Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04442-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04442-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04442-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04442-00
Demandante INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE IFC
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Temas Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Pagaré como
título ejecutivo y no exigencia del contrato de mutuo escrito. Defecto
por desconocimiento del precedente, por violación directa de la
Constitución, fáctico, sustantivo y procedimental.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el Instituto Financiero de Casanare IFC, quien actúa a través de su
representante legal el señor Óscar Javier Araque Garzón, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de junio de 20261, el Instituto Financiero de Casanare IFC, actuando a través
de su representante legal el señor Óscar Javier Araque Garzón, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare, Despacho 002 y el Juzgado
Cuarto Administrativo de Yopal, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión a las sentencias del 25 de septiembre de 2025, mediante la cual se declaró
de oficio la existencia de defectos formales en el título ejecutivo y se abstuvo de
seguir adelante la ejecución, y del 11 de diciembre de 2025, a través de la cual se
confirmó lo decidido en primera instancia dentro del proceso ejecutivo 85001-33-33-
004-2024-00248-00/02.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«Solicitamos de manera muy respetuosa a los Honorables Magistrados, obtener a través de
su justicia la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia de mi representado Instituto Financiero de Casanare, por defecto
sustancial, indebida valoración probatoria, exceso ritual manifiesto y violación directa de la
Constitución, dentro del proceso ejecutivo de radicado 850013333004-202400248-00, en que
incurren el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, así como otros que sufren la misma suerte por la misma interpretación.
Con las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, en
auto de 25 de septiembre de 2025, en la cual se dispuso: “NO SEGUIR ADELANTE LA
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Samai, índice 2.
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare IFC
EJECUCIÓN a favor de (…) INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (IFC) en contra de
JHON JAIRO ALVAREZ VARGAS y LUIS GUILLERMO ALVAREZ SANCHEZ, por las razones
expuestas (...) ”, y la confirmatoria, emitida por el Tribunal Administrativo de Casanare en
providencia de fecha 11 de diciembre de 2025, se desconoce los derechos fundamentales al
debido proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del Instituto Financiero de
Casanare, en consecuencia solicito comedidamente:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se
desconocieron por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en
auto emitido en fecha 25 de septiembre de 2025 y su confirmatorio, emitido el 11 de diciembre
de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso
850013333004-202400248-00
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 25 de septiembre
de 2025 emitido por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL,
así como la decisión que desató la apelación, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CASANARE en fecha 11 de diciembre de 2025, dentro del medio de control
850013333004-202400248-00, por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida
valoración probatoria al restarle mérito ejecutivo al pagaré 4119533 y exceso ritual manifiesto
al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito,
ajena a este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado el original del pagaré,
pese a que a la luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022 “Las demandas se presentarán en
forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos,”; así como por defecto
sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial
vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y
al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE -
IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su
competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del
fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, libre mandamiento de
pago a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE en contra de los demandados
JHON JAIRO ALVAREZ VARGAS Y LUIS GUILLERMO ALVAREZ SANCHEZ, dentro del
proceso ejecutivo 850013333004-202400248-00, adelante el proceso hasta su finalización, y
se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se extienda,
respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos de Yopal, en
los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se
desconozca el pagaré como título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y
jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas que dieron
origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del cumplimiento del
fallo de tutela proferido».
2. Hechos
Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El Instituto Financiero de Casanare fue creado con el Decreto 107 de julio de
1992, modificado con el Decreto 073 de 2002, como una empresa económica
de carácter departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa
y presupuestal, y sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y
comerciales del Estado de acuerdo con la Ley 489 de 1998. Su objeto es el
fomento del desarrollo económico y social del departamento de Casanare, a
través de servicios financieros, empresariales y de gestión de proyectos.
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2.2. El mencionado instituto expidió el pagaré 4119533 del 18 de septiembre de
2018, para amparar el préstamo otorgado a los señores Jhon Jairo Álvarez
Vargas y Luis Guillermo Álvarez Sánchez.
2.3. En razón al incumplimiento en el pago, la parte actora presentó demanda
ejecutiva en contra de los señores Jhon Jairo Álvarez Vargas y Luis Guillermo
Álvarez Sánchez, ante los Juzgados Civiles Municipales de Yopal, para
perseguir el cobro de la obligación determinada en dicho pagaré por el monto
de $4.000.000. Este asunto le correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Civil Municipal de Yopal bajo el radicado 85001-40-03-003-2022-00299-00.
2.4. El 30 de junio de 2022 el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal dictó auto
en el que ordenó librar mandamiento de pago por vía ejecutiva singular.
2.5. Con providencia del 30 de octubre de 2024, el Juzgado Tercero Civil Municipal
de Yopal declaró su falta de jurisdicción y ordenó la remisión del expediente a
los Juzgados Administrativos de Yopal.
2.6. Por reparto el asunto le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal bajo el radicado 85001-33-33-004-2024-00248-00. Autoridad que profirió
el auto del 23 de enero de 2025, mediante el cual solicitó que se aportara la
totalidad de los antecedentes administrativos, los documentos que integran el
título ejecutivo complejo, informara si existía un contrato escrito que fuera la
causa del título valor que se pretendía ejecutar, y que explicara si el contrato
de mutuo correspondía al giro ordinario de los negocios del IFC y allegara
todos los soportes de ello.
