Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04438-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04438-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04438-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04438-00
Demandante: ALEXIS ENRIQUE OÑATE GUTIÉRREZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente respecto
del proceso presuntamente duplicado. Ampara derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia por incurrir en el defecto procedimental.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Resuelve la Sala la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Alexis Enrique Oñate
Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado 9. ° Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Mediante escrito de 10 de junio de 2026, el ciudadano Alexis Enrique Oñate Gutiérrez,
actuando por intermedio de apoderado, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a los principios de prevalencia del derecho sustancial y tutela judicial
efectiva.
Afirmó que las referidas garantías constitucionales fueron conculcadas con ocasión
del auto de 5 de marzo de 2026, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó el rechazó de la demanda dispuesto por el Juzgado 9. ° Administrativo de
Valledupar en providencia de 31 de octubre de 2024. A su vez, cuestionó las
decisiones de 23 de febrero y 20 de abril de 2023, por medio de las cuales el
mencionado juzgado negó la acumulación de pretensiones, todo esto dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-009-2022-00012-00.
Igualmente, informó que dicho expediente fue duplicado por el propio Juzgado 9. °
Administrativo de Valledupar, el cual, por error, creó el radicado 20001-33-33-009-
2025-00271-00, aunque no elevó pretensiones sobre el particular.
Finalmente, como medida provisional, solicitó que se ordenara la suspensión de la
devolución y archivo del expediente al juzgado de origen.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
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Demandante: Alexis Enrique Oñate Gutiérrez
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04438-00
En la demanda de tutela se manifestó:
AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la prevalencia del derecho sustancial y a
la tutela judicial efectiva del señor Alexis Enrique Oñate Gutiérrez.
DEJAR SIN EFECTO el auto del 5 de marzo de 2026 del Tribunal Administrativo
del Cesar, el auto de rechazo del 31 de octubre de 2024 y los autos del 16
de enero, 23 de febrero y 20 de abril de 2023 del Juzgado Noveno Administrativo
de Valledupar, en cuanto ordenaron y mantuvieron la desacumulación y el
consecuente rechazo de la demanda.
ORDENAR al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar
que profiera una nueva providencia que ADMITA LA DEMANDA EN FORMA
ACUMULADA, respecto de los sesenta y tres (63) demandantes, dando aplicación
al artículo 165 de la Ley 1437 de 2011 y a la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre acumulación subjetiva de pretensiones.
SUBSIDIARIAMENTE, para el evento en que esa Corporación estime que la
decisión de admitir corresponde primariamente al juez natural, ORDENAR al
Juzgado Noveno Administrativo que profiera una nueva providencia debidamente
motivada que resuelva el recurso de reposición y la procedencia de la acumulación
a la luz del artículo 165 del CPACA y del precedente del Consejo de Estado puesto
de presente, asumiendo la carga argumentativa reforzada que le es exigible.
EXTENDER, con efecto inter comunis, los efectos del amparo a los demás
demandantes que, junto con el accionante, integraron la demanda Rad. 20-001-33-
33-009-2022-00012 y que se encuentran en idéntica situación de hecho y de
derecho, en aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias
SU-1023 de 2001, SU-037 de 2019 y T-272 de 2014), con el fin de garantizar el
derecho a la igualdad y evitar la repetición de la vulneración.
DECRETAR la medida provisional solicitada en el acápite V.1
1.3. Hechos
De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:
El 2 de marzo y 8 de abril de 2022, el departamento del Cesar conformó las listas de
elegibles de la convocatoria 1279 de 2019, mediante la cual se proveyeron en carrera
los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta
de personal de la gobernación en ese ente territorial.
Ante lo anterior, un grupo de 62 ciudadanos acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que alegaron que existían vicios en el proceso de
selección.
El expediente fue asignado por reparto al Juzgado 9. ° Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar con el radicado 20001-33-33-009-2022-00012-00, autoridad
que, con auto de 16 de enero de 2023 inadmitió la demanda, por cuanto estimó que
había una indebida acumulación de pretensiones, en consecuencia, dispuso la
escisión del proceso, a fin de que la parte accionante radicara una demanda por cada
persona.
1 Transcripción literal, incluyendo posibles errores.
2
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Demandante: Alexis Enrique Oñate Gutiérrez
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
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Contra esta decisión, la parte demandante presentó recurso de reposición, el cual fue
resuelto negativamente el 23 de febrero de 2023, en tanto que estimó que cada sujeto
del extremo activo tenía una relación personal y distinta con la entidad accionada, por
lo que debía abordarse un estudio individual.
