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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04411-01

Fecha
20 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04411-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de julio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04411-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

20 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: JUDITH PÉREZ RODRÍGUEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
de 16 de julio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Judith Pérez Rodríguez, solicitó, a través de apoderado judicial, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y seguridad jurídica, cuya vulneración le
atribuyó a las providencias de 14 de diciembre de 2020 y 12 de abril de 2024,
proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal
Administrativo de Bolívar, respectivamente, dentro del medio de control de
reparación directa con número de radicación 13001-33-33-006-2017-00264-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación - Contraloría General de la República, con ocasión de i) la
vinculación de la señora Judith Pérez Rodríguez al proceso de responsabilidad fiscal
N° 2013-00-100-CD-000346-201, ii) la suspensión y separación del ejercicio de su
cargo al interior de la Alcaldía de Cartagena, y iii) mantenerla vinculada a dicho proceso
de responsabilidad fiscal hasta el 18 de septiembre de 2015, cuando se profirió auto de
archivo definitivo del citado proceso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

2.2. Afirmóque el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Cartagena, con número de radicación 13001-33-33-006-
2017-00264-00, y mediante providencia de 14 de diciembre de 2020, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.3. Manifestó que inconformes con la anterior decisión, tanto la parte actora como la
demandada presentaron recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Bolívar,
mediante providencia de 12 de abril de 2024 confirmó la sentencia de primera instancia.

2.4. Adujo que las providencias mencionadas anteriormente vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y seguridad jurídica, por incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento
del precedente judicial.

2.5. Sostuvo que se incurrió en el defecto fáctico por indebida valoración probatoria,
indicó que con las providencias se desconocieron y omitieron elementos probatorios
trascendentes que obraban al interior del proceso, como los testimonios practicados,
mediante los cuales, a su juicio, se acreditaban las afectaciones sufridas tanto por
ella como por los integrantes de su familia, afirmó que los jueces del proceso
ordinario restringieron el análisis de responsabilidad únicamente a la medida de
suspensión provisional adoptada por la Contraloría General de la República y dejaron
de examinar aspectos determinantes del daño antijurídico alegado como la apertura
misma del proceso fiscal, su prolongación por más de tres años y el posterior archivo
de la investigación por inexistencia de detrimento patrimonial.

2.6. Indicórespecto del defecto sustantivo, que el sustento de las providencias
desconoció la normatividad aplicable que determina y regula la competencia material
de la Contraloría General de la República, especialmente al momento de dar apertura
a un proceso de responsabilidad fiscal. Afirmó que “[…] el Tribunal Administrativo de
Bolívar, al atribuirle a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
competencia para ejercer el control fiscal que desplego (sic) en el caso concreto, y a
su vez al determinar que ello podría dar lugar a la Apertura de un Proceso de
responsabilidad fiscal, desconoce de lleno las normas legales de orden público y de
obligatorio cumplimiento que determinan la COMPETENCIA de dicho ente de
control, desconociendo a su vez, los momentos o clase de control y/o intervención
que podía desplegar en su momento frente al caso concreto.[…]”

2.7. Finalmente,frente al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que
existió un desconocimiento del precedente jurisprudencial de las Altas Cortes, al no
dar aplicación al “[…] AL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVO, CUANDO
EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD TERMINA CON UNA DECISIÓN DE
ARCHIVO O DE ABSOLUCIÓN LO CUAL CONDUCE INEXORABLEMENTE A LA
REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO POR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.T-
416/16 […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

“[…] 1.-Tutelar el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, AL
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD, A LA
SEGURIDAD JURIDICA, de mi representada JUDITH PEREZ RODRIGUEZ

2.-Como consecuencia de la anterior declaración solicito dejar sin efectos
jurídicos la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de abril de 2024,
notificado por correo electrónico del 10 de diciembre del 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolivar dentro del proceso de Reparación Directa
adelantado por JUDITH PEREZ RODRIGUEZ Y OTROS , en contra de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cual correspondió por
reparto en primera instancia al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Cartagena, bajo el radicado No. 13001333300620170026400 […]”. [Negrilla del
texto y sic para toda la cita]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 16 de junio de 2026, el Despacho sustanciador de la Sección
Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. Asimismo, se vincularon
en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Contraloría
General de la Nación y a los señores Edel María Pérez Rodríguez; Emir María Pérez
de Ardila; Nelson Pérez Rodríguez; Anyelu José Pérez Barrios; Milagro de Jesús
Pérez Barrios y Bernarda Margarita Barrios Noriega.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. El
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena solicitó su
desvinculación de la acción constitucional, realizó un recuento de las actuaciones
llevadas a cabo dentro del proceso y resaltó que las mismas fueron desplegadas
con estricto apego de las normas aplicables, sin evidenciar violación de derechos
fundamentales, por lo que solicitó negar el amparo.

