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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04478-01

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04478-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de julio de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. En su lugar: SEGUNDO: AMPARAR TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de las señoras Liceth Adriana Pérez Urbina y Eliana Patricia Pabón Rodríguez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS DE MANERA TRANSITORIA (i) el Decreto núm. 057 de 2026, mediante el cual el municipio de Cucutilla declaró la suspensión provisional del nombramiento en provisionalidad de la funcionaria Liceth Adriana Pérez Urbina en el cargo denominado “profesional universitario – psicóloga, Código 2019, Grado 01 del Nivel Profesional”, adscrito a la Secretaría General y de Gobierno de la planta profesional de la Alcaldía Municipal de Cucutilla, a partir del 4 de junio de 2026; y (ii) el Decreto núm. 058 de 2026, mediante el cual el municipio de Cucutilla declaró la suspensión provisional del nombramiento en provisionalidad de la funcionaria Eliana Patricia Pabón Rodríguez en el cargo denominado “profesional universitario – trabajador social, Código 2019, Grado 01 del Nivel Profesional”, adscrito a la Secretaría General y de Gobierno de la planta profesional de la Alcaldía Municipal de Cucutilla, a partir del 4 de junio de 2026. Esto, hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida de fondo sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que la parte accionante deberá promover en contra de la entidad accionada, dentro de los próximos cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, so pena de la pérdida de vigencia de la protección. CUARTO: ORDENAR al municipio de Cucutilla (Norte de Santander) que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las 22 Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04478-01 Accionante: Liceth Adriana Pérez Urbina y otra Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04478-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04478-01
Accionante: LICETH ADRIANA PÉREZ URBINA Y OTRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y judicial, a la defensa, a la contradicción,
al trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, al fuero sindical, al fuero de
lactancia, a la igualdad, a la dignidad humana, a la confianza legítima, a la seguridad jurídica
y al acceso efectivo a la administración de justicia / PROCEDENCIA COMO MECANISMO
TRANSITORIO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS – Estabilidad laboral reforzada por
fuero sindical, fuero de lactancia y madre cabeza de familia. PERJUICIO IRREMEDIABLE
– Se encuentra acreditado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
por conducto de apoderado, contra la sentencia del 23 de julio de 2026, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de
19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 11 de junio de 2026, las señoras Liceth Adriana Pérez Urbina y Eliana Patricia
Pabón Rodríguez, a través de apoderado, promovieron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el Juzgado Primero (1.°)
Administrativo del Circuito Judicial de Pamplona y el municipio de Cucutilla (Norte
de Santander), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso administrativo y judicial, a la defensa, a la contradicción, al trabajo,
al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, al fuero sindical, al fuero de
lactancia, a la igualdad, a la dignidad humana, a la confianza legítima, a la seguridad
jurídica y al acceso efectivo a la administración de justicia.

Hechos relevantes

2. La Alcaldía Municipal de Cucutilla (Norte de Santander), por medio del Decreto
núm. 077 del 12 de diciembre de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley

1
Que ingresó a despacho para fallo el 26 de agosto de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04478-01
Accionante: Liceth Adriana Pérez Urbina y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

2126 de 2021, modificó y adicionó el manual específico de funciones y
competencias laborales para los empleos asociados al funcionamiento de la
comisaría de familia del ente territorial.

3. Con fundamento en lo anterior, mediante los Decretos núms. 082 del 19 de
diciembre de 2023 y 083 del 20 de diciembre de 2023, el entonces alcalde municipal
de Cucutilla nombró, en provisionalidad, a las ciudadanas Liceth Adriana Pérez
Urbina y Eliana Patricia Pabón Rodríguez en el cargo de profesional universitario,
código 2019, grado 01. Lo anterior, por cuanto cumplían los requisitos de formación
y experiencia previstos en el Manual de Funciones Públicas, adoptado por medio
del Decreto núm. 077 del 12 de diciembre de 2023.

4. Posteriormente, el señor Rodrigo Hernando Parada Páez, actual alcalde
municipal de Cucutilla, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad simple, con el propósito de obtener la nulidad del Decreto núm. 077 del 12
de diciembre de 2023. Asimismo, solicitó medida cautelar consistente en la
suspensión provisional de los efectos jurídicos de dicho acto administrativo.

5. El mandatario sostuvo que la administración municipal saliente modificó y
adicionó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los
empleos relacionados con el funcionamiento de la Comisaría de Familia de
Cucutilla, sin contar previamente con los estudios técnicos que determinaran su
necesidad y viabilidad financiera, en contravención de lo dispuesto en el artículo 71
del Decreto 111 de 1996.

6. El asunto correspondió al Juzgado Primero (1.°) Administrativo del Circuito
Judicial de Pamplona que, a través de auto del 29 de julio de 2025, no accedió a la
solicitud de medida cautelar de suspensión provisional.

7. En criterio del a quo, para decretar la suspensión de un acto administrativo, el
juez debía advertir, a partir del simple cotejo normativo o del material allegado con
la solicitud, la infracción alegada. No obstante, consideró que, en esa etapa
procesal, no se encontraba acreditada dicha vulneración, pues el análisis propuesto
por el señor Rodrigo Hernando Parada Páez exigía un amplio debate probatorio
sobre los elementos que fueron considerados por la administración para modificar
el manual y crear los cargos cuestionados. En consecuencia, estimó que el acervo
probatorio aún no se encontraba suficientemente desarrollado para adoptar una
decisión de mérito sobre la medida cautelar.

8. Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado del alcalde
municipal de Cucutilla presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación
contra la providencia que negó la medida. Dentro de sus motivos, indicó que la
administración “viol[ó] normas nacionales, pues en su artículo primero, MODIFICÓ
Y AJUSTO EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
LABORALES EN LO QUE RESPECTA A LA FICHA DEL CARGO DE COMISARIO

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04478-01
Accionante: Liceth Adriana Pérez Urbina y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

DE FAMILIA DELMUNICIPIO DE CUCUTILLA DE ACUERDO AL ART. 7 DE LA
LEY 2126 DE 2021”2.

9. El Juzgado Primero (1.°) Administrativo del Circuito Judicial de Pamplona, por
medio de auto del 19 de noviembre de 2025, no repuso el auto recurrido y concedió
la apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243 numeral 1 y 244
de la Ley 1437 de 2011, modificados los artículos 62 y 64, respectivamente de la
Ley 2080 de 2021. En consecuencia, ordenó su remisión al Tribunal Administrativo
de Norte de Santander para lo de su cargo.