Dicha providencia fue objeto de solicitud de aclaración, en la que se pedía resolver
sobre el momento en que se tendrían presentadas las demandas individuales, a lo
cual, el despacho accionado, con providencia de 20 de abril de 2023, negó lo
pretendido, por cuanto estimó que no había puntos oscuros que necesitaran
explicación. Sobre la oportunidad en la radicación de cada demanda, manifestó que
era un asunto que le correspondería resolver a cada despacho al que se le asignara,
de acuerdo con las pruebas que allegara el demandante.
Toda vez que la parte demandante mantuvo la demanda tal como la había formulado,
con auto de 31 de octubre de 2024 se rechazó por falta de subsanación; decisión que
fue objeto de recurso de apelación.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar, el 5 de marzo de 2026,
confirmó el rechazó, por cuanto se trató de una consecuencia lógica ante la falta de
corrección, igualmente, se abstuvo de pronunciarse sobre la acumulación subjetiva de
pretensiones, toda vez que ello había sido resuelto por el juez de la primera instancia
en una decisión previa, por lo que desbordaba el alcance del recurso frente al rechazo.
Por otro lado, narró que el 1 ° de octubre de 2025, el Juzgado 9. ° Administrativo del
Circuito Judicial de Valledupar, se remitió a sí mismo el expediente2 y generó un nuevo
proceso identificado con el consecutivo 20001-33-33- 009-2025-00271-00, el cual está
conformado por los documentos que se radicaron para el expediente 2022-00012.
Todo ello sin que mediara solicitud alguna de la parte demandante.
En el nuevo proceso, el despacho también ordenó la escisión procesal y,
posteriormente rechazó la demanda el 10 de febrero de 2026. A lo anterior, el libelista
atribuye otras irregularidades como la identificación errónea de las partes, y la
confusión entre la apoderada y los demandantes.
Respecto de lo resuelto en el expediente 2025-00271, manifestó que no agotó recurso
alguno, puesto que se trataba de un trámite duplicado irregular, aunado, a que para
cuando se efectuaron esas actuaciones estaba en trámite la apelación contra el
rechazo de la demanda en el proceso 2022-00012 y, finalmente, de haber subsanado
la demanda en el proceso replicado, hubiere incurrido en una contradicción con lo
actuado en el caso 2022-00012.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Para la parte actora, el juzgado accionado incurrió en los defectos sustantivo, decisión
sin motivación, defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, defecto
procedimental absoluto, fáctico y violación directa de la constitución.
2 Con un mensaje de datos desde el correo interno al correo de notificaciones, del mismo despacho.
3
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Sobre el defecto sustantivo, expresó que la acumulación subjetiva de pretensiones
fue resuelta con base en el artículo 88 de la Ley 1564 de 2012 y una sentencia del
Consejo de Estado que data del 28 de septiembre de 20063, la cual se pronunció sobre
la acumulación de pretensiones, pero frente a las normas del Decreto 01 de 1984,
norma actualmente derogada. Adicionalmente, afirmó que ello desconocía el
precedente del Consejo de Estado, aunque no especificó a qué providencia puntual se
refería y se limitó a dejar dicha aseveración como un respaldo del presunto defecto
sustantivo.
Al ahondar en los fundamentos jurídicos, expresó que, el artículo 165 de la Ley 1437
de 2011 no prohíbe la acumulación subjetiva de pretensiones y que, en materia laboral,
resulta viable cuando los demandantes acuden a cuestionar un mismo acto
administrativo o los actos particulares surgen de un mismo proceso.
Para sustentar sus afirmaciones, citó una sentencia del Tribunal Administrativo de
Boyacá4, adicionalmente, manifestó que en los recursos que presentó ante las
autoridades accionadas, se acudió a los distintos antecedentes del Consejo de
Estado5.
En cuanto a la decisión sin motivación, afirmó que, en los autos del 23 de febrero,
que resolvió el recurso de reposición contra la inadmisión, y del 20 de abril de 2023,
que se pronunció acerca de la solicitud de aclaración, el juzgado expresó que no haría
mayor elucubración y, por lo tanto, no resolvió sobre los argumentos incluidos en los
memoriales que suscitaron su expedición.
Frente al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, consideró que la
demanda fue rechazada «por no “subsanar” una acumulación legalmente procedente,
sacrificando el derecho sustancial por una formalidad».
Aseguró, como sustento del defecto procedimental absoluto, que el despacho utilizó
la figura de la inadmisión, no para corregir defectos formales, sino para forzar a la parte
actora a renunciar a su derecho de acumular los sujetos de la parte demandante, lo
que implicó alejarse del procedimiento y de la viabilidad que dan las normas a dicha
forma de presentar la demanda, como son, el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011 y
88 de la Ley 1564 de 2012.
