República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04388-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04388-00 (6977)
Accionante: Luis Efrén Leyton Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.
Subtema 2: requisito de inmediatez. Subtema 3: requisito de subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la acción de tutela promovida por Luis Efrén Leyton Cruz contra la sentencia del 9
de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.
1. Síntesis del caso
El señor Luis Efrén Leyton Cruz interpuso acción de tutela contra la sentencia de
primera instancia resultante del medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos, identificado con el radicado núm.
52-001-23-33-000-2023-00002-00, proferida el 9 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Nariño. El objeto del recurso de amparo se concentra en el reparo
del solicitante frente a la condena en costas impuesta en dicha sentencia.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor Luis Efrén Leyton Cruz promovió el medio de control con pretensión de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos contra
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04388-00, índice 2, certificado F641DFF2FC1647CA
C5499C06DCC5DD43 21008083E6B2A0C5 ED2635FA6997B53C.
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Accionante: Luis Efrén Leyton Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
el Ministro del Interior, o quien haga sus veces, pues tal servidor público habría
incumplido el deber normativo contenido en el Acuerdo 01 del 22 de diciembre de
2021, proferido por el Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial Notarial,
consistente en convocar a dicho Consejo a fin de que este decidiera la política de
subsidios para los notarios de menores ingresos, que cumplen sus funciones en las
zonas más apartadas del país.
3. Según sostuvo el demandante, el Consejo Asesor es la autoridad competente
para fijar dichos subsidios, a más tardar el último día de diciembre de cada año, y
corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho convocar la sesión respectiva.
Como al momento de la presentación de la demanda el ministro del Interior había
sido designado ministro de Justicia ad hoc2 para ejercer las competencias
relacionadas con la política notarial3, Leyton Cruz dirigió el medio de control en su
contra, en consideración a su condición de jefe del sector administrativo del Interior.
4. El Tribunal Administrativo de Nariño ordenó vincular a la Nación-Ministerio de
Justicia y del Derecho y a la Superintendencia de Notariado y Registro.
5. En sus respectivas intervenciones procesales, el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Notariado y Registro
indicaron que el accionante no habría cumplido con el requisito de procedibilidad
relativo a la constitución de la renuencia, tal como lo indica el artículo 8º de la Ley
393 de 1997.
6. El Ministerio del Interior añadió, por su parte, que la norma cuyo cumplimiento
buscaba el señor Leyton establece un gasto, relacionado con la mencionada política
de subsidios, lo que haría el medio de control improcedente en los términos del
artículo 9º de la Ley 393 de 1997.
7. La Superintendencia de Notariado y Registro, a su turno, mencionó que el
Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial de Notariado sí fue convocado y sí se
reunió, en los términos de la convocatoria, el día 1 de febrero de 2023. En ese
sentido, la petición del accionante carecía de objeto actual.
8. El Tribunal Administrativo de Nariño decidió, mediante la sentencia de primera
instancia expedida el 9 de febrero de 2023, que la demanda no había cumplido el
presupuesto procesal de la renuencia, pues si bien era cierto que quien fungía como
Ministro del Interior fue nombrado Ministro de Justicia y del Derecho ad hoc, también
era verdad que la constitución de la renuencia requería que se reclamara el
cumplimiento ante la institución en quien radican las competencias, es decir, ante el
2 Que significa para este fin.
3 Según relata la demanda de cumplimiento, el nombramiento ad hoc tuvo el propósito de desarrollar las
funciones asociadas con el servicio público notarial, en particular para: (i) formular la política relacionada con la
protección de la fe pública en materia notarial, (ii) presidir el Consejo Superior de la Carrera Notarial, (iii) integrar
el Consejo asesor de la Cuenta Especial del notariado, e (iv) integrar el Consejo Directivo de la Superintendencia
de Notariado y Registro, todo lo anterior hasta el 6 de abril de 2023. En Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-
04388-00, índice 8, certificado 4B101357EBBF243F 21997C9E4B333E40 FE4EED87BAB78757
6FD1FE55C64394C2.
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Ministerio de Justicia, y no ante el Ministerio del Interior, que no ostenta, en virtud
del Acuerdo 01 de 2021, funciones sobre la política notarial.
