resulta igual de pacífica ya que siendo el objeto de dicho proceso obtener el pago de la
prestación, la orden de seguir adelante la ejecución no es suficiente para significar la
cancelación de la obligación, en otras palabras, pese tal decisión judicial y encontrarse
debidamente ejecutoriada aún persiste “el evento incierto de la litis”, ante eventos tales
como la imposibilidad de cautelar bienes al deudor, oposición al secuestro de bienes
por un tercero, el fallecimiento del deudor, entre otros, que impiden satisfacer la
prestación.
En este asunto, sin miramientos, la Comisión aplicó preceptos legales y
jurisprudenciales que corresponden a procesos declarativos a un asunto que es un
proceso ejecutivo. Para ello sea suficiente observar que la sentencia STC4272 -2020
de 8 de julio, citada, corresponde a un proceso de prescripción adquisitiva de dominio,
por lo que las consideraciones allí plasmadas no podían trasladarse, sin más, al pleito
analizado.
(…)
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(…) dice la Comisión, que cómo ya se había proferido orden de seguir adelante la
ejecución, la “cesión era completamente ilegal”, es decir, a su juicio, debió el juez
rechazar dicha cesión. Vaya torpeza. La equivocada calificación que cedente y
cesionario hicieron al contrato de cesión, o que se hizo en el criticado auto de 21 de
septiembre de 2020, no tiene por qué repercutir en el tratamiento jurídico del negocio,
pues que corresponde al juzgador, y no a los litigantes y menos a Comisión disciplinaria,
definir el derecho que se discute, bajo el principio de derecho y de profundo contenido
lógico consistente en IURA NOVIT CURIA. De consiguiente, independientemente de
que se tratara de cesión de derechos litigiosos o cesión de crédito, lo incontrovertible
es que se presentó la sustitución, en todo o en parte, de la posición de un sujeto
procesal. Que fuera una cosa o la otra, en nada cambia la situación de la Cooperativa
quejosa y tampoco en que el cesionario debía ser reconocido en el proceso tal y como
ocurrió. Lo que menos debía ocurrir era que el juez calificara de “ilegal” la cesión, ello
sería impedir el acceso a la administración de justicia. Es al juez a quien compete aplicar
el derecho e interpretarlo de manera que resulte eficaz. Lo que propone la Comisión es
un exabrupto jurídico. Así, no existía alternativa alguna para que el Juzgado aceptara o
reconociera al señor Luis Javier Pardo García como cesionario, como en efecto lo
reconoció.
(…)
Dice la comisión que la cesión de los derechos no podía incluir los alimentos futuros. Y
eso es cierto. Y dicha verdad trae aparejada otra cual es que los alimentos causados sí
pueden ser materia de disposición por parte del alimentario, así se infiere de lo
preceptuado por el artículo 426 del C.C.
No se entiende la razón por la cual la Comisión para efectos de analizar si se trata de
alimentos causados o futuros parte de la fecha del contrato de cesión, cuando en rigor,
tratándose de una sucesión procesal (art. 68 del C.G. del P.), la fecha a tener en cuenta
no puede ser otra que la del auto en que se le reconoce como cesionario, es decir, el
21 de septiembre de 2020; predicar lo contrario es ir en contravía de la naturaleza
misma de la cesión, siendo la notificación por estado de dicha providencia, el momento
en que la deudora conoció de la sustitución del deudor.
Precisado lo atrás dicho, por ahí derecho hay que convenir también, entonces, que los
alimentos causados eran los anteriores a la fecha en que se admitió la cesión, esto es
septiembre de 2020, inclusive. Vemos que se le pagó al cesionario. De acuerdo con la
liquidación del crédito presentada por el cesionario los alimentos se liquidaron hasta el
mes de agosto de 2020, para un total de $3.633.759. De esto el cesionario era acreedor,
por lo que se hizo bien al ordenar la entrega de dichos depósitos judiciales.