Por otra parte, acusó la configuración de un defecto fáctico en el proceso duplicado,
2025-00271, por cuanto se confundió a una de las actoras con la apoderada, lo que
«se aparta groseramente de la realidad procesal y configura defecto fáctico, además
3 Proceso: 13001-23-31-000-2004-00799-01
4 Dentro del proceso 15001-33- 33-004-2015-00006-01
5 Citó: Sección Segunda, Subsección A, providencia del 26 de julio de 2012, Rad. 08001-23-31-000-
2000-03110-01 (1900-10); Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de febrero de 2012, Exp.
2000-02781-01 (0317-08), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero; Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 26 de agosto de 2010, Exp. 2000-02783-01 (0283-08), C.P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila; Sección Segunda, Subsección A, auto del 29 de noviembre de 2007, Exp. 2006-03060-01 (0959-
07), C.P. Alfonso Vargas Rincón;Sección Tercera, auto del 27 de marzo de 2014, Exp. 2012-00124-01,
C.P. Ramiro Pazos Guerrero, según el cual el artículo 165 del CPACA no prohíbe ni excluye la
acumulación de pretensiones de un mismo medio de control, cumplidos los requisitos generales.
4
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de confirmar la ausencia de estudio real del asunto». Expuso que la existencia de este
segundo expediente demuestra el desorden del despacho.
Sobre la violación directa a la Constitución, estableció que el «rechazo de una
demanda que cumplía la totalidad de los requisitos legales, por la única razón de no
renunciar a una acumulación procedente, lesiona de manera directa e inmediata el
artículo 228 (prevalencia del derecho sustancial) y el artículo 229 (acceso a la
administración de justicia) de la Constitución».
Finalmente, consideró que se había vulnerado el derecho a la igualdad, por cuanto
otros despachos, como son el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar y
el Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta, sí aceptaron la acumulación
subjetiva de pretensiones.
Con todo, aclaró que se trata de procesos distintos, el primero de ellos corresponde a
una demanda contra el municipio de San Alberto (Cesar) y el segundo a un medio de
control iniciado por la convocatoria 1303 de 2019.
En cuanto al Tribunal Administrativo del Cesar, abordó la vulneración de sus
derechos fundamentales en tres puntos, así:
Primero, no existe verdadera “falta de subsanación”. La demanda no adolecía de
ningún defecto formal de los previstos en el artículo 162 del CPACA. El único
“aspecto a corregir” era renunciar a la acumulación, es decir, abandonar el
ejercicio legítimo de un derecho procesal amparado por el artículo 165 ibídem.
Sancionar con rechazo el no renunciar a un derecho no es aplicar una
consecuencia legal, sino consolidar una vía de hecho.
Segundo, la “automaticidad” presupone la validez de la orden incumplida. La
consecuencia del artículo 170 del CPACA solo opera cuando la orden de subsanar
es legítima. Si la orden de desacumular era contraria a derecho — como aquí
ocurre—, el rechazo que se funda en su incumplimiento hereda el mismo vicio.
Una decisión ilegal no se vuelve legal por la sola circunstancia de que la parte se
haya negado a acatarla. El Tribunal confundió la verificación de un hecho objetivo
(si se subsanó) con la verificación de la legalidad de la orden que se exigía cumplir,
que era precisamente lo controvertido.
Tercero, el deber de control no se agota por tratarse de segunda instancia. El juez
de apelación tenía el deber de verificar la legalidad de la cadena de providencias
sometida a su conocimiento. Escudarse en que la acumulación “ya fue definida”
para no corregir un defecto sustantivo evidente constituye, a su vez, una decisión
sin motivación suficiente y una renuncia al control judicial que le competía,
perpetuando la denegación de justicia. La preclusión no puede invocarse para
blindar una arbitrariedad: el carácter reglado de una consecuencia no inmuniza el
acto que la origina.
Resaltó que el auto que inadmite la demanda no es pasible de recurso de apelación,
por lo que la única vía de acudir al superior, respecto de la negativa de acceder a la
acumulación subjetiva de pretensiones, era hasta que se produjera el rechazo.
Igualmente, consideró que la colegiatura no podía limitarse a estudiar simplemente si
la causal de rechazo era la falta de subsanación, sino que también debía verificar si la
inadmisión estuvo adecuadamente fundada, puesto que dicha decisión debía fundarse
en una falencia real de la demanda y la legitimidad para ordenar la corrección.
5
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Reforzó su tesis al citar la providencia de 1. ° de julio de 20226 en la que, a su juicio,
la Sección Primera del Consejo de Estado, «dejó sin efecto un rechazo al constatar
que los supuestos defectos no daban lugar a esa consecuencia».
Concluyó que no hubo inactividad de su parte, sino que la falta de subsanación de la
demanda estaba fundada en que no había falencias para corregir y que el rechazo era
la única vía de lograr un estudio de parte del superior.
