RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04393-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04393-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04393-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00 Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04393-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. ASUNTO ECONÓMICO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, DIGNIDAD
HUMANA, NACIONALIDAD Y PERSONALIDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

dignidad humana, a la nacionalidad, a la personalidad, a la

personería jurídica y al principio de reparación integral, los cuales

estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la

providencia de 30 de abril de 2026 dentro del medio de control de

reparación directa identificado con el número único de radicación

2023-00095-01.

I.2. Hechos

Señaló que es nacional colombiano por nacimiento, condición que le

fue reconocida por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CIVIL2 al permitirle inscribir su registro civil de nacimiento.

Mencionó que la REGISTRADURÍA en cumplimiento del

procedimiento establecido en el artículo 104 del Decreto núm. 1260

de 19703, expidió la Resolución núm. 14504 de 25 de noviembre de

2021, a través de la cual anuló su registro civil y canceló su cédula

de ciudadanía por falsa identidad.

Adujo que con ocasión de una acción constitucional la

2
En adelante Registraduría.
3
“Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

REGISTRADURÍA expidió la Resolución núm. 5027 de 23 de febrero

de 2022, mediante la cual revocó lo dispuesto en el acto

administrativo antes mencionado

Manifestó que presentó demanda en ejercicio del medio de control

de reparación directa en contra de la REGISTRADURÍA, con el

objeto de obtener el pago de los perjuicios ocasionados por la

anulación de la nacionalidad y del documento de identidad.

Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2023-00095-00 y le correspondió en primera instancia al

JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE BOGOTÁ4 que, mediante sentencia de 30 de agosto de 2024,

denegó las súplicas incoadas.

Advirtió que inconforme con tal decisión, interpuso recurso de

apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 30 de abril de

2026, revocó la sentencia del a quo y, en su lugar, declaró

administrativamente responsable a la REGISTRADURÍA,

condenándola al pago de diez (10) salarios mínimos legales

mensuales vigentes5, a título de compensación por los perjuicios de

orden moral causados.

4
En adelante Juzgado.
5
En adelante SMLMV.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la providencia judicial incurrió en

desconocimiento del precedente por cuanto inaplicó la sentencia

de unificación de 28 de agosto de 2014, al omitir el reconocimiento

de los perjuicios causados de manera integral.

Sostuvo que la sentencia de unificación invocada ha reconocido la

obligatoriedad de reparar los perjuicios que superan el ámbito

patrimonial y que comprometen bienes inmateriales tales como la

nacionalidad, la personalidad jurídica y el libre desarrollo de la

personalidad, entre otros.

Aseguró que también desconoció lo dispuesto en las sentencias T-

183 de 2023, T-419 de 2023 y SU-380 de 2021 de la Corte

Constitucional, en las que, a su juicio, se han determinado las

consecuencias de la cancelación de la cédula y la anulación del

registro civil, por cuanto afectan la capacidad de acreditar la

pertenencia y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Adujo que “[…] la Corte Constitucional no describió ese fenómeno

como una incomodidad, sino como una afectación capaz de producir

consecuencias en salud, empleo, educación, registros patrimoniales,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

historial financiero, derecho al voto, movilidad, acceso a servicios y

riesgo de irregularidad migratoria o apatridia, según el caso […]”.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

“[…] PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales de EL
ACCIONANTE al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad
humana, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la
nacionalidad, al estado civil y a la reparación integral en sentido
constitucional.

SEGUNDA: Ordenarle a EL TRIBUNAL que complemente LA
SEGUNDA SENTENCIA emitiendo pronunciamiento expreso sobre
la protección a bienes constitucional y convencionalmente
protegidos, adoptando para ello, las medidas que correspondan
para que se cumpla el estándar de plena reparación a la cual EL
ACCIONANTE tiene derecho.

TERCERA: Ordenar que la providencia que se ordene proferir,
confronte de manera expresa la línea constitucional contenida,
entre otras, en las sentencias de la Corte Constitucional T-183 de
2023, T-419 de 2023 y SU-380 de 2021, así como en la Sentencia
de Unificación del 28 de Agosto de 2014 emitida por el Consejo de
Estado en el expediente distinguido con el RADICADO 05001- 23-
25-000-1999-01063-01(32988), explicando: (i) cuál es la regla
constitucional aplicable; (ii) por qué el caso se asemeja o se
diferencia de esa línea; (iii) si decide apartarse de ella, cuáles son
las razones de especial fuerza constitucional que justifican el
apartamiento; (iv) por qué la solución adoptada no reduce sino que
garantiza de manera suficiente la protección de los derechos
fundamentales comprometidos (v) La aplicación o no al caso de EL
ACCIONANTE, de la protección a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos.