La idea de la Comisión consistente en que se cedieron alimentos futuros solo está en
su imaginación. Las cuotas causadas hasta septiembre de 2020 eran alimentos
debidos.
Ahora, que la liquidación del crédito que aprobó el Juzgado no incluyó intereses, eso es
cierto. Que ello va en contravía del artículo 446 del C. G. del P. y del mandamiento
ejecutivo. Eso no es cierto.
Veamos por qué. Es de anotar que la liquidación del crédito no la hizo la parte
demandada ni el Juzgado, la hizo el cesionario en su calidad de acreedor de los
alimentos causados hasta septiembre de 2020. Es solo él acreedor quien está
legitimado para cobrar menos de lo que dice la orden de seguir adelante la ejecución,
de manera que, si su voluntad fue la de no incluir los intereses legales, tal vez por la
tasa del 6% anual que es muy baja, bien podía hacerlo y nadie puede reprochar dicho
obrar. Es su derecho y en ello nadie puede entrometerse y menos la Comisión
disciplinaria. Dicha liquidación en nada perjudica a la deudora, por lo que en tal sentido
bien hizo el Juzgado al impartir aprobación. Condonar dichos intereses es asunto del
acreedor, guste o no nos guste.
En firme la liquidación del crédito y costas, lo procedente era disponer la entrega de
dichos dineros. En ello nada hay que reprender al juez. Obró conforme a derecho.
Razones bastantes pues las anteriores para destacar que la conducta del juez al proferir
el auto de 21 de septiembre de 2020 dentro del proceso ejecutivo de marras lejos está
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en constituir una ilicitud sustancial. En tal actuar se ciñó en un todo a los lineamientos
legales.
Razones bastantes pues las anteriores para destacar que la conducta del juez al proferir
el auto de 21 de septiembre de 2020 dentro del proceso ejecutivo de marras lejos está
en constituir una ilicitud sustancial. En tal actuar se ciñó en un todo a los lineamientos
legales.
Aun con la mirada más presurosa se advierte que pese a que la Comisión de Disciplina
Judicial en el numeral 1° de la parte resolutiva de la sentencia declaró la terminación y
archivo parcial por prescripción respecto de la decisión proferida el 27 de febrero de
2020, lo cierto es que el relato amañado y con suspicacias bajo el denominado
“presuntamente” que hace en los antecedentes de la providencia, refleja que no pudo
apartarse de dicha prescripción, estableciendo siempre un manto de duda desde el
origen mismo del contrato que dio nacimiento a los alimentos y de lo cual no supo
apartarse.
Indicó en dicha providencia aplicar el principio in dubio pro disciplinario, más la manera
como tejieron las ideas para hacer ver lo que no está en la ley para seguidamente
imponer una sanción totalmente desproporcionada a los hechos, muestran todo lo
contrario. Se encarnecieron contra el pobre juez. En verdad que analizado el auto
cuestionado y la sentencia sancionatoria la ilicitud sustancial se encuentra en la
segunda.
El principio de lesividad lo escondieron bajo el ropaje dogmático de la ilicitud sustancial
y ello fue suficiente para tener por colmado dicho principio. Que poquedad de
argumentación. El asunto reclamaba otro miramiento consistente en determinar de
manera imperiosa la manera como el auto del 21 de septiembre de 2020, al cual se le
atribuyo irregularidades, le irrogo perjuicios a la Cooperativa y que precisamente debido
a ello, se asiste interés para formular la queja. De ello nada, pero absolutamente nada,
se ocupó la sentencia sancionatoria, y ello ocurrió porque la Comisión de Disciplina obró
más como juez de segunda instancia para hacer prevalecer su criterio antes de respetar
la autonomía del juzgador disciplinable.
Por último, desde cuando en una decisión de carácter disciplinario se acude a la
tipicidad del prevaricato por acción como muestra la sentencia que se recurre, como si
se tratase de la misma cosa.