1.5. Trámite de la acción
Mediante proveído de 11 de junio de 2026, el magistrado ponente admitió la acción
constitucional y tuvo como accionados al Tribunal Administrativo del Cesar y al
Juzgado 9. ° Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar. A su vez, se vinculó
como terceros con interés directo a los demás sujetos de la parte demandante dentro
del proceso declarativo.
Por último, negó la medida provisional, puesto que el archivo del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho «en nada impediría que se cumplieran las
órdenes en caso de una eventual sentencia estimatoria de la solicitud de amparo,
puesto que se trata de trámites que pueden retrotraerse de ser necesario para el
cumplimiento de lo que pueda disponerse en el fallo».
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, solo se recibió el vínculo de acceso al
proceso declarativo, de parte de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar,
mas no se hizo pronunciamiento alguno sobre los hechos y las pretensiones.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por Alexis Enrique Oñate Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo del
Cesar y el Juzgado 9. ° Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
En el caso bajo examen, la parte actora cuestionó tanto las decisiones de la primera
instancia como las de su superior, en este escenario, es postura de la Sala abordar el
estudio de la tutela solo respecto de la última providencia, por cuanto es la que, por lo
general, resuelve definitivamente la controversia.
No obstante, en este caso se tiene una particularidad, y es que el Tribunal
Administrativo del Cesar, en su auto de 5 de marzo de 2026, expresamente se abstuvo
de pronunciarse sobre la acumulación subjetiva de pretensiones y los motivos de la
6 11001-03-24-000-2020-00496-00
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inadmisión de la demanda, en el entendido que dichos aspectos no podían abordarse
en la decisión sobre el rechazo. A su vez, la parte actora, entre sus argumentos, afirma
que la corporación sí tenía el deber de valorar el rechazo desde su inadmisión.
En consecuencia, de superarse los requisitos adjetivos, esta Sala, al abordar el caso
concreto, procederá a pronunciarse primero sobre si el Tribunal Administrativo del
Cesar debía o no manifestarse sobre los motivos de la inadmisión al momento de
resolver respecto del rechazo y, dependiendo de lo que allí se concluya, se decidirá si
se aborda por separado lo señalado contra el Juzgado 9. ° Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, con ocasión de las providencias de 31 de octubre de
2024 y 5 de marzo de 2026, mediante las cuales se rechazó la demanda y se confirmó
dicha decisión, respectivamente, y las de 23 de febrero y 20 de abril de 2023, por las
cuales se dispuso sobre la acumulación subjetiva de pretensiones, dentro del
parámetro metodológico señalado en la cuestión previa.
Igualmente, se abordará lo atinente respecto de la existencia de un proceso declarativo
duplicado, bajo el radicado 20001-33-33-009- 2025-00271-00, respecto del cual, si
bien no se elevaron pretensiones, si se cimentó un defecto fáctico.
Para el efecto, se seguirá el siguiente derrotero: (i) la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de requisitos adjetivos y, de encontrarse
superados, (iii) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20127 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
7 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela - importancia
jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
7
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 10, la Sala
Plena de lo Contencioso - Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la sentencia
SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de este requisito
son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal11 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico12; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”13
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”14 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”15
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Sentencia SU-573 de 2019.
12 Sentencia SU-103 de 2022.
13 Sentencia SU-103 de 2022.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-128 de 2021.
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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto16, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal17. (Resaltado de la Sala)
Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se
explica que los accionantes deben exponer los defectos18 en los que incurrió la
decisión atacada.
Ahora bien, en el presente caso se tiene que la parte actora acusa a las autoridades
accionadas de vulnerar sus derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso por desconocer que las normas procesales permiten la
acumulación subjetiva de pretensiones, en especial, cuando se trata de una
controversia laboral en la que varias personas están siendo afectadas por una misma
actuación administrativa.
Adicionalmente, cuestiona que el Tribunal Administrativo del Cesar hubiere excluido,
en la apelación, el estudio de la orden de subsanación, proferida por su a quo.
Sobre el particular, la Sala observa que no todas las censuras propuestas en el escrito
inicial cumplen con el requisito aquí estudiado como pasa a explicarse.
En primer lugar, el cargo relativo a la falta de motivación en las decisiones
cuestionadas, carece de relevancia constitucional, puesto que no está fundado en una
posible vulneración de las garantías superiores del accionante sino en un desacuerdo
con los motivos consignados en las providencias atacadas.
Este señalamiento se dirigió puntualmente a las providencias por las cuales el Juzgado
9. ° Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar resolvió sobre su recurso de
reposición contra la inadmisión de la demanda y aquella que negó la aclaración del
auto de inadmisión. Esto, fundado en que en esas oportunidades la autoridad judicial
incluyó la expresión relativa a que no haría mayor elucubración.
