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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04418-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04418-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niégase el amparo invocado por la parte demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04418-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

26 de junio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá, veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-04418-00
Demandante: ARLEN CECILIA SALTARÉN RAMÍREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN EL MARCO DE UN PROCESO DE NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. ACRECIMIENTO
DEL 50 % RESTANTE DE LA SUSTITUCIÓN DE LA
ASIGNACIÓN DE RETIRO.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia que revocó la decisión de
primera instancia y negó el acrecimiento del 50% restante de la sustitución de la asignación de
retiro, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución
y desconocimiento del precedente judicial. La Sala negará el amparo invocado, porque no se
acreditaron los defectos invocados.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela1 presentado, a través de apoderado
judicial, por la señora Arlen Cecilia Saltarén Ramírez en contra del Tribunal Administrativo
del Atlántico, para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de
la Carta Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 6 de febrero
de 2026, proferida por esa autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) La señora Arlen Cecilia Saltarén Ramírez fue reconocida judicialmente como compañera
permanente del señor Yezid José Pardos Téllez, capitán de navío de la Armada Nacional,
mediante sentencia del 27 de octubre de 2020 proferida por el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Barranquilla, en la cual se ordenó reconocer la sustitución de

1 La acción de tutela fue presentada el 9 de junio de 2026, índice 1, Samai.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04418-00
Demandante: Arlen Cecilia Saltarén Ramírez
Acción de tutela

la asignación de retiro en un 50% para la cónyuge supérstite, Elvia Gómez de Pardo, y un
50% para la compañera permanente, Saltarén Ramírez.

2) En cumplimiento de esa decisión, CREMIL expidió la Resolución 5597 del 17 de mayo
de 2022, mediante la cual reconoció la prestación en los porcentajes señalados.

3) La señora Elvia Gómez de Pardo falleció el 26 de octubre de 2022, circunstancia que
llevó a la parte demandante a solicitar ante CREMIL, en marzo de 2024, el acrecimiento de
la sustitución de la asignación de retiro, con el fin de recibir el 100% de la prestación, por
considerar que era la única beneficiaria sobreviviente y que le resultaba aplicable el
parágrafo 1º del artículo 8 del Decreto 1889 de 1994.

4) La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares negó la solicitud mediante oficio del 29 de abril
de 2024, en la medida que el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 no contemplaba el
acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente.

5) Formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho ante el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla2, el cual, mediante
providencia del 18 de junio de 2025, accedió a las pretensiones, declaró la nulidad de los
actos administrativos demandados y ordenó a CREMIL reconocer a la demandante el 100%
de la asignación de retiro a partir del fallecimiento de la cónyuge supérstite.

6) Sin embargo, la entidad apeló la decisión y el 6 de febrero de 20263 el Tribunal
Administrativo del Atlántico revocó el fallo, en atención a que el régimen especial de la
Fuerza Pública, contenido en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, excluía el
acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente.

2. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión del
fallo proferido el 6 de febrero de 2026, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.

2 Proceso con radicación no. 08-001-33-33-012-2024-00176-00/01.

3 Decisión notificada por correo del 9 de febrero de 2026.

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Demandante: Arlen Cecilia Saltarén Ramírez
Acción de tutela

En cuanto al defecto sustantivo, señaló que el tribunal aplicó indebidamente el artículo 11
del Decreto 4433 de 2004 y dejó de aplicar normas superiores y más favorables,
particularmente el artículo 53 de la Constitución y el parágrafo 1 del artículo 8 del Decreto
1889 de 1994 que, en su criterio, permiten el acrecimiento de la sustitución pensional entre
beneficiarios del mismo orden.

El régimen especial de la Fuerza Pública no excluye cualquier posibilidad de acrecimiento
entre cónyuge y compañera permanente.

