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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04394-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04394-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción en relación con el defecto fáctico Segundo. NEGAR la tutela interpuesta por el señor Yendri de Jesús Añez Aicardi, frente a los defectos restantes, conforme a las consideraciones expuestas. Tercero Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04394-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04394-00
Accionante: Yendri de Jesús Añez Aicardi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera
Subsección A

Tema: Derechos a la personalidad jurídica, a la nacionalidad, estado
civil y otros. Reparación directa- declara responsabilidad.
Inconformidad con la tasación de perjuicios morales. DECLARA
IMPROCEDENTE- NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Yendri de Jesús Añez
Aicardi, mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al reconocimiento de la personalidad
jurídica, a la nacionalidad, al estado civil, «reparación integral en sentido
constitucional», que considera vulnerados con la sentencia del 26 de marzo de
2026, proferida dentro del medio de control de reparación directa con radicado
11001-33-43-059-2023-00107-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante Resolución 7300 de 2021
anuló su Registro Civil de Nacimiento núm. 152625833 y canceló su cédula de
ciudadanía, argumentando una presunta falsa identidad.

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Que interpuso una acción de tutela en contra de la entidad citada y antes de que se
decidiera dicho mecanismo la Registraduría decidió emitir un nuevo acto, donde
revocó la Resolución 7300 de 2021.

Que promovió demanda de reparación directa en contra de la Registraduría
Nacional del Estado Civil. El 1º de diciembre de 2023, el Juzgado Cincuenta y Nueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones. El 26 de marzo
de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró administrativa y
patrimonialmente responsable a la Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil,
por el daño antijurídico causado al señor Yendri de Jesús Añez Aicardi y condenó a
la entidad al pago de la suma de diez (10) SMLMV, por concepto de perjuicios
morales.

Considera que el Tribunal incurrió en los defectos

i) sustantivo, porque adoptó una comprensión del daño incompatible con los
artículos 1, 13, 14, 29, 93 y 96 de la Constitución, bajo el entendido que califica la
afectación como grave, pero las reparó como si fueran daños leves, es decir que,
convirtió la pérdida del soporte de identidad en una falla menor.

Que el Tribunal en la ratio decidendi señaló que la actuación de la Registraduría le
produjo al accionante afectación de personalidad jurídica, nacionalidad, estado civil
y dignidad; sin embargo, concluyó, «al parametrizar el daño causado con uno
equivalente a lesión personal, que ese era un problema menor, sin identificar la línea
constitucional aplicable ni explicar su apartamiento de la misma ni justificar porque
ella era más protectora que la que le sirvió de sustento a su decisión».

Que el Tribunal tenía que establecer el motivo por el cual los estándares estipulados
por la Convención Americana y la Corte Interamericana sobre nacionalidad,
personalidad jurídica, igualdad, protección judicial y documentación de identidad, no
incidían en la caracterización del daño, tal y como lo dispone la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación con radicado
05001-23-25-000-1999-01063-01(32988) del 28 de agosto de 2014.

ii) fáctico, porque efectuó la graduación del daño desde una premisa de baja
intensidad, lo cual contraría su propia motivación.

iii) desconocimiento del precedente, por inadvertir sentencias que tratan sobre los
efectos que produce la anulación del registro civil de nacimiento y la cancelación de
la cédula de ciudadanía, dentro de las cuales citó: de la Corte Constitucional T 090
de 1995, T 421 de 2017, T 375 de 2021, T 183 de 2023, T 183 de 2023 y T 419 de
2023; y, del Consejo de Estado Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014,
radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).

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iv) violación directa de la Constitución, «vulneró el principio de igualdad previsto en
el artículo 5 constitucional que impide la discriminación», porque trató, como menos
grave, una afectación que la Corte Constitucional ya había valorado como
estructural, sin explicar por qué.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 12 de marzo de 2026, proferida dentro del medio de control de reparación directa
con radicado 11001-33-43-059-2023-00107-00/01; y, en consecuencia, se ordene
a la autoridad judicial accionada que emita una nueva decisión donde:

