Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04418-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04418-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04418-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04418-01
Accionante: ARLEN CECILIA SALTAREN RAMÍREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
26 de junio de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Arlen Cecilia Saltaren Ramírez solicitó, a través de apoderado judicial,
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 6 de
febrero de 2026, proferida por la Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del
Atlántico, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicación 08001-33-33-012-2024-00176-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Señaló que sostuvo una relación de pareja1 con el señor Yezid José Pardos Téllez,
quien se desempeñó como capitán de navío de la Armada Nacional. Indicó que, con
ocasión de su fallecimiento, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL
reconoció a la accionante un cincuenta por ciento (50%) de la sustitución de la
asignación de retiro, mientras que el cincuenta por ciento (50%) restante correspondió
a la señora Elvia Gómez de Pardos, en calidad de cónyuge supérstite, quien falleció
el 26 de octubre de 2022.
1
Fue reconocida como compañera permanente en la sentencia de 27 de octubre de 2020 proferida por el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Barranquilla, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 08001-33-31-705-2012-00051-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04418-01
Accionante: Arlen Cecilia Saltaren Ramírez
2.2. Manifestó que el 12 de marzo de 2024 solicitó a CREMIL el reconocimiento y pago
del acrecimiento de su cuota parte de la sustitución de la asignación de retiro, con
ocasión del fallecimiento de la señora Elvia Gómez de Pardos, al considerar que
ambas se encontraban en el mismo orden de beneficiarias. La entidad negó la solicitud
con fundamento en el numeral 5 del artículo 11 del Decreto 4433 de 31 de diciembre
de 20042 que regula la asignación para los hermanos menores de dieciocho años o
inválidos, previa acreditación de que el causante era su único sostén y siempre que
no existieran beneficiarios con mejor derecho, como el cónyuge, compañero o
compañera permanente, hijos o padres.
2.3. Indicó que promovió demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 08001-33-33-012-2024-
00176-00 contra CREMIL con el fin de obtener la nulidad de los oficios mediante los
cuales se negó el reconocimiento y pago de la sustitución del acrecimiento de la
asignación de retiro. A título de restablecimiento del derecho solicitó el incremento de
su cuota parte de dicha prestación.
2.4. Agregó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 18 de junio de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda.
2.5. Sostuvoque CREMIL interpuso recurso de apelación contra la providencia
mencionada anteriormente y el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
providencia de 6 de febrero de 2026, la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda.
2.6. Expresó que la providencia antes referida vulneró sus derechos al debido proceso
y acceso a la administración de justicia por haber incurrido, presuntamente, en el
defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente jurisprudencial.
2.7. Manifestó que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo por aplicar de
manera restrictiva la normativa pensional. Explicó que el acrecimiento pensional
tiene por finalidad redistribuir la prestación entre los beneficiarios supérstites cuando
se extingue la cuota parte de uno de ellos, de manera que esta no desaparece para el
fondo pensional, sino que se incorpora a la cuota de quien conserva la calidad de
beneficiario.
2.8. Agregó que se configuró el desconocimiento del precedente, por cuanto la
autoridad accionada omitió aplicar los criterios jurisprudenciales vinculantes de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado3 y de la
Corte Constitucional4, los cuales han reconocido la procedencia del acrecimiento
cuando desaparece uno de los beneficiarios de una sustitución pensional. Asimismo,
invocó la Sentencia SU-210 de 2023 de la Corte Constitucional, conforme a la cual el
desconocimiento injustificado de los principios de seguridad social y de las condiciones
más beneficiosas y favorables puede configurar un defecto sustantivo.
2
“[…] Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. […]”.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicación núm. 11001-03-25-000-2013-
00569-00, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
4
Corte Constitucional, sentencias T-443 de 2017, T-180 de 2015 y T-073 de 2021.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04418-01
Accionante: Arlen Cecilia Saltaren Ramírez
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. AMPARAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la
Seguridad Social, al Mínimo Vital y a la Igualdad de los cuales soy titular.
2. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso
judicial con radicado No. 08001333301220240017601.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico que, en un término no
mayor a diez (10) días, proceda a proferir un nuevo fallo de segunda instancia
en el cual observe el precedente jurisprudencial vinculante y,
consecuentemente,
4. CONFIRME la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado
Administrativo que accedió al derecho del acrecimiento pensional. […]”.
[negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 12 de junio de 2026, el Despacho de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso al Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El
Tribunal Administrativo del Atlántico relacionó las actuaciones más
relevantes del proceso judicial llevado a su cargo y remitió el vínculo con el
expediente digital del proceso ordinario.
5.2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares adujo que lo pretendido por la parte
actora era tener una tercera instancia que analice asuntos que ya fueron dirimidos
por el juez natural, además, no se logró demostrar un perjuicio irremediable que
acreditara la intervención del juez de tutela. Agregó que, en este caso, se ha limitado
a cumplir las órdenes judiciales.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 26 de junio de 2026, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela al
considerar que la autoridad accionada no desconoció ningún precedente obligatorio,
sino que adoptó una interpretación jurídicamente sustentada sobre el alcance de la
norma aplicable al caso.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04418-01
Accionante: Arlen Cecilia Saltaren Ramírez
7. Al respecto, precisó que no todo el contenido de una sentencia constituye
precedente vinculante por cuanto debe existir identidad entre los supuestos fácticos
y jurídicos del caso objeto de decisión y aquellos analizados en las providencias
invocadas como precedente, circunstancia que, a su juicio, no se presentaba en el
asunto examinado.
8. Agregó que la decisión cuestionada se sustentó en una línea interpretativa
conforme a la cual el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 regula de manera
específica el acrecimiento dentro del régimen especial de la Fuerza Pública y
excluye su aplicación entre cónyuge y compañera permanente. Por tanto, consideró
que no resultaba jurídicamente procedente acudir, de manera supletoria, a las
reglas previstas en el régimen general. Añadió que esta interpretación encontraba
respaldo en algunas de las decisiones jurisprudenciales invocadas por la propia
accionante.
9. Añadió que la providencia cuestionada explicó clara y razonadamente las razones
jurídicas que sustentaron su decisión. Entre ellas, destacó que el fenómeno del
acrecimiento constituye una consecuencia accesoria del derecho prestacional
inicialmente reconocido, por lo que la norma que determina su procedencia es la
vigente al momento del fallecimiento del pensionado o afiliado y no aquella que se
encuentre vigente cuando alguno de los beneficiarios pierda el derecho. Lo anterior,
por cuanto con la muerte del causante se consolida una situación jurídica cuyas
condiciones esenciales no pueden ser modificadas posteriormente.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
que la providencia de primera instancia legitimó una lectura restrictiva del artículo
53 de la Constitución Política, si bien el régimen especial de la Fuerza Pública regula
la estructura prestacional, se omite que el acrecimiento pensional es una figura
derivada del principio de sustitución pensional y de la protección integral del núcleo
familiar.
11. Añadió que se desconoció el precedente directo del Consejo de Estado en
sentencias de 30 de julio de 20095 y 24 de agosto de 20176 en las cuales se
estableció, respectivamente, que la figura del acrecimiento busca impedir la
desprotección del beneficiario supérstite cuando desaparece la concurrencia de
derechos y que ante el fallecimiento de la cónyuge o compañera con quien se
compartía la pensión de asignación de retiro, la sobreviviente adquiere el derecho
al acrecimiento del cien por ciento, en virtud de la unidad de la prestación y el
principio de favorabilidad.