5.2. Laseñora Edel María Pérez Rodríguez solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados, coadyuvó integralmente las pretensiones del amparo
constitucional y adujo ser demandante dentro del proceso de reparación directa,
debido a que sufrió, al igual que los demás integrantes de su familia, las
consecuencias del proceso de responsabilidad fiscal, adelantado por la Contraloría
General de la Nación.

5.3. La señora Emir María Pérez de Ardila expresó su coadyuvancia a la acción
constitucional, sostuvo que las providencias judiciales acusadas no repararon
adecuadamente los daños ocasionados, por lo que solicita el amparo de los
derechos fundamentales.

5.4. Los señores Anyelú José Pérez Barrios, Milagro de Jesús Pérez Barrios y
Bernarda Margarita Barrios Noriega coadyuvaron integralmente las pretensiones
formuladas en la demanda de tutela, expresaron que al igual que la actora,
consideran que sus derechos también fueron vulnerados con las providencias

4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

cuestionados, por lo que solicitaron el amparo de los derechos fundamentales
invocados.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 16 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado resolvió declarar improcedente la acción de tutela y tener como coadyuvantes
de la parte accionante a los señores Edel María Pérez Rodríguez; Emir María Pérez
de Ardila; Nelson Pérez Rodríguez; Anyelu José Pérez Barrios; Milagro de Jesús
Pérez Barrios y Bernarda Margarita Barrios Noriega.

7. Manifestó que no se cumple el requisito de relevancia constitucional debido a que
el asunto fue debidamente examinado por el juez competente, por lo que no
considera que la decisión se haya proferido de forma arbitraria, sin respaldo de
fundamentos fácticos o normativos, ni derechos fundamentales transgredidos
durante el trámite del proceso.

8. Advirtió que, la controversia que la accionante pretende trasladar a la jurisdicción
constitucional no se refiere a la existencia de una vulneración de sus garantías
fundamentales, sino a la inconformidad derivada de que el Tribunal no accedió a la
totalidad de las indemnizaciones reclamadas en la demanda de reparación directa.

9. Resaltó que “[…] lo que en realidad pretende la accionante es que el juez de tutela
reabra el debate sobre la suficiencia de las pruebas y sustituya las conclusiones a
las que arribó la autoridad judicial competente para determinar si los perjuicios
reclamados se encontraban acreditados y cuál era el alcance de la reparación
procedente. Tal pretensión resulta incompatible con la naturaleza excepcional del
amparo contra providencias judiciales, pues supone convertir esta acción
constitucional en una tercera instancia destinada a revisar nuevamente aspectos
propios del litigio ordinario. […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
los siguientes argumentos:

11. Adujo que en las consideraciones esgrimidas en el fallo de tutela de primera
instancia se incurre en una indebida valoración de los hechos del mecanismo
constitucional, en una aplicación errónea del principio de subsidiariedad, y en el
desconocimiento a la vulneración de los derechos fundamentales. Reiteró los
argumentos de la configuración de los defectos mencionados en la acción de tutela.

12. Resaltó que “[…] en el fallo judicial de segunda instancia proferido por el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de Bolívar dentro del proceso de reparación directa
que viene en cita, se incurrió en Arbitrariedad en la conclusión de no acreditación de
la pérdida de oportunidad, careciendo dicha negativa de una motivación adecuada.
[…]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

13. Por lo anterior, solicitó revocar en su totalidad el fallo de tutela de primera
instancia, declarar procedente la presente acción constitucional y conceder el
amparo de los derechos fundamentales invocados. Y, que, como consecuencia de
lo anterior, se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de abril
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, ordenando la emisión
de un nuevo fallo.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VIII.2. Cuestión previa

15. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal
presentada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena.

16. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,

1
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3 “[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4 “[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector

Justicia y del Derecho […]”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del texto).

17. En el caso objeto de estudio, se observa que el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Cartagena conoció del proceso objeto de la presente acción de tutela en
primera instancia y, además, profirió una de las providencias cuestionadas en este
trámite constitucional, por lo tanto, la Sala considera que le asiste el interés jurídico
para ser vinculada a esta acción constitucional.

18. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VIII.3. Problemas jurídicos

19. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 12 de abril de 2024 y 14 de diciembre de 2020, proferidas por
el Tribunal Administrativo de Bolívar y por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena, respectivamente. Sin embargo, la Sala solo analizará
si la providencia de 12 de abril de 2024 vulneró los derechos fundamentales de la
parte accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis.

20. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial.

21. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

22. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de
2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

23. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que
proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

24. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

25. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

27. Setrata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica
e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

28. El
criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

3. La señora Judith Pérez Rodríguez, solicitó, a través de apoderado judicial, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y seguridad jurídica, cuya vulneración le
atribuyó a las providencias de 14 de diciembre de 2020 y 12 de abril de 2024,
proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal
Administrativo de Bolívar, respectivamente, dentro del medio de control de
reparación directa con número de radicación 13001-33-33-006-2017-00264-00/01.

29. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el
de relevancia constitucional.

VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

30. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

31. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.

32. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o
cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual
sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir
la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal
atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena
del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla
fuera del texto].

33. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii)
laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

34. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

35. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales20.

36. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la Constitución
Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

36.1. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la accionante alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y a la seguridad jurídica, por incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.

19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

36.2. Sostuvo que se incurrió en el defecto fáctico por indebida valoración probatoria,
indicó que con las providencias se desconocieron y omitieron elementos probatorios
trascendentes que obraban al interior del proceso, como los testimonios practicados,
mediante los cuales, a su juicio, se acreditaban las afectaciones sufridas tanto por
ella como por los integrantes de su familia, afirmó que los jueces del proceso
ordinario restringieron el análisis de responsabilidad únicamente a la medida de
suspensión provisional adoptada por la Contraloría General de la República y dejaron
de examinar aspectos determinantes del daño antijurídico alegado como la apertura
misma del proceso fiscal, su prolongación por más de tres años y el posterior archivo
de la investigación por inexistencia de detrimento patrimonial.

36.3. Indicó
respecto del defecto sustantivo, que el sustento de las providencias
desconoció la normatividad aplicable que determina y regula la competencia material
de la de la Contraloría General de la República, especialmente al momento de dar
apertura a un proceso de responsabilidad fiscal. Afirmó que “[…] el Tribunal
Administrativo de Bolívar, al atribuirle a la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, competencia para ejercer el control fiscal que desplego en el caso
concreto, y a su vez al determinar que ello podría dar lugar a la Apertura de un
Proceso de responsabilidad fiscal, desconoce de lleno las normas legales de orden
público y de obligatorio cumplimiento que determinan la COMPETENCIA de dicho
ente de control, desconociendo a su vez, los momentos o clase de control y/o
intervención que podía desplegar en su momento frente al caso concreto.[…]”

36.4. Finalmente, frente al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que
existió un desconocimiento del precedente jurisprudencial de las Altas Cortes, al no
dar aplicación al “[…] AL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVO, CUANDO
EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD TERMINA CON UNA DECISIÓN DE
ARCHIVO O DE ABSOLUCIÓN LO CUAL CONDUCE INEXORABLEMENTE A LA
REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO POR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.T-
416/16 […]”.

37. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional, y ii)
la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia con
lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural del asunto.

38. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación desproporcionada a
sus derechos fundamentales”.

39. Se observa que el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante providencia de 12
de abril de 2024, consideró lo siguiente:

“[…] Esta Colegiatura Judicial precisa que el apelante disiente del a quo que
concluyó que la Contraloría General de la República no estaba legitimada de

12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

ejercer un control fiscal previo, porque efectivamente, conforme la sentencia C
623 de 1999 de la Corte Constitucional, ese órgano de control si tenía competencia
para ejercer control fiscal respecto de Judith Pérez Rodríguez como supervisora de
la ejecución de la prestación del servicio de aseo integral para el Distrito de
Cartagena.

Lo anterior, considerando que el artículo 65 de la Ley 80 de 1993 prevé que la
intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los
trámites administrativos de legalización de los contratos. Esto implica que puede
iniciarse el control fiscal no solamente en la liquidación o terminación del contrato,
sino también durante la ejecución como fue en el caso de la parte actora. Así lo
reafirma la Corte Constitucional en sentencia precitada C 623 de 1999, que
sostiene: “El control fiscal sobre los contratos estatales debe ejercerse después de
que se han cumplido los trámites administrativos de legalización de los contratos,
esto es, cuando han quedado perfeccionados, durante su ejecución y después
de terminados o liquidados […]”.