2.7. Con sentencia del 20 de febrero de 2025 el Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal declaró de oficio defectos formales en el título ejecutivo que se presentó
para cobro. Esto al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 297
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en consecuencia, ordenó no seguir adelante con la ejecución
de los señores Jhon Jairo Álvarez Vargas y Luis Guillermo Álvarez Sánchez.
Contra esta decisión el ejecutante interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación.
2.8. Con auto del 27 de marzo de 2025 el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal
rechazó por improcedente el recurso de reposición y concedió el recurso de
apelación ante el Tribunal Administrativo de Casanare.
2.9. El 27 de junio de 2025 el Tribunal Administrativo de Casanare, Despacho 002,
declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de referencia a partir de la
sentencia emitida el 20 de febrero de 2025, al incurrir en la causal del numeral
sexto del artículo 133 del Código General del Proceso, al haber pretermitido la
oportunidad de que las partes presentaran sus alegatos de conclusión.
2.10. Con providencia del 6 de agosto de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal dictó auto de «obedézcase y cúmplase».
2.11. El 25 de septiembre de 2025 el juzgado dictó sentencia anticipada en donde
declaró de oficio la existencia de defectos formales del título ejecutivo y ordenó
«NO SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN a favor de la EICE INSTITUTO FINANCIERO DE
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CASANARE (IFC) en contra de JHON JAIRO ALVAREZ VARGAS y LUIS GUILLERMO
ALVAREZ SANCHEZ». Decisión que fue recurrida por el ejecutante.
2.12. Con decisión del 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Casanare, Despacho 002, resolvió el recurso de apelación confirmando lo
resuelto por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal en la providencia del
25 de septiembre de 2025. Sentencia que contó con salvamento de voto del
magistrado Leonardo Galeano Guevara.
3. Fundamentos de la acción
El Instituto Financiero de Casanare consideró que el Juzgado Cuarto Administrativo
de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, vulneraron sus derechos
fundamentales al dictar las providencias del 25 de septiembre de 2025, mediante la
cual se declaró de oficio la existencia de defectos formales en el título ejecutivo y se
abstuvo de seguir adelante la ejecución, y del 11 de diciembre de 2025, a través de
la cual, se confirmó lo decidido en primera instancia dentro del proceso ejecutivo
85001-33-33-004-2024-00248-00.
La parte actora indicó que en este caso se cumplen a cabalidad los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
pues: (i) esta acción tiene relevancia constitucional dado que las autoridades
accionadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia al desconocer la exigibilidad del título valor objeto de
ejecución, esto al restarle merito ejecutivo al pagaré pese a que contenía una
obligación clara, expresa y exigible, y al pedir que el contrato de mutuo cuyo régimen
es civil sea aportado con la ritualidad de los contratos de la Ley 80 de 1993 para
integrar un título ejecutivo complejo; (ii) se agotaron todos los recursos ordinarios
dentro del proceso ejecutivo, pues se interpuso el recurso de reposición y de
apelación contra la decisión que dispuso no seguir adelante con la ejecución; (iii)
se cumple con el requisito de inmediatez toda vez que, desde la fecha de la
providencia del Tribunal Administrativo de Casanare (11 de diciembre de 2025) hasta
la fecha de la radicación de esta acción no han trascurrido más de 6 meses; y (iv)
precisó que las providencias cuestionadas no se dictaron dentro del trámite de una
acción de tutela.
Respecto a los defectos especiales afirmó que las autoridades accionadas al dictar
las providencias atacados incurrieron en un defecto por desconocimiento del
precedente, por violación directa de la Constitución, fáctico, sustantivo, y
procedimental, como pasa a explicarse.
3.1. Defecto por desconocimiento del precedente: Indicó que se configuró en
este caso porque se desconoció el Auto-2014 de 2024 dictado por la Corte
Constitucional, en donde se definió: (i) la competencia de la jurisdicción
contencioso administrativa en procesos ejecutivos derivados del
incumplimiento de un contrato estatal regido por derecho privado, (ii) que en
los contratos de mutuo que celebran las entidades que tienen naturaleza de
empresas industriales y comerciales del Estado basta con la entrega de la
cosa dada en préstamos para el perfeccionamiento del negocio jurídico; y (iii)
que en el pagaré consta una obligación clara, expresa y exigible, lo que
corresponde a un título ejecutivo ejecutable en la jurisdicción contencioso
administrativa, por ser uno de los documentos a los que se refiere el numeral
3 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo. A su vez, mencionó que en igual sentido se
pronunció la Corte Constitucional en el Auto 1455 de 2025 para señalar que
aun cuando el contrato de mutuo no constaba por escrito era razonable afirmar
su existencia ya que conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil el
contrato se perfecciona con la sola entrega del dinero prestado.
Por el contrario, el juez natural negó el mandamiento de pago por considerar
que se trataba de un título ejecutivo complejo, integrado por el pagaré y el
contrato de mutuo, y que en este caso no se aportó ese contrato por escrito,
lo que evidenciaba la vulneración al derecho al acceso a la administración de
justicia.
3.2. Violación directa de la Constitución: Señaló que los jueces de primera y
segunda instancia tuvieron en cuenta los autos Auto-2014 de 2024 y Auto 1455
de 2025 para aceptar su jurisdicción, sin embargo, se desconoció la ratio
decidendi de las providencias en donde se determinó que el contrato de mutuo
no debía constar por escrito, así como que el pagaré presta mérito ejecutivo
conforme al numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
De esta forma mencionó que se desconoció la fuerza vinculante de los autos,
se vulneró la seguridad jurídica y la confianza legítima del instituto que otorgó
créditos sin suscribir contrato escrito de mutuo, y el acceso a la administración
de justicia, en razón a que el instituto ya no tiene la posibilidad de hacer valer
sus créditos ante ninguna otra jurisdicción. Así pues, concluyó que «la exigencia
de un documento que jurídicamente no es procedente constituye defecto por desconocimiento
directo de la Constitución».