Por otra parte, afirmó que se desconoció el precedente judicial del mismo Consejo de
Estado4, que, en casos similares, ha reconocido el acrecimiento de la sustitución de la
asignación de retiro a favor de la compañera permanente cuando fallece la cónyuge
beneficiaria, mediante la aplicación del parágrafo 1º del artículo 8 del Decreto 1889 de 1994.

Indicó que la decisión violó de forma directa la Constitución Política, pues, desconoció el
principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 superior y adoptó una interpretación
menos protectora de sus derechos prestacionales.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“1. AMPARAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la Seguridad
Social, al Mínimo Vital y a la Igualdad de los cuales soy titular.

2. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia de segunda instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Barranquilla, dentro del proceso judicial con
radicado No. 08001333301220240017601

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Barranquilla que, en un término no
mayor a diez (10) días, proceda a proferir un nuevo fallo de segunda instancia en
el cual observe el precedente jurisprudencial vinculante y, consecuentemente,

4. CONFIRME la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado
Administrativo que accedió al derecho del acrecimiento pensional.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI, índice 2, negrillas y
mayúsculas del original).

4 Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 24 de agosto de 2017.,
radicación 25000-23 42-000-2013-00823-01(0717-14) y sentencia del 30 de julio de 2009, radicación 68001-
23-15 000-2001-02594-01(0638-08).

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Demandante: Arlen Cecilia Saltarén Ramírez
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4. Actuación procesal

Mediante auto del 12 de junio de 20265, se admitió el proceso de acción de tutela y se
ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Atlántico, al titular del Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial
de Barranquilla y al director o quien haga sus veces de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (Cremil), con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas y vinculadas

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)6, solicitó declarar improcedente la tutela
por cuanto lo que se pretende es controvertir decisiones judiciales ejecutoriadas y reabrir
una controversia ya definida en el proceso ordinario.

El Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla 7remitió el enlace del
proceso ordinario, pero no se pronunció acerca de las pretensiones de la demanda.

El Tribunal Administrativo del Atlántico guardó silencio, pese a haberse notificado en debida
forma8.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos

5 Índice 4, Samai.

6 Índice 13, Samai.

7 Índice 14, Samai.

8 Índice 15, Samai.

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Demandante: Arlen Cecilia Saltarén Ramírez
Acción de tutela

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo del Atlántico con el fin de que se proteja sus derechos
fundamentales antes mencionados, con ocasión del fallo proferido el 6 de febrero de 2026,
por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial.

Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción de
tutela se alegó un desconocimiento del precedente judicial y una violación directa de la
Constitución, lo cierto es que a partir de la lectura integral del escrito de amparo se advierte
que esos reparos, en realidad, se sustentan en la misma inconformidad: que el tribunal
negó el acrecimiento de la sustitución de la asignación de retiro conforme el artículo 11 del
Decreto 4433 de 2004 y dejó de aplicar el principio de favorabilidad consagrado en el
artículo 53 de la Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha reconocido
dicho acrecimiento en casos similares; por consiguiente, se procederá a realizar el análisis
únicamente frente al primero de los defectos mencionados pues los argumentos
relacionados con el otro también constituyen un desconocimiento del precedente judicial,
por lo que se valorarán desde esa óptica.

Así mismo, se analizará el defecto sustantivo invocado por la parte demandante.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

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Demandante: Arlen Cecilia Saltarén Ramírez
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En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
invocado, por las razones que procederán a exponerse:

El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa
judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la
acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
atacada9; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida
como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (iv) la parte demandante identificó de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron,
(v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión que se discute resulta
de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos
constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia que revocó la decisión de
primer grado que había ordenado el acrecimiento del 50% restante de la sustitución de la
asignación de retiro y se plantearon argumentos que transcienden una discusión de mera
legalidad; tampoco se evidencia que se persiga un fin eminentemente económico ni que se
busque emplear la acción como una instancia adicional al proceso ordinario, sino que la
controversia tiene importantes implicaciones respecto del derecho fundamental de la
seguridad social.