10. En el trámite de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, a través de auto del 6 de marzo de 2026, resolvió:

“PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el 29 de julio de 2025, por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Pamplona y, en su
lugar, DECRETAR la suspensión provisional de los efectos del Decreto
077 del 12 de diciembre de 2023, expedido por la Alcaldía Municipal de
Cucutilla.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Juzgado de origen, previas las anotaciones secretariales de rigor. […]”3.

11. A juicio del Tribunal, “el a quo negó la medida cautelar por considerar
imprescindible un amplio debate probatorio para verificar el incumplimiento de los
requisitos técnicos y presupuestales, difiriendo el análisis a la sentencia. No
obstante, en criterio de esta Sala dicha exigencia desborda lo consagrado en el
artículo 231 del CPACA y desnaturaliza hasta cierto punto la finalidad de la
suspensión provisional, pues con las pruebas allegadas es posible determinar prima
facie y sin que ello de algún modo implique prejuzgamiento, la infracción alegada.
En consecuencia, no resulta necesario a juicio de esta Corporación, esperar al
agotamiento del acervo probatorio pleno para interrumpir temporalmente los efectos
del acto, como lo permiten la norma y la jurisprudencia reciente citada en el marco
normativo de esta providencia”4.

12. La decisión en comento quedó ejecutoriada el 3 de junio de 2026.

13. En virtud de lo anterior, por medio del Decreto núm. 056 del 4 de junio de 2026,
la Alcaldía Municipal de Cucutilla ordenó:

“ARTÍCULO PRIMERO: CUMPLIMIENTO JUDICIAL Acatar la decisión
judicial proferida el 06 de marzo de 2026, por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, M.P. HERNANDO
AYALA PEÑARANDA, al resolver el recurso de apelación debidamente
presentado contra el auto interlocutoria No. 349 del 29 de julio de 2025, y,
en consecuencia, ordenar la suspensión de los efectos jurídicos del Decreto

2
Folios 1 y 2. Archivo “20_Autoresuelvec_2025023Nulidadrecurs_0_20251119144129464”. Auto del
19 de septiembre de 2025, proferido por el Juzgado Primero (1.°) Administrativo del Circuito Judicial
de Pamplona.
3
Folio 272. Archivo “004_4ED_PRUEBA_11_6_202611_2”.
4
Folio 271 ibid.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04478-01
Accionante: Liceth Adriana Pérez Urbina y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

No. 077 del 12 de diciembre de 2023, por las razones expuestas en la parte
motiva de este acto”5.

14. De ese modo, el alcalde municipal de Cucutilla consideró que, ante la
suspensión del Decreto núm. 077 del 12 de diciembre de 2023, el cargo de
profesional universitario, código 219, grado 01 no tenía piso jurídico y estaba por
fuera del orden legal. Por ende, expidió los siguientes actos administrativos:

̶ Decreto núm. 057 de 2026, mediante el cual declaró la suspensión
provisional del nombramiento en provisionalidad de la funcionaria Liceth
Adriana Pérez Urbina en el cargo denominado “profesional universitario –
psicóloga, Código 2019, Grado 01 del Nivel Profesional”6, adscrito a la
Secretaría General y de Gobierno de la planta profesional de la Alcaldía
Municipal de Cucutilla, a partir del 4 de junio de 2026.

̶ Decreto núm. 058 de 2026, mediante el cual declaró la suspensión
provisional del nombramiento en provisionalidad de la funcionaria Eliana
Patricia Pabón Rodríguez en el cargo denominado “profesional universitario
– trabajador social, Código 2019, Grado 01 del Nivel Profesional”7, adscrito a
la Secretaría General y de Gobierno de la planta profesional de la Alcaldía
Municipal de Cucutilla, a partir del 4 de junio de 2026.

Pretensiones

15. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales de LICETH ADRIANA
PÉREZ URBINA y ELIANA PATRICIA PABÓN RODRÍGUEZ al debido
proceso administrativo y judicial, defensa, contradicción, trabajo, mínimo
vital, estabilidad laboral reforzada, fuero sindical, fuero de lactancia,
igualdad, dignidad humana, confianza legítima, seguridad jurídica y acceso
efectivo a la administración de justicia.

SEGUNDA: DECLARAR que la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUTILLA
vulneró los derechos fundamentales de las accionantes al expedir los
Decretos No. 057 y 058 de 2026, mediante los cuales suspendió sus
nombramientos en provisionalidad, extendiendo indebidamente los efectos
de una medida cautelar judicial que únicamente recayó sobre el Decreto No.
077 del 12 de diciembre de 2023.

TERCERA: ORDENAR, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, dejar sin efectos los Decretos No. 057 y 058 de 2026, hasta
tanto la jurisdicción competente se pronuncie de fondo sobre la legalidad de
los actos particulares de nombramiento o se adelante el procedimiento
correspondiente con pleno respeto del debido proceso y de los fueros
constitucionales de las accionantes.

CUARTA: ORDENAR al MUNICIPIO DE CUCUTILLA y al Alcalde Municipal
REINTEGRAR INMEDIATAMENTE a LICETH ADRIANA PÉREZ URBINA
y ELIANA PATRICIA PABÓN RODRÍGUEZ a los cargos que venían

5
Folio 277 ibid.
6
Folio 279 ibid.
7
Folio 284 ibid.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04478-01
Accionante: Liceth Adriana Pérez Urbina y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

desempeñando, o a cargos equivalentes en funciones, remuneración y
condiciones laborales, sin solución de continuidad.

QUINTA: ORDENAR al MUNICIPIO DE CUCUTILLA cancelar los salarios,
prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
demás emolumentos dejados de percibir por las accionantes desde la fecha
de suspensión de sus nombramientos hasta su reintegro efectivo.

SEXTA: ORDENAR al MUNICIPIO DE CUCUTILLA abstenerse de adoptar
cualquier nueva medida administrativa que implique retiro, suspensión,
desvinculación, desmejora laboral o afectación salarial de las accionantes,
sin agotar previamente el procedimiento legal correspondiente, incluyendo,
de ser el caso, el levantamiento judicial del fuero sindical y la ponderación
reforzada de sus condiciones de especial protección constitucional.

SÉPTIMA: ORDENAR al MUNICIPIO DE CUCUTILLA garantizar la
continuidad de las accionantes en sus cargos mientras los actos particulares
de nombramiento conserven presunción de legalidad, fuerza ejecutoria y no
hayan sido suspendidos o anulados por autoridad judicial competente.