3.3. Defecto fáctico: Se presenta en este asunto por la indebida valoración del
material probatorio, pues mencionó que se aportó el pagaré 4119533 y la carta
de instrucciones, que además de ser un título valor que contiene una
obligación clara, expresa y exigible, es autónomo y por ende, es un título
ejecutivo simple, no complejo, pese a ello se procedió a negar el mandamiento
de pago. Explicó que, es una falacia considerar que el contrato estatal solo se
ciñe por la Ley 80 de 1993, desconociendo que existen contratos que se rigen
por el derecho privado.
3.4. Defecto sustantivo: Indicó que el artículo 297 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo identifica los documentos
que se consideran título ejecutivo dentro de los que se encuentra cualquier
acto proferido con ocasión de la actividad contractual, no obstante, manifestó
que no era de recibo que se exigiera un contrato escrito como si solo este fuera
ejecutable. Frente a los títulos singulares mencionó que el Consejo de Estado
planteó como un ejemplo de estos los títulos valores, pero a pesar de ello las
autoridades accionadas insistieron en convertir ese título en complejo.
En consecuencia, concluyó que se dejaron de aplicar las siguientes normas:
«el artículo 2, 29 y 229 constitucional, el artículo 297 numeral 3 de la Ley 1437 de 2011, el
artículo 99 numeral 5 del CPACA, los artículos 85 y 93 de la Ley 498 (sic) de 1998, el artículo
93 de la Ley 1474 de 2011, los artículos 2221 y 2222 del código Civil, y los artículos 621 y 709
del Código de Comercio».
3.5. Defecto procedimental: Puso de presente su configuración dado que en este
caso la obligación objeto de ejecución está en un pagaré, que contiene una
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obligación clara, expresa y exigible, no obstante, los accionados bajo un
excesivo ritual manifiesto exigen un contrato de mutuo elevado a escrito para
configurar un título ejecutivo complejo. Por lo que, señaló que «Exigir documentos
adicionales al pagaré, siendo este un título ejecutivo autónomo, que contiene una obligación,
clara, expresa y exigible, es desconocer la normatividad que rige la creación, circulación y
exigibilidad de este tipo de títulos, constituye un exceso ritual manifiesto».
De otro lado, solicitó que el presente asunto fuera estudiado por la Sala Plena del
Consejo de Estado, por ser un asunto de importancia jurídica, de impacto social y
económico, dado que conlleva la pérdida de cartera a gran escala.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 17 de junio de 2026 el despacho sustanciador admitió2 la acción
de tutela presentada por el Instituto Financiero de Casanare contra el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare.
Se vinculó en calidad de terceros con interés a los señores «Óscar Javier Araque
Garzón» (sic) y Luis Guillermo Álvarez Sánchez, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público y al Juzgado Tercero Civil
Municipal de Yopal. Se solicitó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Yopal que concediera el acceso al expediente 85001-33-33-004-2024-00248-
00/01 a través del aplicativo Samai; se pidió que por Secretaría General se
fijara un aviso dándole a conocer a quienes participaron del mencionado
proceso la existencia de esta acción; y ordenó las notificaciones
correspondientes.
Finalmente, se indicó que la solicitud de que se estudie la acción de tutela en
Sala Plena del Consejo de Estado sería resuelta en el fondo de la sentencia.
4.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal3 solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda, al considerar que era improcedente la acción al
no cumplir con el requisito general de la relevancia constitucional.
Explicó que el incumplimiento del requisito mencionado radicó en que la parte
actora pretende convertir este mecanismo constitucional en una tercera
instancia, pues reiteró que no se le puede exigir la integración de un título
ejecutivo complejo ya que no existe, y en su concepto no se requiere, lo que
demuestra que se trata de un desacuerdo con lo decidido por las autoridades
judiciales, más aún cuando se advierte que se trata de un aspecto meramente
económico.
Recordó que dentro de los documentos aportados por el ejecutante en el
proceso ejecutivo no se allegó el contrato suscrito entre el Instituto Financiero
de Casanare y los señores Jhon Jairo Álvarez Vargas y Luis Guillermo Álvarez
Sánchez, por el contrario, solo envió copia del pagaré 4119533 junto a la carta
de instrucciones, la liquidación del crédito de la entidad y los formatos de
solicitud, de ahí que no se pudieran tener como prueba de la existencia de un
contrato estatal.
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Samai, índice 5.
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Samai, índice 12 y 13.
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En lo referente al Auto-2014 de 2024, y similares, señaló que simplemente son
providencias que dirimen un conflicto de competencia y no constituye un
precedente judicial de obligatorio cumplimiento para la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, pese a que en ellas se asignara la competencia
para conocer de estos procesos a la jurisdicción contenciosa administrativa
nunca se ha señalado que deba librarse mandamiento de pago solo con el
título valor como si fuera una acción cambiaria.
A su vez, aportó los enlaces de consulta del expediente en OneDrive y Samai,
y allegó copia de las piezas procesales.