Superado el análisis anterior, pasa la Sala a establecer si la sentencia objeto de tutela
incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

2.1 Análisis de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial

a. Caracterización del defecto sustantivo

i) Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando
una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas luces no
subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”10.

9 La sentencia de segunda instancia fue notificada por correo electrónico del 9 de febrero y la demanda fue

presentada el 9 de junio del presente año.
10 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.

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ii) La Corte Constitucional estableció11 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas
que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal
razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido proceso
de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de normas
aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una determinada
materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una determinada autoridad
judicial:

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del
caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -
interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se
aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o
(v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso12”.

b. Caracterización del precedente judicial

El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas al caso
que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia13”.

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas relevantes
para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico y reiterado y se
dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que, en lo sucesivo, tengan
una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con supuestos fácticos y jurídicos
similares se debe otorga un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería
determinar el sentido de la decisión posterior en aras de garantizar la igualdad de las partes
ante la ley y la seguridad jurídica en las decisiones judiciales.

11 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

12 Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.

13 Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.

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No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional14 es necesario precisar que
no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”, pues ello
solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad sobre dicho
punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es posible identificar
tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren las órdenes vinculantes
para las partes del proceso y que constituye la solución al problema jurídico examinado; ii)
la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones o razones que sustentan, motivan y
justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no son más que
aquellos argumentos de referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes
ni necesarios para la resolución del asunto.

Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza de
precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver
posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o
una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos
del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un
punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente 15”.

Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente judicial,
sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una regla cuya
aplicación deba necesariamente ser atendida.

Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la
definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se denomina
antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los términos
que a continuación se explican:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a la
que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista
fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g.
conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para
resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter
orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez

14 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.

15 Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

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a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para
apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad. (…)

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso”.

Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en los
cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son semejantes
a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye
la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica
que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas las
razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del mismo, lo que
se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii) están llamados a
demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían de mejor manera el
contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección, pues
no cualquier motivo constituye una razón válida para “justificar” el apartamiento del
precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de argumentación”.

2.2 El análisis de los defectos invocados en el caso concreto

1) En el asunto sub examine, la parte demandante alegó que se aplicó indebidamente el
artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 y se dejaron de emplear normas superiores y más
favorables, particularmente el artículo 53 de la Constitución y el parágrafo 1 del artículo 8
del Decreto 1889 de 1994 que, en su criterio, permiten el acrecimiento de la sustitución
pensional entre beneficiarios del mismo orden.

2) Asimismo, afirmó que se desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado 16, que,
en casos similares, ha reconocido el acrecimiento de la sustitución de la asignación de retiro

16 Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 24 de agosto de 2017,
radicación 25000-23 42-000-2013-00823-01(0717-14) y sentencia del 30 de julio de 2009, radicación 68001-
23-15 000-2001-02594-01(0638-08).

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en favor de la compañera permanente cuando fallece la cónyuge beneficiaria, mediante la
aplicación del parágrafo 1 del artículo 8 del Decreto 1889 de 1994.

3) Pues bien, la Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, mediante la sentencia
del 6 de febrero de 2026, concluyó que a la demandante no le asistía el derecho al
acrecimiento del 50% restante de la sustitución de la asignación de retiro reconocido
inicialmente a la cónyuge supérstite del causante, por cuanto el asunto se encontraba
regulado por el régimen especial de la Fuerza Pública contenido en el artículo 11 del
Decreto 4433 de 2004, norma que no contemplaba esa figura entre cónyuge y compañera
permanente y que, por el contrario, dispone expresamente que “en los demás casos no
habrá lugar a acrecimiento”, así:

