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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04457-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04457-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de julio de 2926 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la señora María Ruth Solarte Reina. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: María Ruth Solarte Reina Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué Radicado: 11001-03-15-000-2026-04457-01 TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04457-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04457-01
Accionante: MARÍA RUTH SOLARTE REINA
Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
IBAGUÉ

Temas: Tutela contra acto administrativo. Declara improcedencia por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 29 de julio de
2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta
Corporación.

Por auto del 12 de junio de 20262, el a quo admitió la acción constitucional y,
mediante la providencia del 25 de agosto del año en curso concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora María Ruth Solarte Reina, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la
«estabilidad laboral relativa».

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó

como autoridad accionada al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. A su vez, vinculó
en calidad de terceros con interés a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura y a los integrantes del Registro Nacional de Elegibles para el cargo de
Juez Promiscuo Municipal convocado mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de agosto de 2018,
en el marco de la Convocatoria 27 de la Rama Judicial.

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Accionante: María Ruth Solarte Reina
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04457-01

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de las
resoluciones No. 30 del 29 de abril y 47 del 27 de mayo de 2026, dictadas por la
Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante los
cuales negó a la actora una solicitud de reconocimiento a la estabilidad laboral
reforzada.

3. Con fundamento en lo anterior, la accionante solicitó:

PRIMERO: TUTELAR a mi favor y en contra del TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ (TOLIMA), mi derecho fundamental a la
estabilidad laboral relativa o intermedia a que tengo derecho por mi condición de
prepensionable y con él, a mis derechos fundamentales a la igualdad, a la
seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y los principios mínimos
fundamentales del trabajo.

SEGUNDO: ORDENARLE al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE IBAGUÉ (TOLIMA) que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación que
se le haga del fallo de tutela, DEJEN SIN EFECTO ALGUNO las Resoluciones
030 y 47 de 2026, a través de las cuales denegó mi solicitud de permanencia en
el cago de JUEZ PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE LÉRIDA(TOLIMA),
como se lo solicité con fundamento a mi derecho a la estabilidad laboral relativa o
intermedia por mi condición de prepensionable.

TERCERO: ORDENARLE al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE IBAGUÉ (TOLIMA) que, como consecuencia de lo anterior, reconozca mi
derecho a la estabilidad laboral relativa o intermedia por mi condición de
prepensionable y permita continuar ejerciendo el cargo de JUEZ PRIMERA
PROMISCUO MUNICIPAL DE LÉRIDA (TOLIMA) hasta tanto cumpla mi edad
para adquirir mi estatus de pensionada, se me reconozca mi pensión de vejez y se
me incluya en nómina de pensionados3.

1.2. Hechos

4. La señora María Ruth Solarte Reina señaló que el 6 de febrero de 2023
tomó posesión en el cargo de Juez Primero Promiscuo Municipal de Lérida
(Tolima), en provisionalidad.

5. Indicó que el 9 de febrero de 2026 presentó una petición ante el Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante la cual solicitó que se le
reconociera la estabilidad laboral reforzada, con fundamento en que ostenta la
condición de prepensionada por faltarle menos de tres años para cumplir con el
requisito de la edad exigido para acceder a la pensión de vejez. En consecuencia,
solicitó que no se ofertara el cargo que ocupa, hasta que le fuera reconocido su
derecho pensional y fuera incluida en nómina de pensionados.

6. Mediante el Oficio No. oficio CSJTOOP26-375 del 10 de febrero de 2026,
remitió por competencia el requerimiento al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Ibagué.

3 Citado del texto original con posibles errores.

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7. Por medio de la Resolución No. 30 del 29 de abril de 2026, el tribunal, en
su calidad de nominador, negó la solicitud. Al respecto, sostuvo que la señora
Solarte Reina no demostró una afectación real de sus derechos fundamentales
al trabajo y al mínimo vital. A su vez, puso de presente que la Convocatoria 27
fue un proceso de selección con una duración de aproximadamente ocho años,
en los que los aspirantes han estado sometidos a una espera prolongada para
ver satisfecho su derecho al mérito.

8. Por lo anterior, consideró que no se encuentran acreditadas «razones de
peso» que permitan concluir que el derecho de la solicitante justifique la omisión
de hacer uso de la lista de elegibles para proveer el cargo.