9. También indicó que, de conformidad con el Decreto 1672 de 1997, el Fondo
Cuenta de Notarios es administrado por la Superintendencia de Notariado y
Registro, razón por la cual el requerimiento del cumplimiento con el propósito de
constituir la renuencia debía radicarse, igualmente, ante dicha entidad.
10. En esa misma providencia, y con fundamento en el numeral 7º del artículo 21
de la Ley 393 de 1997, el Tribunal Administrativo de Nariño condenó en costas a la
parte demandante. La liquidación de las costas procesales fue aprobada a través
del auto del 3 de marzo de 2026, notificado por medio de estados electrónicos
fijados al día siguiente.
11. El señor Leyton Cruz interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación
contra el auto del 3 de marzo de 2026. Según afirmó el Tribunal Administrativo de
Nariño en el auto que resolvió la reposición, proferido el 2 de junio de 2026: «[e]l
fallo de primera instancia no fue objeto de impugnación dentro del término
legalmente establecido para tal fin»4.
12. La acción de tutela que ahora se resuelve fue interpuesta el 9 de junio de 2026.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
13. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
1) Solicito al Señor Juez Constitucional de tutela, se sirva amparar mis derechos
constitucionales fundamentales imprecados y como consecuencia de ello,
disponga:
2) Revocar o anular la parte de la sentencia que me condenó en costas por ser
contraria al ordenamiento jurídico (Ley 1437 de 2011) y jurisprudencia
constitucional por ser violatoria de mis derechos constitucionales fundamentales
reclamados5.
14. Como fundamento de sus pretensiones, el demandante alega que el primer
inciso del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 dispone que, «salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil». En la medida en que la pretensión de cumplimiento que
promovió involucra un interés general, que según el solicitante se traduce en la
prestación del servicio notarial en las zonas «más apartadas del país», la condena
en costas resultaba contraria a derecho.
4 Tribunal Administrativo de Nariño, auto «Des04 2026-335 S.O», en Samai, exp. 52001-23-33-000-2023-00002-
00, índice 33, certificado 8705A46EDCECC672 8A40DB9B227FE7A9 CC302ABF90155D84
74C9EAB3BC04226A. Esta providencia también fue remitida por el referido Tribunal, con destino al presente
expediente, a través del memorial datado el 17 de junio de 2026, en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04388-
00, índice 8, certificado 08638340DE11EC88 D1403AE8774C7FFB BF2302D56D02C7A2
44B6D2CD6FEF67BB.
5 Se transcribe incluso con errores.
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15.El señor Leyton añade que el derogado Decreto 01 de 1984 ya contenía esa
misma disposición, que a su vez había sido ratificada por la Sentencia C-043 de
2004 de la Corte Constitucional.
2.3. Trámite procesal
16. A través del auto admisorio de la acción de tutela, proferido el 11 de junio de
2026, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, ordenó la
vinculación del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y del Derecho y de
la Superintendencia de Notariado y Registro, todos en calidad de terceros con
interés.
2.4. Intervenciones
17. Por medio de memorial radicado el 17 de junio de 20266, el Tribunal
Administrativo de Nariño sostuvo que la providencia cuestionada dentro de la acción
de cumplimiento No. 52-001-23-33-000-2023-00002-00 fue adoptada con pleno
respeto de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, y que se
encuentra debidamente motivada en aspectos jurídicos y fácticos. Señaló que el
desacuerdo del accionante con los criterios de la decisión no la convierte en una vía
de hecho ni configura causal alguna para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales. En consecuencia, solicitó al Consejo de Estado desestimar
las pretensiones de amparo por no cumplirse los requisitos jurisprudenciales de
procedencia y tener como pruebas los documentos ya aportados al expediente.
18. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de su apoderada
judicial, solicitó ser desvinculado de la acción de tutela promovida por el señor
Leyton Cruz contra el Tribunal Administrativo de Nariño. Argumentó que la
controversia se refiere exclusivamente a decisiones judiciales relacionadas con la
condena y liquidación de costas dentro de una acción de cumplimiento. Señaló que
no participó en la expedición de las providencias cuestionadas, que no tiene
competencia para modificarlas ni existe actuación u omisión atribuible a la entidad
que haya vulnerado derechos fundamentales del accionante. Por ello, alegó falta de
legitimación material en la causa por pasiva, pidió negar las pretensiones
formuladas en su contra y sostuvo que cualquier análisis sobre la legalidad o
corrección de las decisiones corresponde únicamente a la autoridad judicial
accionada.
19. A su turno, el Ministerio del Interior, por medio de memorial radicado el 23 de
junio de 20267, solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la
causa por pasiva, al considerar que la presunta vulneración de derechos
fundamentales se deriva exclusivamente de decisiones judiciales adoptadas por el
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04388-00, índice 8, certificado 4B101357EBBF243F 21997C9E4B333E40
FE4EED87BAB78757 6FD1FE55C64394C2.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04388-00, índice 11, certificado B3D736B32F05F967
CB1851840D3B5BB1 D7CA818A9BFCBC0C 0CCC7C551AFF14F5.
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Tribunal Administrativo de Nariño dentro de una acción de cumplimiento,
particularmente la condena en costas y su liquidación. La entidad manifestó que no
participó en dichas providencias, carece de competencia para modificarlas o
revocarlas y no realizó acción u omisión alguna que pudiera afectar los derechos
invocados por el accionante. En consecuencia, cualquier análisis sobre la legalidad
de las decisiones corresponde únicamente a la autoridad judicial accionada y solicitó
declarar la inexistencia de vulneración atribuible al Ministerio y excluirlo del proceso
constitucional.
20. La Superintendencia de Notariado y Registro guardó silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
en el Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en primera
instancia, la acción de tutela interpuesta por Luis Efrén Leyton Cruz contra la
sentencia del 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño.
3.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa por activa del señor Luis Efrén Leyton Cruz está
acreditada, porque fue el demandante en el medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos en el que fue expedida
la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Nariño, debido a que fue la autoridad que profirió la decisión objeto
de estudio.
24. Por otro lado, se advierte que tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio
de Justicia y del Derecho solicitaron su desvinculación, al considerar que no estaban
llamados a responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
accionante.
25. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
vez que dichos organismos actuaron como parte demandada y como sujeto
vinculado dentro del proceso constitucional en el que fue expedida la providencia
objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría
afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.
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3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
26. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.
27.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial (subsidiariedad);
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
(inmediatez);
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
28. Respecto del requisito de inmediatez, conviene destacar que el artículo 86 de
la Carta Política establece que la acción de tutela se puede presentar en cualquier
momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata de los derechos
fundamentales. No obstante, lo anterior, también es cierto que se debe ejercer
dentro de un plazo razonable según las condiciones de tiempo, modo y lugar del
caso concreto, para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo
contrario, la urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían
desvirtuadas.
29. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
30. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 10, explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo
se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, pues las decisiones judiciales
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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no pueden mantenerse en la incertidumbre indefinidamente, por lo que resulta
necesario establecer un plazo razonable para su interposición.
31. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»11.
32. Por lo anterior, esta corporación, como regla general, consideró que, para que
el ejercicio de la acción de tutela se efectuara en un plazo razonable, se debía
interponer la solicitud de amparo dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia reprochada, toda vez que a partir de esos
momentos procesales el sujeto puede tener conocimiento de la eventual afectación
que surge de una decisión judicial.
33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
34. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.
3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad en el presente caso
35. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
36. Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
11 Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
13 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»17;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
37. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación
de sus derechos fundamentales, indicó que la decisión cuestionada fue proferida
con desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se
expidiera una providencia ajustada a derecho.
38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
39.
Del mismo modo, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite
de tutela, sino que se dictó al interior del medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.
40. Ahora bien, según los documentos que obran en el expediente, es claro para la
Sala que la acción de tutela no supera los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
En relación con el primero, porque entre la ejecutoria de la sentencia atacada y la
interposición de la acción de tutela median más de tres años. Y en relación con el
segundo, porque el demandante no agotó todos los recursos judiciales disponibles
para manifestar su inconformidad con la condena en costas, que es el objeto de la
acción constitucional.
