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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04452-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04452-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, conforme a la parte motiva. 2. Declarar la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer el requisito general de subsidiariedad respecto de la solicitud de pago de la condena y la carencia actual del objeto por hecho superado en lo que alude a la mora judicial alegada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04452-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

6 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04452-00
Demandantes: Julio Roberto Díaz Algarra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., 6 de agosto de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04452-00
Demandantes: JULIO ROBERTO DÍAZ ALGARRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN C Y OTROS

Temas: Pago de condena y mora judicial. Tardanza de entidad en pago de
sentencia y de autoridad judicial en dictar auto de mandamiento de
pago en proceso ejecutivo. Subsidiariedad y carencia actual del objeto
por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Julio Roberto Díaz Algarra,
contra la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía
General de la Nación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 10 de junio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Julio Roberto Díaz Algarra pidió la protección de los derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia, debido proceso, mínimo vital, dignidad humana y salud.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta por (i) la omisión de la Rama Judicial
de pagar la obligación contenida en la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020,
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A1 y (ii) la presunta omisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en proferir el
auto que libra mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo con radicado
250002326000-2012-00856-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:

1. Se tutele mis derechos fundamentales al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
DEBIDO PROCESO, AL MÍNIMO VITAL, CONFIANZA LEGÍTIMA, DIGNIDAD HUMANA Y A LA
SALUD EN CALIDAD DE ADULTO MAYOR, los cuales están siendo vulnerados por las
demandadas.

2. En consecuencia con lo anterior, les ruego se sirvan ordenar a la RAMA JUDICIAL y/o AL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, se sirvan a proceder a efectuar el pago integral
de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020, por el Consejo de Estado – Sección Tercera,
Subsección A, mediante la cual se ordenó a la NACIÓN COLOMBIANA –RAMA JUDICIAL a
reconocer y pagar la indemnización de perjuicios materiales, morales e inmateriales que fueron
causados a consecuencia de la privación injusta de la libertad de mi hijo Julio Alexander Díaz.

1 Que condenó a la Fiscalía General de la Nación a: “pagar por concepto de perjuicios morales a Dora Mercedes Díaz
Martínez, en calidad de hermana del principal afectado, la suma de 25 SMLMV, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de la presente providencia”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04452-00
Demandantes: Julio Roberto Díaz Algarra

3. De manera subsidiaria de no accederse a mi solicitud, principal, solicito se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, Magistrado
Ponente, ANDREW JULIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, dar trámite urgente y prioritario al proceso
ejecutivo radicado 250002326000-2012-00856-01, ordenando en un plazo no mayor a 48 horas librar
mandamiento de pago.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

En el año 2007, el señor Julio Alexander Díaz Martínez, hijo del accionante, quien se
desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional, fue vinculado a un proceso penal
por el delito de concusión, junto con el señor Johany Reyes Aguilar, y privado de la
libertad mediante medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Dicha medida
fue posteriormente revocada y, mediante sentencia de primera instancia, ambos fueron
absueltos.

En el año 2012, el accionante, su entonces esposa y demás integrantes del grupo familiar
de Julio Alexander Díaz Martínez promovieron acción de reparación directa contra la
Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, radicada bajo el número
25000-23-26-000-2012-00856-00, por los daños derivados de la privación injusta de la
libertad.

Mediante sentencia del 8 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, declaró probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y de los medios de comunicación
demandados, y declaró patrimonialmente responsable a la Rama Judicial por los
perjuicios materiales e inmateriales derivados de la privación injusta de la libertad, ordenó
al pago de perjuicios morales y materiales a favor de los demandantes, entre ellos el aquí
accionante, Julio Roberto Díaz Algarra, en calidad de padre de la víctima.

La decisión fue apelada por la Rama Judicial y el recurso fue resuelto por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 20 de noviembre de
2020, que modificó el fallo de primera instancia proferido el 8 de marzo de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca2. La sentencia fue objeto de corrección el 17
de octubre de 2023.

El 18 de abril de 2023, el accionante radicó ante la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial la documentación requerida para el pago de la condena, gestión a la que se
asignó el expediente administrativo No. 12939.

Mediante comunicación de la misma fecha, la Dirección Ejecutiva informó que la solicitud
había ingresado al listado de turno para liquidación y pago, en los términos de la Circular
DEAJC19-64 del 12 de agosto de 2019.

Ante la falta de pago, el 11 de junio de 2025, el tutelante radicó demanda ejecutiva ante
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para hacer efectiva la sentencia
condenatoria. Al proceso se le asignó el número de radicación 25000-23-26-000-2012-
00856-00.