Sobre este aspecto se observa que en el propio escrito inicial el accionante muestra
su desacuerdo con las razones que tuvo la autoridad judicial accionada, tanto para no
reponer la inadmisión como para negarse a hacer aclaraciones.
En ese sentido, es importante señalar que una sola frase contenida en los autos,
relativa a que no se harían mayores elucubraciones, no es sustento suficiente para
dotar de relevancia constitucional la tutela contra las providencias judiciales y, mucho
menos, da cuenta de alguna actuación arbitraria o irracional de parte de la autoridad
accionada.
16 Sentencia SU-573 de 2019.
17 Ibid.
18 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
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Por el contrario, lo que se encuentra es que la parte accionante difiere de la justificación
que tuvo el Juzgado 9. ° Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar para resolver
sus peticiones, lo que, de entrada, deja sin fundamento la afirmación relativa a que no
fueron motivadas.
Mismo escenario se presenta respecto de la presunta falta de motivación del Tribunal
Administrativo del Cesar cuando, en el auto que rechazó la demanda, explicó las
razones por las que no se pronunciaría sobre la inadmisión. De nuevo, se tiene que el
actor esgrime los fundamentos por los que no comparte las consideraciones de esa
corporación, lo que hace evidente que no hay lugar a estudiar de fondo una supuesta
falta de motivación, puesto que resultaría contradictorio con los demás cargos
endilgados.
Por otra parte, sobre las manifestaciones de la vulneración al derecho a la igualdad,
tampoco se evidencia cumplido este requisito, puesto que se trata de otros despachos
judiciales e, incluso, de casos distintos al suyo, en ese sentido, no hay fundamento por
el cual el Juzgado 9. ° Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar deba resolver
con el mismo criterio de sus pares y que justifique el estudio sustancial a través de
este mecanismo de tutela.
En consecuencia, no se realizarán valoraciones de fondo respecto de los cargos de
decisión sin motivación ni vulneración al derecho a la igualdad, por cuanto
resultan improcedentes.
Respecto de los demás argumentos, sí se considera superada esta exigencia, puesto
que las actuaciones de las autoridades accionadas, de acuerdo con los argumentos
presentados en el escrito inicial, pueden generar una afectación directa al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso.
Nótese que, por una parte, la parte actora acusa al Juzgado 9. ° Administrativo del
Circuito Judicial de Valledupar de incurrir en múltiples defectos por negar la posibilidad
de realizar una acumulación subjetiva de pretensiones, figura que, en principio, sí está
avalada por el artículo 88 de la Ley 1564 de 2012, además, de acuerdo con el
accionante, dicha decisión estuvo fundada en normas derogadas y jurisprudencia que
no versaba sobre la actualidad del ordenamiento jurídico.
De ser cierto, lo actuado por parte de dicha autoridad judicial tiene el potencial de
redundar en una actuación arbitraria y en la exigencia de requisitos adicionales para
la admisión de la demanda, por lo cual, esta Sala considera que está revestido de
relevancia constitucional.
Por otra parte, la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar, relativa a que no
estudiaría los motivos de la inadmisión sino únicamente del rechazo, puede hacer
nugatorio el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia al omitir
una valoración integral de las razones por las cuales su a quo llegó a dicha decisión.
Circunstancia que solo puede valorarse con un estudio de fondo de los argumentos
presentados por la parte actora.
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Finalmente, respecto a que el Juzgado 9. ° Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar abrió un nuevo expediente pero con las mismas partes, causa, objeto e
incluso documentos con que cursó el proceso 2022-00012, amenaza una posible
vulneración contra el principio del non bis in idem, porque implicaría que esta autoridad
judicial estaría resolviendo nuevamente sobre un caso que ya sometió a su estudio, lo
que, de entrada, conlleva a su relevancia constitucional.
2.5.2. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, se tiene que contra los autos que
decidieron sobre la inadmisión, su aclaración y el rechazo, no proceden recursos
ordinarios o extraordinarios.
No obstante, esto no ocurre con lo que atañe a la existencia de un proceso duplicado.
En efecto, de ser cierto que el expediente 20001-33-33-009-2025-00271-00 debe su
existencia a un error del Juzgado 9. ° Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar,
no es la parte demandante quien debe corregirlo y, de hecho, tampoco debe cargar
con las consecuencias de la presunta irregularidad.
A pesar de lo anterior, tampoco se observa que la parte actora haya realizado alguna
manifestación ante la autoridad judicial, relativa a que dicha causa estaba replicando
un proceso anterior.