“En el caso en estudio, no encuentra el Tribunal méritos para declarar la
nulidad del acto acusado, dado que la interpretación más acorde con la
Constitución Política, especialmente con el derecho a la igualdad,
corresponde a aquella según la cual, el Presidente de la República de
Colombia en uso de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 66
de 1989, determinó, entre otras, en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004,
que no hay acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente, cuestión
que no puede separarse del régimen especial aplicable a la Fuerza Pública.
En efecto, al estudiar el régimen especial y por inescindibilidad de la norma,
resulta meridianamente plausible afirmar que la situación planteada por la
demandante está gobernada por el Decreto 4433 de 2004 (art. 11),
descartándose una interpretación sistemática a la norma, pues al
confrontarla con otras legislaciones que también regulan el tema dentro del
régimen especial de las Fuerzas Militares, se llegaría a la misma conclusión,
esto es, no hay lugar al acrecimiento entre cónyuge y compañera
permanente al fallecimiento de una de estas, pues se insiste, por
inescindibilidad de la norma, no es posible acudir a las leyes que tratan el tema en
el régimen general, amén de que a lo largo del tiempo y según emerge de los
decretos a través de los cuales se regula el régimen prestacional y salarial de las
Fuerzas Militares, la intención del legislador ha sido “prohibir” el acrecimiento de
la porción pensional entre compañera permanente y la cónyuge supérstite hasta
favorecer con el 100% de la misma a la sobreviviente.” (Samai, índice 14, negrillas
de la Sala).

4) Así pues, si bien la parte demandante señala que la norma no prohíbe el acreciento
solicitado, lo cierto es que de la lectura de la providencia cuestionada se desprenden con
claridad las razones jurídicas que condujeron a revocar la sentencia de primera instancia y
negar las pretensiones de la demanda, basadas en una interpretación clara y razonable de
la disposición especial que regula la materia y que prescribe expresamente que en los
demás casos diferentes a los allí regulados no opera el acrecimiento.

5) En efecto, el tribunal explicó que la situación jurídica debatida debía resolverse conforme
al régimen especial aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, esto es, el Decreto 4433

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de 2004, por ser la normatividad vigente al momento del fallecimiento del causante y la que
gobierna integralmente el reconocimiento y sustitución de la asignación de retiro.

6) Asimismo, señaló que el fenómeno del acrecimiento constituye una consecuencia
accesoria del derecho prestacional inicialmente reconocido, razón por la cual debía
analizarse a la luz del mismo régimen especial que reguló el reconocimiento de la
prestación y no mediante la aplicación fragmentada de disposiciones pertenecientes al
régimen general de pensiones.

7) De esta manera, la providencia identificó de forma suficiente el fundamento normativo y
jurisprudencial que justificaba la decisión adoptada, con lo cual descartó la procedencia del
acrecimiento reclamado por la parte demandante.

8) En el ordenamiento jurídico colombiano, los beneficiarios del régimen especial de la
Fuerza Pública están sometidos, por regla general, a las disposiciones que integran dicho
régimen, sin que resulte procedente acudir aisladamente a normas del régimen general
para obtener beneficios no contemplados en la legislación especial, salvo que se acredite
una situación de discriminación manifiesta o una vulneración constitucional evidente.

9) En esa medida, tal como lo sostuvo la autoridad judicial demandada, no resultaba
procedente aplicar el parágrafo 1 del artículo 8 del Decreto 1889 de 1994 para reconocer
el acrecimiento pretendido, pues, dicha disposición pertenece al régimen general de
pensiones, mientras que la situación de la parte demandante se encuentra regulada por
una normativa especial que excluye expresamente esa posibilidad.

10) En ese orden de ideas, de conformidad con el análisis precedente, no se advierte la
configuración de un defecto sustantivo, debido a que la decisión cuestionada se
fundamentó en una interpretación razonable del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 y en
la aplicación de los principios de especialidad e inescindibilidad del régimen prestacional
de la Fuerza Pública, sin que la acción de tutela constituya una instancia adicional para
controvertir dicha hermenéutica jurídica.