OCTAVA: PREVENIR al Alcalde Municipal de Cucutilla para que, en
adelante, se abstenga de extender los efectos de providencias judiciales
más allá de lo expresamente ordenado por la autoridad judicial,
especialmente cuando dicha extensión afecte derechos fundamentales de
servidores públicos aforados o sujetos de especial protección constitucional.

NOVENA: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE PAMPLONA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER, dentro del ámbito de sus competencias
constitucionales y legales, verificar si dentro del proceso de nulidad simple
radicado No. 54-518-33-33-001-2025-00023-00 fueron objeto de demanda
los actos administrativos particulares contenidos en el Decreto No. 082 del
19 de diciembre de 2023 y el Decreto No. 083 del 20 de diciembre de 2023,
así como establecer si respecto de dichos actos administrativos fue
decretada alguna medida cautelar mediante la providencia de fecha seis (6)
de marzo de dos mil veintiséis (2026) proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER”8.

Fundamentos de la demanda de tutela

16. La parte demandante sostiene que la demanda de nulidad simple promovida por
la Alcaldía Municipal de Cucutilla tuvo como objeto principal obtener la nulidad del
Decreto núm. 077 del 12 de diciembre de 2023, acto administrativo de carácter
general que contenía una regulación abstracta sobre el manual de funciones de los
empleos del ente territorial. En ese orden de ideas, señala que su suspensión
provisional no podía tener como consecuencia la pérdida de efectos de los Decretos
de nombramiento núms. 082 y 083 de 2023, toda vez que estos constituían actos
administrativos de carácter particular y concreto, que produjeron situaciones
jurídicas individuales y cuya legalidad podía ser controvertida a través del medio de
control previsto para tal efecto.

17. Asimismo, afirma que existe una violación del artículo 91 del CPACA,
disposición que consagra la regla de ejecutoriedad de los actos administrativos,
conforme a la cual, salvo norma expresa en contrario, los actos en firme son

8
Folios 10 y 11 del escrito de tutela.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04478-01
Accionante: Liceth Adriana Pérez Urbina y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En ese sentido, manifiesta que la Alcaldía Municipal de Cucutilla
confundió la suspensión provisional de un acto de carácter general con la pérdida
automática de ejecutoriedad de actos particulares y concretos.

18. Adicionalmente, alega una vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, puesto que las accionantes no tuvieron oportunidad de intervenir dentro
del proceso de nulidad simple, pese a que las decisiones adoptadas respecto del
Decreto núm. 077 de 2023 terminaron por incidir en su situación laboral. En efecto,
al no ser vinculadas al trámite del medio de control, no pudieron pronunciarse sobre
la solicitud de medida cautelar, formular argumentos en defensa de sus
nombramientos ni aportar elementos de juicio relacionados con la afectación de sus
derechos particulares.

19. Ahora bien, en lo relacionado con los Decretos núms. 057 y 058 de 2026, cuyos
efectos constituyen el objeto de las pretensiones formuladas en la acción de tutela
de la referencia, refiere que dichos actos administrativos desconocieron: (i) el fuero
sindical que les asiste, puesto que las ciudadanas Liceth Adriana Pérez Urbina y
Eliana Patricia Pabón Rodríguez hacen parte de la junta directiva del Sindicato de
Servidores Públicos del Departamento de Norte de Santander (SINDENORTE),
circunstancia que era conocida por la administración municipal; (ii) el fuero de
lactancia que protege a la señora Liceth Adriana Pérez Urbina, debido a que es
madre de un bebé que, para el momento de los hechos, tenía nueve meses de edad;
y (iii) la protección laboral reforzada de la señora Eliana Patricia Pabón Rodríguez,
en su condición de madre cabeza de hogar.

20. Finalmente, aducen que, si bien cuentan con mecanismos ordinarios ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir la legalidad de los
actos administrativos cuestionados, el trámite propio de dichos procesos no ofrece
una respuesta inmediata frente a la situación que actualmente enfrentan, pues,
mientras se adopta una decisión definitiva, permanecerían privadas de su fuente
principal de ingresos.

21. En consecuencia, sostienen que resulta necesaria la intervención del juez
constitucional como mecanismo transitorio, con el fin de evitar que la afectación de
sus derechos fundamentales se prolongue en el tiempo y que, al momento de
obtener una decisión de la jurisdicción competente, la protección resulte tardía o
insuficiente frente al daño que actualmente se les ocasiona.

Trámite procesal

22. Por medio de auto del 16 de junio de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela de referencia y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, al Juzgado Primero (1.°) Administrativo del
Circuito de Pamplona y al municipio de Cucutilla, como accionados, y al señor
Rodrigo Hernando Parada Páez, como tercero con interés en las resultas del
proceso. Entre otras decisiones.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04478-01
Accionante: Liceth Adriana Pérez Urbina y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Intervenciones en primera instancia

23. El municipio de Cucutilla, por conducto de su alcalde municipal, el señor
Rodrigo Hernando Parada Páez, solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela de la referencia o, de manera subsidiaria, se niegue el amparo pretendido. Al
respecto, indicó que las accionantes cuentan con otros medios de defensa judicial,
particularmente, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
cuestionar la legalidad de los actos administrativos que consideran lesivos de sus
derechos fundamentales.

24. Expuso que la expedición de los Decretos núms. 057 y 058 de 2026, que
ordenaron la suspensión provisional de las actoras en el cargo de profesional
universitaria, código 2019, grado 01, no respondió a una decisión arbitraria de la
administración sino al cumplimiento de la medida cautelar de suspensión del
Decreto núm. 077 de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, que
constituía el soporte normativo de los empleos que ocupaban las ciudadanas.

25. Adicional a ello, afirmó que las señoras Liceth Adriana Pérez Urbina y Eliana
Patricia Pabón Rodríguez no demostraron la existencia de una estabilidad laboral
reforzada por fuero sindical, fuero de lactancia o condición de madre cabeza de
familia, de manera que la acción de tutela pudiera proceder de manera excepcional.

26. El Juzgado Primero (1.°) Administrativo del Circuito Judicial de Pamplona
realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el curso del medio de control
de nulidad simple radicado núm. 54518-33-33-001-2025-00023-00, con el fin de
acreditar el cumplimiento del debido proceso de las partes. Finalmente, solicitó su
desvinculación por no haber vulneración alguna de derechos fundamentales.

27. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander sostuvo que en el auto del
6 de marzo de 2026 se limitó a resolver sobre la procedencia de la medida cautelar
solicitada por el municipio de Cucutilla respecto de un acto administrativo de
carácter general. Adujo que dicha consideración no implicó un pronunciamiento
definitivo sobre la legalidad del Decreto núm. 077 de 2023 ni sobre la validez de los
actos de nombramiento de las accionantes, así como tampoco se impartieron
órdenes dirigidas a que se las desvincularan del ente territorial.