Nótese que, si bien la Sala no endilga al extremo activo responsabilidad alguna por el
presunto error del juzgado, debe tenerse en cuenta que en el proceso 2025-00271 el
Juzgado 9. ° Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar emitió pronunciamientos
sobre un asunto que le atañe al señor Oñate Rodríguez, por lo que lo mínimo es que,
antes de acudir al mecanismo constitucional, ponga de presente tal circunstancia ante
el titular de ese despacho, con el fin de que se adopten las medidas respectivas.
En ese sentido, la solicitud presentada en el escrito de tutela desconoce el carácter
subsidiario de la acción de amparo, puesto que se está pretendiendo un
pronunciamiento respecto de un asunto sobre el cual no se ha dado la oportunidad a
la autoridad judicial accionada de manifestarse.
Se resalta, que tal circunstancia pudo ponerse en conocimiento del Juzgado 9. °
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar mediante un recurso de reposición
desde el momento mismo en que el actor fue notificado de la admisión de este segundo
expediente.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela en lo relativo a
las manifestaciones frente a la duplicidad de procesos.
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la última
providencia atacada data del 5 de marzo de 2026, por lo que, sin necesidad de contar
la ejecutoria, es claro que el mecanismo de amparo, radicado el 10 de junio de 2026,
se presentó de manera oportuna.
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Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201419, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 200520, para determinar
la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y, reiteró que
seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
Ahora bien, en este punto la Sala resalta la disyunción que se planteó entre lo resuelto
respecto de la inadmisión de la demanda, en autos de 23 de febrero y 20 de abril de
2023 y lo decidido en cuanto al rechazo, que se definió el 5 de marzo de 2026.
No obstante, para efectos del análisis de la inmediatez, se contabilizará la oportunidad
desde la providencia del Tribunal Administrativo del Cesar, esto, por cuanto si bien
dicha corporación se negó a pronunciarse sobre la razón de la inadmisión, esto es, la
acumulación subjetiva de pretensiones, lo cierto es que en el recurso de apelación el
demandante sí propuso argumentos frente a dicho tema, por lo que debía esperar a
que se resolviera la alzada para poder acudir a la acción de tutela.
2.5.4. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la
misma naturaleza, puesto que las providencias cuestionadas fueron proferidas en el
trámite del estudio de admisión de una demanda por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
2.6. De los defectos invocados
Aunque la parte actora no enmarcó sus cargos contra el Tribunal Administrativo del
Cesar en alguno de los defectos específicos de la tutela contra providencia judicial, la
Sala entenderá que se adecúan a un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en el entendido que estima que la mencionada colegiatura se basó en
formalismos para evitar el estudio sustancial de las razones del rechazo.
Por otra parte, lo manifestado sobre la violación directa a la Constitución se encuentra
subsumido dentro de los argumentos que sustentaron los demás cargos.
2.6.1. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional21, ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»22.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
20 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos».
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
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Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente23 o porque ha sido derogada24, es inexistente25,
inexequible26 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador27.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma28.
c) La disposición aplicada es regresiva29 o contraria a la Constitución30.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la
disposición31.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma32 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
2.6.2. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201533 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión así:
i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación
del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
Omisión de decreto problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin
y práctica de desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
pruebas atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así
23 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
27 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101
del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
33 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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indispensables para las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto
fallar el asunto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que
este procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba
señalados.
De esta manera, se requiere:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Que se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
Desconocimiento ordinario. En este punto, se requiere que, de forma específica, se
del acervo concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna
probatorio y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
determinante para
identificar la Así las cosas, se configura siempre que:
veracidad de los
hechos alegados por a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el
las partes juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.
Valoración irracional Requiere entonces que:
o arbitraria de las
pruebas aportadas a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
de ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
Dictar sentencia con con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su
fundamento en producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora
pruebas obtenidas la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla
con violación del tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado,
debido proceso al ser esta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
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a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento
de la decisión.
Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr
la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia
judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son
la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica, la buena fe y los
derivados de los artículos 1. º, 2. º, 4. º, 5. º y 6. º de la Constitución Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que
los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera
que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele
ocurrir, pues es desacertado.
2.6.3. Referente al defecto procedimental, se tiene que la Corte Constitucional ha
reconocido dos modalidades de defecto procedimental: a) uno absoluto, que se
presenta cuando el operador judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, y b) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando hay
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por
extremo rigor en la aplicación de las normas procesales34.
En lo concerniente al defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha
señalado que «el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales
el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al
proceso respectivo»35.
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que es el que se alega
con esta acción de tutela, se configura «cuando hay una renuncia consciente de la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de
las normas procesales»36.