CUARTA: Ordenar que la nueva sentencia realice control de
convencionalidad a partir de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, especialmente sus artículos 1.1, 3, 5, 8, 20,
24 y 25, y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre
nacionalidad, personalidad jurídica, igualdad, protección judicial e
identidad documental, en particular los casos Ivcher Bronstein vs.
Perú y Niñas Yean y Bósico vs. República Dominicana.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

QUINTA: Disponer que la nueva sentencia estudie el problema
desde su dimensión constitucional y convencional: la pérdida
temporal del soporte documental de identidad, nacionalidad y
estado civil como exclusión de la vida civil y afectación grave del
reconocimiento jurídico de la persona […]”. (Destacado pertenece
al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO manifestó que no incurrió en los defectos

invocados por el actor, pues el proceso judicial se adelantó

observando el derecho de defensa y principio de contradicción a favor

de las partes.

Asimismo, consideró que la acción de tutela no puede emplearse

como una tercera instancia, máxime cuando en el proceso ordinario

cuestionado se surtieron las dos instancias que prevé el

ordenamiento jurídico.

I.5.2.- La REGISTRADURÍA solicitó declarar improcedente el

amparo deprecado.

I.5.3.- El TRIBUNAL manifestó que las pretensiones incoadas deben

ser desestimadas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 30 de abril de 2026, proferida por el

TRIBUNAL dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 2023-00095-01.

A las citadas providencias se le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

dignidad humana, a la nacionalidad, a la personalidad, a la

personería jurídica y al principio de reparación integral, habida

cuenta que, a juicio del actor, incurrió en desconocimiento del

precedente por cuanto inaplicó la sentencia de unificación de 28 de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

agosto de 2014, al omitir el reconocimiento de los perjuicios

causados de manera integral.

Sostuvo que la precitada sentencia de unificación invocada ha

reconocido la obligatoriedad de reparar los perjuicios que superan el

ámbito patrimonial y que comprometen bienes inmateriales tales

como la nacionalidad, la personalidad jurídica y el libre desarrollo de

la personalidad, entre otros.

Aseguró que también desconoció lo dispuesto en las sentencias T-

183 de 2023, T-419 de 2023 y SU-380 de 2021 de la Corte

Constitucional, en las que, a su juicio, se han determinado las

consecuencias de la cancelación de cédula y la anulación del registro

civil, por cuanto afectan la capacidad de acreditar la pertenencia y el

ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en el defecto alegado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la

relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el

actor es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a

consideración del juez natural, como si este mecanismo

constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso

ordinario.

En efecto, la inconformidad del actor se sustenta, básicamente, en

que la autoridad judicial accionada omitió el reconocimiento integral

de los perjuicios inmateriales invocados.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el

TRIBUNAL, así:

“[…] 4. El caso concreto

70. El presente asunto se enmarca en el evento en el cual se
reclama la reparación del daño causado con ocasión de la
expedición de un acto administrativo revocado directamente sin
incidencia de la conducta del sujeto pasivo del acto
administrativo ya que, mientras estuvo vigente pudo haber
producido daño por cuanto el afectado padeció una situación
desfavorable que cesó con la declaratoria de ilegalidad.

71. Sin embargo, en primera instancia se negaron las
pretensiones a falta de comprobación del daño entendido como
ausencia de prueba de las diferentes “afectaciones” como el
daño moral, el daño al buen nombre y a la honra también
derivados de las afirmaciones realizadas por entonces servidores

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

públicos, relacionadas con el hecho de haber estado a merced
de las autoridades para una deportación, con la posibilidad de
ser sancionado económicamente, de quedar impedido de ejercer
el derecho político al voto, de ser privado de acceder a los
servicios de salud de Colombia y no poder desarrollar actividades
remuneradas en Colombia, tampoco fueron acreditadas […]

80. Por consiguiente, en el asunto sub examine con la anulación
del registro civil de nacimiento 0056613258 y la cancelación de
la cédula de ciudadanía 1042466110, la Sala encuentra
acreditado que el señor Joaquín Gregorio López Díaz sufrió la
privación temporal de un atributo de la personalidad, la
nacionalidad lo cual, constituye un daño personal y cierto.

81. El hecho de que el daño ocasionado con la expedición del
acto administrativo cesara con la expulsión de éste del
ordenamiento jurídico, no elimina la ocurrencia del daño, sino
demarca si se trata de una lesión a un interés jurídico lícito de
carácter permanente o temporal.