4.3. El Tribunal Administrativo de Casanare, Despacho 0024 remitió informe en
el que manifestó que la presente acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, en razón a que no se plantea un asunto que
evidencie la afectación de derechos fundamentales, por el contrario, formula
un debate de naturaleza legal en donde se cuestiona el criterio del juez natural,
lo que demuestra que este mecanismo se estaría utilizando para reabrir una
discusión jurídica ya resuelta. En consecuencia, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción.
Finalmente, adjuntó el enlace de consulta del expediente en el Sistema de
Gestión Samai y allegó copia del mismo.
4.4. El señor Jhon Jairo Álvarez Vargas, Luis Guillermo Álvarez Sánchez, la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio Público y
el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal guardaron silencio a pesar de
haber sido notificados5.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
4
Samai, índice 14.
5
Samai, índice 8, 9, 15, 17, 18, 19 y 22.
6
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
7
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
7
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04442-00
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y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Cuestión previa
En el escrito de tutela, el Instituto Financiero de Casanare solicitó que su caso fuera
analizado por la Sala Plena de esta Corporación porque, en su concepto, se trata
de un asunto de impacto económico y social en tanto conlleva, la pérdida de cartera
a gran escala que incide en su situación patrimonial.
Dicha solicitud será denegada toda vez que, en virtud de lo establecido en el
Decreto 2591 de 1991, el trámite del mecanismo constitucional de tutela se rige por
lo establecido en esa codificación, así como en lo previsto en los artículos 13 y 25
del Acuerdo 080 de 2019, en consecuencia, su conocimiento corresponde a la Sala
a la que haya sido repartida la acción, como en este caso ocurrió con la Sección
Cuarta.
4. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad.
De superar dicho examen, se estudiará si el Tribunal Administrativo de Casanare
incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente, por violación directa de
la Constitución, fáctico, sustantivo, y procedimental, al proferir la sentencia del 11
de diciembre de 2025, mediante la cual confirmó lo resuelto por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal en la providencia del 25 de septiembre de 2025, en donde
declaró de oficio la existencia de defectos formales del título ejecutivo y ordenó no
seguir adelante la ejecución en el proceso 85001-33-33-004-2024-00248-00/02.
Para efectos de resolver el asunto en cuestión se procederá a reiterar el criterio
fijado en la sentencia de tutela del 13 de noviembre de 2025, dictada dentro del
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
8
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04442-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare IFC
expediente 11001-03-15-000-2025-05435-00, con ponencia del consejero Wilson
Ramos Girón, en la cual se debatió un caso con identidad de partes y causa,
decisión que ha sido reiterada en otras oportunidades por esta Sala.
5. La acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad
establecidos en la jurisprudencia constitucional
En el caso concreto se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Esto porque:
De cara al presupuesto de relevancia constitucional, se manifestó que se vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. A su vez, se advierte que si bien las autoridades judiciales accionadas
decidieron no seguir adelante con la ejecución decisión que fue confirmada, lo cierto
es que, lo cuestionado por la parte actora radica en debatir que los hoy accionados
no tuvieron en cuenta lo establecido en el artículo 297 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente la decisión que
aquí se tome dista de recaer en un asunto de orden económico pues lo pretendido
es dar paso a la etapa inicial del proceso ejecutivo.
Contra la sentencia acusada no procede recurso ordinario o extraordinario que
permita la protección de los derechos que se estiman desconocidos.
Se cumple con el requisito de la inmediatez, toda vez que, la sentencia cuestionada
fue notificada electrónicamente el 15 de diciembre de 2025 y por anotación en el
estado de la misma fecha10.
Así pues, conforme al artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo la notificación electrónica de la providencia se
entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del
mensaje (16 y 18 de diciembre de 2025), luego el término de los seis meses contaría
a partir del viernes 19 de diciembre de 2025 y hasta el viernes 19 de junio de 2026,
por esta razón se entiende que el escrito de tutela fue radicado en tiempo, ya que
se presentó el 10 de junio de 2026.
De igual forma, si el conteo del término de los seis meses se realizara teniendo
como referencia la notificación por estado el término empezaría a correr a partir del
16 de diciembre de 2025 y hasta el martes 16 de junio de 2026, luego en cualquiera
de los dos conteos se entendería que la presentación del amparo fue en término.
En el escrito de tutela se hace una narración clara de los hechos y del defecto de
los que la parte actora considera que adolecen las providencias cuestionadas.
Se advierte que las providencias cuestionadas no corresponden a decisiones
dictadas en el trámite de una acción de tutela, sino de un proceso ejecutivo.
De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela supera el examen general de
procedencia que habilita el estudio de fondo de los alegatos con miras a establecer
si se incurrió en los defectos especiales mencionados.
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Samai, índice 16 y 17. Expediente 85001-33-33-004-2024-00248-02.
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare IFC
6. Caso concreto
6.1. El Instituto Financiero de Casanare manifestó que las providencias
cuestionadas incurren en un defecto por desconocimiento del precedente, por
violación directa de la Constitución, fáctico, sustantivo, y procedimental.
En su escrito de tutela el actor expuso que se configura un defecto por
desconocimiento del precedente, dado que no se dio aplicación a las
providencias: Auto-2014 de 2024 y Auto 1455 de 2025 dictadas por la Corte
Constitucional, en donde se resolvieron conflictos de competencia suscitados
entre las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso administrativo, y en donde
se observó que en razón a la naturaleza del título valor en cuestión, pueden
considerarse como verdaderos títulos susceptibles de ser ejecutados sin
necesidad de exhibir el contrato de mutuo por escrito, por no ser un título
ejecutivo complejo, asunto que se rige por las normas del derecho privado.