Asimismo, se ha contemplado que el defecto procedimental también ocurre cuando el
operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido
(absoluto), pero que cualquiera que sea el caso, la procedencia de la acción de tutela
en presencia del vicio de tal naturaleza se sujeta a la concurrencia de los siguientes
elementos37:
34 Sentencia T-620 de 9 de septiembre de 2013. Sentencia T-268 de 2010. El Alto Tribunal también ha
considerado que el defecto procedimental se puede configurar por la violación del derecho a la defensa
técnica, puesto que «… el concepto de defensa técnica como el derecho de la persona a escoger su
propio defensor y, de no ser ello posible, a ser representado por uno de oficio designado por el Estado,
quien a su vez debe contar con un nivel básico de formación jurídica» (sentencia T- 561 de 2014).
35 Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007.
36 Corte Constitucional, sentencia T - 620 de 9 de septiembre de 2013.
37 Ibidem.
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i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela.
ii) Que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que
se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales.
iii) Que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que
ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico.
iv) Que la situación irregular no sea atribuible al afectado.
v) Que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales.
De igual manera, la Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del
procedimiento que se arguye puede ser una deficiencia atribuible al afectado.
2.7. Caso concreto
Como se anunció desde la cuestión previa, antes de resolver sobre los cargos
puntuales dirigidos a las dos autoridades accionadas, la Sala decidirá respecto de si
el Tribunal Administrativo del Cesar debía o no pronunciarse frente a la causal que
llevó a la inadmisión de la demanda.
Para esto, lo primero que debe recordarse es que el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia, como lo ha explicado la Corte Constitucional,
comprende dos dimensiones, por una parte, implica la posibilidad de acudir al juez
para solicitar la protección de los derechos o intereses y, por otra parte, que dicha
actuación sea efectiva, es decir, que termine con una decisión de fondo que sea
pasible de ser ejecutada38.
A su vez, se tiene que, como es la naturaleza de los derechos fundamentales, el
acceso a la administración de justicia no es absoluto. De ahí que, la viabilidad de elevar
las pretensiones ante el juez no necesariamente implica que la demanda será
admitida, puesto que el proceso judicial se encuentra reglado por una serie de normas
procesales, cuya existencia se justifica como medios para proteger intereses
superiores, como la igualdad entre las partes y que, así como el demandante pueda
ejercer su derecho de acción, a su vez, se proteja la garantía de la contradicción al
demandado.
Del mismo modo, aunque la dimensión de la efectividad del acceso a la administración
de justicia implique una decisión de fondo, esto no obsta para que, en determinados
casos, el proceso termine de forma anormal, esto es, no mediante una sentencia que
resuelva de fondo la controversia, sino a través de un auto, donde el funcionario judicial
se exime de resolver sustancialmente el caso.
Sin embargo, tales eventos, al tratarse de limitantes al derecho fundamental al acceso
38 Ver sentencia T – 608 de 2019
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a la administración de justicia, deben, a su vez, someterse a unos parámetros de
ponderación y procedimiento que garanticen que no se haga nugatorio el ejercicio de
dicha garantía.
Es por lo anterior que, cuando el intento de iniciar un proceso judicial no termina con
una sentencia judicial, sino mediante un auto, el ordenamiento jurídico ha establecido
unas causales específicas sobre las cuales el juez debe edificar su argumentación y,
adicionalmente, debe someterse a un juicio de segunda instancia.
En efecto, el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, en su numerales 1 y 2, dispone que
el recurso de apelación es procedente contra el auto que rechace la demanda y aquel
que, por cualquier causa, ponga fin al proceso.
Con base en lo expuesto, para la Sala, el Tribunal Administrativo de Cesar sí debía
pronunciarse sobre los motivos de la inadmisión y no solamente sobre la causal
específica de rechazo, como pasa a explicarse.
De acuerdo con lo evidenciado en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, al actor se le ordenó la escisión39 de su demanda, de manera que, del mismo
escrito, se crearan tantas demandas como sujetos del extremo activo hubiere, con el
fin de que se tramitaran de forma separada.
Dicha decisión fue objeto de recurso de reposición, puesto que era el único mecanismo
de defensa con el que contaba el accionante para cuestionar la instrucción impartida
en la inadmisión y, de paso, dicha figura implica que el demandante nunca aceptó lo
dispuesto por el a quo.
En este punto, la Sala desea resaltar que dicha previsión del legislador, esto es, que
la inadmisión de la demanda solo sea pasible de reposición, obedece al hecho que tal
providencia no toma una decisión definitiva sobre el curso de la demanda, nótese que
el trámite del estudio de admisión no se resuelve de forma categórica sino hasta que
el juez manifiesta la admisión o el rechazo.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que esto no quiere decir que las ordenes
contenidas en la inadmisión de una demanda no tengan una implicación sustancial en
lo que se terminará resolviendo en este momento procesal, por el contrario, es allí que
el funcionario establece los parámetros que fundarán los motivos por los cuales decida,
finalmente, la admisión o el rechazo. No obstante, el legislador ha limitado la
intervención de una segunda instancia solo hasta que dicha actuación implique una
decisión definitiva que no permita continuar con el proceso, como lo es, el rechazo.