Mediante auto de 28 de enero de 2026, el despacho sustanciador requirió a la parte
demandante para que subsanara la demanda ejecutiva, requerimiento que fue atendido
el 5 de febrero de 2026; el 9 de febrero de 2026 se dispuso el reparto de la demanda
ejecutiva con un nuevo número de radicado (25000-23-26-000-2012-00856-01), proceso
que fue abonado y radicado el 10 de febrero de 2026, mientras que el proceso original
(radicado 00856-00) fue objeto de archivo el 12 de febrero de 2026.

2 Notificada por correo electrónico el 20 de enero de 2021.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04452-00
Demandantes: Julio Roberto Díaz Algarra

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte demandante manifestó que la tutela cumplía los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez, por no existir, en su criterio, otro mecanismo judicial para obtener el
cumplimiento de la sentencia condenatoria. Agregó que en su caso se configuró un
perjuicio irremediable derivado de su estado de salud (pues fue diagnosticado con cáncer
en 2025) y de la dilación en el trámite ejecutivo.

Alegó la vulneración de la confianza legítima depositada en la administración de justicia,
ante la ausencia de pago de la indemnización reconocida judicialmente. Explicó la
necesidad de alterar excepcionalmente el sistema de turnos para la atención prioritaria
de personas en situación de urgencia manifiesta, para lo cual invocó la sentencia T-033
de 2012 de la Corte Constitucional.

5. Trámite procesal

Por auto del 16 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela
y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, a la fiscal general de
la Nación y a la directora ejecutiva de Administración Judicial.

Asimismo, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés, a los señores Johany
Reyes Aguilar y su grupo familiar, y a Julio Alexander Díaz Martínez y su grupo familiar
integrado, entre otros, por Sandra Carolina Reyes Romero, Dilma Evelia Martínez Perilla,
el propio accionante Julio Roberto Díaz Algarra, Juan Sebastián Díaz, Roberto y Dora
Mercedes, Paola Andrea y Diana Faynore Díaz Martínez, Brandon Smit, Leidy Natalia,
Jhon Darío y Yuly Estefany Jaimes Díaz, y Juliana Gavilán Díaz, quienes conformaron
la parte demandante en el medio de control de reparación directa con radicado 25000-
23-26-000-2012-00856-00/01

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos el 19 y 23 de junio, y aviso a la
comunidad de 26 de junio de 2026.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, a
través del magistrado Andrew Julián Martínez Martínez, solicitó declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado. Sostuvo que la acción de tutela es improcedente
para saltar el turno de sustanciación, alterar el orden procesal o actuar como instancia
adicional para agilizar trámites ordinarios.

Informó que, en atención a la tutela, profirió auto del 22 de junio de 2026, mediante el
cual libró mandamiento ejecutivo dentro del proceso identificado con el radicado 25000-
23-26-000-2012-00856-01, y aclaró que mediante auto del 28 de enero de 2026 había
sido inadmitida la demanda ejecutiva por contener varios yerros, razón por la cual fue
necesario subsanarla.

La Fiscalía General de la Nación allegó dos escritos de contestación, ambos con fecha
24 de junio de 2026, suscritos, respectivamente, por la Coordinadora de la Unidad de
Conceptos y Asuntos Constitucionales y por la Profesional Especializada de la Dirección
de Asuntos Jurídicos.

En ambos escritos se alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar
que no existe relación de causalidad entre sus actuaciones y la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados, comoquiera que la controversia se circunscribe
al cumplimiento de una condena judicial a cargo de la Rama Judicial y al trámite del
proceso ejecutivo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, materias ajenas a su
órbita funcional.

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Demandantes: Julio Roberto Díaz Algarra

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de la División Procesos
de la Unidad de Asistencia Legal, sostuvo que la entidad recibió la solicitud de
cumplimiento de la sentencia, le asignó el expediente administrativo No. 12939 e informó
el turno correspondiente conforme al régimen presupuestal y al orden cronológico de
radicación, sin que exista conducta omisiva atribuible a la entidad.

Indicó que la presunta mora en librar mandamiento de pago corresponde al trámite
jurisdiccional del proceso ejecutivo y no a una actuación administrativa de la Dirección
Ejecutiva, por lo cual propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva frente a esa
pretensión. Adicionalmente, alegó la ausencia de perjuicio irremediable.