Así las cosas, se satisface el problema jurídico inicial planteado, en tanto que se
confirma que la Contraloría General de la República tenía competencia para ejercer
control fiscal respecto del contrato que ejecutaba Judith Pérez Rodríguez como
supervisora de la ejecución de la prestación del servicio de aseo integral para el
Distrito de Cartagena, en tanto que se ejerció el control fiscal en virtud de “[…]
auditoria donde se logró establecer la existencia de irregularidades en el trámite del
proceso contractual y en la ejecución del contrato que contribuyeron a la
configuración de un daño patrimonial que da origen a la causa fiscal […]”

[…]

Por lo precedente, es manifiesto que el control fiscal que se realiza en la ejecución
del contrato estatal podría dar lugar a un proceso de responsabilidad fiscal como el
que se le adelantó a la actora, que se inició con la investigación correspondiente,
siguiendo con la imposición de la suspensión provisional e inmediata del cargo
durante el lapso comprendido entre 31 de octubre de 2012 por Resolución No. 57
de 30 de octubre de 2012 hasta 10 de octubre de 2013 por la Resolución 6879 de
10 de octubre de 2013.

Hasta aquí se resuelve afirmativamente el segundo problema jurídico relacionado
con que si el control fiscal ejercido una vez perfeccionado el contrato, daría lugar al
inicio de un proceso de responsabilidad fiscal.

[…]

Por todo, la Contraloría General de la República en efecto causó un daño
antijurídico porque i) no hizo ejercicio legítimo de sus funciones al efectuar un
control fiscal sin existir fundamento alguno para imponer medida provisional ii) se
advirtieron irregularidades por la CGR en el control fiscal que finalizó en decisión
de archivo por no haber mérito alguno y iii) el proceso fiscal no era una carga que
debía soportar la accionante más aun su pedido de suspender con carácter
provisional del cargo a la accionante.

Sobre la revaluación (sic) de los daños morales tasados en primera instancia.

La parte actora solicita que se reconsidere las argumentaciones del a quo sobre el
reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales y la revaluación (sic) de los
morales en un monto superior, con base en lo sostenido por la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado respecto del examen individual de cada caso, estableciendo
si el daño devino en una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada.

13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

En relación con el pedido, la Sala no procederá a modificar lo indemnizado por
perjuicios morales, en tanto que el censor no precisa ni razona la jurisprudencia
aplicable para revaluar (sic) la tasación realizada por el a quo.

Alega que con el examen individual se establece que el daño es antijurídico, por la
ausencia de idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad, sin embargo, este análisis
pertenece a la órbita del daño como primer elemento para acreditar la
responsabilidad más no se toma como criterio para determinar la gravedad de los
perjuicios morales sufridos por la actora que fueron tasados por el juzgador de
primer grado conforme el arbitrio judicial avalado por la jurisprudencia del Consejo
de Estado.

Sobre la indemnización por daños a la vida en relación

Al respecto, debe decirse que el correspondiente perjuicio deprecado fue
abandonado a partir de la sentencia de unificación de 14 de septiembre de 2011, y
reemplazado por el daño a la salud, y que si bien se podría valorar este daño de
cara al examen de psiquiatría que obra en el plenario, lo cierto es que la valoración
de aquella especialidad médico se destinó para los daños morales, máxime porque
no hay prueba alguna de secuelas o lesión a la integridad psicofísica que haya
afectado la salud de la accionante.

Sobre reconocimiento de perjuicios morales a hermanos y sobrinos de la
víctima

Sobre esta cesura, se advierte que la parte apelante no quebró las elucubraciones
jurídicas y probatorias del juez de primera instancia respecto a que, si bien se
acredita el parentesco entre la accionante, sus hermanos y sobrinos, estos no
hacían parte del grupo familiar primario. Como tampoco se demostró afectaciones
morales con los testimonios que se pide que se tengan de presente.

Sobre reconocimiento de daños materiales

Véase que se está pidiendo un perjuicio autónomo como lo es la pérdida de
oportunidad, que se caracteriza por un elemento de certeza y otro de incertidumbre,
como es en este caso el encargo de la actora, no obstante, el correspondiente daño
no fue pedido en la demanda ni fue objeto de debate en el proceso, siendo
inconsecuente que se valore y se ordene en esta instancia.

En el lucro cesante, coincide la Sala con las razones expuestas por el a quo en
torno a que se trataba de una mera expectativa lo del encargo, por desconocimiento
del periodo en que permanecería allí máxime por no haber prueba que permita
establecer certeza de los extremos temporales que habría estado en el encargo la
parte accionante. […]”. [Negrilla del texto]

40. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

41. Por el contrario, se observa que el Tribunal Administrativo de Bolívar realizó un
estudio razonable del caso.

42. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado

14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

[…]”21. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado indebidamente
como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial […]”; ya que en
“[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”22.

43. Con fundamento en lo anterior la Sala confirmará el fallo impugnado, como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Cartagena, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de julio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
22
Ibidem.

15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04411-01
Accionante: Judith Pérez Rodríguez

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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