Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04437-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04437-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-04437-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04437-00
Accionante: GERMÁN AUGUSTO QUINTERO PRIETO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CALI
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Incumplimiento del requisito de
inmediatez
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Germán Augusto Quintero Prieto, quien actúa por intermedio
de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de junio de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y la
seguridad social, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales
accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Tutelar el derecho fundamental constitucional, al debido proceso,
derecho de igualdad y de seguridad social (mínimo vital) vulnerados por el
Juzgado diecisiete Oral del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado No. 76001-33-33-017-2020-00171-00, donde a través de sentencias,
es claro que se apartaron de los preceptos Constituciónales, la Ley y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, negando el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro, mal puede dicha prestación extinguirse, so pretexo de haber
sido objeto de sanción disciplinaria, pues tal derecho se adquiere
independientemente de consideraciones ajenas a este requisito, la verificación
es simple que acredite el tiempo de servicios exigido, único supuesto para
adquirir el derecho del señor GERMAN AUGUSTO QUINTERO PRIETO,
desconociendo lo establecido en el Artículo 53 de la Constitución de 1991, la Ley
923 del 2004 y el Decreto 1213 de 1990, así como el precedente jurisprudencial
del máximo órgano de cierre de la jurisdicción Contenciosa Administrativa en
cuanto al retiro de los miembros de la fuerza pública con más de 15 años y menos
de 20 años de servicio por cualquier causal diferente a la de solicitud propia.
SEGUNDA: Se ordene por conducto de este alto Tribunal de cierre para que en
el término que a bien lo disponga, proceda a proferir sentencia de reemplazo y
ordene el reconocimiento y pago de la asignación de retiro a favor GERMAN
AUGUSTO QUINTERO PRIETO tomando como termino de prescripción
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Accionante: Germán Augusto Quintero Prieto
cuatrienal el día 14 de junio del 2019, fecha en la cual fue retirado de la Institución
a consecuencia de un proceso disciplinario, teniendo en cuenta que se
interrumpió el termino jurídico de prescripción a través de la petición de
reconocimiento.
TERCERA: Se me reconozca personería para actuar”.
2. Hechos
La parte accionante manifestó que ingresó a la Policía Nacional como auxiliar el 28
de julio de 2003 hasta el 27 de julio de 2004. Posteriormente, se vinculó como
alumno del nivel ejecutivo del 6 de septiembre de 2004 al 31 de agosto de 2005 y
continuó como patrullero hasta el 14 de junio de 2019, cuando fue destituido
mediante Resolución 02422 de 14 de junio de 2019.
Refirió que radicó solicitud ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
-CASUR-, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la asignación de retiro
por haber laborado por más de 15 años en la institución, petición que fue negada
por la entidad mediante oficio 202021000190871 de 28 de septiembre de 2020.
Sostuvo que en ejercicio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho radicó
demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR-, con
la pretensión de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
202021000190871 de 28 de septiembre de 2020 y, en consecuencia, el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro desde junio de 2019 en los
términos del Decreto 1213 de 1990.
Precisó que el conocimiento del asunto correspondió por reparto al Juzgado
Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali1, que mediante sentencia de 12 de
noviembre de 2024 declaró probada la excepción de mérito de inexistencia del
derecho tras considerar que, de conformidad con el Decreto 754 de 2019, aplicable
a todo el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional vinculado con antelación
al 31 de diciembre de 2004, debía contar con mínimo 20 años de servicios
prestados.
Indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia 30
de octubre de 2025, en la que se confirmó la decisión desfavorable. Al respecto, la
autoridad judicial consideró que al momento de la desvinculación del demandante
su asignación de retiro la regulaba el Decreto 754 de 2019.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que la asignación de retiro tiene un carácter
imprescriptible e irrenunciable, por lo que considera necesaria la intervención del
juez constitucional con el fin de evitar la vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso, a la igualdad y la seguridad social.
Sobre el término de inmediatez, sostuvo que el plazo prudencial de 6 meses desde
la ocurrencia del hecho generador debe contabilizarse a partir del auto de
sustanciación de 15 de diciembre de 2025 de obedézcase y cúmplase.
Refirió que se configuró un defecto sustantivo por parte de las autoridades
judiciales, por cuanto desconocieron que a su situación particular le era aplicable el
Decreto 1213 de 1990, que exigía la acreditación de 15 años de servicio para el
reconocimiento de la asignación de retiro.
