Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04466-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04466-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04466-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04466-00
Demandante: LAURA ISABEL YEPES CUBILLOS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Temas: Tutela por presunta vulneración del derecho fundamental de
petición. Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide el presente mecanismo de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 11 de junio de 2026, la señora Laura Isabel Yepes
Cubillos, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de
la Judicatura (en adelante CSJ), por la presunta vulneración de su derecho
fundamental de petición.
Estimó vulnerada tal garantía constitucional con ocasión de la falta de respuesta a
la petición elevada ante la autoridad accionada el 4 de mayo de 2026.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la tutelante elevó la siguiente pretensión:
Ordenar que dentro del término que señale el despacho, la parte accionada responda
en forma CLARA, PRECISA y CONGRUENTE los aspectos puntualmente solicitados
y expuestos en el numeral 2° del acápite de los HECHOS.
1.3. Hechos
La actora se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
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Demandante: Laura Isabel Yepes Cubillos
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
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Relató que, el 4 de mayo de 2026, radicó una petición ante la Sala Administrativa
del CSJ, con miras a obtener información respecto de la vigilancia administrativa
que solicitó sobre el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá1:
• INFORMAR el plazo que legalmente tiene establecida la Corporación que Ud. preside,
para atender solicitud de VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA.
• INFORMAR el estado actual de la solicitud radicada el pasado veinticuatro (24) de
marzo de 2026 para ejercer control de vigilancia sobre el JUZGADO VEINTISEIS (26)
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA de que trata el ACUERDO No. PSAA11-8716 DE
2011 y recibido en el BUZON DIGITAL con el número 22827.
• INFORMAR la razón para archivar la solicitud de VIGILANCIA JUDICIAL
ADMINISTRATIVA sobre el JUZGADO VEINTISEIS (26) CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA sin reportarlo a la suscrita peticionaria.
Narró que, el 5 de mayo de 2026, recibió comunicación electrónica de la División de
Servicios Digitales y Atención al Usuario de la Rama Judicial, reportando el
redireccionamiento de su derecho de petición a la Presidencia del CSJ, con las
advertencias de ley.
Afirmó que, a la fecha de radicación de este mecanismo, aún no había recibido
respuesta alguna por parte de la autoridad accionada.
1.4. Sustento de la vulneración
La accionante exteriorizó que, en los términos de la sentencia C-418 de 2017, el
derecho de petición es determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa, máxime cuando propende por hacer efectivas otras
garantías como la información y la libertad de expresión.
Explicó que la respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i)
ser oportuna; (ii) resolver de fondo el asunto solicitado; y (iii) ser puesta en
conocimiento del peticionario.
Insistió en que la trasgresión del derecho fundamental invocado se materializó por
la falta de respuesta a la solicitud elevada ante el CSJ el 4 de mayo de 2026.
1.5. Trámite y contestación
Mediante auto del 16 de junio de 2026, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a la presidenta del CSJ.
Así mismo, se ordenó vincular al juez Veintiséis Civil del Circuito Judicial de Bogotá
como tercero con interés en las resultas del proceso.
Por auto de 3 de julio de 2026, se ordenó la vinculación del Consejo Seccional de
la Judicatura de Bogotá2 a la presente actuación procesal para que rinda un informe
1 Ya que, en su sentir, paralizó el proceso declarativo de nulidad absoluta de la conciliación
extrajudicial celebrada el 11 de junio de 2010, con radicado 11001-40-03-023-2020-00521-03.
2 Lo anterior, porque, de acuerdo con el informe rendido por el CSJ, se advierte que la petición fue
remitida por competencia al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 5 de mayo de 2026.
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sobre su actuación frente a la petición de la señora Laura Isabel Yepes Cubillos.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1 El Juzgado Veintiséis Civil del Circuito Judicial de Bogotá mostró que
conoció, en un inicio, el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 20 de
octubre de 20203, proferido por el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Bogotá,
dentro del proceso declarativo de nulidad con radicado 110014003023-2020-00521-
004.