Alega que también se materializó un defecto por violación directa de la
Constitución pues los jueces de primera y segunda instancia tuvieron en cuenta
los autos Auto-2014 de 2024 y Auto 1455 de 2025 para aceptar su jurisdicción,
sin embargo, se desconoció la ratio decidendi de las providencias en donde se
estableció que el contrato de mutuo no debía constar por escrito, así como que
el pagaré presta mérito ejecutivo conforme al numeral 3 del artículo 297 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Indicó que se presentó un defecto fáctico por la indebida valoración probatoria
del pagaré 4119533 del 18 de septiembre de 2018, expedido para amparar el
préstamo otorgado a los señores Jhon Jairo Álvarez Vargas y Luis Guillermo
Álvarez Sánchez, que constituye un título ejecutivo.
Se evidenció un defecto sustantivo al desconocer el artículo 297 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en donde se
identifican los documentos que se consideran título ejecutivo dentro de los que
se encuentra cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual,
que remiten a las reglas del Código General del Proceso para tramitar los
procesos ejecutivos ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Además,
porque no se tuvo en cuenta que el contrato de mutuo fue suscrito conforme
al derecho privado, por lo que, no era necesario que se firmara por escrito para
su perfeccionamiento.
Y se concretó un defecto procedimental pues se está exigiendo «documentos
adicionales al pagaré, siendo este un título ejecutivo autónomo, que contiene una obligación,
clara, expresa y exigible, es desconocer la normatividad que rige la creación, circulación y
exigibilidad de este tipo de títulos, constituye un exceso ritual manifiesto».
6.2. De la revisión del expediente11 se advierte que el Instituto Financiero de
Casanare promovió demanda ejecutiva contra el señor Jhon Jairo Álvarez
Vargas y Luis Guillermo Álvarez Sánchez, para obtener el pago del crédito a
su favor derivado del pagaré 4119533 del 18 de septiembre de 2018, por valor
de $4.000.000, junto con los intereses corrientes y moratorios causados sobre
el capital.
Como prueba, el demandante allegó el pagaré, la carta de instrucciones, copia
del certificado de constitución en mora y la liquidación del crédito.
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Samai, índice 12 y 14.
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare IFC
Esa demanda fue radicada ante los juzgados civiles municipales, y su
conocimiento correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil Municipal de
Yopal bajo el radicado 85001-40-03-003-2022-00299-00, esta autoridad
mediante auto del 30 de octubre de 2024, declaró su falta de jurisdicción y
ordenó la remisión del expediente a los Juzgados Administrativos de Yopal, en
virtud de lo mencionado por la Corte Constitucional en el Auto 1354 del 13 de
agosto de 2024 en donde se definió la falta de jurisdicción de los jueces civiles
para conocer de las ejecuciones adelantadas por el Instituto Financiero de
Casanare, en armonía con el artículo 16 del Código General del Proceso, y
dejó la salvedad que lo actuado conservaría validez.
6.3. Con auto del 23 de enero de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal
requirió al Instituto Financiero de Casanare para que procediera a: (i) aportar
la totalidad de la documentación que hace parte de los antecedentes de la
actuación objeto del proceso ejecutivo y los documentos que integraban el
título ejecutivo complejo; (ii) presentara informe en donde manifestara si existe
un contrato escrito que fuera la causa del título valor que se pretendía ejecutar;
y (iii) de existir contrato indicara si este correspondía al giro ordinario de los
negocios del Instituto Financiero de Casanare y aportara los soportes.
6.4. El 20 de febrero de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal dictó
sentencia anticipada, en la que avocó conocimiento del asunto, declaró de
oficio la existencia de defectos formales del título ejecutivo conforme al artículo
297 del CPACA y decidió no seguir adelante la ejecución. Contra esta decisión
el Instituto Financiero de Casanare presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación.
6.5. El 27 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare, Despacho 002,
al resolver el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir de la providencia
del 20 de febrero de 2025, al considerar que «se pretermitió la oportunidad de que
las partes presentaran sus alegatos de conclusión pese a que el proceso cambió de juez».
En consecuencia, devolvió el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal.
6.6. Con auto del 6 de agosto de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal
obedeció y cumplió lo ordenado por el tribunal y, en consecuencia, corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión.
6.7. El 25 de septiembre de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal dictó
sentencia anticipada en la que declaró de oficio la existencia de defectos
formales del título ejecutivo, por no cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 297 del CPACA, y se abstuvo de seguir adelante con la ejecución.
Lo anterior al considerar que luego de revisar el expediente ejecutivo no se
advirtió que se hubiera aportado un contrato suscrito «entre el IFC y los señores
JHON JAIRO ALVAREZ VARGAS y LUIS GUILLERMO ALVAREZ SANCHEZ.», pues solo
se había allegado el pagaré, la carta de instrucciones, certificación de haber
adelantado cobro pre jurídico, liquidación y el formato de solicitud de crédito,
sin que luego del requerimiento que se realizó se hubiera aportado más que
«copia de una serie de formatos de solicitud de crédito con soportes y anexos, evaluación de
solicitud de crédito, certificado de reserva presupuestal CDP-2018-524, plan de pagos, soporte
de transacción por la suma de $3.997.333».