En definitiva, como la sentencia que se recurre está colmada de defectos tanto facticios
como jurídicos, a tal punto que puede calificarse que es el resultado caprichoso del
juzgador, solicitó a dicha superioridad analizar con debido detenimiento lo realmente
acontecido dentro el proceso ejecutivo, para de allí deducir que la conducta del juez
disciplinable se ajustó a derecho y por ende se le absuelva de la respectiva investigación
disciplinaria. (…)»
(subrayado fuera de texto)
En síntesis, el recurso de apelación se fundamentó en los siguientes argumentos:
(i) la orden de seguir adelante con la ejecución no extingue la incertidumbre del
litigio en los procesos ejecutivos, aspecto que obligaba al juez a aplicar el principio
iura novit curia y avalar la cesión para garantizar el acceso a la administración de
justicia; (ii) la transferencia no recayó sobre cuotas futuras, pues al amparo de la
sucesión procesal (artículo 68 del Código General del Proceso), las mesadas debían
contabilizarse hasta el momento de la admisión de la cautela, por lo cual se trataba
de alimentos ya causados y de libre disposición conforme al artículo 426 del Código
Civil; (iii) la exclusión de los intereses en la liquidación del crédito respondió a la
voluntad inobjetable del cesionario, sujeto procesal con plena legitimación para
condonar esos réditos sin irrogar perjuicio a la deudora; y (iv) la decisión
sancionatoria incurrió en graves falencias, al omitir el análisis real de lesividad,
vulnerar la autonomía judicial para operar como una instancia de revisión
hermenéutica y aplicar de forma errada los elementos estructurales del tipo penal
de prevaricato por acción.
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Por su parte, en el escrito de tutela, el accionante afirmó que se configuró defecto
sustantivo, porque la autoridad accionada aplicó de forma errada la ley civil al
sancionar conductas permitidas, exigió cargas procesales inexistentes y
fundamentó su fallo en una interpretación contraevidente del marco normativo.
Alegó un defecto fáctico, pues, a su juicio, el juez disciplinario alteró la realidad del
expediente y valoró el título ejecutivo de forma arbitraria, al omitir la presunción legal
de autenticidad documental y desconocer que ninguna de las partes procesales
formuló tacha de falsedad. Advirtió que existió decisión sin motivación y ausencia
de dolo, toda vez que sus providencias se ampararon en la ley, no enfrentaron
controversia probatoria y no generaron perjuicio, daño ni beneficio indebido. En
consecuencia, advirtió que la sanción violó el principio de tipicidad, desconoció la
jurisprudencia constitucional sobre autonomía judicial y se construyó sobre
apreciaciones netamente subjetivas.
La parte accionante, en el escrito de tutela, puntualmente manifestó:
«a) Existe prevaricato en cuanto se aprueba una venta de derechos litigiosos, cuando
ya se había emitido sentencia (...) De acuerdo con el artículo 1969 del Código Civil, un
derecho es litigioso, desde el momento en que se notifica judicialmente la demanda (...)
la decisión auto que ordena llevar adelante la ejecución no se reputa una sentencia y
tampoco ella pone fin al proceso (...) esos derechos, continúan siendo litigiosos, en la
medida en que se encuentran ligados a un proceso y a la ejecución de obligaciones de
tracto sucesivo (...)
b) No se podía transferir o ceder el derecho de pedir alimentos, según lo sostienen los
Tribunales de lo Disciplinario (...) Nuevamente es errática la interpretación de la Justicia
Disciplinaria (...) Dos asuntos se precisan en el artículo 2474: i) puede haber transacción
sobre alimentos futuros, siempre y cuando sean aprobados judicialmente; ii) se
distinguen dos clases de alimentos, los que se deben por ley y los voluntarios, estos
últimos carecen de restricción alguna. (...) los alimentos pactados como renta vitalicia
(...) deben calificarse como voluntarios y no legales (...) Entonces, si la cesión de
derechos alimentarios, no corresponde a alimentos legales, sino a asignaciones
alimenticias hechas voluntariamente, mal puede aplicarse las normas restrictivas que
rigen para los alimentos legales.