Destacó que, dentro de dicha causa, luego profirió fallo del 13 de noviembre de
2025, a través del cual confirmó la sentencia anticipada del 24 de noviembre de
2023, proferida por el aludido juzgado veintitrés, que había denegado las
pretensiones. Providencia que fue notificada por estado el 14 de noviembre de 2025.
Precisó que, finalmente, por proveído del 7 de mayo de 2026, denegó la solicitud de
aclaración de la sentencia del 13 de enero de 2026 y ordenó la devolución del
expediente al juzgado de origen.
1.5.2 El CSJ sostuvo que, si bien es cierto que la actora radicó el pasado 4 de mayo
de 2026 una petición ante esta corporación, a través del correo
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, también lo es que, el 5 de mayo
siguiente, la remitió por competencia al Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá.
Indicó que, aunque el precitado traslado no fue enterado, en su momento, a la
peticionaria, en el transcurso del presente trámite le fue comunicado al correo
liyc19@gmail.com.
1.5.3 El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá detalló que la tutelante
presentó solicitud de vigilancia judicial administrativa el 24 de marzo de 2026, a la
cual se le asignó el número 2026-3290.
Especificó que procedió a la revisión del expediente 11001-40-03-023-2020-00521-
03 y encontró que el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá, por autos del
7 de mayo de 2026, ya había adoptado medidas correctivas, como (i) pedir al
juzgado de origen la devolución del proceso para proceder a la notificación de la
sentencia del 13 de noviembre de 2025; y (ii) precisar que no existió adulteración
alguna en el aludido fallo sino una mora en la fijación de estado respectivo, lo cual
no da lugar a aclarar lo decidido en los términos del artículo 285 del CGP.
Recalcó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo 8716 de 2011,
procedió a archivar la vigilancia 2026-3290 por hecho superado, mediante acto
administrativo CSJBTAVJ26-1646 del 12 de mayo de 2026. Decisión que fue
3 Que rechazó la demanda.
4 Instaurado por Laura Isabel Yepes Cubillos, Juan Manuel Yepes Cubillos y Ana María Yepes
Cubillos en contra del Centro de Conciliación de la Fundación Pluma, antes Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición «Pluma».
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comunicada a la solicitante y al Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá en la
misma fecha.
Afirmó que la petición de la actora fue contestada por medio del Oficio CSJBTOP26-
1028 del 10 de julio de 2026, por lo que cesó la vulneración del derecho fundamental
invocado.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la señora Laura Isabel Yepes
Cubillos, el material probatorio recaudado y los informes presentados, la sala deberá
establecer si el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá vulneró su derecho
fundamental de petición por la falta de respuesta a la solicitud presentada el 4 de
mayo de 2026.
Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) generalidades
de la acción de tutela; (ii) derecho fundamental de petición; (iii) carencia actual de
objeto; y (iv) caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades o de los particulares, en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
Es importante precisar que, esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
del derecho fundamental. Con la salvedad de que, en caso de que el interesado
invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, procede la tutela
como mecanismo transitorio.
2.4. Derecho fundamental de petición
La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución»5. El mismo artículo superior precisa que el legislador
5 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
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podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, así:
El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido6.
Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver
la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y
ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada»7.
Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»8.
Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando la
respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la autoridad
competente. En palabras de la Corte Constitucional:
[…] El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada9.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
8 Ibídem.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
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En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes
elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan
de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos
en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo10.
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, ya que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho
subjetivo.
2.5. Carencia actual de objeto
La sala ha explicado en varias ocasiones11 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.
No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por
hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.
Al respecto, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre de
2016, señaló que:
10 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
11 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
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La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.12
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado. (negrillas propias)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar
por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente13”.
Con base en el referenciado marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional
ha sostenido que:
El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.14
En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección Quinta), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.