A pesar de haber sido notificados, los señores Johany Reyes Aguilar y su grupo familiar,
así como los integrantes del grupo familiar de Julio Alexander Díaz Martínez vinculados
mediante el auto admisorio, no rindieron informe sobre los hechos que motivaron la
interposición de la presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional3 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la
acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, cuando esta resulte demostrada.

En el presente asunto, tanto la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como la
Fiscalía General de la Nación solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, porque dijeron no tener una relación directa con los hechos que
originaron la tutela.

La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación de las entidades, pues si bien se
vincularon como demandadas se observa que (i) la Dirección Ejecutiva sí es la encargada
de realizar el pago de la condena reclamado por el accionante y frente a esta no se solicita
el impulso del proceso ejecutivo y (ii) pese a que la Fiscalía General de la Nación no tiene
una responsabilidad directa respecto de las pretensiones formuladas en la presente
acción y en principio se le señaló como autoridad demandada en los términos solicitados
en la tutela, lo cierto es que su vinculación al trámite debe mantenerse pues tiene la
calidad de tercero interviniente por haber fungido como parte demandada dentro del
proceso de reparación directa 25000-23-26-000-2012-00856-00/01.

Por lo tanto, se denegarán las solicitudes de desvinculación alegadas.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si (i) la Rama Judicial vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante al omitir el pago de la obligación contenida
en la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020, por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, en el proceso de reparación directa 250002326000-2012-00856-
00 y (ii) si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
incurrió en mora de proferir el auto que libra mandamiento de pago dentro del proceso
ejecutivo con radicado 250002326000-2012-00856-01.

3
Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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La Sala anticipa que declarará (i) la improcedencia de la acción frente a la solicitud de
pago de la condena por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y (ii) la carencia
actual de objeto, respecto de la pretensión de dar trámite al proceso ejecutivo. En efecto,
en el curso de esta acción de tutela se profirió auto de 22 de junio de 2026 que libró
mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo con radicado 250002326000-2012-
00856-01.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) la improcedencia general de la acción de tutela cuando el
proceso judicial se encuentra en curso, (iii) sobre la carencia actual de objeto en materia
de tutela y (iv) análisis del caso concreto.

3. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.

4. La improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso

En sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que “si el proceso se encuentra
en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la
acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que “no es dable la intromisión de la
jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan
unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo”.

Adicionalmente, en sentencia T-511 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que la
acción de tutela no podía ser utilizada en el marco de un proceso judicial en el cual “no
se ha proferido ningún fallo definitivo” y en el que, por tanto, la parte interesada tenía a su
disposición otros medios de defensa judicial.

5. Sobre la carencia actual de objeto en materia de tutela

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: «Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes».

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente. En lo que aquí
interesa, el hecho superado ocurre cuando «la acción de tutela pierde su razón de ser,

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debido a la «alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen» 4
a su presentación.

6. Análisis del caso en concreto

El demandante pretende que se amparen sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, debido proceso, mínimo vital, dignidad humana y salud. Al
respecto, expuso que (i) la Rama Judicial ha omitido su deber de pagar la obligación
contenida en la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020, por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A y (ii) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, no ha proferido el auto que libra mandamiento de pago
dentro del proceso ejecutivo con radicado 250002326000-2012-00856-01.

Para resolver el caso bajo estudio, se analizarán separadamente las dos pretensiones
de la acción de tutela.

6.1. Sobre la solicitud de pago de la condena

A juicio de la parte actora, la Rama Judicial vulneró sus derechos fundamentales porque
no ha realizado el pago derivado de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020,
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

De la revisión del expediente aportado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, así como de la información registrada en el aplicativo
Samai, la Sala encuentra que la solicitud del accionante se tramita por medio de un
proceso judicial en curso, en el cual no se ha proferido una decisión que le ponga fin al
proceso, por lo que, no le es dable al juez constitucional entrometerse en la órbita propia
del juez natural del asunto.

La Corte Constitucional ha señalado que las etapas, recursos y procedimiento que
conforman un proceso configuran el primer espacio de protección de los derechos
fundamentales; por ejemplo, en la sentencia SU-458 de 2010, señaló que las
controversias relacionadas con derechos fundamentales deben ser resueltas, en
principio, por la vía ordinaria y que solo en casos excepcionales se puede acudir a la
acción de tutela.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela.

La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho5:

En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas estas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.

Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela. Máxime si el
proceso ejecutivo aún se encuentra en trámite, no se ha proferido una decisión que ponga
fin al proceso y la parte ejecutante tiene la posibilidad de solicitar nuevamente que se
decreten medidas cautelares durante todo el trámite del proceso judicial.

4 Ver sentencias T-070 de 2023, SU-255 de 2013, SU-655 de 2017 y SU-522 de 2019 .
5 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.

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Además, la Sala advierte que la parte actora se limitó a realizar afirmaciones sobre su
estado de salud, sin justificar por qué la falta de pago de la condena (que constituye una
pretensión meramente económica) vulnera esta condición o afecta otros derechos
fundamentales.

De igual manera, de la revisión de los expedientes aportados y de los registros
consignados en el aplicativo SAMAI, no se advierte que, durante el trámite de la acción
de reparación directa, la solicitud de pago o del proceso ejecutivo, el accionante haya
puesto en conocimiento de la Rama Judicial o del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca la situación de salud que alega en la presente acción constitucional.

6.2. Sobre la presunta mora judicial

La Sala advierte que, de conformidad con las actuaciones registradas en SAMAI del
proceso ejecutivo 250002326000-2012-00856-01, este se desglosó del expediente
principal, se le asignó el nuevo número de radicado el 10 de febrero de 2026 y se pasó
al despacho el 12 del mismo mes y año.

Asimismo, se observa que, mediante auto de 22 de junio de 2026, notificado por estado
el 24 del mismo mes y año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, a través del magistrado sustanciador del proceso
250002326000-2012-00856-01, libró mandamiento de pago en los siguientes términos:

Primero: Librar mandamiento de pago a favor de Julio Alexander Díaz Martínez y otros y, a cargo
de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia, el cual corresponde
a la suma de novecientos treinta y cuatro millones quinientos veintiún mil trescientos veintitrés pesos
moneda legal ($934.521.323).

Los intereses moratorios causados respecto del precitado monto, liquidados conforme al interés
comercial conforme al artículo 177 del CCA, a partir del día 24 de febrero de 2023 hasta la fecha en
que causen y paguen.

Segundo: Sobre las costas y gastos del proceso se resolverá en su debida oportunidad.

Tercero: Ordenar a la ejecutada, Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración de
Justicia, pagar las anteriores sumas de dinero dentro de los cinco (5) días siguientes a partir de
surtida la notificación personal de este proveído, e informarle que cuenta con diez (10) días, para
proponer excepciones de mérito, término que correrá concomitante con el señalado para el pago.

De lo anteriormente expuesto, la Sala advierte que, durante el trámite de la presente
acción, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
profirió auto que libró mandamiento de pago, situación que impide pronunciarse sobre la
eventual vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor, pues la
situación que dio origen a esta pretensión de la acción de tutela ya fue superada. Por lo
tanto, carece de objeto cualquier pronunciamiento de fondo sobre el asunto por parte del
juez de tutela, en los términos del artículo 26 del Decreto 2591 de 1991.

En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la solicitud de amparo, por no satisfacer el requisito general de
subsidiariedad respecto de la solicitud de pago de la condena y declarar la carencia
actual del objeto por hecho superado en lo que alude a la mora judicial alegada.

Lo anterior, sin perjuicio de las solicitudes de prelación o alteración de turno que el
demandante pueda presentar dentro del proceso ejecutivo o ante la Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en las que ponga de presente su actual
estado de salud.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, conforme a la parte motiva.

2. Declarar la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer el requisito general
de subsidiariedad respecto de la solicitud de pago de la condena y la carencia actual
del objeto por hecho superado en lo que alude a la mora judicial alegada, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 6

6 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho

ponente, a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y
judicial, empleó un sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4,
desarrollado por OpenAI), con el único propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica
del texto previamente elaborado por el funcionario judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado
en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico y técnico-formal, con la instrucción precisa
de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes, mayúsculas y puntuación), gramática
(concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de palabras, ambigüedad semántica
y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real Academia Española
y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó restricciones
expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna
sobre el fondo jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el
formato de salida, consistente en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento,
tipo de error y explicación técnica). En todo caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta
fueron objeto de revisión, verificación y validación por parte del funcionario judicial, quien determinó
autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que se hayan realizado transcripciones
literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto reformulaciones de
contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se utilizó
exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción,
estructura argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados
íntegramente por el funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la
herramienta datos personales, información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de
las partes o del proceso. Esta actuación se realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido
proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta
se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del
artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual se adoptan lineamientos
para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la
Rama Judicial".

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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