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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04403-00

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04403-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Gobierno y de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04403-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Ingrid Carolina Álvarez Riveros.
Parte accionada: Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04403-00.
Asunto: Tutela contra autoridad. Improcedencia por subsidiariedad y
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.

I. ANTECEDENTES
1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La Agrupación de Vivienda Familiar Madelena 6 – IV Sector promovió
demanda de protección de los derechos e intereses colectivos contra la
Alcaldía Mayor de Bogotá – Alcaldía Local de Ciudad Bolívar - Secretaría
del Medio Ambiente, con el fin de que suspendiera o revocara la licencia
de funcionamiento de los establecimientos de comercio Blue Ice Bar y
Sound Bar JD, anteriormente denominados Cigarrería Yellow y bar El
Sitio respectivamente.

1.2. El Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, mediante sentencia de 21 de marzo de 2024, amparó el derecho
colectivo al goce de un ambiente sano de los habitantes de la Agrupación

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04403-00

de Vivienda Familiar Madelena 6- IV Sector, en el sentido de que ordenó
la realización de visitas de verificación a los establecimientos de comercio
Blue Ice Bar y Sound Bar JD para determinar los horarios de atención,
realizar mediciones de niveles de ruido y ejercicios de sensibilización
respecto de la contaminación auditiva, asimismo, ordenó el inicio del
procedimiento administrativo previsto en la Ley 1801 de 2016 contra los
establecimientos de comercio, por presuntas infracciones relacionadas
con el uso del suelo y la contaminación auditiva.

1.3. Inconforme con la decisión anterior las demandadas y la Policía
Nacional presentaron recurso de apelación.

1.4. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante decisión de 14 de mayo de 2026, confirmó
la sentencia de primera instancia al encontrar acreditada la vulneración
de los derechos e intereses colectivos invocados que afecta a la
comunidad accionante actualmente “[…] teniendo en cuenta que la
presente acción popular fue instaurada en el año 2022 sin que a la fecha
de esta providencia se haya verificado el cese efectivo de la vulneración
de los derechos colectivos invocados -lo que por sí solo evidencia la
insuficiencia de las actuaciones adelantadas hasta el momento- […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al
considerar que “[…] la parte actora de la acción popular no subsano en debida
forma la demanda tal como se le ordeno en el auto inadmisorio de la demanda
del 27 de octubre de 2022, rememorando que la aludida providencia se le pidió
a la parte actora lo siguiente: a) Indicar el nombre e identificación del
representante legal de la agrupación de vivienda familiar 6 IV sector y en caso
de actuar por intermedio de apoderado allegar el respectivo poder con los
requisitos del art. 74 del CGP. b) Allegar el documento actual e idóneo que
acredite la existencia de la agrupación de vivienda familiar madalena 6 - IV

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sector […]”, de lo cual sostuvo que no se cumplió con ello.

De lo anterior, considero que “[…] lo procedente era el rechazo de la acción
popular por carencia de vicios legales así mismo se vulnero el debido proceso
coaccionando y vulnerándose el mismo para ejercer el derecho a la defensa
[…]”.

Finalmente, mencionó que “[…] las partes en un proceso deben estar
plenamente identificada caso que nos ocupa no se presentó, vulnerándose el
debido proceso a ejercer una defensa sana entre las partes […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se tutele mi derecho fundamental del debido proceso en el proceso
bajo radicado 11001-33-42-052-2022-00420-01 Acción Popular.

2. Como consecuencia, se decrete la nulidad de todo lo actuado por
vulneración al debido proceso en la acción popular bajo el radicado
11001-33-42-052-2022-00420-01 que cursa en el despacho judicial del
Juzgado 52 administrativo de Circuito de Bogotá.

3. Que se levante cualquier medida provisional que tenga el
establecimiento de comercio BLUE ICE, CUYO REPRESENTANTE
LEGAL ES LA SUSCRITA […]”. [sic en toda la cita]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 9 de junio de 2026 la Subsección A de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente por
competencia a esta Corporación.