12. Asimismo,invocó la Sentencia SU-149 de 2021 de la Corte Constitucional,
conforme a la cual cualquier distinción injustificada en el ámbito de prestaciones
pensionales que ponga en desventaja a la compañera permanente frente a la
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 30 de julio de 2009, radicación
núm. 68001-23-15-000-2001-02594-01.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 24 de agosto de 2017, radicación
núm. 25000-23-42-000-2013-00823-01.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04418-01
Accionante: Arlen Cecilia Saltaren Ramírez
cónyuge, o viceversa, o que limite la consolidación del cien por ciento de la prestación
en favor del último beneficiario con derecho, resulta discriminatoria e inconstitucional.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19917, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20158, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20219 y el Decreto 799 de 9 de julio de 202510, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201911, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 202412.
VIII.2. Problemas jurídicos
14. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado13, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
15. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
16. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201214, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
7
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
8
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
9
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
10
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
11
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
12
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
13
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04418-01
Accionante: Arlen Cecilia Saltaren Ramírez
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
17. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial15, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución16.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”17 que encaje en dichos
parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
16
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
17
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04418-01
Accionante: Arlen Cecilia Saltaren Ramírez
22. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
23. La señora Arlen Cecilia Saltaren Ramírez solicitó, a través de apoderado judicial,
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 6 de
febrero de 2026, proferida por la Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del
Atlántico, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicación 08001-33-33-012-2024-00176-01.
24. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
25. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental18 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones19.
26. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales20, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces21.
27. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación22, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
18
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
19
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
20
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
21
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
22
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04418-01
Accionante: Arlen Cecilia Saltaren Ramírez
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
28. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202223 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04418-01
Accionante: Arlen Cecilia Saltaren Ramírez
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].
29. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202324.
30. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucren derechos fundamentales25.
31. Previa indicación de las anteriores premisas, se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
por haber incurrido, presuntamente, en el defecto sustantivo y en desconocimiento
del precedente jurisprudencial.
32. Manifestó que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo por aplicar de
manera restrictiva la normativa pensional. Explicó que el acrecimiento pensional
tiene por finalidad redistribuir la prestación entre los beneficiarios supérstites cuando
se extingue la cuota parte de uno de ellos, de manera que esta no desaparece para
el fondo pensional, sino que se incorpora a la cuota de quien conserva la calidad de
beneficiario.
33. Agregó que se configuró el desconocimiento del precedente, por cuanto la autoridad
accionada omitió aplicar los criterios jurisprudenciales vinculantes de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado26 y de la
Corte Constitucional27, los cuales han reconocido la procedencia del acrecimiento
cuando desaparece uno de los beneficiarios de una sustitución pensional. Asimismo,
invocó la Sentencia SU-210 de 2023 de la Corte Constitucional, conforme a la cual el
24
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicación núm. 11001-03-25-000-2013-
00569-00, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
27
Corte Constitucional, sentencias T-443 de 2017, T-180 de 2015 y T-073 de 2021.
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Accionante: Arlen Cecilia Saltaren Ramírez
desconocimiento injustificado de los principios de seguridad social y de las
condiciones más beneficiosas y favorables puede configurar un defecto sustantivo.
34. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional, ii)
el caso involucra un debate jurídico eminentemente legal, iii) la parte accionante
pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con lo que busca
reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural y iv) la pretensión guarda
relación con un asunto de contenido económico.
35. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
36. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no está
exponiendo que la providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad
judicial, sino que el motivo de su inconformidad consiste en que no se reconoció y
pagó el acrecimiento de su asignación pensional por el fallecimiento de la cónyuge
supérstite.
37. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico en la
providencia cuestionada así:
“[…] Para la Sala, la norma llamada a definir el reconocimiento de un
acrecimiento pensional no es la vigente para la fecha en la que se verifica la
pérdida del derecho de alguno de los beneficiarios, sino la que tiene vigencia
para la fecha del fallecimiento del pensionado o afiliado, de manera tal que, con
arreglo a la misma, tanto para los beneficiarios como para la entidad de
seguridad social que tiene a su cargo el reconocimiento de la prestación, se
genera una situación jurídica que en sus condiciones esenciales no es
susceptible de modificación, como es el caso estudiado cuando por orden del
artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, no se permite el acrecimiento entre
cónyuge y compañera permanente, tal y como lo determinó la entidad
demandada en el acto acusado.