28. De esta manera, precisó que las actuaciones posteriores a la providencia judicial
que resolvió sobre la solicitud de medida provisional constituyen una decisión
administrativa autónoma del municipio, cuya legalidad debe ser analizada en los
escenarios procesales correspondientes.

La sentencia de primera instancia

29. Por medio de sentencia del 23 de julio de 2026, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Sostuvo que los actos
administrativos cuestionados en esta sede constitucional, contenidos en los
Decretos núms. 057 y 058 de 2026, fueron expedidos en virtud de una decisión
adoptada por la administración municipal de Cucutilla y producen efectos jurídicos

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04478-01
Accionante: Liceth Adriana Pérez Urbina y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

propios sobre la situación particular de las accionantes, razón por la cual son
susceptibles de control judicial.

30. Por lo anterior, consideró que la parte actora cuenta con un medio idóneo y
eficaz para controvertir la legalidad de los referidos actos administrativos, pues
puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
y exponer allí los reproches formulados en el escrito de tutela.

31. Frente a la situación particular de la señora Liceth Adriana Pérez Urbina, el a
quo precisó que, en relación con el fuero de lactancia, la Corte Constitucional ha
señalado que, para extender su protección durante dos años, es necesario acreditar
que la madre ha continuado con la lactancia, circunstancia que no se demostró en
el presente caso. En consecuencia, concluyó que dicha protección únicamente
cobijó a la accionante durante los primeros seis meses de vida del menor, esto es,
hasta marzo de 2026, por lo que consideró que no resultaba procedente la acción
de tutela como mecanismo transitorio para garantizar su estabilidad laboral
reforzada.

32. Asimismo, respecto de la condición de madre cabeza de familia de la señora
Eliana Patricia Pabón Rodríguez, esta Corporación encontró que no existía certeza
acerca de que la responsabilidad a su cargo fuera permanente, de que se
configurara una ausencia total del padre del menor ni de que su nombramiento en
la Alcaldía Municipal de Cucutilla constituyera su única fuente de ingresos, de la
cual dependiera exclusivamente. En ese sentido, concluyó que tampoco resultaba
procedente el amparo transitorio.

33. Finalmente, la Sección Primera del Consejo de Estado señaló que “no se
observa que ninguna de las accionantes se encuentre imposibilitada para promover
el medio de control que procede contra los actos administrativos que hoy
cuestionan, escenario en el que podrán cuestionar, entre otros aspectos, la
interpretación efectuada por la administración respecto del alcance de la medida
cautelar decretada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la presunta
vulneración del debido proceso administrativo, el desconocimiento del fuero
sindical, la alegada vulneración del principio de confianza legítima, así como los
demás cargos de ilegalidad formulados contra los Decretos núm. 057 y núm. 058
de 2026”9.

La impugnación

34. Las ciudadanas Liceth Adriana Pérez Urbina y Eliana Patricia Pabón Rodríguez,
por intermedio de apoderado, presentaron impugnación contra la decisión precitada,
mediante escrito en el cual señalaron que la Sección Primera del Consejo de Estado
omitió pronunciarse sobre el fuero sindical de ambas accionantes, pese a que en el
expediente obraban elementos de juicio relevantes para su acreditación, entre ellos,

9
Folio 14. Archivo “025_25Sentencia_20260447800Subsidiar”. Sentencia de primera instancia del
23 de julio de 2026.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04478-01
Accionante: Liceth Adriana Pérez Urbina y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

la certificación expedida por el Ministerio del Trabajo y la comunicación remitida por
la organización sindical al municipio de Cucutilla antes de la suspensión de los
nombramientos.

35. En ese orden de ideas, cuestionan la aplicación del requisito de subsidiariedad,
pues consideran que el a quo se limitó a constatar la existencia formal del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y de las medidas cautelares
disponibles, sin establecer si tales mecanismos ofrecían una respuesta eficaz frente
a las circunstancias concretas del caso, particularmente ante la pluralidad de vías
judiciales, la urgencia derivada de la situación laboral, los términos propios de la
protección foral y la prolongación de la falta de salario.

36. De otra parte, afirman que la sentencia fragmentó el análisis del perjuicio
irremediable y exigió un estándar probatorio rígido, sin valorar de manera integral la
documentación aportada sobre las condiciones económicas y familiares de las
actoras ni hacer uso de las facultades oficiosas del juez constitucional cuando
estimó insuficientes algunos elementos de juicio. Así, reprochan que la providencia
no hubiera extraído las consecuencias constitucionales derivadas de un hecho que,
según señala, fue admitido tanto por el Tribunal accionado como por la propia
sentencia: que la Alcaldía Municipal de Cucutilla adoptó decisiones administrativas
autónomas y extendió a los nombramientos de las demandantes unos efectos que
no fueron ordenados por la providencia que decretó la medida cautelar sobre el acto
de carácter general.

Intervenciones posteriores a la sentencia de primera instancia

37. El señor Rodrigo Hernando Parada Páez, en su calidad de alcalde municipal de
Cucutilla, allegó un memorial en el cual cuestiona el escrito de impugnación
presentado por la parte actora, por considerar que se pretende desvirtuar la
sentencia de primera instancia mediante pruebas sobrevivientes.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

38. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

39. En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio para controvertir los efectos de los Decretos núms. 057
y 058 de 2026, pese a que las accionantes cuentan con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar su legalidad. Para ello,
deberá establecerse si, atendidas las circunstancias particulares del caso —la
suspensión de los nombramientos, la consecuente pérdida de los ingresos
laborales, la condición de trabajadoras amparadas por fuero sindical, el periodo de

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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

lactancia alegado respecto de Liceth Adriana Pérez Urbina y la existencia de
menores de edad en sus núcleos familiares—, se encuentra acreditado un perjuicio
irremediable que haga necesaria la intervención inmediata y transitoria del juez
constitucional mientras la jurisdicción contencioso-administrativa resuelve
definitivamente la controversia.