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Por lo que, al no haberse allegado el contrato de mutuo era imposible tener el
pagaré como prueba de la existencia de ese contrato, pues hacerlo vulneraría
los principios de la contratación estatal ya que sería como presumir la
existencia del contrato ignorando la solemnidad de que fuese escrito. Lo que
significaba que no fue aportado el título ejecutivo que cumpliera con los
requisitos de forma, pues «si se alega que el título a ejecutar es un contrato, este por
regla general es complejo» y no fue aportado, a su vez destacó que «los títulos valores
no son ejecutables ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por no ser esta competente
de conocer la acción cambiaria». Esto en los siguientes términos:
«Entonces como se aportaron únicamente un título valor pagaré con su carta de instrucciones
suscrito solamente por las personas naturales que se señalan como ejecutadas, sin que obre
documental alguna en donde se haya expresado la voluntad de la administración, o se hayan
definido expresamente los aspectos relativos al régimen integral de los derechos y
obligaciones de las partes, la naturaleza de los recursos entregados, la posibilidad de libre
apropiación por parte de quien los recibe o la exclusiva acción contractual para su
recuperación, no se acredita la existencia del contrato estatal elevado a escrito, como requisito
ad solemnitatem o ad substanciam actus de la actuación.»
De igual forma como no se acompañó de un acto en el que se declare el
incumplimiento, un acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido
en la actuación contractual, en donde conste la obligación expresa, clara y
exigible, no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 297 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
luego no se ordenaría seguir con la ejecución.
6.8. Contra la anterior decisión, el Instituto Financiero de Casanare interpuso
recurso de apelación, e indicó para tal efecto el desconocimiento de la
naturaleza de los contratos de mutuo que se rigen por las normas del derecho
civil y comercial (artículo 2221 del Código Civil) y que son perfeccionados con la
tradición o entrega de la cosa dada en préstamo, luego de surtirse los trámites
de solicitud de crédito y suscripción del pagaré, de acuerdo con el artículo 2222
del Código Civil. Indicó que el pagaré contenía una obligación clara, expresa
y exigible, características que lo constituyen como un título ejecutivo simple y
no complejo. Esto en los siguientes términos: «En el caso concreto, el título - pagaré
4119533, allegado con la demanda en esta oportunidad, es un título simple, no es un título
complejo, ya que la obligación se encuentra en este único documento suscrito por las partes».
En este mismo sentido lo señaló la Corte Constitucional al dirimir un conflicto
de competencias. Y concluyó que exigir documentos adicionales para librar el
mandamiento de pago es una transgresión al derecho de defensa.
6.9. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal Administrativo del
Casanare mediante providencia del 11 de diciembre de 2025, en el sentido de
confirmar la decisión de primera instancia.
Como argumento señaló que, si bien no existe una postura uniforme sobre la
integración del título ejecutivo tratándose de los contratos de mutuo celebrados
por empresas industriales y comerciales del Estado, ya que de un lado se ha
considerado que se exige la solemnidad escrita prevista en el artículo 39 de la
Ley 80 de 1993 y en otros, se flexibiliza este requisito según el vínculo
contractual. Lo cierto es que la Sala mayoritaria de ese tribunal ha exigido la
solemnidad de que el contrato sea escrito en los procesos ejecutivos en donde
actúa como ejecutante el Instituto Financiero de Casanare, considerando que
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ese requisito constituye un elemento esencial para la validez y
perfeccionamiento del contrato estatal.
Añadió que, la acreencia del pagaré 4119533 del 18 de septiembre de 2018
responde a una obligación adquirida por los ejecutados de devolver el dinero
recibido tras la concesión de un crédito, contrato de mutuo o préstamo de
consumo, contemplado en el artículo 2221 del Código Civil, y que el Instituto
Financiero de Casanare se rige por normas que regulan el funcionamiento de
las empresas industriales y comerciales del Estado por lo que los contratos
que se celebren se sujetan a las disposiciones del estatuto de contratación
estatal, según el cual el contrato debe constar por escrito.
De otro lado explicó que contrario a lo afirmado por instituto la decisión
adoptada en primera instancia fue consecuencia del incumplimiento de las
normas, además de las disposiciones que regulan la existencia de los
contratos estatales. Finalmente, concluyó que: «ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo únicamente puede solicitarse la ejecución de títulos en los que las obligaciones
contenidas se encuentren claras, expresas y exigibles lo que no es posible establecer en el
caso analizado puesto que, como se dijo anteriormente, en este el título es de carácter
complejo y la parte ejecutante no allegó la totalidad de la documentación que lo constituye».
6.10. Ahora bien, esta Sección advierte que en la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Casanare se incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente, específicamente el fijado en el Auto 403 del 22 de julio de 2021, y
reiterado en los autos Auto-2014 del 4 de diciembre de 2024 y el Auto 1455 del
17 de diciembre de 2025, dictados por la Corte Constitucional, en donde se
determinó la competencia para conocer de las demandas ejecutivas
presentadas por las entidades industriales y comerciales del Estado, entre
ellas, el Instituto Financiero de Casanare, cuando el título ejecutivo provenía
de un pagaré expedido con ocasión de un contrato de mutuo.
6.11. Así pues, en estos autos se indicó que cuando una entidad estatal incorpore
derechos en títulos-valores en el marco de sus relaciones contractuales, y
quien fue parte en ese contrato la demande para hacer efectivo el pago del
derecho incorporado, la jurisdicción competente sería la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, por tratarse de controversias derivadas del
contrato estatal.