5o. (...) es claro, que no se cumple con el elemento normativo del delito de prevaricato
por acción, en tanto, no se evidencia que la decisión cuestionada por los operadores
disciplinarios sea manifiestamente contraria a derecho (...)
6o. El fallo disciplinario también vulnera de manera directa los principios de legalidad y
autonomía judicial (...) El derecho disciplinario no está diseñado para revisar, corregir ni
sustituir el criterio judicial del funcionario (...) Al sancionar al funcionario por el contenido
de una decisión adoptada dentro de su competencia, la Comisión vulneró el principio
de legalidad (...)
En tal sentido, los puntos centrales demostrados a lo largo del escrito pueden
sintetizarse así:
1. Se desconoció de forma flagrante el principio de autonomía judicial
El juez actuó dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales,
aplicando la normativa vigente, la presunción de autenticidad documental y la
jurisprudencia sobre mérito ejecutivo. El órgano disciplinario intervino indebidamente en
la función jurisdiccional, prohibido por las sentencias SU-913 de 2009, C-417 de 1993,
SU-1184 de 2001 y SU-158 de 2021.
2. El proceso disciplinario vulneró el debido proceso, la defensa y el principio de
legalidad La sanción se impuso: sin identificar el deber funcional concreto
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presuntamente vulnerado, sin acreditar dolo o culpa grave (requisito reforzado para
sancionar jueces), aplicando un estándar de responsabilidad inexistente y con
motivación aparente.
Esto contraviene el artículo 29 de la Constitución y las sentencias C-280 de 2013, C-
181 de 2016, SU-638 de 2015, entre otras.
3. La autoridad disciplinaria incurrió en desviación de poder
El proceso fue utilizado para revaluar el contenido de una providencia judicial, lo que
constituye desviación de poder según la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sección
Quinta, 9 de junio de 2016) y la Corte Constitucional (SU-913 de 2009). El derecho
disciplinario no puede operar como una “tercera o cuarta instancia” para corregir
interpretaciones judiciales válidas.
4. No existió conducta disciplinaria: el juez actuó con diligencia, razonabilidad y buena
fe
Contrario a lo afirmado por la Comisión, el juez fundamentó su decisión en: el mérito
ejecutivo del documento aportado, la presunción legal de autenticidad, la normatividad
sobre títulos ejecutivos, los principios de celeridad y buena fe y la ausencia de
elementos que desvirtuaran dicho mérito. No se demostró violación del deber funcional,
y mucho menos dolo o culpa grave.
Toda sanción disciplinaria exige prueba plena de estos elementos, conforme a C- 280
de 2013, T-162 de 2019, y a la propia doctrina de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
5. La decisión carece de motivación suficiente y es nula por violación directa de la
Constitución La motivación del fallo es vaga, especulativa y contradictoria. No explica
el nexo causal entre la supuesta falta y el deber, ni demuestra los elementos objetivos
y subjetivos de la responsabilidad. Conforme a SU-638 de 2015, C-818 de 2005,
Consejo de Estado 2019, la motivación aparente es causal directa de nulidad.
6. El fallo disciplinario constituye una vía de hecho El conjunto de irregularidades —
violación del precedente, desconocimiento de pruebas, invasión de la función
jurisdiccional y motivación aparente— configuran una vía de hecho disciplinaria, cuya
consecuencia es la nulidad del fallo y el restablecimiento pleno de los derechos
vulnerados.
La Comisión Nacional no fue coherente en su decisión. Aceptó, y en ello se está de
acuerdo, en que las actuaciones iniciales del proceso, incluido el auto que ordenó seguir
adelante la ejecución, la conducta reprochada a BURGOS había prescrito; sin embargo,
dejando de lado dicha conclusión jurídica, la Comisión Disciplinaria vuelva sobre
asuntos que debían estar superados tales como el análisis del documento contentivo
del contrato, su autenticidad, la competencia del juez, el mandamiento ejecutivo. Es
decir, olvidó que la investigación solo debía recaer en el auto de 21 de septiembre de
2020 y nada más.