9. Contra la anterior decisión, la accionante presentó recurso de reposición,
el cual fue resuelto de manera desfavorable mediante la Resolución No. 47 del
27 de mayo de 2026. En dicho acto administrativo, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué reiteró que, aunque la circunstancia alegada por la accionante
merecía consideración, no tenía la entidad suficiente para desplazar el derecho
preferente de la persona que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles.

10. Le indicó que, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, los funcionarios nombrados en
provisionalidad no adquieren derechos de permanencia equivalentes a los de
quienes pertenecen a la carrera judicial y, por consiguiente, su situación debe
ceder frente al derecho preferente de quien superó el concurso de méritos y
ocupa el primer lugar.

1.3. Sustento de la vulneración

11. La accionante puso de presente que, aunque tiene las cotizadas las
semanas exigidas para acceder a la pensión, aún le faltan 7 meses para cumplir
la edad para acceder a dicha prestación social. Por tal razón, consideró que, si
bien existe el derecho de los elegibles a acceder al cargo por mérito, debido a la
situación en la que se encuentra, también tiene derecho a poder completar la
edad faltante y adquirir la condición de pensionada, sin que se le afecte su
derecho fundamental al mínimo vital.

12. Expuso que, ante el riesgo de dejar de devengar su salario como jueza, se
«compromete seriamente» el único medio con el que cuenta para cubrir sus
necesidades básicas y las de su familia, que está conformada por su madre y su
hermano en condición de discapacidad.

13. Señaló que, pese existen otros mecanismos de defensa para controvertir
las resoluciones No. 30 del 29 de abril y 47 del 27 de mayo de 2026 dictadas por
su nominador, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, dicho mecanismo no resulta idóneo, habida cuenta del corto tiempo que
le falta para cumplir con los requisitos para acceder a la pensión.

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14. Sostuvo que, aunque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
establecido que la protección derivada de la condición de prepensionado cobija
a quienes les faltan tres años o menos para cumplir el requisito de semanas de
cotización, y no a quienes ya cumplen dicho requisito, pero aún no alcanzan la
edad para pensionarse, esa interpretación desconoce el derecho a la igualdad,
así como lo dispuesto en la sentencia SJ2600 de 2025 de la Corte Suprema de
Justicia.

15. Finalmente, refirió que la desvinculación de quienes se encuentran en esta
última situación compromete igualmente sus derechos a la seguridad social, al
mínimo vital, a la dignidad humana y al trabajo, pues implica la pérdida de los
ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

1.4. Intervenciones

16. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué señaló que se
remite a lo considerado y resuelto en las resoluciones No. 030 del 29 de abril y
47 del 27 de mayo de 2026. A su vez, indicó que acogerá lo decidido en la acción
constitucional, quien a la fecha continúa desempeñándose como Juez Primero
Municipal de Lérida, en provisionalidad.

17. Por su parte, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación del proceso, tras
estimar que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva. Refirió que la
autoridad competente para resolver la solicitud de reconocimiento de estabilidad
laboral reforzada presentada por la accionante es el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué, en su condición de autoridad nominadora, frente a lo cual no
tiene injerencia alguna.

1.5. Sentencia de primera instancia

18. Mediante sentencia del 29 de julio de 2026, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó solicitud de amparo, por considerar que no
se acreditó una amenaza cierta, concreta e inminente de los derechos
fundamentales invocados por la accionante, así como la solicitud de
desvinculación de la Unidad de Administración de Carrera Judicial.

19. Al respecto, indicó que la Corte Constitucional ha sostenido que ostentan
la calidad de prepensionados las personas a quienes les falta tres años o menos
para cumplir con el requisito de semanas de cotización en el régimen de prima
media, o para reunir el capital necesario en el régimen de ahorro individual con
solidaridad.

20. En ese sentido, ha puntualizado que cuando el único requisito pendiente
para acceder a la pensión de vejez es la edad, la eventual terminación de la

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relación laboral no compromete, por sí misma, la consolidación del derecho
pensional, dado que dicho requisito se cumple por el simple transcurso del tiempo
y no depende de la existencia de un vínculo laboral, ni de la realización de nuevas
cotizaciones.

21. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la situación de la accionante
no se enmarca dentro del supuesto de hecho definido por la jurisprudencia
constitucional para el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de
prepensionado, en tanto ya cuenta con las semanas requeridas para acceder a
la pensión de vejez (más de 1.300) y el único requisito pendiente es la edad.