Por lo tanto, el pago de la sustitución pensional en favor de la actora, en su
condición de compañera permanente y a quien se le reconoció la prestación en
forma compartida con la cónyuge supérstite, se deberá realizar según lo
dispuesto en el acto de reconocimiento de la sustitución pensional, esto es, el
50% de la asignación de retiro que en vida devengaba el causante Yezid José
Pardos Téllez (QEPD).
En este punto de la providencia, precisa la Sala que la decisión de la
administración plasmada en los actos administrativos acusados, no desconoce
el principio de favorabilidad, pues a este le secunda el principio de
inescindibilidad de la Ley, en virtud del cual la norma que se adopte debe ser
aplicada en su integridad, quedando prohibido dentro de una sana
11
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Accionante: Arlen Cecilia Saltaren Ramírez
hermenéutica, el desmembramiento de las normas legales para tomar aspectos
favorables que uno y otro régimen ofrezca.
De esta manera, quien invoca un ordenamiento que le beneficia y quien en
efecto lo aplica, no puede recoger las prebendas contenidas en el uno para
incrustarlas en la aplicación del otro, razón por la cual, en el presente caso, las
situaciones que se deriven del reconocimiento pensional efectuado al Capitán
de Navío ® (sic) de la Armada Nacional Yezid José Pardos Téllez (QEPD), se
resolverán teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley especial (Decreto 4433 de
2004), dado que se reitera, lo atinente al acrecimiento pensional es una cuestión
accesoria al derecho prestacional reconocido primigeniamente al causante de
la prestación, el cual quedó gobernado por lo consagrado en el referido
Decreto28.
En el caso en estudio, no encuentra el Tribunal méritos para declarar la nulidad
del acto acusado, dado que la interpretación más acorde con la Constitución
Política, especialmente con el derecho a la igualdad, corresponde a aquella
según la cual, el Presidente de la República de Colombia en uso de las
facultades extraordinarias que le confirió la Ley 66 de 1989, determinó, entre
otras, en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, que no hay acrecimiento entre
cónyuge y compañera permanente, cuestión que no puede separarse del
régimen especial aplicable a la Fuerza Pública.
En efecto, al estudiar el régimen especial y por inescindibilidad de la norma,
resulta meridianamente plausible afirmar que la situación planteada por la
demandante está gobernada por el Decreto 4433 de 2004 (art. 11),
descartándose una interpretación sistemática a la norma, pues al confrontarla
con otras legislaciones que también regulan el tema dentro del régimen especial
de las Fuerzas Militares, se llegaría a la misma conclusión […]”.
38. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
39. En tal virtud, es pertinente precisar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”29. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte
Constitucional, que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede
ser “[…] utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial […]”; ya que, en “[…] el marco de cada proceso, las partes
cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el
legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o
incompatibles con sus derechos […]”30.
28 En igual sentido se pronunció la Sala de Decisión C de este Tribunal, en sentencia de primero (1º) de agosto
de 2025, radicación exp. No. 08-00-33-33-004-2024-00239-01, con ponencia del Magistrado Sustanciador de
esta providencia.
29
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
30
Ibid.
12
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Accionante: Arlen Cecilia Saltaren Ramírez
40. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”31.
41. La Sala precisa que algunas de las providencias señaladas por la accionante en
su escrito de impugnación no fueron mencionadas en el escrito de tutela, razón por
la cual, al ser argumentos nuevos, no pueden ser objeto de pronunciamiento, so
pena de vulnerar el debido proceso de la contraparte.
42. Con fundamento en lo anterior, esta Sección revocará el fallo impugnado y, en su
lugar, declarará la improcedencia de la solicitud de tutela al no cumplir el requisito
general de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de junio de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
31
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: Arlen Cecilia Saltaren Ramírez
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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