40. Superado ese examen, la Sala deberá determinar si el municipio de Cucutilla
vulneró los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada
de las accionantes al expedir los Decretos núms. 057 y 058 de 2026 y suspender
sus nombramientos en provisionalidad. En particular, deberá establecerse si la
administración desconoció el fuero sindical que, según las actoras, las protegía
por su condición de integrantes de la junta directiva de SINDENORTE, al adoptar
una medida que afectó su vínculo laboral sin obtener previamente la autorización
judicial correspondiente; y si, respecto de Liceth Adriana Pérez Urbina, la
suspensión del nombramiento desconoció además la protección constitucional
derivada del fuero de lactancia, al considerar que al momento de la decisión su
hijo tenía nueve meses de edad y que se afirma la continuidad de la lactancia.
Asimismo, deberá verificarse si tales garantías podían ser desplazadas por la sola
suspensión provisional del Decreto 077 de 2023, pese a que la medida cautelar
judicial no recayó directamente sobre los actos particulares de nombramiento de las
accionantes.

41. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar el caso
concreto, particularmente: (i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra actos administrativos; (iii) la estabilidad
laboral reforzada por fuero sindical; (iv) el enfoque de género en la jurisprudencia
constitucional y su extensión a los niños, niñas y adolescentes; y (v) la estabilidad
laboral reforzada por fuero de lactancia.

Generalidades de la acción de tutela y procedencia de la acción de tutela como
mecanismo transitorio contra actos administrativos

42. La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución y desarrollada
por el artículo 5.º del Decreto 2591 de 1991, es el mecanismo destinado a obtener
la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o,
excepcionalmente, de un particular. Para su procedencia, la jurisprudencia
constitucional exige la existencia de elementos objetivos que permitan inferir una
afectación cierta o una amenaza real, de modo que quien promueve el amparo debe
acreditar, al menos sumariamente, el hecho vulnerador; además, debe constatarse
que no exista otro mecanismo judicial idóneo para la protección de los derechos
comprometidos.

43. Además, la jurisprudencia constitucional ha señalado de manera reiterada que,
en principio, la acción de tutela no procede para controvertir actos administrativos
de contenido particular y concreto, en tanto el ordenamiento jurídico dispone de
mecanismos judiciales ordinarios para cuestionar su legalidad y obtener, cuando
haya lugar a ello, el restablecimiento del derecho presuntamente vulnerado. En
particular, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho constituye,

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por regla general, un mecanismo idóneo y eficaz para controvertir los actos
expedidos por la administración, incluso cuando se alegue la afectación de derechos
fundamentales.

44. Esta regla de procedencia responde a la naturaleza subsidiaria de la acción de
tutela y a la necesidad de preservar las competencias atribuidas por el ordenamiento
jurídico a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, la existencia
de un medio de control ordinario no conduce, por sí sola, a descartar la procedencia
del amparo constitucional. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política
y el artículo 8.° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede proceder
excepcionalmente como mecanismo transitorio cuando, pese a existir otro medio de
defensa judicial, resulte necesario evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.

45. En efecto, el artículo 103 del CPACA establece que los procesos adelantados
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad
de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley, así como la
preservación del orden jurídico. Asimismo, dispone que en la aplicación e
interpretación de las normas que regulan dichos procesos deben observarse los
principios constitucionales y los del derecho procesal. Por consiguiente, la función
del juez administrativo no se limita a verificar la conformidad formal de los actos de
la administración con el ordenamiento jurídico, sino que comprende también la
protección y efectividad de los derechos de quienes acuden ante esa jurisdicción.

46. En desarrollo de esta competencia, el artículo 138 del CPACA prevé el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante el cual toda persona
que se considere lesionada en un derecho subjetivo amparado por una norma
jurídica puede solicitar la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y el correspondiente restablecimiento del derecho. A su vez, el artículo
137 del mismo estatuto contempla, entre las causales de nulidad de los actos
administrativos, su expedición con infracción de las normas en que deberían
fundarse, sin competencia, de manera irregular, con desconocimiento del derecho
de audiencia y defensa, mediante falsa motivación o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió. Al respecto, la Corte Constitucional ha
señalado:

“31. Ahora bien, además de pedir la nulidad de un acto administrativo y el
restablecimiento del derecho que considera vulnerado, la persona que
ejerce este medio de control puede solicitar que el juez administrativo
decrete una medida cautelar con el fin de proteger y garantizar, de manera
provisional, tanto el objeto del proceso como la efectividad de la sentencia
que se llegue a dictar. De acuerdo con el artículo 230 del CPACA, esa
medida cautelar puede estar dirigida a: (i) mantener una situación o
restablecerla al estado en que se encontraba antes de la conducta que
causó la vulneración o amenaza a un derecho, (ii) suspender un
procedimiento o actuación, (iii) suspender provisionalmente los efectos de
un acto administrativo, (iv) ordenar la adopción de una decisión o la
realización o demolición de una obra y (v) impartir órdenes o imponer
obligaciones a cualquiera de las partes del proceso.

32. De acuerdo con el artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de
los efectos de un acto administrativo procede por la violación de las normas

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invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, cuando esa
irregularidad emerja del análisis del acto administrativo demandado y de su
confrontación con las normas superiores invocadas o las pruebas aportadas.
Además, cuando se pretende el restablecimiento del derecho y la
indemnización de perjuicios, es necesario probar su existencia de forma
sumaria. En los demás casos, las medidas cautelares proceden siempre
que: (i) la demanda esté razonablemente fundada en derecho, (ii) el
demandante haya demostrado de forma sumaria la titularidad de los
derechos que invoca, (iii) de los planteamientos del demandante sea posible
concluir que es más grave para el interés público negar la medida que
concederla y (iv) de no adoptarse la medida, se cause un perjuicio
irremediable o existan motivos serios que indiquen que, si se niega, los
efectos de la sentencia serían nugatorios”10.

47. Ahora bien, la existencia de este medio de control no supone que quien
considere vulnerados sus derechos fundamentales deba necesariamente esperar
hasta la culminación del proceso contencioso administrativo para obtener una
respuesta judicial. El CPACA contempla un régimen de medidas cautelares
destinado precisamente a brindar una protección provisional y oportuna durante el
trámite del proceso. En particular, el artículo 230 autoriza al juez administrativo para
adoptar, entre otras medidas, la suspensión provisional de los efectos de un acto
administrativo, así como aquellas órdenes necesarias para proteger y garantizar
provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

48. En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la acción de
tutela puede proceder como mecanismo transitorio frente a actos administrativos
cuando, pese a la existencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y de las medidas cautelares previstas en el CPACA, las circunstancias
particulares del caso permitan establecer que la intervención inmediata del juez
constitucional resulta necesaria para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. En estos eventos, el amparo no desplaza de manera definitiva las
competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que opera de
manera temporal, mientras el juez natural resuelve de fondo la controversia.