Es en este punto, la Sala se aparta de las consideraciones del Tribunal Administrativo
del Cesar, puesto que, de acuerdo con su tesis, un juez en la primera instancia podría
emitir instrucciones arbitrarias, ilegales o de imposible cumplimiento en la inadmisión
de la demanda, y estas escaparían al juicio de la apelación cuando decida el rechazo,
39Aunque el término utilizado fue «desglose», debe recordarse que dicha figura corresponde a la
autorización del juez para que se sustraigan unas piezas procesales del expediente y se deje constancia
de ello, trámite reglado en el artículo 116 de la Ley 1564 de 2012. Por el contrario, la escisión implica
que, de un mismo proceso, se copien las piezas procesales necesarias para que con ellas se conformen
nuevos expedientes que se tramitarán de manera independiente.
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porque no se cumplió con la subsanación.
Tal previsión, a juicio de esta Sala, es incongruente con lo expuesto al inicio de este
acápite, porque recuérdese que el rechazo de la demanda implica una forma en que
legalmente se ha limitado el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, de ahí que sea necesario que se someta a un estricto control
de legalidad y, especialmente, a la garantía efectiva de la doble instancia.
Así las cosas, aunque la causal de rechazo haya sido la falta de subsanación de la
demanda dentro del término concedido, el juez que resuelva sobre la apelación debe
verificar si, en efecto, existía el deber de realizar la corrección, puesto que de otra
forma la valoración del ad quem se queda en un estudio meramente formal e
incompleto que puede avalar una orden previa, determinante para el rechazo, y que,
eventualmente, puede contradecir el ordenamiento jurídico.
Por supuesto, este alcance solo aplica en casos donde la parte demandante haya
cumplido con la carga procesal de solicitar la reposición del auto inadmisorio, puesto
que en casos donde esto no haya sido así se entiende que aceptó las instrucciones
dadas por el juez para la subsanación de la demanda y, por lo tanto, no podría
cuestionarlas posteriormente a través del recurso de apelación.
Siendo así, ya que el señor Alexis Enrique Oñate Gutiérrez había presentado el
recurso de reposición contra el auto de 16 de enero de 2023 y, posteriormente,
cuestionó el sustento de la inadmisión en la apelación que radicó contra el auto de 23
de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar sí debía manifestarse sobre
la acumulación subjetiva de pretensiones, en tanto que fue la razón sustancial que
llevó al rechazo.
Así las cosas, esta Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos endilgados,
puesto que todos ellos van dirigidos contra la decisión de ordenar la escisión de la
demanda, aspecto sobre el cual debe resolver el Tribunal Administrativo del Cesar una
vez emita el auto de reemplazo en cumplimiento a la orden que se proferirá en esta
providencia.
Por lo expuesto, se encuentra demostrada la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora por parte del Tribunal Administrativo del Cesar,
autoridad que incurrió en el defecto procedimental, al limitar el estudio de la apelación
contra el auto que rechazó la demanda a un aspecto formal desconociendo el
fundamento sustancial de lo ordenado por el Juzgado 9. ° Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar.
En consecuencia, se dejará sin efecto el auto de 5 de marzo de 2026 y se ordenará al
Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro de un término de 10 días contados a
partir del día siguiente que se notifique esta sentencia, emita una decisión de
reemplazo de acuerdo con las consideraciones contenidas en esta providencia.
Finalmente, sobre la petición de la parte actora, relativa a que esta sentencia tenga
efectos inter comunis, esto no se advierte necesario, puesto que al quedar sin efecto
el rechazo de la demanda, la cual nunca fue escindida, la decisión aquí proferida afecta
a todos los sujetos que conformar el extremo activo en el proceso declarativo y, por lo
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Demandante: Alexis Enrique Oñate Gutiérrez
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04438-00
tanto, no se hace necesario darle el sentido solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente las pretensiones de tutela, en lo relativo a los
cargos por decisión sin motivación, vulneración al derecho a la igualdad y fáctico
respecto del proceso presuntamente duplicado.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia del señor Alexis Enrique Oñate Gutiérrez, por el defecto
procedimental. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto de 5 de marzo de
2026, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro de un
término de 10 días contados a partir del día siguiente que se notifique esta sentencia,
emita una decisión de reemplazo de acuerdo con las consideraciones contenidas en
esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
(con salvamento de voto)
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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