82. Así que, el daño consistente la ruptura del vínculo del señor
Joaquín Gregorio López Díaz con el estado de Colombia, su
nacionalidad colombiana, tuvo lugar entre la ejecutoria de la
Resolución 14504 de 25 de noviembre de 2021 y la ejecutoria
de la Resolución 5027 de 23 de febrero de 2022. […]

4.1.2. Sobre la imputación fáctica y jurídica

87. Habiendo sido determinada la ocurrencia del daño como
primer elemento de la responsabilidad, resulta imperioso
examinar la atribución fáctica y jurídica que, de éste, se hace
frente a la parte demandada.

88. En el caso concreto fue acreditado que el acto administrativo
generador del daño, la Resolución 14504 de 25 de noviembre de
2021 fue expedida por la Registraduría, parte demandada.

89. Ahora, la configuración de la falla en el servicio está dada
por el hecho de que el daño fue generado por la expedición y
ejecución de un acto administrativo ilegal que a la postre fue
objeto de revocatoria directa conforme con lo dispuesto en el
artículo 93 del CPACA.

90. La expedición de la Resolución 5027 de 23 de febrero de
2022 mediante la cual se revocó parcialmente (respecto del
señor Joaquín Gregorio López Díaz) la Resolución 14504 de 25
de noviembre de 2021, demuestra que las determinaciones
(anulación del registro civil y cancelación de la cédula de
ciudadanía del demandante) adoptadas por la administración
eran incompatibles con el ordenamiento jurídico, tanto que la
propia administración recogió su decisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

91. El hecho de que se tratara de una revocatoria directa y no
del supuesto en el que el juez natural anula el acto
administrativo generador del daño, no altera la configuración de
la falla en el servicio ya que, la ley prevé ese escenario de control
de legalidad de los actos en el que la misma administración
advierte su ilegalidad y proceda a realizar la revocatoria directa

92. En este punto, es necesario precisar que no hubo incidencia
de la conducta del sujeto pasivo del acto administrativo en la
consolidación del daño, el señor Joaquín Gregorio López Díaz ya
que, si bien la Resolución 14504 de 25 de noviembre de 2021
fue publicitada bajo una de las formas legalmente previstas,
notificación por aviso fijado el 9 y desfijado el 16 de diciembre
de 2021, lo cierto es que el interesado tuvo conocimiento de lo
resuelto de manera posterior cuando ya había quedado
ejecutoriado el acto administrativo y no era posible interponer
recurso de reposición, ante lo que demostró diligencia en la
cesación del daño mediante la interposición de una acción de
tutela.

4.1.3. Sobre el perjuicio moral

93. Los perjuicios o consecuencias nocivas deben guardar
relación con la naturaleza del daño. […]

96. En el caso concreto, el señor Joaquín Gregorio López Díaz
fue privado de su derecho personalísimo a la nacionalidad
(anulación del registro civil y cancelación de la cédula de
ciudadanía del demandante) durante un lapso de 1 mes
equivalente al tiempo en el que la decisión administrativa
produjo efectos jurídicos.

97. Por consiguiente, en atención a la naturaleza del daño, la
afectación a un derecho personalísimo, uno de los atributos de
la personalidad del señor Joaquín Gregorio López Díaz, la
nacionalidad, que adicionalmente se constituye en el derecho
humano previsto en el artículo 1526 de la Declaración Universal
a los Derechos Humanos, la Sala encuentra por descontada la
ocurrencia del perjuicio moral.

98. Visto el libelo introductorio, la parte demandante solicitó el
reconocimiento del perjuicio inmaterial en modalidad de
perjuicios morales por valor de 70 SMLMV., sin embargo,
tomando en consideración el daño y el lapso en el que el interés
jurídico que fue lesionado, la Sala procede a determinar el monto
correspondiente a la indemnización conforme a los parámetros
de la sana crítica en uso del arbitrium iudicis en el equivalente a
10 SMLMV.

4.1.4. La conclusión

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

99. Por todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia en este aspecto, al encontrar acreditados los
elementos de la responsabilidad a cargo de la Registraduría por
el daño ocasionado al señor Joaquín Gregorio López Díaz (lapso
de privación de la nacionalidad) el cual amerita compensación
mediante el reconocimiento del perjuicio moral. […]

102. Así bien, de cara a las afirmaciones que hicieron servidores
públicos frente a la expedición de actos administrativos en los
que la Registraduría anuló registros civiles de nacimiento y
canceló cédulas de ciudadanía a varias personas, la Sala no
encuentra que hayan configurado un daño personal para el señor
Joaquín Gregorio López Díaz.

