República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04469-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
14 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04469-00 (7109)
Accionante: Hernando Rueda Díaz
Accionados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso disciplinario.
Subtema 2: auto que decretó el archivo de la investigación. Subtema 3: defectos
sustantivo y fáctico.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Hernando Rueda Díaz contra la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.
1. Síntesis del caso
El señor Hernando Rueda Díaz presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, que consideró vulnerados con ocasión de
los autos del 24 de febrero y del 12 de noviembre de 2025, proferidos por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, respectivamente, dentro del expediente con radicado núm.
68001-25-02-000-2024-01548-00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
2. El señor Hernando Rueda Díaz presentó queja disciplinaria contra el señor
Jorge Eliécer Gómez Toloza, en su condición de titular del Juzgado Séptimo
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04469-00 (7109)
Accionante: Hernando Rueda Díaz
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Administrativo de Bucaramanga. Esto, con ocasión de la mora judicial injustificada
en la cual, a su juicio, incurrió el investigado al no proferir la sentencia de primera
instancia en el proceso de reparación directa identificado con el radicado núm.
68001-33-33-007-2017-00130-00.
3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, mediante
providencia del 23 de agosto de 2024, dispuso la apertura de la investigación,
decretó pruebas y ordenó la notificación al investigado.
4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, a través del auto del
24 de febrero de 2025, declaró la terminación del proceso y su archivo definitivo, al
considerar que la mora judicial estaba justificada. Contra esta decisión el señor
Hernando Rueda Díaz, en condición de quejoso, presentó recurso de apelación.
5. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante providencia del 12 de
noviembre de 2025, confirmó la decisión de primera instancia que decretó el archivo
de la investigación disciplinaria.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
6. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad. En consecuencia, pidió lo siguiente:
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la providencia del 12 de noviembre de
2025, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y la providencia del 24
de febrero de 2025, proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander, así como el auto de obedézcase y cúmplase del 20 de febrero de 2026.
TERCERO: se ORDENE a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander,
profiera una nueva decisión que: (i) valore por separado los autos de trámite, los autos
interlocutorios y las sentencias proferidas por el despacho investigado; (ii) examine la
prueba estadística comparativa aportada respecto del Juzgado Trece Administrativo
Oral de Bucaramanga; (iii) analice la incidencia del archivo del expediente registrado
en SAMAI el 19 de mayo de 2024; y (iv) aplique íntegramente el test del plazo razonable
conforme a los precedentes citados2.
7. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que el
auto objeto de tutela incurrió en defecto sustantivo en cuanto realizó una
interpretación inadmisible de las «causales exógenas de justificación», que conlleva
a que los titulares de despachos judiciales congestionados estén exentos de
sanciones disciplinarias sin importar la dilatación de los procesos a su cargo.
8. Además, alegó que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico por dos
razones:
(i) Dio por probada la diligencia del investigado a partir de un análisis deficiente
del Índice de Producción de Egresos (IPE), pues sumó 2.962 providencias
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04469-00, índice 2, certificado 247389947CC49CDF 34C4A3897162499A
1D56799F4DBB7B4D 1741CBFCCBC34DF7.
2 Se transcribe incluso con errores.
2
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Accionante: Hernando Rueda Díaz
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
proferidas entre 2021 y junio de 2024, sin discriminar entre autos de trámite,
interlocutorios y sentencias. Asimismo, encontró demostrada la celeridad a
partir del Plan de Mejoramiento que suscribió el disciplinado con posterioridad
a la queja.
(ii) Omitió valorar que en el aplicativo Samai existe una actuación de
desarchivo del expediente, lo que evidencia el «descuido administrativo» del
investigado. Además, se abstuvo de realizar una comparación de las
estadísticas del despacho objeto de investigación con el Juzgado Trece
Administrativo de Bucaramanga, con lo cual se descartaba la supuesta
congestión estructural.
2.3. Trámite procesal
9. El despacho ponente, mediante auto del 12 de junio de 20263, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Santander y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y puso en
conocimiento el escrito de tutela al señor Jorge Eliécer Gómez Toloza, en su
condición de tercero con interés.
2.4. Intervenciones
10. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander4 pidió que se declare
improcedente la tutela, debido a que las decisiones cuestionadas no incurrieron en
los defectos alegados, ya que fueron proferidas a partir de un análisis detallado de
las actuaciones surtidas en el proceso de reparación directa y conforme a la
jurisprudencia disciplinaria y constitucional sobre la mora judicial y sus elementos
estructurantes. Afirmó que el accionante, más allá de un desacuerdo con la
valoración probatoria, busca convertir este mecanismo constitucional en una
instancia de revisión del proceso disciplinario.
11. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial5 solicitó que se declare
improcedente o, en su defecto, se niegue el amparo por no cumplir los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional, toda vez que las inconformidades
planteadas por el accionante recaen sobre el sentido de las decisiones adoptadas
en el trámite disciplinario y no sobre derechos fundamentales. Por tanto, no es dable
convertir la acción de tutela en una tercera instancia, como lo pretende el actor.
12. El señor Jorge Eliécer Gómez Toloza6 manifestó que las pretensiones de tutela
son improcedentes, porque el accionante carece de legitimación en la causa por
activa y no se cumple el requisito de inmediatez. Señaló que la finalidad del actor
en este trámite constitucional es abrir una tercera instancia para debatir la valoración
probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04469-00, índice 4.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04469-00, índice 8.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04469-00, índice 9.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04469-00, índice 12.
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de
la presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Hernando Rueda Díaz
contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.
3.2. Legitimación en la causa
14. La legitimación en la causa por activa del señor Hernando Rueda Díaz está
acreditada, porque fue el quejoso en el proceso disciplinario en el que se expidieron
las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.
15. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Santander y de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, debido a que fueron las autoridades que profirieron las
decisiones objeto de estudio.
3.3. Cuestiones preliminares
3.3.1. La providencia objeto de estudio
16. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Santander y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro del
proceso disciplinario, lo cierto es que los argumentos que sustentan las
pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en los
mismos términos frente a las dos decisiones cuestionadas.
17. En consecuencia, el estudio se centrará en la providencia de segunda instancia
expedida el 12 de noviembre de 2025 por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial.
3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis
18. Por otra parte, se observa que el accionante, en el escrito de amparo, pretende
atribuirle a la providencia cuestionada los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente.
19. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad del accionante se concreta en la interpretación de la
normativa constitucional y legal aplicable al asunto y la valoración probatoria
desarrollada por la autoridad accionada. Por esta razón, la Sala analizará el asunto
bajo una posible configuración de los defectos sustantivo y fáctico.
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3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
20. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de
este mecanismo constitucional8.
21.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
22. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
23. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución10.
3.4.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
24. En el caso particular, la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional,
toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación
de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la decisión cuestionada
se profirió con desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió
que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
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25. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó el procedimiento respectivo
dentro del proceso disciplinario en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
26. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
el auto proferido el 12 de noviembre de 2025 por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial fue notificado el 2 de diciembre siguiente11 y la demanda de tutela se
presentó el 26 de mayo de 202612, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional13 y del Consejo de Estado14 como razonable.
27. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad las circunstancias y los fundamentos de la afectación
alegada, y no resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en
sede del trámite objeto de estudio precisamente, porque su cuestionamiento está
dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
28. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó en el marco de un proceso disciplinario.
29. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación a la causal de los defectos sustantivo y
fáctico. En ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que
planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
30. La Sala debe determinar si ¿la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico y, con ello, vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, al proferir el auto del 12 de noviembre de 2025 que
confirmó la decisión de archivar el proceso disciplinario?
31. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.
3.5.1. El defecto sustantivo
32. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04469-00, índice 8, carpeta 68001250200020240154800, documento
009 S.J.-46508-JJGM-QUEJOSO.pdf.
12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04469-00, índice 2, certificado B506B593955B2178
B67747E5B8238C93 96AF11D7E432CD9C 87F1917E7DBB18EF.
13 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado15.
33. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
34. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]16.
35. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida
interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto
inexistente.
36. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).17.
3.5.2. El defecto fáctico
37. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»18. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión»25 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
15 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
16 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
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dimensiones: una positiva y otra negativa.
38. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»19. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»20.
39. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso21.
40. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial22, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»23.
41. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
19 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
21 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
22 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
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objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]24.
3.6. Caso concreto
42. En el asunto bajo estudio, el señor Hernando Rueda Díaz presentó acción de
tutela con la pretensión de que se deje sin efectos el auto del 12 de noviembre de
2025, a través del cual confirmó la decisión de archivo del proceso disciplinario
seguido en contra del titular del Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga.
En dicha providencia, la autoridad accionada consideró que la mora judicial25 en la
que el accionante sustentó su queja, estaba justificada.
43. La parte tutelante afirmó que en la providencia cuestionada se configuró un
defecto sustantivo, ya que realizó una interpretación irrazonable de las causales
exógenas de justificación de la mora judicial.