2. Mediante auto de 11 de junio de 2026, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó a la Subsección B de la Sección Primera Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a la Agrupación de Vivienda Familiar
Madelena 6 – IV Sector, al Distrito de Bogotá – Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar y Secretarías del Medio Ambiente, de Seguridad, Convivencia y
Justicia y de Planeación, a la Policía Nacional, a la Inspección de Policía de

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Ciudad Bolívar, a los establecimientos de comercio Blue Ice, El Sitio,
Cigarrería Yellow y Sound Bar JD, en calidad de terceros con interés directo
en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. La Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Gobierno en
representación de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar e Inspecciones de
Convivencia y Paz de Ciudad Bolívar solicitó la desvinculación de la acción de
tutela por carecer de legitimación por pasiva, toda vez que las inconformidades
del accionante se dirigen contra presuntas irregularidades procesales
ocurridas dentro de la acción popular conocida por el Juzgado Cincuenta y Dos
Administrativo del Circuito de Bogotá y por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto de las cuales
no tiene competencia ni posibilidad de atender las pretensiones formuladas.

Finalmente, advirtió que las Inspecciones 19 B y 19 C de Convivencia y Paz
de Ciudad Bolívar tramitaron los procesos policivos identificados con los
radicados núm. 2023694490102840E y 2022694490101084E, los cuales
versan sobre los mismos hechos que la accionante expone en el escrito de
tutela.

2. La Alcaldía de Bogotá – Secretaría Jurídica Distrital en representación de
las Secretarías del Medio Ambiente, de Seguridad, Convivencia y Justicia y de
Planeación indicó que no posee facultades para revisar, modificar, revocar o
controvertir las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. Asimismo,
solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo al considerar que, esta
carece de relevancia constitucional, en tanto, el accionante pretende reabrir
debates judiciales resueltos por el juez natural.

3. La Agrupación de Vivienda Familiar Madelena 6 – IV Sector solicitó declarar
improcedente la acción de tutela al considerar que es inexistente el defecto
procedimental por la presunta falta de identificación del demandante de la
acción popular, toda vez que, “[…] al verificar el cumplimiento del requisito, el

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juzgado emitió el auto admisorio según NOTIFICACIÓN PERSONAL AUTO
ADMISORIO DE LA ACCIÓN POPULAR EXP.11001-33-42-052-2022-
0042000, del 8 de noviembre de 2022, quedando cualquier presunto vicio legal
y formalmente saneado […]”.

4. El Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá,
mencionó que en el trámite de la acción popular “[…] mediante auto del 27 de
marzo de 2023 dispuso la vinculación a los propietarios y/o administradores de
los establecimientos de comercio: “BLUE ICE BAR” y “SOUND BAR JD”
(consec.031). Notificados en debida forma, presentaron la contestación a la
acción constitucional, sin formular excepciones previas o alegar causales de
nulidad (consec.39, 40, 41 y 42). En consecuencia, el Despacho al ejercer
control de legalidad saneo cualquier nulidad que pudiera ser alegada en
etapas posteriores, lo que permitió proferir la sentencia de primera instancia
[…]”.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se declarara la improcedencia de
la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

5. La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió
que “[…] se profirieron sentencias en primera y segunda instancia, sin que la
accionante presentara reparo alguno sobre las decisiones adoptadas por el
Juzgado 52 Administrativo de Bogotá respecto de las cuales esta Subsección
pudiera pronunciarse […]”. Asimismo, precisó que no decretó medida
provisional alguna en las providencias proferidas, razón por la cual cualquier
actuación en ese sentido es competencia de las autoridades locales.
Finalmente, solicitó la desvinculación de la acción de tutela.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de

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conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión Previa

La Sala advierte que la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de
Gobierno y la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
solicitaron la desvinculación del presente trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la Alcaldía Mayor de Bogotá –
Secretaría Distrital de Gobierno fungió como parte procesal dentro del proceso
de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el
radicado núm. 11001-33-42-052-2022-00420-00/01, le asiste interés directo
en la decisión de la acción constitucional de la referencia. En consecuencia,
se negará la solicitud de desvinculación.

Respecto de la solicitud de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la Sala considera que, comoquiera que este conoció en
segunda instancia del proceso objeto de cuestionamiento, le asiste interés
directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la
que se le negará la solicitud de desvinculación.

3.Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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B) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales de
la parte actora, con ocasión de la presunta indebida admisión de la
acción popular con radicado núm. 11001-33-42-052-2022-00420-
00.