11) Ahora bien, en relación con el argumento de la parte demandante según el cual el
tribunal desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado que ha reconocido el
acrecimiento de la sustitución de la asignación de retiro entre cónyuge y compañera
permanente, la Sala considera que dicho reproche tampoco está llamado a prosperar.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04418-00
Demandante: Arlen Cecilia Saltarén Ramírez
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12) En efecto, para que pueda predicarse el desconocimiento del precedente es necesario
que exista identidad sustancial entre los supuestos fácticos y jurídicos de los casos
comparados y que, además, la regla jurisprudencial invocada tenga carácter vinculante
para resolver el problema jurídico sometido a consideración.

13) En el presente asunto no se configura tal circunstancia, pues el tribunal no ignoró las
decisiones citadas por la parte demandante, sino que expresamente optó por una
interpretación distinta, fundada en la aplicación prevalente del régimen especial de la
Fuerza Pública y en la imposibilidad de acudir al régimen general por virtud del principio de
inescindibilidad normativa.

14) En consecuencia, la sola existencia de providencias en las que se reconoció el
acrecimiento con fundamento en el principio de favorabilidad no implica que dicha solución
deba imponerse automáticamente en todos los casos, pues, corresponde al juez valorar el
alcance de las normas aplicables y determinar si los supuestos jurídicos justifican o no la
extensión de esa regla al asunto concreto.

15) A ello se suma que la decisión cuestionada se apoyó en una línea interpretativa según
la cual el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 contiene una regulación expresa sobre el
acrecimiento dentro del régimen especial de la Fuerza Pública.

16) En efecto, dicha disposición establece que “la porción del cónyuge acrecerá a la de los
hijos y la de estos entre sí y a la del cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge.
En los demás casos no habrá lugar a acrecimiento” de modo que, el propio régimen especial
excluye la posibilidad de que opere el acrecimiento entre cónyuge y compañera
permanente, por lo cual no resulta jurídicamente viable acudir de manera complementaria
a las reglas previstas en el régimen general.

17) Esta interpretación inclusive encuentra respaldo en decisiones más recientes a las que
la parte actora cita como desconocidas, entre ellas, la sentencia de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado del 22 de septiembre de 2022, radicación no.
25000-23-42-000-2016-00351-01, expediente interno 5547-2018, en la cual se precisó que,
conforme con el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, no es procedente ordenar que, al
fallecimiento de alguna de las beneficiarias de la asignación de retiro, la porción
correspondiente acrezca en favor de la sobreviviente, por existir una prohibición legal
expresa.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04418-00
Demandante: Arlen Cecilia Saltarén Ramírez
Acción de tutela

18) Asimismo, se indicó que la norma llamada a definir la procedencia del acrecimiento
pensional es la vigente para la fecha del fallecimiento del pensionado o afiliado y no aquella
existente al momento en que alguno de los beneficiarios pierde el derecho, pues desde la
muerte del causante se consolida una situación jurídica cuyas condiciones esenciales no
son susceptibles de modificación.

19) Por consiguiente, la providencia demandada no desconoció abiertamente un
precedente obligatorio, sino que adoptó una interpretación jurídicamente sustentada acerca
del alcance de la normativa especial aplicable al caso, en armonía con la regulación expresa
del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 y con la jurisprudencia que ha reconocido que
dicho régimen no autoriza el acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente.

20) Así las cosas, la divergencia entre la posición de la parte demandante y la adoptada
por el tribunal corresponde a una discrepancia hermenéutica sobre el alcance del régimen
prestacional de la Fuerza Pública y no a un apartamiento arbitrario o injustificado del
precedente judicial.

21) En tales condiciones, la acción de tutela no puede emplearse para sustituir el criterio
jurídico del juez natural ni para imponer una interpretación distinta de las normas aplicables
cuando la providencia cuestionada contiene una motivación razonable, suficiente y
compatible con el ordenamiento jurídico.

22) De acuerdo con lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela, por
cuanto no se acreditó la configuración de los defectos invocados ni una vulneración de los
derechos fundamentales de la demandante.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1º) Niégase el amparo invocado por la parte demandante, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04418-00
Demandante: Arlen Cecilia Saltarén Ramírez
Acción de tutela

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una
vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Ausente con excusa

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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