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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04433-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04433-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR la tutela solicitada por el señor Javier Enrique Borda Pinzón y las solicitudes de desvinculación, conforme a las consideraciones expuestas. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 2 Sentencia T 835 de 2000 5 Ra dic ado : 11 001 -03- 15- 000- 202 6-0 443 3-0 0 Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04433-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04433-00
Accionante: Javier Enrique Borda Pinzón
Accionados: Fiscalía General de la Nación y otros

Tema: Derechos a la igualdad y otros. Presuntas denuncias, por compra
de votos en el caribe colombiano. NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Javier Enrique Borda
Pinzón, en nombre propio, en contra de la Fiscalía General de la Nación, de la
Procuraduría General de la Nación, de la Superintendencia Financiera de Colombia,
del Consejo Nacional Electoral, de la Contraloría General de la República, de la
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, de la Defensoría del Pueblo, de la Auditoría General de la
República y de la Personería de Bogotá.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad,
«a participar en procesos democráticos transparentes, al cumplimiento de los fines
esenciales del Estado y al Estado Social de Derecho», los cuales estima vulnerados
por las autoridades mencionadas.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Afirma que «[d]urante el proceso electoral presidencial de 2026 han sido divulgadas
públicamente denuncias formuladas por el candidato presidencial Abelardo de la
Espriella relacionadas con un presunto plan de compra masiva de votos en la región

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Caribe colombiana», las cuales han sido difundidas en medios de comunicación
nacionales, redes sociales y escenarios públicos de debate político.

Considera que tales denuncias ameritan una actuación inmediata, coordinada y
eficaz por parte de los organismos de investigación, control y vigilancia del Estado,
a fin de que actúen de manera expedita y tomen las decisiones que en derecho
corresponda.

Que a la fecha no existe información pública suficiente que permita verificar la
adopción de actuaciones oportunas y efectivas orientadas a esclarecer los hechos
denunciados, determinar su veracidad y proteger la transparencia del proceso
electoral.

Mencionó las funciones de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría
General de la Nación, de la Superintendencia Financiera y de la Unidad de
Información y Análisis Financiero, para señalar que no se requiere de denuncia
formal para que dichas entidades inicien las investigaciones correspondientes.

Que la posible existencia de conductas ilícitas y la eventual omisión institucional
frente a hechos que podrían comprometer la transparencia del proceso electoral le
viola los derechos fundamentales a la igualdad, «Estado Social de Derecho, Fines
esenciales del Estado, Derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político y Moralidad, eficacia e imparcialidad administrativa».

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados; y, en consecuencia, se ordene a
las entidades accionadas: i) informar las actuaciones adelantadas sobre las
denuncias públicas relacionadas con la compra de votos en la región caribe; ii)
ordenar que evalúen la procedencia de investigaciones, verificaciones, actuaciones
preventivas o medidas de control dentro de sus respectivas competencias
constitucionales y legales; y, iii) emitir un pronunciamiento institucional donde
informen las actuaciones realizadas o que deban efectuarse frente a los hechos
citados.

TRÁMITE PROCESAL

El 16 de junio de 2026, se admitió la acción; se negó la medida provisional
solicitada1 y se ordenó notificar a las partes.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

1 Pidió que se ordene a las entidades accionadas que informen sobre las actuaciones adelantadas frente a las

denuncias públicas relacionadas con posibles conductas de compra de votos y financiación irregular de
actividades electorales. Se negó bajo el entendido que para ese momento no se contaba con suficientes
elementos de juicio para establecer la situación de urgencia que no pudiera esperar el trámite tutelar, ni la
inminencia del perjuicio irremediable.

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La Contraloría General de la Nación adujo que la tutela no identifica acción u
omisión alguna en cabeza de ese órgano de control, sino que, desarrolla la presunta
vulneración de unos derechos invocados sobre una omisión genérica sin discriminar
de manera particular el presunto incumplimiento de este organismo.

Pidió su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa
por pasiva, ya que no es la entidad llamada a actuar en los hechos descritos, ya que
i) la investigación de la conducta penal le compete a la Fiscalía General de la
Nación; ii) revisar las irregularidades electorales que puedan generar faltas
disciplinarias le corresponde a la Procuraduría General de la Nación; y, iii) la
financiación de campañas electorales le corresponde al Consejo Nacional Electoral.