41. Por un lado, es cierto que el auto mediante el cual se aprobó la liquidación de
las costas y agencias en derecho fue proferido el 3 de marzo de 2026, y que contra
esta decisión se interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación, que
fue resuelto mediante providencia del 2 de junio del mismo año. Sin embargo,
también es verdad que es la sentencia del 9 de febrero de 2023 la que contiene,
materialmente, la condena en costas que controvierte el solicitante. En efecto, el
numeral 4º de la parte considerativa de dicha providencia restablece que:
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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Conforme a lo dispuesto en el art. 21-7 de la Ley 393 de 1997 y normas
concordantes, se condenará en costas a la parte accionante en favor de la parte
accionada.
Atendiendo que la jurisprudencia del H. Consejo de Estado no tiene un criterio
unificado sobre la condena en costas, considera el Tribunal pertinente exponer las
motivaciones que llevan a razonar, desde el punto de vista objetivo, si hay lugar o
no, en cada caso a imponer condena en costas (…).
42. Vale la pena resaltar, adicionalmente, que el mismo solicitante suplicó
explícitamente en su acción de tutela «revocar o anular la parte de la sentencia que
me condenó en costas por ser contraria al ordenamiento jurídico», por lo que puede
concluirse que el objeto de su reparo no fueron las decisiones adoptadas por la
autoridad judicial en el año 2026, sino aquella sentencia proferida hace más de tres
años.
43. Por tanto, considerando que la sentencia de primera instancia adquirió fuerza
ejecutoria el 10 de marzo de 202318, y que la acción de tutela se radicó el 9 de junio
de 202619, la Sala considera que la petición de amparo no satisface el requisito de
inmediatez.
44. Por otro lado, sobre el requisito de subsidiariedad conviene reiterar que de
acuerdo con el artículo 26 de la Ley 393 de 1997, la sentencia de primera instancia
de la acción de cumplimiento puede ser impugnada, por el solicitante y por los
demás intervinientes legitimados para el efecto, dentro de los tres días siguientes a
su notificación.
45. No obstante, la información que reposa en el expediente evidencia que Luis
Efrén Leyton Cruz no impugnó la sentencia del 9 de febrero de 2023, circunstancia
que es constatada por el Tribunal Administrativo de Nariño cuando indica que «[e]l
fallo de primera instancia no fue objeto de impugnación dentro del término
legalmente establecido para tal fin», y luego añade que «[e]n el presente asunto, la
condena en costas fue impuesta en el fallo de instancia que quedó debidamente
ejecutoriado, por lo cual el momento procesal oportuno para efectos de examinar la
procedencia o no de la condena en costas ya ha fenecido»20.
46. Por consiguiente, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991, deberá declararse improcedente la acción de tutela
porque existía, para el caso concreto, otro medio de defensa judicial que resultaba
eficaz para controvertir la decisión, sin que ese recurso fuera agotado por el señor
Leyton Cruz.
18 Según el expediente, la notificación electrónica de la sentencia de primera instancia fue el 7 de marzo de
2023. Los tres días de ejecutoria previstos en el artículo 302 del Código General del Proceso se cumplieron el
10 de marzo siguiente. Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04388-00, índice 8, certificado 08638340DE11EC88
D1403AE8774C7FFB BF2302D56D02C7A2 44B6D2CD6FEF67BB.
19 Siendo la diferencia entre ambas fechas de tres años y tres meses.
20 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04388-00, índice 8, certificado 08638340DE11EC88
D1403AE8774C7FFB BF2302D56D02C7A2 44B6D2CD6FEF67BB.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04388-00 (6977)
Accionante: Luis Efrén Leyton Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
4. Conclusión
47. La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por Luis Efrén
Leyton Cruz contra el Tribunal Administrativo de Nariño, por no satisfacer los
requisitos de inmediatez y de subsidiariedad.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar las solicitudes de desvinculación elevadas por el Ministerio del
Interior y por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Segundo: Declarar la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por Luis
Efrén Leyton Cruz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04388-00 (6977)
Accionante: Luis Efrén Leyton Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
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