44. Por otra parte, indicó que la autoridad accionada incurrió en un defecto fáctico,
por cuanto dio por probada la justificación de la mora a partir del análisis deficiente
del IPE, dado que no discriminó el tipo de providencia correspondiente al egreso.
Además, que encontró demostrada la diligencia del juez con base en el Plan de
Mejoramiento que este suscribió con posterioridad a la queja.
45. A su vez, adujo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial omitió valorar la
actuación de desarchivo obrante en el expediente de reparación directa y comparar
las estadísticas del despacho objeto de investigación con las del Juzgado Trece
Administrativo de Bucaramanga, elementos que dejaban ver la negligencia del
disciplinado y descartaban la congestión estructural como justificación de la mora.
46. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela, se
observa que la autoridad accionada, en el auto del 12 de noviembre de 2025, hizo
un recuento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional con el fin de establecer
los eventos en los que la mora judicial constituye una afectación al deber funcional
en el ámbito disciplinario.
47. Sobre tal punto, resaltó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en
reiteradas decisiones ha optado por desarrollar el análisis de la mora judicial a partir
del IPE. De ese modo, señaló que en los casos en que dicho indicador sea igual o
superior a 1,0 egresos efectivos por día trabajado, no se configura la mora
injustificada. Al respecto, expuso lo siguiente:
En la misma línea, sobre los criterios que podrían justificar la «mora judicial» y, en
esa medida, excluir la configuración de la falta, la Corte Constitucional explicó, en su
momento, que debían tenerse en cuenta los factores: (i) endógenos, esto es los
24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25 En el expediente de reparación directa con radicado núm. 68001-25-02-000-2024-01548-00.
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objetivos inherentes al expediente bajo estudio y (ii) los exógenos, los cuales
corresponden a aspectos ajenos al trámite que implicaron la morosidad del asunto
objeto de censura.
En tal forma y conforme al desarrollo de la Corte Constitucional, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial ha postulado cuándo se podría entender justificado un retardo
a partir del cálculo del Índice de Producción de Egresos (IPE), cuyo fundamento es el
análisis de la información estadística de la producción del funcionario investigado
durante el tiempo de retraso para emitir la decisión que corresponda. El índice se
calcula por año o período —según corresponda—.
[…]
Y es que este criterio de justificación, ahora avalado por la Comisión, ha sido el
producto de una jurisprudencia estable y sólida en la medida en que viene siendo
defendido de tiempo atrás, inclusive por la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, la cual llegó a considerar como razonable un
promedio de producción de una providencia de fondo que culmine la actuación por
día26.
48. De lo expuesto, se extrae que la autoridad accionada fundamentó su decisión
en una interpretación razonable de las normas disciplinarias aplicables, en
consonancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la antigua Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sobre los factores
endógenos y exógenos que dan lugar a una mora judicial justificada. En particular,
acudió al IPE como criterio objetivo para valorar la productividad del funcionario
durante el periodo de retraso.
49. A partir de lo anterior, procedió a verificar dicho indicador con el fin de establecer
si el resultado permitía concluir que había una justificación para la mora judicial
alegada. De ese modo, señaló que:
En ese sentido, para determinar si la mora judicial está o no justificada, el análisis de
las estadísticas del juzgado regentado por el disciplinable se realizará entre el tercer
trimestre del año 2021 —comoquiera que desde el 6 de septiembre de 2021 el asunto
ingresó al despacho — y el segundo semestre del año 2024. Veamos:
Fórmula: Egresos Efectivos / Días Trabajados por año = Índice de Producción de
Egresos por año.
Año 2021: 68 / 52 = 1,3
Año 2022: 362 / 229 = 1,5
Año 2023: 388 / 227 = 1,7
Año 2024: 217 / 113 = 1,9
Visto lo anterior, no hay lugar a predicar mora judicial injustificada comoquiera que el
IPE es igual o superior a 1,027.
50. De igual manera, aclaró que tanto autos interlocutorios como sentencias inciden
en el cálculo del IPE, puesto que ambos tipos de providencias conllevan un análisis
del expediente para emitir una decisión razonable que sea acorde con la exigencia
que demanda cada proceso judicial y que una interpretación contraria no sería
armónica con la realidad de la administración de justicia.
26 Se trascribe incluso con errores.
27Ibidem.
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51. De acuerdo con lo anterior, es posible advertir que la autoridad accionada
realizó un estudio razonable del IPE en los años en los que presuntamente hubo
una demora en el trámite del proceso y determinó que no era posible predicar la
mora judicial injustificada. Asimismo, expuso las razones por las cuales no procedía
el análisis de dicho indicador de forma individualizada respecto al tipo de
providencia.