El Consejo Nacional Electoral expuso que el actor pretende acudir directamente
a la acción de tutela sin haber agotado los mecanismos ordinarios previstos para
poner en conocimiento de la autoridad electoral las presuntas irregularidades que
refiere, razón por la cual no resulta posible atribuir responsabilidad alguna a esa
entidad por hechos que no fueron sometidos a su conocimiento a través de los
medios institucionales correspondientes; motivo por el cual pidió que se declare
improcedente la acción de tutela.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informó que no adelanta
investigaciones de ninguna índole, ni tiene competencia para iniciar procesos
judiciales o jurisdiccionales de ninguna clase. Sus funciones se concentran en
actividades de inteligencia financiera, a partir de la información que recaba en su
base de datos, la información que reposa allí goza de reserva legal; por lo que pide,
su desvinculación de la acción de tutela.

La Auditoría General de la República indicó que su competencia se circunscribe
exclusivamente a la vigilancia y control posterior de la gestión fiscal de sus sujetos
vigilados (Contraloría General de la República y contralorías departamentales y
municipales del país), por lo cual carece de facultades legales para ofrecer informe
específico sobre la veracidad de los hechos, o para pronunciarse sobre la legalidad
o hacer juicios de validez de la actuación administrativa de las entidades
accionadas, en una actuación distinta a la gestión fiscal, por cuanto estaría
extralimitándose en sus competencias constitucionales y legales. Razón por la cual
solicitó su desvinculación de la acción de tutela.

La Personería de Bogotá expuso que verificó el sistema de información de la
entidad, incluidos SIRIUS (para correspondencia física), CONTROLDOC y
SINPROC (para solicitudes web) y no encontró que el accionante hubiera
presentado alguna petición ante la entidad, por lo cual, no se advierte de qué
manera esa entidad viola los derechos del actor.

Dijo que no tiene competencia para adelantar investigaciones en materia electoral
de alcance nacional, ordenar la apertura de actuaciones a las entidades accionadas

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ni resolver de fondo las pretensiones formuladas en la presente acción, de
conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política.

La Superintendencia Financiera de Colombia manifestó que no se evidencia
actuación alguna por parte de la entidad relacionada con los hechos expuestos por
el accionante. Las circunstancias descritas en la tutela versan sobre asuntos de
naturaleza electoral que escapan al ámbito funcional de esa Superintendencia. En
consecuencia, no existe nexo alguno entre la presunta vulneración alegada y una
conducta atribuible a esa entidad.

La Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo guardaron
silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; y, iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Javier Enrique Borda Pinzón considera que la Fiscalía General
de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia Financiera
de Colombia, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la República,
la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Registraduría Nacional del
Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General de la República y la
Personería de Bogotá, le violan los derechos fundamentales a la igualdad, «a
participar en procesos democráticos transparentes, al cumplimiento de los fines
esenciales del Estado y al Estado Social de Derecho».

Sostiene que el presidente Abelardo de la Espriella denunció de manera pública «un
presunto plan de compra masiva de votos en la región Caribe colombiana».
Considera que dichas denuncias ameritan una actuación inmediata por parte de las

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entidades accionadas a efectos de esclarecer los hechos y proteger el proceso
electoral.

Alega que a la fecha de presentación de la acción de tutela desconoce si las
autoridades accionadas han realizado alguna actuación, encaminada a establecer
la veracidad de los hechos relacionados con la supuesta compra de votos y tomar
las decisiones que correspondan, situación que le viola los derechos invocados.

Valga mencionar que la Corte Constitucional2 establece que «[q]uien pretende la
protección judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos
fácticos en que se funda su pretensión, como quiera que es razonable sostener que
quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias
de los mismos, es quien padece el daño o la amenaza de afectación».

La Sala observa que el actor hace referencia a una serie de denuncias públicas que
se divulgaron sobre una supuesta compra masiva de votos en la región Caribe
colombiana; sin embargo, no indicó ante cuáles autoridades se radicaron dichas
denuncias y no aportó prueba siquiera sumaria de haber solicitado ante cada una
de esas entidades, información sobre el estado de las denuncias y las actuaciones
que se han adelantado al respecto. Elementos que son necesarios para poder
estudiar la violación que se invoca.

Por otro lado, el actor no explicó de qué manera la supuesta inactividad de las
instituciones del Estado, en la resolución de esa supuesta denuncia le viola su
derecho fundamental a la igualdad.

En consecuencia, se negará la acción de tutela, por falta de prueba de los hechos
alegados y las solicitudes de desvinculación de las autoridades accionadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR la tutela solicitada por el señor Javier Enrique Borda Pinzón y las
solicitudes de desvinculación, conforme a las consideraciones expuestas.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

2 Sentencia T 835 de 2000

5

Ra dic ado : 11 001 -03- 15- 000- 202 6-0 443 3-0 0

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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