22. Finalmente, expuso que, si bien alegó una afectación real y efectiva de sus
derechos fundamentales, bajo el argumento de que toda desvinculación laboral
genera una afectación inmediata al trabajador al privarlo de su fuente de ingresos
y de los recursos necesarios para garantizar una subsistencia digna, lo cierto es
que la solicitud de estabilidad laboral reforzada no estuvo acompañada de ningún
elemento probatorio que respaldara una afectación en ese sentido.

1.6. Impugnación

23. La accionante insistió en que el riesgo de estar desvinculada del cargo que
ejerce afecta su derecho fundamental al mínimo vital, así como el de su madre y
de su hermano. Asimismo, refirió que la Corte Suprema de Justicia en la
sentencia SJ2600-2025 indicó que a quienes les falta la edad para acceder al
requisito de pensión, tienen derecho a la estabilidad laboral relativa. En ese
sentido, indicó que su nominador, al expedir las resoluciones No. 30 y 47 de 2026,
desconoció el contenido de dicha providencia.

24. Señaló que, si bien en la petición realizada ante el tribunal no aportó
ningún elemento probatorio que acreditara la afectación a sus derechos
fundamentales, no era posible desconocer que la desvinculación laboral de
personas a las que solo les falta la edad para acceder a la pensión representa
una afectación directa en la falta de ingresos mientras se adquiere la mencionada
prestación social.

25. Por último, indicó que no desconoce que por los efectos de su
desvinculación tendría acceso al pago de sus cesantías. No obstante, consideró
que también se debe tener presente que dicha prestación no cumple la función
del salario, el cual representa un ingreso mayor.

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el amparo de
los derechos fundamentales de la accionante y, en su lugar, declarará la
improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito general de
subsidiariedad.

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27. En tal sentido, la Sala abordará: i) los presupuestos de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos, y ii) las razones
por las cuales el accionante cuenta con otros mecanismos ordinarios para
solicitar lo que plantea vía acción de tutela.

2.1. Generalidades de la acción de tutela

28. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por
la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

29. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

2.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos.

30. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

31. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a estos y no a la tutela. Por lo tanto, por regla general, la acción de
tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos.

32. Lo anterior, en razón a que la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente,
a través de los respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En ese orden, tratándose de actos administrativos, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 137 y 138 del CPACA, proceden los medios de control
de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho.

33. Como se expuso previamente, la accionante sostiene que con ocasión al
concurso de méritos de la Convocatoria 27, le solicitó al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué que le fuera reconocida su estabilidad laboral
reforzada, por su condición de prepensionada. No obstante, su solicitud fue

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negada mediante las resoluciones No. 30 del 29 de abril y 47 del 27 de mayo de
2026.

34. Expuso que, aunque cuenta con las semanas de cotización requeridas,
aún le faltan siete meses para cumplir la edad exigida para pensionarse, por lo
que debía permitírsele permanecer en el cargo para alcanzar dicha edad,
especialmente porque la pérdida de su salario como juez comprometería su
mínimo vital y el de su madre y hermano en condición de discapacidad. Sostuvo
que, si bien podía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir las referidas resoluciones, este no resultaba idóneo
debido al corto tiempo que le restaba para cumplir el requisito de edad.

35. Precisado lo anterior, la Sala advierte que, en concreto, los reproches
expuestos por la accionante están dirigidos a cuestionar un acto administrativo
de carácter particular y concreto, como lo es la Resolución No. 30 del 29 de abril
de 2026, que negó su solicitud de reconocimiento de la estabilidad laboral
reforzada.

36. En ese sentido, se precisa que dicho acto administrativo es susceptible de
ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con
el artículo 138 del CPACA4.

37. Además, la actora cuenta con la posibilidad de proponer medidas
cautelares en cualquier tiempo que, de considerarse urgentes por el juez
administrativo, se adoptarán desde la presentación de la solicitud y sin necesidad
de notificar a la otra parte, de conformidad con el artículo 234 de la Ley 1437 de
20115.

38. Por tal razón, no se comparte el argumento expuesto por la accionante,
relacionado con la falta de idoneidad de dicho medio de control, pues puede
solicitar el decreto de dichas medidas cautelares inclusive desde la presentación
de la demanda.