49. Por tanto, para determinar la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo transitorio no basta con constatar, de manera abstracta, que el
accionante dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Es necesario examinar las circunstancias concretas del asunto y establecer si dicho
mecanismo, aun acompañado de las medidas cautelares que contempla el
ordenamiento, resulta suficiente para brindar una protección oportuna frente a la
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales alegados. De igual manera,
debe verificarse la existencia de un perjuicio irremediable, entendido a partir de sus
características de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la
intervención judicial. Sobre ello, el Tribunal Constitucional indicó:

“De lo expuesto previamente, es posible concluir que, en principio, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho es un mecanismo
judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por un acto administrativo. Ello es así, por
cuanto: (i) la labor del juez administrativo no se limita a llevar a cabo un

10
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2023. Magistrado ponente: Antonio José Lizarazo
Ocampo.

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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

control de legalidad, sino que, además, debe garantizar la efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política, entre ellos los
fundamentales, para lo cual será relevante aquella jurisprudencia
constitucional que hubiere resuelto casos sustantivos semejantes en sede
de tutela; (ii) quien ejerce el medio de control puede solicitar medidas
cautelares con el fin de proteger el objeto del proceso, que es, precisamente,
lograr el restablecimiento del derecho presuntamente vulnerado; (iii) aunque
se debe cumplir con ciertos requisitos formales, el decreto de la medida
cautelar se decide en un término breve (análogo al dispuesto para el trámite
de la acción de tutela); (iv) en todo caso, es posible decretar la medida sin
agotar el trámite previsto para ello, cuando se advierte que esta se requiere
con urgencia; (v) finalmente, una de las razones que revela la urgencia de
la medida cautelar, y por la cual es viable decretarla sin agotar dicho trámite,
es la posibilidad de que se cause un perjuicio irremediable a los derechos
del solicitante”11.

50. Bajo esta perspectiva, la procedencia excepcional de la tutela como mecanismo
transitorio frente a actos administrativos exige una valoración concreta de la
situación planteada, en la que se determine, de una parte, la existencia de un medio
ordinario de defensa judicial y, de otra, si las circunstancias particulares del caso
hacen necesaria la intervención temporal del juez constitucional para evitar un
perjuicio irremediable. En consecuencia, cuando se advierta que la utilización del
medio de control ordinario no permite conjurar oportunamente la afectación alegada
y que se encuentran acreditados los presupuestos constitucionales para la
configuración de un perjuicio de esa naturaleza, la acción de tutela puede adquirir
carácter transitorio, sin que ello implique desconocer la competencia de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver de manera definitiva la
controversia.

El derecho a la estabilidad laboral reforzada por fuero sindical

51. El fuero sindical constituye una garantía constitucional estrechamente vinculada
con los derechos de asociación y libertad sindical, cuya finalidad principal consiste
en proteger a las organizaciones sindicales frente a decisiones del empleador que
puedan afectar su funcionamiento o desincentivar el ejercicio de la actividad
sindical. En este sentido, la Corte Constitucional12 ha señalado que, aunque esta
garantía se concreta en una protección especial para determinados trabajadores,
su propósito primordial es preservar la libertad sindical y asegurar que quienes
desempeñan funciones relevantes dentro de la organización puedan ejercerlas sin
temor a represalias.

52. En desarrollo de lo anterior, la Corte ha precisado que el fuero sindical comporta
una forma de estabilidad laboral reforzada, en virtud de la cual el trabajador aforado
no puede ser despedido, trasladado o sometido a modificaciones de sus
condiciones laborales, cuando estas decisiones requieran autorización judicial
previa, sin que exista una calificación anticipada de la justa causa por parte del juez
competente13. De esta manera, la protección no se limita a impedir el despido
arbitrario, sino que busca evitar que las facultades del empleador sean utilizadas

11
Ibid.
12
Corte Constitucional. Sentencia C-033 de 2021.
13
Corte Constitucional. Sentencia C-1119 de 2005.

13

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como mecanismos de presión, retaliación, acoso o persecución contra el trabajador
por razón de su actividad sindical.

53. Así, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la intervención judicial
previa constituye un elemento esencial de la garantía, pues permite que la
existencia de una justa causa sea examinada antes de que produzca efectos la
decisión del empleador. En esa medida, cuando un trabajador amparado por fuero
sindical es desvinculado sin que previamente se haya obtenido la autorización
judicial correspondiente, se desconoce la protección constitucional que garantiza su
estabilidad laboral y, con ello, se comprometen los derechos de asociación y libertad
sindical que el fuero busca preservar.

54. Ahora bien, la Corte Constitucional también ha precisado que el fuero sindical
no constituye una garantía absoluta. Su alcance debe determinarse atendiendo a la
finalidad constitucional que persigue, de manera que pueden existir circunstancias
en las cuales no resulte necesaria la autorización judicial previa, particularmente
cuando la decisión no provenga de una actuación discrecional del empleador
dirigida a afectar la actividad sindical, sino de causas objetivas o de decisiones
adoptadas por autoridades u órganos externos revestidos de garantías de
independencia e imparcialidad. Sobre ello, precisó:

“Asimismo, precisó este tribunal que el fuero sindical no constituye una
garantía absoluta y, por lo tanto, admite excepciones y restricciones
legítimas, a partir de dos criterios: (i) la finalidad misma del fuero sindical,
que consiste en amparar la libertad sindical, frente a las decisiones del
empleador que resulten de su discrecionalidad y que, directa o
indirectamente, tengan por objeto obstruir la labor del sindicato por lo que,
entre otras hipótesis, no se requiera el levantamiento del fuero sindical ante
la constatación de causas objetivas o de decisiones que provengan de
órganos externos que, además, se encuentren revestidos de suficientes
garantías de independencia e imparcialidad y (ii) la naturaleza del vínculo
laboral o de empleo público que ejerce el aforado y que resulta incompatible
con la estabilidad laboral reforzada que se deriva del fuero sindical. […]”14.

55. En consecuencia, la estabilidad laboral reforzada derivada del fuero sindical
debe comprenderse como una garantía constitucional dirigida a asegurar que el
ejercicio de la actividad sindical pueda desarrollarse libremente y sin interferencias
indebidas del empleador. Por ello, cuando la decisión de desvincular al trabajador
aforado proviene de la voluntad del empleador y se adopta sin la correspondiente
calificación judicial previa de la justa causa, la actuación desconoce el ámbito de
protección constitucional del fuero y afecta la estabilidad laboral reforzada que
ampara al trabajador en su condición de aforado15.