A su vez, en el estudio del Auto-2014 del 4 de diciembre de 2024, que
corresponden a un caso similar, la Corte al dirimir el conflicto de jurisdicciones
indicó que el negocio jurídico subyacente al título ejecutivo que pretende
ejecutarse es un contrato estatal, luego le corresponden a la jurisdicción
contencioso administrativa, a su vez mencionó que la obligación cuyo
cumplimiento se pretendía en esa oportunidad se encontraba contenida en un
pagaré que se emitió como consecuencia de un contrato de mutuo, el cual no
constaba por escrito, esto en razón a que las empresas industriales y
comerciales conforme a los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y el artículo
14 de la Ley 1150 de 2007, se rigen por el derecho privado en su contratación.
De ahí que la Corte señaló que: «al momento de autorizar un crédito, como ocurrió en
el caso concreto, no debía mediar un contrato escrito pues conforme a los artículos 2221 y
2222 del Código Civil (aplicables al mutuo comercial conforme a la remisión del artículo 473
del Código de Comercio) basta con la entrega de la cosa dada en préstamos para el
perfeccionamiento del negocio jurídico».
13
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Por lo que, a pesar del contrato de mutuo que se celebró entre el IFEY y los
demandados que se regía por el derecho privado, no dejaba de ser un contrato
estatal y añadió que el título ejecutivo fue firmado por las partes como
consecuencia de un contrato de mutuo, de ahí que en el pagaré consta una
obligación clara, expresa y exigible «lo que corresponde a un título ejecutivo por
ser uno de los documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del
CPACA»(Énfasis propio). En este sentido la Corte Constitucional señaló que:
«28. Así, como quiera que la Jurisdicción Contencioso Administrativa es competente para
conocer de los procesos ejecutivos que se adelanten como consecuencia de contratos
suscritos por entidades públicas conforme al artículo 104.6 del CPACA y, por ende, de los
títulos valores emitidos en el marco de los mismos -al margen del régimen legal aplicable a
dichos contratos-, es que se confirma que la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la
competente para dirimir en este caso la demanda ejecutiva presentada por el IFEY.
29. El IFEY no es una entidad pública de carácter financiero vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, de manera que no se configura la excepción
del artículo 105.1 del CPACA, por lo que las controversias derivadas de sus actos y
contratos, incluyendo los procesos ejecutivos, no son competencia de la Jurisdicción
Ordinaria, sino que del Juez Contencioso Administrativo.
30. En este caso existe certeza de que el pagaré No. 473 se expidió en el marco de un contrato
estatal. En consecuencia, no resulta procedente la aplicación de la regla del Auto 1209 de
2024, tal como se hizo en los Autos 1622 de 2024 y 1705 de 2024, pues a diferencia de
aquellos, en este caso existe certeza sobre el hecho de que el título ejecutivo se derivó de un
contrato estatal regido por las reglas del derecho privado. En efecto, la parte demandante
indicó lo siguiente al subsanar la demanda: “no estamos frente a un contrato estatal sino ante
un contrato de préstamo garantizado por la normatividad comercial. El eje jurídico al que aplica
el título valor es el FINANCIERO”; y, en una segunda ocasión, la parte actora, al contestar el
requerimiento hecho por el Juez 004 Administrativo del Circuito de Yopal mediante Auto del
19 de septiembre de 2024, manifestó que aportaba la solicitud de crédito firmada por los
deudores, la copia del acta de comité No. 18 del 5 de julio de 2022 a través de la cual se
viabilizó el crédito por parte de la junta directiva del IFEY, precisando que no existía un contrato
escrito del que se hubiera derivado el título valor. Así reiteró que “de conformidad con la
naturaleza de la entidad, y de conformidad al pagaré-título valor objeto de la ejecución, se trata
de un contrato de mutuo o préstamo garantizado con un título valor pagaré No. 473, el cual
por su naturaleza está regulado por la normatividad comercial”.
31. Así las cosas, al originarse el proceso ejecutivo a partir de un título valor pagaré-
suscrito en el marco de un contrato estatal regido por el derecho privado- contrato de
mutuo- celebrado entre los demandados y el IFEY, empresa industrial y comercial del
Estado que no tiene el carácter de institución financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera, le compete a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo su conocimiento». (Énfasis propio)
Como se mencionó en similar providencia12, con el Decreto Municipal 0073 de
2002 y el artículo 83 de la Ley 489 de 1998, es posible determinar que el
Instituto Financiero de Casanare es una empresa comercial de gestión
económica, bajo el régimen de empresa industrial y comercial del Estado, con
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y vinculada a la
Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Casanare, que
tiene por objeto, entre otros, «el desarrollo económico y social del Departamento y la
región, mediante la gestión económica, la financiación para la ejecución de obras de
infraestructura básica local, municipal, regional y departamental, a través del servicio de
asesoría integral, financiera y de crédito», no sujeta a la vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia, de modo que, en principio, la regla
mencionada por la Corte resulta aplicable al presente caso.
12
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de julio de 2026, expediente 11001-03-15-000-2026-04427-00, C.P.
Claudia Rodríguez Velásquez.
14
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare IFC
En el Auto- 2014 del 4 de diciembre de 2024 se puso de presente que dada la
naturaleza del Instituto Financiero de Casanare y la reglamentación a la cual
se sujeta, ha de entenderse que, aunque tenga la facultad de celebrar
contratos de carácter estatal, estos acuerdos siguen sometiéndose a los
procedimientos contemplados en las disposiciones del derecho privado, en
virtud de lo previsto en los artículos 857 de la Ley 489 de 1998, 328 de la Ley
80 de 1993 y 149 de la Ley 1150 de 2007.