«(…) confronte de manera expresa la línea constitucional contenida, entre otras,
en las sentencias de la Corte Constitucional T-183 de 2023, T-419 de 2023 y
SU-380 de 2021, así como en la Sentencia de Unificación del 28 de Agosto de
2014 emitida por el Consejo de Estado en el expediente distinguido con el
RADICADO 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), explicando: (i) cuál es la
regla constitucional aplicable; (ii) por qué el caso se asemeja o se diferencia de
esa línea; (iii) si decide apartarse de ella, cuáles son las razones de especial
fuerza constitucional que justifican el apartamiento; (iv) por qué la solución
adoptada no reduce sino que garantiza de manera suficiente la protección de
los derechos fundamentales comprometidos; (v) La aplicación o no al caso de
EL ACCIONANTE, de la protección a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos.
(…)
realice control de convencionalidad a partir de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, especialmente sus artículos 1.1, 3, 5, 8, 20, 24 y 25, y de
la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre nacionalidad, personalidad
jurídica, igualdad, protección judicial e identidad documental, en particular los
casos Ivcher Bronstein vs. Perú y Niñas Yean y Bósico vs. República
Dominicana.
(…)
se abstenga de centrar el análisis en una discusión puramente económica y
estudie el problema desde su dimensión constitucional y convencional
(…)
al valorar la reparación, EL TRIBUNAL distinga entre el daño moral y la
afectación a derechos convencionalmente protegidos, y adopte las medidas que
correspondan en función de la gravedad de los daños causados a EL
ACCIONANTE respecto de ambos conceptos».

TRÁMITE PROCESAL

El 16 de junio de 2026, se admitió la acción; se vinculó a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, como tercero con interés, y se ordenó notificar a la parte y la
vinculada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A
guardó silencio.

POSICIÓN DEL VINCULADO

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La Registraduría Nacional del Estado Civil pide que se declare improcedente la
acción por carecer de relevancia constitucional, dado que la tutela se orienta
realmente a obtener una nueva valoración judicial de los perjuicios reconocidos y a
lograr un incremento de la condena impuesta, finalidad que resulta incompatible con
la naturaleza subsidiaria y excepcional del mecanismo de amparo constitucional.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.

(...) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (...). Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

El accionante estima que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la dignidad humana, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la
nacionalidad, al estado civil y a la «reparación integral en sentido constitucional»,
con la sentencia del 26 de marzo de 2026, proferida dentro del medio de control de
reparación directa con radicado 11001-33-43-059-2023-00107-00/01, porque
incurrió en los defectos i) sustantivo, porque calificó la afectación como grave, pero
la reparó como si fuera un daño leve, es decir que, convirtió la pérdida del soporte
de identidad en una falla menor; ii) fáctico, efectuó la graduación del daño desde
una premisa de baja intensidad, lo cual contraría su propia motivación; iii)
desconocimiento del precedente, por inadvertir sentencias que tratan sobre los
efectos que produce la anulación del registro civil de nacimiento y la cancelación de
la cédula de ciudadanía; y, iv) violación directa de la Constitución, por transgredir el
derecho a la igualdad.

La Sala encuentra que el cargo de defecto fáctico carece de relevancia
constitucional, en la medida que el actor no indica cuál fue la prueba que se dejó de
valorar o se analizó de manera equivocada o qué prueba se dejó de practicar, entre
otras; que hubieran incidido de manera favorable en la tasación de los perjuicios.

La acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia, en relación con los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución ya que: a) tiene relevancia constitucional, en la medida en que se alega
la presunta vulneración de los derechos fundamentales por incurrir en los
defectos citados y el accionante argumentó suficientemente la solicitud; b)
el accionante no cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto;

4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.

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c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción se instauró el 9 de junio
de 2026, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia,
la cual ocurrió el 14 de abril de 2026, teniendo en cuenta que la notificación fue
efectuada por mensaje de datos enviado el 7 del mismo mes y año; d) se
identificaron claramente los hechos y los derechos vulnerados; y, e) la tutela no se
dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

El Tribunal en la providencia cuestionada señaló, en relación con la indemnización
de perjuicios, que la afectación que sufrió el señor Añez encuadra dentro de la
noción de daño moral reconocida por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2014, pues comprende
sentimientos de zozobra, angustia, desasosiego, inseguridad y temor generados por
la incertidumbre sobre su identidad jurídica, su pertenencia al Estado colombiano y
el cuestionamiento social implícito en la cancelación de documentos de
identificación, motivo por el cual encontró acreditado el perjuicio moral padecido por
el actor.

Trajo a colación sentencia proferida en el Caso Petro Urrego vs. Colombia por la
Corte Internacional, donde se reconoció que el daño inmaterial abarca aquellas
afectaciones que, aun cuando no poseen una traducción económica directa, inciden
de manera sustancial en dimensiones esenciales de la persona, al aludir
expresamente a las “afectaciones al buen nombre, a la honra y a su tranquilidad”

Indicó que la anulación del registro civil de nacimiento y la cancelación de la cédula
de ciudadanía no constituyen simples incidencias administrativas, sino que son
actuaciones que impactan directamente la identidad jurídica del ciudadano, su
reconocimiento estatal y su posicionamiento social; por lo cual, una decisión de esa
naturaleza afecta el buen nombre, la reputación y la estabilidad personal del
administrado, ya que introduce una duda institucional acerca de su identidad y
nacionalidad, categorías que integran el núcleo de los atributos de la personalidad.