De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
12 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
13 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, en el número 6, la cual se
transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
14 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal15.
En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados.
2.6. El caso concreto
Este mecanismo tiene como finalidad el amparo del derecho fundamental de
petición, pues la señora Laura Isabel Yepes Cubillos presentó una solicitud ante el
CSJ, el 4 de mayo de 2026, tendiente a que se le brindara información respecto de
la vigilancia administrativa que pidió sobre el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de
Bogotá, la cual, en su sentir, no ha sido contestada.
Sobre el particular, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante
Oficio CSJBTOP26-1028 del 10 de julio de 2026, brindó la respuesta que echaba
de menos la accionante, en la cual se pronunció respecto a cada uno de los
interrogantes planteados, bajo la siguiente línea argumentativa:
SOLICITUD RESPUESTA
INFORMAR el plazo Se explicó que el Acuerdo 8716 de 2011 reglamentó el ejercicio de la
que legalmente tiene vigilancia judicial administrativa, indicando el trámite que se le debe dar
establecida la a las quejas presentadas por los usuarios de la administración de justicia
Corporación que Ud. o a las iniciadas, de manera oficiosa, por la sala.
preside, para atender
solicitud de Se detalló que el plazo para definir una vigilancia judicial se establece en
VIGILANCIA los artículos 4, 5, 6 y 7 así:
JUDICIAL
ADMINISTRATIVA. ARTÍCULO CUARTO.- Reparto. Recibida la solicitud de vigilancia
judicial, el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura, hará el reparto el día hábil siguiente, asignándola al
Magistrado en turno [….].
ARTÍCULO QUINTO.- Recopilación de Información. El Magistrado a
quien le corresponda por reparto la solicitud de vigilancia judicial,
analizará la relevancia de los hechos expuestos y procederá a su
verificación, para lo cual dentro de los dos (2) días hábiles siguientes,
realizará un requerimiento de información detallada y/o practicará una
visita especial al despacho judicial de que se trate […].
ARTÍCULO SEXTO.- Apertura, Comunicación, Explicaciones y Medidas
a Tomar en la Vigilancia Judicial Administrativa. El Magistrado a quien le
corresponda por reparto la solicitud de vigilancia, dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el artículo
anterior, si encontrare mérito, dispondrá la apertura del trámite de
vigilancia judicial, mediante auto motivado, en el que señalará en forma
clara los hechos que dieron lugar al trámite, con la argumentación jurídica
que origina la apertura; con la indicación concreta las medidas a tomar, -
cuando a ello haya lugar-, que habrá de realizar el servidor judicial
requerido para normalizar la situación de deficiencia de la administración
de justicia; así mismo dispondrá que éste presente las explicaciones,
justificaciones, informes, documentos y pruebas que pretenda hacer
valer, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de
15 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
8
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la apertura. La anterior decisión le será comunicada al servidor judicial
requerido por correo certificado y la constancia del envío se anexará al
expediente […].
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Decisión. Dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento de los términos señalados en el artículo
anterior, para dar explicaciones, el Magistrado que conoce del asunto
sustanciará y someterá a consideración de la Sala Administrativa, el
proyecto de decisión sobre la vigilancia judicial administrativa practicada,
teniendo en cuenta los hechos, pruebas recopiladas y explicaciones
dadas por los sujetos vigilados. Dentro del término previsto en este
artículo, la respectiva Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura, decidirá si ha habido un desempeño contrario a la
administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico
proceso o actuación judicial de que se trate […].
INFORMAR el estado Se informó que, una vez realizado el reparto del escrito de vigilancia
actual de la solicitud administrativa, se procedió a la revisión del expediente en el link
radicada el pasado https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicaci
veinticuatro (24) de on, evidenciando que, mediante autos del 7 de mayo de 2026, se habían
marzo de 2026 para adoptado medidas correctivas; por ello, mediante acto administrativo
ejercer control de CSJBTAVJ26-1646 del 12 de mayo de 2026, dispuso archivar la
vigilancia sobre el vigilancia 2026-3290 por hecho superado.