1 Proceso con radicado núm. 76001-33-33-017-2020-00171-00.
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Accionante: Germán Augusto Quintero Prieto
Lo anterior, teniendo en cuenta que para el 30 de abril de 2019, fecha de expedición
del Decreto 759, ya superaba los 15 años de servicio y dicha norma aplicaba para
el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó al escalafón por
incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004.
En igual sentido, alegó la configuración de un defecto fáctico e indicó que su
periodo de vinculación con la Policía Nacional debía contabilizarse desde el 28 de
julio de 2003 hasta el 14 de junio de 2019, cuando le fue notificada la Resolución
02422 de 6 de junio del mismo año y fue retirado de servicio.
Bajo ese contexto, aseguró que al encontrarse en servicio activo para el 30 de
diciembre de 2004, en vigencia de la Ley 923 de 2004, era beneficiario del régimen
de transición contemplado en el inciso 2 del numeral 3.1. de dicha normativa, único
requisito para obtener el reconocimiento de la asignación de retiro y, por tanto, no
podían exigirle un tiempo superior a 15 años de servicio.
En ese orden de ideas, indicó que las pruebas aportadas al proceso acreditaban
que el 17 de febrero de 1998 se incorporó de manera directa como alumno al nivel
ejecutivo de la Policía Nacional y que laboró por 19 años, 1 mes y 5 días.
Finalmente, indicó que las sentencias cuestionadas son contrarias al precedente
judicial horizontal de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la
aplicación de los Decretos 1212 de 1990 y 754 de 2019, para lo cual citó las
siguientes sentencias:
• Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 6 de septiembre de
2001, expediente 13001-23-31-000-0316-01(0567-01) CP. Ana Margarita
Olaya Forero.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 21 de enero de 2021,
expediente 63001-23-33-000-2017-00469-01. CP Gabriel Valbuena
Hernández.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de mayo de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-01975- 00 CP Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 14 de mayo de 2026,
expediente 76001-23-33-000-2019-00994-01 CP Elizabeth Becerra Cornejo.
4. Trámite procesal
Por auto de 16 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar a la parte accionante y a las autoridades judiciales accionadas -
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Diecisiete Administrativo
del Circuito de Cali-, así como a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
– CASUR-, como tercera interesada en el resultado del proceso y se vinculó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el
artículo 610 del Código General del Proceso2.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali
El titular del despacho relató las actuaciones surtidas dentro del proceso y solicitó
ser exonerado de cualquier responsabilidad, en tanto no vulneró los derechos
fundamentales invocados por el actor.
2 La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 111732 a 111736 de 18 junio de 2026, con el
fin de dar cumplimiento a la referida.
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Accionante: Germán Augusto Quintero Prieto
5.2. Respuesta de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad se pronunció sobre los hechos
que dieron origen a la acción de tutela y señaló que no existe por parte de la entidad
alguna violación de los derechos fundamentales del accionante y solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR- solicitó su
desvinculación de la acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la
causa por pasiva.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que al
estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada3” ,, la Sala negará la solicitud de
desvinculación, porque la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-
fue la entidad demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
por lo que ostenta interés directo en el asunto.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la solicitud de amparo constitucional cumple
los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso
afirmativo, si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos al
debido proceso, a la igualdad y la seguridad social con las decisiones proferidas el
12 de noviembre de 2024 y 30 de octubre de 2025, respectivamente, en las que se
negó las pretensiones en el marco del medio de nulidad y restablecimiento del
derecho.
4. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora
bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y
lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en
cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos
vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en
cada caso concreto.
3
Sentencia T-005 de 2022
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Accionante: Germán Augusto Quintero Prieto
Sin embargo, la Corte Constitucional4 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica” .
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar5, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20166,
así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal
del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en
el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones
permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la
inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que
la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino
que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza
de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los
interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de
derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que
se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado
que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que,
aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la
tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de
terceros si se declarara procedente”7.
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al
4
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
5
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
6
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
7
Ibídem.
5
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respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito
diferente al de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la
respuesta negativa a una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de
justificación, pues lo que pretende cuestionarse es la condena y no la negativa de
la libertad”.