Expresó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 6 de
febrero de 2021, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, examinó una situación en la cual
el Estado privó de manera arbitraria al señor Ivcher de su nacionalidad y concluyó
que la afectación a este derecho fue entendida como una fuente autónoma de daño
inmaterial, precisamente porque incide sobre la identidad jurídica del sujeto, su
reconocimiento institucional y su posicionamiento dentro del entramado social.

Por lo anterior, dijo que, conforme al estándar interamericano, la incertidumbre
institucional generada
en torno a la nacionalidad y la identidad del ciudadano, así como la afectación a su
buen nombre derivada de una decisión estatal posteriormente revocada, configuran
un daño de índole inmaterial susceptible de reparación.

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Descendiendo al caso concreto, mencionó que el actor pide como reparación la
suma de setenta (70) SMLMV y la implementación de medidas de satisfacción en
atención a la vulneración al buen nombre y a la honra.

Frente a la cuantificación del daño, precisó que «tratándose de perjuicios
inmateriales y ante la ausencia de criterios uniformes aplicables a situaciones como
la analizada, corresponde acudir al arbitrio iuris con el fin de fijar una compensación
razonable y acorde con las particularidades del caso».

En ese orden, el Tribunal acudió al arbitrio iuris para la tasación del perjuicio moral,
fijó la indemnización en diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y
precisó que dicha suma se adoptaba tomando como referencia el parámetro base
utilizado de manera reiterada por la jurisprudencia contencioso-administrativa para
la reparación del daño moral, particularmente en eventos en los cuales se afectan
bienes jurídicos de naturaleza personal, por ejemplo, en casos de lesiones
corporales o psicológicas.

De igual forma, dijo que la Subsección B de la misma corporación, en asuntos
similares, ha reconocido una indemnización equivalente a veinte (20) SMLMV, por
concepto de perjuicio moral, lo cual no es vinculante para esa sala y de lo cual se
aparta.

El actor estima que el Tribunal desconoció las siguientes decisiones: i) de la Corte
Constitucional T 375 de 2021, T 090 de 1995, T 421 de 2017, T 183 de 2023, T 183
de 2023 y T 419 de 2023; y, ii) del Consejo de Estado Sentencia de Unificación del
28 de agosto de 2014, radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), que
tratan sobre los efectos que produce la anulación del registro civil de nacimiento y
la cancelación de la cédula de ciudadanía.

La Sala evidencia que el Tribunal en la decisión cuestionada mencionó la sentencia
del 28 de agosto de 2014 de esta corporación, para decir que la afectación que
sufrió el actor por la incertidumbre sobre su identidad jurídica y su permanencia en
Colombia, con ocasión de la cancelación de sus documentos, encuadra en el daño
moral que reconoció el Consejo de Estado en aquella providencia.

Ahora, si bien el Tribunal no mencionó de manera expresa las decisiones de la Corte
Constitucional que el actor citó como inadvertidas, lo cierto es que la sentencia
cuestionada hizo énfasis en los derechos a la personalidad jurídica, la nacionalidad
y el estado civil, garantías a las que se refiere la Corte en esos fallos de tutela. Sin
embargo, se trata de decisiones de tutela, por lo que ninguno de ellos se refiere a
la cuantía de la indemnización, que es lo que en últimas discute aquí el actor.

El accionante alega que el Tribunal no explicó por qué los estándares estipulados
por la Convención Americana y la Corte Interamericana sobre nacionalidad,
personalidad jurídica, igualdad, protección judicial y documentación de identidad no
incidían en la caracterización del daño, tal y como lo dispone la sentencia del 28 de

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agosto de 2014 de esta corporación. Lo cierto es que la autoridad judicial sí tuvo en
cuenta estos preceptos para el análisis del daño antijuridico y con base en ellos y
en el acervo probatorio, concluyó que se configuró ese elemento y los demás de la
responsabilidad del Estado.

Por otro lado, no se encuentra que la tasación del perjuicio moral que efectuó el
Tribunal transgreda el derecho a la igualdad o desconozca los parámetros fijados
por esta corporación. Lo único que se observa es, que el argumento planteado por
el actor demuestra su inconformidad con el valor de la condena, pero no acredita
una violación de derechos fundamentales que resulte suficiente para dejar sin
efectos una decisión judicial.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción en relación con el defecto
fáctico y se negará la tutela, porque no se configuraron los defectos: sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, ni cualquier
otro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción en relación con el defecto fáctico

Segundo. NEGAR la tutela interpuesta por el señor Yendri de Jesús Añez Aicardi,
frente a los defectos restantes, conforme a las consideraciones expuestas.

Tercero Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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