7. El Estado incurrió en un daño antijurídico derivado del error disciplinario
El perjuicio causado al juez es imputable al Estado, pues la sanción se produjo: por
aplicación indebida del derecho, por falta de motivación, por invasión de la función
jurisdiccional, y por actuar arbitrario de la autoridad disciplinaria. Así lo ha reconocido el
Consejo de Estado (Sección Tercera, 2013, 2014, 2019).(…)
El proceso disciplinario objeto de análisis no cumplió con las garantías constitucionales
ni respetó los límites impuestos al poder sancionador del Estado. La sanción impuesta
carece de sustento jurídico, desconoce la autonomía judicial, se edificó sobre una
motivación aparente y constituye una actuación arbitraria que vulnera los derechos
fundamentales del juez sancionado.
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En consecuencia, la intervención del juez constitucional o del juez de lo contencioso
administrativo —según la vía escogida— no solo es procedente, sino necesaria, para
restablecer el orden jurídico vulnerado y preservar la independencia judicial como pilar
fundamental del Estado Social de Derecho.»
(subrayado fuera de texto)
De lo expuesto, la Sala advierte que la parte accionante reproduce de manera
exacta la controversia debatida y resuelta al interior del proceso disciplinario. En
concreto, el actor fundamenta su reproche constitucional en las mismas premisas
que soportaron su defensa ordinaria: (i) la viabilidad jurídica de ceder derechos
litigiosos en un proceso ejecutivo con orden de seguir adelante la ejecución; (ii) la
tesis orientada a demostrar que la transferencia recayó sobre alimentos causados
y no sobre cuotas futuras; (iii) la supuesta legalidad de avalar una liquidación de
crédito sin la inclusión de intereses, y (iv) la inexistencia de una decisión
manifiestamente contraria a la ley para estructurar el tipo penal de prevaricato por
acción.
En efecto, el debate que ahora se plantea en sede de tutela fue resuelto de fondo
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante la providencia del 9 de
julio de 2025.
En dicha decisión, la autoridad disciplinaria desató cada uno de los reparos
formulados por la defensa. En primer lugar, determinó que la cesión resultaba
improcedente a la luz del artículo 1969 del Código Civil, pues la existencia de un
auto previo que ordenaba seguir adelante con la ejecución extinguió la
incertidumbre de la litis y consolidó derechos indiscutibles. En segundo lugar, ratificó
la transgresión de las prohibiciones contenidas en la normativa civil, al advertir que
el contrato incluyó de forma expresa la transferencia de cuotas alimentarias futuras.
En tercer lugar, reprochó que el juzgador avalara la liquidación del crédito en
evidente contravía de los valores ordenados en el mandamiento de pago, de manera
particular al omitir el cobro de los intereses, sin ejercer el control de legalidad exigido
por el artículo 446 del Código General del Proceso.
De conformidad con lo anterior, concluyó que la claridad conceptual de las normas
sustanciales y la ausencia total de complejidad del asunto demostraban que la
actuación constituyó una determinación caprichosa y arbitraria. Al valorar la amplia
experiencia del funcionario, la autoridad descartó la configuración de un simple error
hermenéutico y dio por acreditado el actuar a título de dolo. Por consiguiente,
precisó que no resultaba razonable omitir estas prohibiciones legales expresas para
impartir un impulso anormal al trámite procesal a partir de los requerimientos del
cesionario, situación que materializó los elementos del prevaricato por acción y
configuró una ilicitud sustancial por la transgresión injustificada del deber funcional.