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional9.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Germán Augusto Quintero Prieto presentó acción de tutela en defensa de
sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y seguridad social que
consideró vulnerados por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali y
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con ocasión de las decisiones
adoptadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 76001-33-
33-017-2020-00171-00/01 -sentencias de 12 de noviembre de 2024 y 30 de octubre
de 2025, respectivamente- en las que se resolvió de manera desfavorable a las
pretensiones consistentes en declarar la nulidad del acto administrativo que le negó
el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
Inicialmente, el actor sostuvo que la inmediatez debe analizarse desde la
notificación del auto de 15 de diciembre de 2025 que ordenó obedecer y cumplir lo
dispuesto por el Tribunal accionado, para luego indicar que las decisiones
cuestionadas incurrieron en los defectos (i) sustantivo por indebida aplicación del
Decreto 750 de 2019, en tanto desconocieron que era aplicable el régimen de
transición contemplado en el inciso 2 del numeral 3.1. de la Ley 923 de 2004, por lo
que, para hacerse beneficiario del reconocimiento y pago de la asignación de retiro,
únicamente debía demostrar 15 años de servicios o más, de conformidad con el
Decreto 1213 de 1990; (ii) fáctico, al considerar que con las pruebas aportadas al
proceso acreditó que se incorporó a la Policía Nacional el 17 de febrero de 1998 y
que laboró por 19 años, 1 mes y 5 días y; (iii) desconocimiento del precedente
judicial de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la aplicación de los
Decretos 1212 de 1990 y 754 de 2019.
Así las cosas, de conformidad con las actuaciones que reposan en el expediente
que contiene las actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
no. 76001-33-33-017-2020-00171-00/01, la Sala observa que la sentencia de 30 de
octubre de 2025 se comunicó a las partes por correo enviado el 7 de noviembre de
2025, de ahí que efectivamente se entienda notificada el 11 de noviembre de 2025.
Por su parte, la demanda de tutela se presentó el 10 de junio de 2026, es decir,
superado el plazo mínimo razonable de 6 meses que ha considerado la
jurisprudencia, el cual feneció el 11 de mayo de 2026.
Precisado lo anterior y en atención a lo que se indicó en las consideraciones
jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de la Constitución aclara que la acción de
tutela debe procurar la protección inmediata de los derechos fundamentales,
cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
una autoridad pública. Si bien, la misma disposición establece que se podrá hacer
uso de este mecanismo constitucional en todo momento, ello no implica que no se
deba interponer dentro de un plazo razonable, pues ello está en consonancia con
8
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
9
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
6
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los principios de seguridad jurídica y cosa juzgadas, los cuales, prima facie, se
deben resguardar.
La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que, si bien no existe un
término perentorio, el plazo de seis (6) meses constituye un referente razonable
para evaluar el requisito de inmediatez, el cual debe analizarse en función del hecho
generador de la vulneración, las condiciones del accionante y los derechos
comprometidos, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad10.
En ese mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses),
lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe
acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le
corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que caractericen al caso
concreto”11
No obstante, el juez puede flexibilizar dicho término cuando existan circunstancias
especiales que justifiquen la tardanza o cuando la vulneración sea continua; sin
embargo, en casos de tutela contra providencias judiciales, el análisis es más
estricto, de modo que no cualquier circunstancia permite excepcionar el plazo,
debiendo prevalecer, en principio, la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
En el presente caso, el actor sostuvo que el cómputo debía iniciarse desde la
notificación del auto del 15 de diciembre de 2025 de obedézcase y cúmplase. Sobre
el particular, conforme a la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sección Cuarta,
en armonía con el criterio unificado de la Sala Contencioso Administrativa de esta
Corporación (sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ))12, la verificación del presupuesto de la inmediatez debe realizarse
desde la notificación de la providencia que se estima vulneradora de derechos
fundamentales. En consecuencia, no es de recibo el argumento según el cual el
cómputo debía iniciarse desde la notificación que obedeció y cumplió, máxime
cuando se trata de una actuación que carece de la virtualidad de modificar o alterar
el contenido de la sentencia, por lo que no incide en la determinación del momento
a partir del cual debe evaluarse la inmediatez.
En consecuencia, dado que lo discutido es una providencia judicial, el análisis del
requisito de inmediatez es particularmente más estricto, de manera que la
flexibilización del mismo exige la acreditación de circunstancias excepcionales,
objetivas y debidamente probadas, lo cual en este asunto no se satisface. Así las
cosas, al no configurarse una justificación válida que permita excusar la inactividad
del actor ni habilitar la flexibilización del requisito temporal, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional, por incumplimiento del requisito de
inmediatez.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
Sobre el particular pueden verse las Sentencias T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido, T-338 de 2018,
10
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T 619 de 2019 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
11 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
12 CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04437-00
Accionante: Germán Augusto Quintero Prieto
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
German Augusto Quintero Prieto, quien actúa por conducto de apoderada judicial,
contra el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
8
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