El enfoque de género en la jurisprudencia constitucional y su extensión a los
niños, niñas y adolescentes

56. El ordenamiento constitucional colombiano ha reconocido la necesidad de
incorporar un enfoque de género en la interpretación y aplicación de los derechos
fundamentales, como una herramienta indispensable para enfrentar y superar

14
Op. Cit. Sentencia C-033 de 2021.
15
Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 1996.

14

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situaciones históricas de discriminación y desigualdad estructural. En este sentido,
la Corte Constitucional16 ha señalado que dicho enfoque constituye un criterio
hermenéutico de carácter obligatorio para todas las autoridades, en la medida en
que permite visibilizar, cuestionar y corregir las cargas desproporcionadas que
recaen sobre determinados grupos debido a su género.

57. En desarrollo de lo anterior, la Corte ha enfatizado que el enfoque de género no
puede entenderse como una opción discrecional, sino como un mandato vinculante
que orienta el análisis de las autoridades frente a contextos de violencia,
subordinación o desigualdad estructural. En esa medida, su aplicación resulta
indispensable para evitar decisiones aparentemente neutrales que, en la práctica,
perpetúan escenarios de discriminación o incluso propician la revictimización de
quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

58. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional también ha reconocido que este
enfoque no se limita a las mujeres adulta, sino que se proyecta de manera
transversal sobre otros sujetos de especial protección constitucional, entre ellos los
niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de una protección reforzada en virtud
del artículo 44 de la Constitución Política. En este contexto, el Tribunal
Constitucional17 ha destacado que el análisis debe realizarse desde una perspectiva
integral, que tenga en cuenta variables como la edad, el sexo, las condiciones
particulares de vulnerabilidad y el entorno social en el que se desenvuelven.

59. En consecuencia, el enfoque de género en materia constitucional debe aplicarse
de manera transversal y en articulación con otros enfoques diferenciales,
particularmente cuando están involucrados niños, niñas y adolescentes. Ello implica
que las autoridades no sólo deben abstenerse de incurrir en actos discriminatorios,
sino que están obligadas a adoptar medidas positivas, oportunas y eficaces
orientadas a garantizar la igualdad material, la dignidad humana y el goce efectivo
de los derechos fundamentales, para así asegurar una protección integral y
conforme a los postulados del Estado Social de Derecho.

El derecho a la estabilidad laboral reforzada por fuero de lactancia

60. La Corte Constitucional18 ha reconocido que las mujeres durante el periodo de
lactancia son titulares de una especial protección constitucional en el ámbito laboral,
derivada de los mandatos de protección a la maternidad, la igualdad y la familia, así
como de la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo de la lactancia materna. En
este sentido, la estabilidad laboral reforzada constituye una garantía dirigida a
asegurar la permanencia o continuidad del vínculo laboral y a impedir que la
trabajadora sea desvinculada por razón de su condición de lactante.

61. En desarrollo de esta protección, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que el denominado fuero de maternidad comprende también a las mujeres lactantes
y tiene como finalidad evitar que el ejercicio de la maternidad y la lactancia se

16
Ver Corte Constitucional, sentencia T-878 de 2014.
17
Ver sentencia T-261 de 2024.
18
Véase sentencia T-169 de 2025.

15

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convierta en un factor de discriminación en el ámbito laboral. Por ello, la Corte ha
establecido que la protección se extiende a las distintas modalidades de vinculación
laboral y, en determinados supuestos, a relaciones contractuales distintas del
contrato de trabajo, pues su fundamento es constitucional y no depende
exclusivamente de la naturaleza formal del vínculo.

62. Ahora bien, la Corte ha distinguido el alcance de la protección durante el
embarazo, la licencia de maternidad y el periodo posterior de lactancia. En
particular, ha señalado que, una vez culminada la licencia de maternidad, subsiste
la prohibición de que la terminación del vínculo laboral tenga como fundamento la
condición de lactante, aunque el alcance de determinadas garantías puede variar
según el momento en que ocurra la desvinculación19. La jurisprudencia más reciente
de la Corte ha reiterado, además, que la protección constitucional frente a la
discriminación por razón de la lactancia no se agota en los primeros meses
posteriores al parto. Al respecto, ha indicado:

“[…] (i) la interpretación literal del artículo 239.2 del CST es inadmisible, por
cuanto infiere un grave daño a los principios constitucionales que amparan
la lactancia materna; (ii) dicha interpretación se basa en una norma que fue
redactada antes de la entrada en vigencia de la Ley 2306 de 2023, por lo
que debe ser comprendida consultando la tendencia agregativa que ha
seguido el Legislador, y no en su contra. En criterio de la Sala, estas razones
llevan a concluir que la presunción de despido discriminatorio y la obligación
de obtener la autorización del inspector de trabajo resultan aplicables a la
mujer lactante durante los seis primeros meses posteriores al nacimiento del
bebé, y a aquellas que realicen una lactancia materna continua, con
posterioridad a los seis meses de vida del niño y hasta los dos años de
edad”20.

63. En este orden de ideas, la estabilidad laboral reforzada durante el periodo de
lactancia constituye una garantía de protección frente a decisiones laborales
discriminatorias que tengan como fundamento la condición de mujer lactante. Su
alcance debe determinarse atendiendo al momento en que se produce la
desvinculación y a las circunstancias particulares del caso, de manera que la
decisión no resulte incompatible con la especial protección constitucional que la
Corte ha reconocido a las mujeres lactantes y con los derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo y a la lactancia materna.

Análisis del caso concreto y de los defectos específicos

64. En el presente asunto, las señoras Liceth Adriana Pérez Urbina y Eliana Patricia
Pabón Rodríguez solicitan la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo y judicial, a la defensa, a la contradicción, al trabajo, al
mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, al fuero sindical, al fuero de lactancia,
a la igualdad, a la dignidad humana, a la confianza legítima, a la seguridad jurídica
y al acceso efectivo a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el Juzgado Primero (1.°)
Administrativo del Circuito de Pamplona y el municipio de Cucutilla. Lo anterior, con

19
Ibid.
20
Ibid.

16

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ocasión de la expedición de los siguientes actos administrativos, proferidos por el
mencionado ente territorial:

̶ Decreto núm. 057 de 2026, mediante el cual declaró la suspensión
provisional del nombramiento en provisionalidad de la funcionaria Liceth
Adriana Pérez Urbina en el cargo denominado “profesional universitario –
psicóloga, Código 2019, Grado 01 del Nivel Profesional”21, adscrito a la
Secretaría General y de Gobierno de la planta profesional de la Alcaldía
Municipal de Cucutilla, a partir del 4 de junio de 2026.