En la sentencia, la autoridad judicial puntualmente indicó:
« (…) si en un proceso ejecutivo ya se ha dictado la orden de seguir adelante con la
ejecución, no existe incerteza alguna sobre la litis, ya que la controversia jurídica se ha
zanjado con la decisión definitiva de la autoridad judicial. De allí, que no sea admisible
jurídicamente que se procure el reconocimiento de una cesión de derechos litigiosos
luego de esta providencia, por cuanto no hay nada incierto o discutible por revisarse.
(…)
Esta conclusión no riñe con el principio iura novit curia, puesto que (…) aquí no se trató
simplemente de la referencia a un marco jurídico erróneo por los contratantes, sino a la
precisa intención de efectuar una cesión de derechos litigiosos y no estableció la
transferencia de un derecho personal que condujera a razonar que en realidad era una
cesión de crédito (…). La incerteza sobre la suerte del proceso de la que habla el artículo
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1969 del Código Civil, recae sobre el derecho litigioso, no acerca de las resultas de las
medidas cautelares.
(…)
Examinado el contenido del contrato de cesión allegado al proceso ejecutivo (…),
resulta claro que su objeto no era sustituir a quien fungía como parte demandante, sino
adquirir el derecho que tenía María Paola de la Hoz Pedeaña sobre las cuotas
alimentarias impagas y "los derechos que ...puedan corresponderle", es decir, los que
se causaran a futuro, pacto privado que contraviene abiertamente lo señalado en el
artículo 426 del C.C. (…) Obsérvese entonces que lo censurado aquí, al margen del
tratamiento que podría corresponder a las cuotas alimentarias causadas, es la
aceptación de una cesión que involucraba el derecho sobre alimentos futuros, lo cual
está completamente vedado por la legislación civil.
(…)
Y en el caso examinado, el juez impartió la aprobación desconociendo frontalmente la
disposición normativa antes citada, sin dar lugar a ninguna explicación sobre su postura,
ni argumentar porque aprobaba la solicitud cuando los conceptos de la liquidación de
crédito presentadas por el cesionario no coincidían con lo ordenado en el mandamiento
ejecutivo sobre los intereses. La parte demandante, en efecto, puede prescindir del
cobro de intereses legales, sin embargo, el análisis que compete realizar a la autoridad
judicial es la de verificar que lo presentado respete lo ordenado en el mandamiento de
pago (…).
(…)
El resultado del anterior análisis arroja que el funcionario cometió errores protuberantes
que se advierten, en su conjunto, manifiestamente contrarios a la ley. Pese a que el
impugnante cuestiona que el ejercicio de adecuación típica se realizara a partir de un
tipo penal (prevaricato por acción), esto no constituye una irregularidad dado que está
expresamente habilitado por el legislador (…).
(…)
De la revisión de los medios de prueba obtenidos por la primera instancia, logra
constatarse una actuación dolosa en el proceder del funcionario (…). Y el disciplinado,
aunque cita en el auto del 21 de septiembre de 2020 el artículo 1969 del C.C. como
fundamento de esa decisión, trasgrede de forma abierta su contenido (…). Al tratarse
de un proceso ejecutivo de alimentos, era totalmente evidente que no podía
comprometer el derecho sobre pensiones alimenticias futuras (artículo 424 C.C.),
prohibición que no podría resultar desconocida para un funcionario vinculado a la Rama
Judicial desde el 15 de febrero de 2008. (…) La claridad de las normas y la ausencia
total de complejidad que implicaba este asunto, devela que se trató de una decisión
caprichosa y arbitraria (…).
(…)
La autonomía judicial, es una garantía que tiene como objetivo asegurar que el juez
pueda interpretar las leyes de manera libre (…) Sin embargo, ninguna prerrogativa es
ilimitada (…) la libertad de decisión del juez está limitada por el principio de legalidad y
el respeto a los precedentes (…). Desacierta el apelante al insistir sobre la operatividad
del principio de lesividad pues (…) el ilícito disciplinario no está fundamentado en la
lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, sino en la trasgresión a los deberes
funcionales (…). El juez investigado, de manera injustificada desatendió normas
jurídicas claras y de imperativo cumplimiento (…) atentando en consecuencia contra el
buen funcionamiento de la administración de justicia..(…)».