4 «ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la
nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente
violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por
el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del
acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
5 «ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la
solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una
medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su
urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y
cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la
decrete».

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39. Además, el hecho de que a la accionante le resten siete meses para
cumplir la edad requerida para acceder a la pensión no permite, por sí solo,
concluir que el medio de control ordinario carezca de eficacia. Por el contrario, la
posibilidad de solicitar una medida cautelar de urgencia permite que, ante la
eventual configuración de un perjuicio derivado de su desvinculación y
acreditados los presupuestos legales para su procedencia, el juez natural adopte
una decisión inmediata.

40. Por consiguiente, no se advierte la existencia de alguna circunstancia que
permita tener por superado el requisito de subsidiariedad, máxime cuando la
tutela no puede utilizarse para desplazar al juez natural ni para sustituir los
mecanismos cautelares previstos por el legislador para atender situaciones como
la planteada por la accionante.

41. Además, la señora Solarte Reina no acreditó la configuración de un
perjuicio irremediable que habilite la procedencia excepcional de la acción de
tutela como mecanismo transitorio. En primer lugar, porque el riesgo de
desvinculación al que hace referencia, ni siquiera se ha consolidado, pues de
conformidad con el informe rendido por la autoridad accionada y del propio escrito
de tutela, aún continúa desempeñándose como Juez Primero Promiscuo
Municipal de Lérida.

42. En segundo lugar, porque la sola desvinculación del cargo no constituye,
por sí mismo, prueba del perjuicio irremediable, pues, de ser así, ello significaría
que en estos casos la tutela se convertiría siempre en el mecanismo principal
para cuestionar actos administrativos de contenido particular, en
desconocimiento de su naturaleza subsidiaria.

43. Por otro lado, si bien indicó que con sus ingresos cubre las necesidades
básicas de su madre de la tercera edad y de su hermano que no devenga ningún
tipo de salario, dicha circunstancia tampoco se encuentra acreditada en el
expediente, pues no aportó prueba alguna relacionada con dicha situación.

44. Aunado a lo anterior, y tal como lo expuso el a quo, de conformidad con
las pruebas aportadas al proceso, la accionante no tiene la calidad de
prepensionada, en la medida en que tiene más de 1.300 semanas cotizadas. En
ese sentido, no se encuentra en el supuesto de hecho establecido por la Corte
Constitucional para gozar de la estabilidad laboral reforzada6, que habilite al juez
constitucional dictar medidas de protección.

45. Finalmente, esta Sección poner de presente que, de conformidad con lo
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-691 de 2017, quienes
ejercen profesiones liberales, tales como el derecho y la abogacía, no

6 Al respecto, ver las sentencias SU-003 de 2018, T-464 y T-500 de 2019, T-055 de 2020, T-052

y T-253 de 2023, T-418 de 2025, entre otras.

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necesariamente ven truncado su acceso a la pensión con la terminación de su
nombramiento en provisionalidad, en la medida en que «podrían desempeñarse
de manera independiente, sin necesidad de que para su pleno desarrollo medie
un contrato de trabajo».

46. En este sentido, en consonancia con el criterio del Alto Tribunal, no existe
una amenaza inminente ni una afectación cierta y actual del mínimo vital de la
accionante, en la medida en que no acreditó que se encuentre en alguna
condición física o laboral para el ejercicio de su profesión.

47. Por lo anterior, esta Sección no advierte que los mecanismos judiciales
ordinarios resulten ineficaces e insuficientes para garantizar la protección de los
derechos invocados, ni que las circunstancias particulares del caso impongan la
intervención excepcional del juez constitucional.

48. Por el contrario, el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo idóneo para
controvertir la legalidad del acto administrativo reprochado, en particular, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, junto con la solicitud de
decreto de medidas cautelares de urgencia, incluso desde la presentación de la
demanda, lo que evidencia la idoneidad y eficacia de dicho medio de control en
este caso.

2.3. Conclusión

49. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida
el 29 de julio de 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que negó la solicitud de amparo y, en su lugar, declarará la improcedencia
de la acción por no superar el requisito general de subsidiariedad, toda vez que
el accionante cuenta con otro mecanismo para proponer lo que plantea por esta
vía.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de julio de 2926 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,
DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la
señora María Ruth Solarte Reina.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04457-01

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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