103. Visto el contenido de las notas de prensa, si bien el
entonces registrador manifestó que la Registraduría había
adelantado unos procesos de revisión en los que encontró
irregularidades en la expedición de algunas cédulas de
ciudadanía e incluso afirmó que habían mediado falsedades y
acciones que podrían estar penalmente tipificadas, lo hizo de
manera general, no hay evidencia de que mencionara el nombre
del señor Joaquín Gregorio López Díaz.

104. De manera que, tal como fue referido en el marco jurídico,
el carácter personal del daño está determinado por la
identificación del titular del derecho o interés lesionado y en este
caso no está dado ese carácter por lo que, resulta innecesario
continuar con el estudio de los demás elementos de la
responsabilidad frente a este aspecto.

4.2.2. La conclusión

105. Por todo lo anterior, la Sala confirmará frente a este asunto
la sentencia de primera instancia, al no estar dado el carácter
personal del daño invocado […]”. (Negrilla pertenece al texto)

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se advierte

que el TRIBUNAL elaboró un recuento de las pruebas aportadas al

proceso ordinario cuestionado y, a partir de dicho análisis, concluyó

que en el asunto se encontró probado el daño antijurídico y la

imputación a la administración, toda vez que la falla en el servicio

está dada por el hecho de que el perjuicio fue generado por la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

expedición y ejecución de un acto administrativo ilegal, al considerar

que la revocatoria de la nacionalidad y la cancelación del documento

de identidad del actor era incompatible con el ordenamiento jurídico,

tanto que la propia REGISTRADURÍA anuló su propia decisión.

Igualmente, el TRIBUNAL al efectuar el estudio del reconocimiento

de los perjuicios concluyó que había lugar solamente a reconocer el

perjuicio de orden moral, toda vez que el interés jurídico fue

lesionado por un lapso de un (1) mes, esto es, el equivalente al

tiempo en que el acto administrativo produjo efectos jurídicos. Sin

embargo, descartó que el daño invocado por el actor tuviera el

carácter personal, en la medida que la anulación de los registros y

de algunas cédulas de ciudadanía, se efectuó de manera general sin

que se demostrara un daño jurídico específico o individualizado

contra del actor, por lo tanto, consideró innecesario estudiar los

demás elementos de responsabilidad.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora

alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o haber desbordado los

límites del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto

carece del requisito general de la relevancia constitucional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración, razón por la que no se evidencia la configuración del

defecto del precedente judicial alegado, máxime cuando la parte

actora se limitó a citar apartes de algunas sentencias, sin precisar la

relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí resuelto

y su caso ventilado en el proceso ordinario cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala16 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

Finalmente, sobre el incumplimiento del requisito de relevancia

constitucional en los debates que versan sobre un asunto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

meramente económico y cuya falta de reconocimiento no

compromete ningún derecho fundamental, la Corte Constitucional en

la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 201916, sostuvo lo

siguiente:

“[…] 3.6. Ausencia de relevancia constitucional

45. La finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas
situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre
en graves falencias, de relevancia constitucional, que conllevan
una decisión incompatible con la Constitución. Por tal razón, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los
requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales es que el asunto tenga
evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la
protección de derechos fundamentales, “involucre garantías
superiores y no sea de competencia exclusiva del juez
ordinario”.

46. Dado que “la garantía de que cada órgano goce de
autonomía, en el sentido que debe poder desenvolverse y
desplegar su actividad por sí mismo, y autogobernarse, son
actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”, los órganos judiciales de cierre
“tienen entre sus competencias ‘la unificación de jurisprudencia
como forma de precisar con autoridad y vocación de
generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”. […]

En tales términos, la acreditación de esta exigencia, más allá
de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel.

47.Con fundamento en lo anterior, esta Corte ha manifestado
que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: (i) preservar la competencia y la independencia
de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones

Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
16

7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
48.Primero, la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico.
Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones
de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho
de índole económico, deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de
forma imprudente en asuntos de carácter netamente
legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en
[cuestiones] que corresponde definir a otras
jurisdicciones”. En tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i)
cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación
o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”,
salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos
y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés
general”.

49. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico
que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental”. La Corte ha sostenido al unísono que la
cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional, dado que el único objeto de la tutela
es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los
derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es
necesario que “la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Esto
significa que el asunto debe ser trascendente para (i) “la
interpretación del estatuto superior”, (ii) su aplicación, (iii)
desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance
de los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez
“indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

50. Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del
juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una
sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría
“la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como
de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios. […]

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación patrimonial
privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta
afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el
debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se
advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la
autoridad judicial […]”.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación

dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al

proceso, en el cual el juez constitucional no puede inmiscuirse, so

pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de un recurso

adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir

la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04393-00
Actor: JOAQUÍN GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.