Se puede deducir, como se lo ha señalado esta misma Sala anteriormente,
que «de acuerdo con el régimen jurídico de la entidad y debido a que sus contratos se rigen
por el derecho privado […] la obligación que pretendía ejecutar la parte actora se podría tratar
de un título complejo integrado por un contrato de mutuo que no necesariamente debía mediar
por escrito. Lo dicho cobra mayor relevancia si se considera que, de acuerdo con el Decreto
Municipal 0073 de 2002 y el artículo 83 de la Ley 489 de 1998, el Instituto Financiero de
Casanare es una empresa comercial de gestión económica, bajo el régimen de empresa
industrial y comercial del Estado, con personería jurídica, autónoma administrativa y
presupuestal y vinculada a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del
Casanare»13.
Lo que significaba que el demandante no tenía la obligación legal de
establecer ese acuerdo de voluntades por escrito como lo pedían los hoy
accionados, porque, dada su naturaleza, se rige por el derecho privado en lo
relacionado con el cumplimiento de sus funciones y actividades comerciales
conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, ya que bastaba con la
entrega material (tradición) de la cosa dada en préstamo para perfeccionar el
contrato.
Lo anterior permite dilucidar la existencia de un defecto por desconocimiento
del precedente en las decisiones adoptadas en primera y segunda instancia,
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, respectivamente, lo que permite concluir que se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia del Instituto Financiero de Casanare.
6.12. De otro lado, la Sala precisa como lo ha hecho en casos similares14 que no se
desconoce la postura de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado15
sobre la ejecución de títulos ejecutivos singulares, análisis que deberá
abordarse por el tribunal al dictar la decisión de reemplazo.
6.13. Frente a los efectos inter comunis que se solicitaron en la pretensión número
cuatro, debe decirse que, por regla general, los efectos de las decisiones de
tutela son inter partes, es decir, solo afectan a las partes involucradas en el
proceso.
Al respecto, el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 dispone que «Las sentencias
en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto». Sin
embargo, la Corte Constitucional ha admitido que en ocasiones «el juez
13
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 13 de noviembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-05435-
00, C.P. Wilson Ramos Girón.
14
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de julio de 2026, expediente 11001-03-15-000-2026-04427-00, C.P.
Claudia Rodríguez Velásquez.
15
Auto del 18 de marzo de 2010, dictado por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el expediente 17001-23-31- 000-
2007-00149-01, auto del 3 de agosto de 2000, dictado por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el radicado CE-
SEC3- EXP2000-N18256 y auto del 19 de marzo de 1998 proferido por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el
expediente 13992, entre otros. Auto 403 del 22 de julio de 2021, dictado por la Corte Constitucional.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04442-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare IFC
constitucional puede determinar los efectos de sus fallos, para garantizar la mejor protección
de los derechos fundamentales y su plena garantía»16.
En virtud de esa potestad, la Corte Constitucional ha proferido diversas
sentencias de tutela, en las que ha definido un alcance mayor a los efectos
inter partes. La ampliación de los efectos del fallo ha obedecido a que limitar
la protección únicamente a la parte actora implicaría la violación del derecho a
la igualdad de quienes estando en circunstancias comunes no acudieron a la
acción de tutela. A estos efectos se les ha denominado inter comunis.
La extensión de estos efectos es procedente, siempre y cuando se verifique la
existencia de un grupo en el cual: «(i) existan otras personas en la misma situación;
(ii) exista identidad de derechos fundamentales violados; (iii) en el hecho generador; (iv)
deudor o accionado; además de (v) un derecho común a reconocer; y, finalmente, (vi)
identidad en la pretensión»17.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha indicado que solo la Corte
Constitucional tiene la potestad de otorgar a un caso efectos inter comunis. En
sentencia SU-349 de 2019 se estableció que «la determinación y aplicación de
estas figuras [aludiendo a los efectos inter comunis] están autorizadas únicamente a la
Corte Constitucional» (Corchetes añadidos).
En consecuencia, la Sala considera que la presente acción de tutela es
improcedente para lo pretendido por el actor referente a los efectos del fallo.
7. Conclusión
Dado lo anterior, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de
Casanare IFC.
Para tal fin, se dejará sin efecto la providencia del 11 de diciembre de 2025 dictada
por el Tribunal Administrativo de Casanare en el proceso ejecutivo 85001-33-33-004-
2024-00248-00/02, y se le ordenará al citado tribunal que, en el término de diez (10)
días contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte providencia de
reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta
decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR la solicitud presentada por la parte actora, relacionada con la
intervención de la Sala Plena para decidir el asunto.
2. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare IFC, por las
razones expuestas en la motivación precedente.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-011 de 2018.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-206 de 2019.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04442-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare IFC
3. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 11 de
diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare en el
proceso ejecutivo con radicado 85001-33-33-004-2024-00248-00/02, y ORDENAR
al citado Tribunal que, en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de esta decisión, dicte providencia de reemplazo en la que se
tengan en cuenta las consideraciones expuestas.
4. NEGAR la pretensión relacionada con los efectos inter comunis solicitados por
la parte actora, de acuerdo con los fundamentos expuestos en precedencia.
5. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
6. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
7. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
17
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