(subrayado fuera de texto).
De lo anterior, la Sala concluye que la acción de tutela no plantea una tesis jurídica
autónoma o distinta a la debatida en el proceso disciplinario, toda vez que el
accionante se limita a reformular los mismos argumentos de su recurso de
apelación. Pese a ello, se encuentra que la autoridad judicial accionada resolvió la
controversia de fondo y confirmó la sanción impuesta, tras determinar que, frente a
la claridad de las normas sustanciales y la poca complejidad del asunto, el
funcionario obró de manera arbitraria. Lo anterior, puesto que: (i) impartió legalidad
a una cesión de derechos litigiosos cuando la controversia ya carecía de
incertidumbre; (ii) avaló la transferencia de cuotas alimentarias futuras en directa
contravía de prohibiciones legales expresas, y; (iii) aprobó una liquidación del
crédito que contrariaba el mandamiento ejecutivo, en especial por la exclusión
inmotivada de los intereses.
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En ese orden de ideas, aunque el accionante asegura que la providencia
cuestionada vulneró sus derechos fundamentales, se encuentra que la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial analizó, debatió y desestimó de forma motivada cada
uno de los reparos formulados en la alzada. De ahí que, la autoridad disciplinaria no
incurrió en un actuar arbitrario, sino que encontró plenamente probada la
materialización de la conducta reprochada.
Sobre este punto, resulta imperioso resaltar que el juez natural en ningún momento
ignoró o pretermitió los alegatos de la defensa. Por el contrario, la corporación valoró
el acervo probatorio en su conjunto y expuso las razones jurídicas precisas para
concluir que el actor obró a título de dolo y configuró una ilicitud sustancial.
En este punto, la Sala advierte que la simple discrepancia frente a las conclusiones
a las que arribó el juez natural, derivadas de su autonomía en la interpretación y
valoración probatoria, no configura per se una vulneración de los derechos
fundamentales de las partes, pues, como se vio con los argumentos de la tutela, el
actor pretende insistir en que existió vulneración de sus derechos fundamentales
cuando de lo evaluado no era pertinente fallar conforme a sus intereses.
En consecuencia, queda demostrado que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, porque el accionante reiteró los
mismos planteamientos debatidos en el proceso disciplinario.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración alegada por la parte demandante, dado que la acción
de tutela no cumple con los requisitos generales de procedencia. En consecuencia,
se declarará improcedente el presente amparo constitucional.
Finalmente, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento de fondo sobre los
siguientes planteamientos: (i) el supuesto defecto fáctico edificado sobre la
presunción legal de autenticidad documental (prevista en la Ley 527 de 1999 y en
los artículos 243, 244 y 247 del Código General del Proceso) y en la ausencia de
tacha de falsedad por parte de los sujetos procesales; y (ii) la tesis orientada a
calificar la renta vitalicia como un acto de mera liberalidad o asignación alimenticia
voluntaria al amparo del artículo 427 del Código Civil.
La exclusión de estos reparos obedece a que constituyen argumentos novedosos
que el accionante omitió exponer ante su juez natural al momento de sustentar el
recurso de apelación, omisión procesal que impide su análisis en esta sede
constitucional por inobservancia del requisito de subsidiariedad.
Además de lo anterior, se tiene que las sentencias citadas por el actor tienen como
finalidad insistir en los mismos argumentos para que se proceda a dictar una
sentencia acorde con sus intereses lo cual en todo caso no puede ser objeto de
pronunciamiento del juez de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandante: Guillermo Hernán Burgos Rodríguez
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Guillermo
Hernán Burgos Rodríguez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
acorde con las consideraciones expuestas.
2. Negar la solicitud de desvinculación de Colpensiones conforme a lo expuesto
en la parte considerativa.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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