3. Caso concreto

La Sala observa que la accionante sustenta la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales en la existencia de una nulidad procesal derivada de
actuaciones surtidas en la primera instancia del proceso de acción popular
identificado con el radicado núm. 11001-33-42-052-2022-00420-00, dentro del
cual intervino como representante legal del establecimiento de comercio Blue
Ice Bar. Concretamente, atribuye dicha irregularidad a la supuesta indebida
admisión de la demanda de protección de los derechos e intereses colectivos.

En ese contexto, la Sala abordará el estudio del caso a partir de la conducta
procesal asumida por la accionante frente a los mecanismos ordinarios de
defensa judicial previstos por el ordenamiento jurídico para controvertir las
actuaciones que ahora cuestiona, toda vez que se advirtió que dichos
instrumentos no fueron oportunamente agotados en el trámite
correspondiente, pese a su idoneidad para la protección de los derechos cuya
vulneración se alega.

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19912.

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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Sin embargo, esta acción constitucional se caracteriza como un instrumento
subsidiario excepcional y residual, es decir, que solo procede cuando el afectado
no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable, de
conformidad con lo previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
Política y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.

El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba
ser conjurado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable,
para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho3.

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que, para acudir a la acción de amparo el
interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal
(acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera
que sea su naturaleza4), lo que significa que la parte accionante tiene la
obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las
acciones que estén a su alcance.

En el caso objeto de estudio, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se decrete la nulidad de todo lo actuado en
el marco del proceso de acción popular con radicación núm. 11001-33-42-052-
2022-00420-00, al considerar que la demanda de protección de los derechos e
intereses colectivos no debió ser admitida.

En ese orden de ideas, y en consideración a que la vulneración alegada por la
accionante deviene de una presunta indebida admisión de la demanda, la Sala
considera que para tal fin la parte actora disponía de mecanismos de defensa
judicial, como la formulación de excepciones previas, alegar causales de nulidad
o presentar recurso de apelación en la oportunidad procesal para ello.

3 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
4 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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De lo anterior, la Sala observa que de las pruebas que obran en el expediente
del proceso objeto de estudio se evidencia que la parte actora no formuló
excepciones previas durante el traslado de la demanda de acción popular, ni
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
mecanismos procesales idóneos para controvertir la presunta irregularidad que
ahora invoca mediante este mecanismo constitucional.

Así las cosas, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, máxime cuando
de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilite la intervención del juez constitucional como mecanismo
transitorio.

De otra parte, resulta pertinente señalar que, respecto del planteamiento de la
accionante relacionado con la presunta indebida admisión de la demanda de
acción popular y la consecuente vulneración de su derecho de defensa, la Sala
advierte que, en el trámite de la acción popular en primera instancia, la autoridad
judicial accionada, mediante autos del 1º5 y 56 de diciembre de 2023, resolvió el
incidente de nulidad promovido por la ahora accionante, negando la declaratoria
de nulidad procesal que sustenta la presente solicitud de amparo.

Por lo anterior, y en gracia de discusión, si se entendiera que la presente acción
pretende controvertir la decisión por medio de la cual se negó la nulidad, el
mecanismo de amparo deviene improcedente por falta de relevancia
constitucional, puesto que no puede utilizarse como una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces7, por lo cual el juez de

5
SAMAI Índice 00084. Sección Segunda del Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito de
Bogotá “[…] PRIMERO: NEGAR la nulidad formulada por el apoderado de la propietaria del
establecimiento de comercio Blue Ice Bar, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
decisión. SEGUNDO: EJECUTORIADA la presente providencia, por Secretaría, INGRESAR el
cuaderno principal al Despacho para emitir la sentencia que en derecho corresponda […]”.
6
SAMAI Índice 00093. Sección Segunda del Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito de
Bogotá “[…] Resuelve: PRIMERO.- NO REPONER el auto del 01 de diciembre de 2023, que negó la
nulidad formulada por el apoderado de la propietaria del establecimiento de comercio Blue Ice Bar, en
los términos expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- DECLARAR improcedente
el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la propietaria del establecimiento de comercio
Blue Ice Bar, en contra del auto del 01 de diciembre de 2023, que negó la nulidad formulada por esa
misma parte, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión […]”.
7
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez natural.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección declarará improcedente la
acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Gobierno y de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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