52. Ahora, en lo concerniente al Plan de Mejoramiento que implementó el
disciplinado, señaló que tal documento no fue aportado al expediente por lo que no
era posible verificar si las metas plasmadas en el mismo fueron cumplidas y, con
ello, tenerlo en cuenta como un criterio de justificación de la mora judicial. No
obstante, reconoció que dicho flagelo perjudica a los usuarios de la administración
de justicia, pero que en este caso no se configuró una demora injustificada por las
razones indicadas en precedencia.
53. En relación con la actuación en Samai en la que se evidencia que el proceso
estuvo archivado, la autoridad judicial accionada determinó que en el expediente no
existía prueba de que el investigado hubiera ordenado realizar dicha actuación. Lo
anterior, comoquiera que en cada caso concreto debe verificarse si el asunto a tratar
es una función del juez o si, debido a la división de funciones, se trata de una tarea
asignada a otro miembro del despacho. En ese sentido, indicó lo siguiente:
Lo anterior, no quiere decir que el juez en todos los casos no tiene ningún tipo de
responsabilidad en los eventos de acción u omisión de los empleados a su cargo, pues
deberá verificarse en el asunto en particular, si se trata de una función que
efectivamente no corresponde al juez, en virtud de la división de funciones al interior
de la célula judicial o si se trata de una función que se puede endilgar al despacho
como célula, caso en el cual, el juez será también responsable como director del
despacho.
Como siguiente paso, en los asuntos en los que se verifique que se trata de una función
asignada en los manuales de funciones a un empleado del despacho, deberá
determinarse si el juez bajo el principio de confianza legítima está plenamente
convencido de que los empleados a su cargo han ejercido las funciones asignadas en
los manuales. De esa manera, el principio de confianza legítima es un criterio que en
algunos casos permitiría exonerar de responsabilidad a los funcionarios judiciales
cuando se presenten acciones u omisiones de los empleados a su cargo.
54. Por su parte, frente a la comparación de las estadísticas del despacho dirigido
por el investigado con las del Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga, la
autoridad accionada explicó que, a pesar de que es posible confrontar el IPE de las
células que integran un mismo distrito judicial, lo cierto es que el análisis debe
adelantarse de forma individual si se realiza a partir del referido indicador. Sobre el
particular, señaló que:
[A]unque los cuadros comparativos de índices de producción efectiva de las distintas
células judiciales que componen un distrito pudieran ser tenidos en cuenta a efectos
de evaluar si concurren, o no, circunstancias de justificación de la mora judicial, ello
no desdice el acertado análisis que hizo la Seccional al fijar el estudio de la conducta
del disciplinable de cara a la producción que reportó en forma individual.
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Es más, de conformidad con los parámetros expuestos, el análisis de la mora judicial
debe hacerse con fundamento en las estadísticas de cada juzgado si se alude al IPE,
lo que no impide que se estimen los otros factores endógenos o exógenos que
podrían materializarse en el caso concreto, pero que en este caso no desfiguran la
justificación que analizó la primera instancia para disponer la terminación y archivo de
la actuación.
55. Así las cosas, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada, lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
elementos obrantes en el expediente, frente a lo cual no se advierte que la decisión
objeto de tutela sea contraria a derecho. Distinto es que no le haya otorgado el valor
probatorio que el accionante pretendía que se les atribuyera a los medios de prueba
allegados al proceso.
56. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues, precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»28.
57. Finalmente, se debe indicar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
tampoco realizó una interpretación irrazonable o arbitraria de las causales
endógenas y exógenas de justificación de la mora judicial, pues quedó en evidencia
que su análisis se ciñó a los criterios aplicables al tema fijados por la misma
corporación y por la Corte Constitucional.
58. Así las cosas, la Sala considera que el auto del 12 de noviembre de 2025,
proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico, pues la decisión de disponer el archivo de la investigación
disciplinaria por la supuesta mora judicial estuvo soportada en un estudio racional
de las pruebas aportadas en dicha actuación en conjunto con la jurisprudencia sobre
el tema.
59. Por lo expuesto, se advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las pruebas obrantes en el trámite
disciplinario y las normas aplicables al tema. Por estas razones, si bien la
providencia objeto de tutela no resultó favorable a la parte accionante, esto no
significa que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.
60. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del proceso disciplinario, con el único propósito
de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
28 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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4. Conclusiones
61. Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial no vulneró los derechos fundamentales invocados
por el accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo y fáctico, que exija la
intervención del juez de tutela.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Hernando Rueda Díaz
contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, por las razones contenidas en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y Cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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