JUZGADO
VEINTISEIS (26)
CIVIL DEL
CIRCUITO DE
BOGOTA de que
trata el ACUERDO
No. PSAA11-8716
DE 2011 y recibido
en el BUZON
DIGITAL con el
número 22827.
INFORMAR la razón Se detallaron las razones del archivo, así:
para archivar la
solicitud de «Del escrito de vigilancia judicial presentado, se advirtió que la presunta
VIGILANCIA omisión contraria a la oportuna y eficaz prestación del servicio de
JUDICIAL administración de justicia de la juez requerida, consiste en la mora judicial
ADMINISTRATIVA para dar respuesta al oficio remitido por el Juzgado 23 Civil Municipal el
sobre el JUZGADO 17 de febrero del 2026, donde se confirme la ejecutoria de la sentencia,
VEINTISEIS (26) dentro del proceso de la referencia.
CIVIL DEL
CIRCUITO DE Al realizar el análisis del caso, previo adelantar el trámite contemplado
BOGOTA sin en el artículo 5 del Acuerdo 8716 de 2011, esta Corporación procedió a
reportarlo a la realizar la revisión del proceso en el link
suscrita peticionaria. https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicaci
on;evidenciando que, el despacho mediante autos del 07 de mayo del
2026 (notificados por estado el 08 de mayo del 2026) decidió, conforme
al oficio No.283 remitido por el Juzgado Veintitrés (23) Civil Municipal de
Oralidad de Bogotá D.C., informar que en providencia de fecha 13 de
noviembre de 2025 se profirió sentencia de segunda instancia, notificada
por estado del 18 de diciembre de 2025, pero por un error de secretaría,
mediante correo electrónico remitido el 18 de diciembre de 2025, se
devolvió el expediente, a pesar de no haberse notificado por estado la
sentencia en mención.
De otra parte, el juzgado niega la solicitud de aclaración de la sentencia
del 13 de noviembre de 2013, porque el fallo no tiene frases confusas ni
dudas en la parte resolutiva. No se cumplen los requisitos del art. 285 del
C.G.P., que exige que haya conceptos dudosos que influyan en la
decisión.
Así mismo el demandante alegó adulteración porque la sentencia dice 13
de noviembre de 2025 y se notificó por estado el 19 de diciembre del
mismo año. No hay adulteración. Eso no es materia de aclaración.
Posiblemente fue solo mora en la notificación, pero no se ve error ni dolo.
Finalmente, los demás argumentos tampoco dan para aclaración. Si el
demandante no estaba de acuerdo con declarar desierto el recurso de
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Laura Isabel Yepes Cubillos
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04466-00
apelación, debió atacar el auto del 17 de julio de 2025 que admitió el
recurso, no pedir aclaración de la sentencia de fondo».
Igualmente, se constató que la contestación dada por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá se envió por correo electrónico el 10 de julio de 2026, como
se puede observar a continuación:
Bajo este contexto, se puede concluir que se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, teniendo en cuenta que el Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá se pronunció respecto a los requerimientos de la actora durante el
presente trámite y le comunicó lo resuelto.
Por tal motivo, es evidente que la inconformidad planteada por la accionante se
encuentra actualmente superada al haberse proferido y comunicado el Oficio
CSJBTOP26-1028 del 10 de julio de 2026.
Así pues, como la pretensión de la accionante, relativa a que se ordenara una
respuesta de forma clara, precisa y congruente a su petición de 4 de mayo de 2026,
ya fue superada en el curso de la acción de amparo, cualquier orden que imparta el
juez de tutela sobre el particular resultaría innecesaria, por lo que la sala declarará
la carencia actual de objeto por hecho superado.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción
de tutela presentada por la señora Laura Isabel Yepes Cubillos, conforme lo
expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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