̶ Decreto núm. 058 de 2026, mediante el cual declaró la suspensión
provisional del nombramiento en provisionalidad de la funcionaria Eliana
Patricia Pabón Rodríguez en el cargo denominado “profesional universitario
– trabajador social, Código 2019, Grado 01 del Nivel Profesional”22, adscrito
a la Secretaría General y de Gobierno de la planta profesional de la Alcaldía
Municipal de Cucutilla, a partir del 4 de junio de 2026.

65. Para resolver, de conformidad con las pruebas aportadas al plenario, esta
Subsección encuentra demostrado lo siguiente:

̶ La inspectora del trabajo de la Dirección Territorial de Norte de Santander del
Ministerio del Trabajo, por medio de la Constancia de Registro Modificación
de la Junta Directiva y/o Comité Ejecutivo de una Organización Sindical,
registró la junta directiva del Sindicato de Servidores Públicos del
Departamento de Norte Santander (SINDENORTE). El trámite en mención
se efectuó mediante número de registro 017 del 23 de octubre de 2024.

̶ En el citado depósito aparecen los representantes principales y suplentes del
SINDENORTE, dentro de los que se encuentran la señora Liceth Adriana
Pérez Urbina, a cargo de la Secretaría de Empleo Público de la organización;
y la señora Eliana Patricia Pabón Rodríguez, como secretaria general
suplente23.

̶ El Grupo Interno de Trabajo de Archivo Sindical del Ministerio del Trabajo, a
través de su coordinadora, certificó que la organización sindical denominada
Sindicato de Servidores Públicos del Departamento de Norte Santander
(SINDENORTE), de primer grado y de industria, aparecía inscrita y vigente.
Dicho documento se expidió el 20 de febrero de 202624.

̶ Asimismo, se advierte que la información en comento, así como las
consecuencias del alcance de la medida cautelar de suspensión del Decreto
077 de 2023 y los principios mínimos fundamentales en el empleo público de
los empleados públicos, fue puesto en conocimiento del señor Rodrigo

21
Folio 279 ibid.
22
Folio 284 ibid.
23
Folio 295. Archivo “004_4ED_PRUEBA_11_6_202611_2”.
24
Folio 293.

17

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Hernando Parada Páez, como alcalde del municipio de Cucutilla, a través de
oficio recibido el 18 de marzo de 2026, en el cual se indicó lo siguiente:

“De otra parte, es preciso señalar, que las funcionarias ELIANA
PATRICIA PABÓN RODRÍGUEZ y LICETH ADRIANA PÉREZ
URBINA gozan de la garantía del fuero sindical por hacer parte de la
junta directiva de la organización sindical SINDENORTE, es decir, no
poder (sic) ser desmejoradas, ni trasladadas, ni despedidas sin
autorización previa del juez laboral, situación que fue comunicada al
señor alcalde […]”25

̶ De igual modo, en el expediente se encuentra acreditado, de una parte, que
la señora Liceth Adriana Pérez Urbina dio a luz a su hijo el 11 de septiembre
de 2025, por lo que, al momento de expedirse los actos administrativos
acusados, aquel tenía nueve meses de edad y, para la fecha de presentación
de la impugnación que se resuelve en el presente caso, la accionante aún se
encontraba en periodo de lactancia; y, de otra, que la señora Eliana Patricia
Pabón Rodríguez es madre cabeza de familia de un menor de catorce años.

66. Descrito lo anterior, la Sala observa que, en el presente asunto, (i) está
demostrado que las señoras Liceth Adriana Pérez Urbina y Eliana Patricia Pabón
Rodríguez hacen parte de la junta directiva de SINDENORTE, en calidad de
secretaria de Empleo Público y secretaria general suplente, respectivamente, y que
dicha organización sindical se encuentra inscrita y vigente ante el Ministerio del
Trabajo; (ii) tal circunstancia, así como la consecuente garantía del fuero sindical
que las cobijaba, fue puesta expresamente en conocimiento del alcalde del
municipio de Cucutilla desde el 18 de marzo de 2026, antes de la expedición de los
actos administrativos cuestionados; y (iii) pese a ello, la entidad accionada dispuso
la suspensión provisional de sus nombramientos, sin que se advierta que
previamente hubiera obtenido autorización del juez laboral para adoptar una medida
que afectara la situación laboral de las accionantes amparada por el fuero sindical.

67. A lo anterior se suma que la señora Liceth Adriana Pérez Urbina, para la fecha
de expedición del acto administrativo que afectó su vínculo laboral, estaba en
periodo de lactancia de su hijo de nueve meses de edad, mientras que, respecto de
la señora Eliana Patricia Pabón Rodríguez, obran elementos que permiten tener
acreditada, al menos prima facie, su condición de madre cabeza de familia de un
menor de catorce años, circunstancia que refuerza la valoración del perjuicio
irremediable. Estas circunstancias imponían a la administración el deber de
observar, con especial rigor, las garantías constitucionales de estabilidad laboral
reforzada que cobijaban a las accionantes y de valorar las consecuencias que una
decisión de esa naturaleza tendría sobre sus derechos fundamentales al trabajo y
al mínimo vital.

68. De otra parte, la Sala advierte que la suspensión provisional de los
nombramientos de las accionantes no puede entenderse como una actuación
ejecutada en cumplimiento de una orden judicial establecida en la medida cautelar
decretada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante auto del

25
Folio 291 ibid.

18

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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

6 de marzo de 2026, pues dicha decisión se limitó a suspender los efectos generales
del Decreto 077 del 12 de diciembre de 2023, que modificó y adicionó el manual
específico de funciones y competencias laborales para los empleos asociados al
funcionamiento de la comisaría de familia del ente territorial; y no recayó sobre una
situación jurídica particular y concreta de las accionantes.

69. Señalado lo anterior, el presente asunto, la Sala encuentra acreditada la
existencia de un perjuicio irremediable que habilita la procedencia excepcional de la
acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, se satisface el requisito de
inminencia, en tanto la suspensión de los nombramientos de las accionantes
produjo una afectación actual de su vínculo laboral y, con ello, de los ingresos
destinados a atender sus necesidades básicas y las de sus respectivos núcleos
familiares, de los cuales hacen parte dos menores de edad. Asimismo, se configura
la gravedad del perjuicio, pues la pérdida de la fuente de ingresos compromete de
manera significativa sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital,
particularmente si se considera la situación de trabajadoras aforadas.

70. De igual manera, se cumple el requisito de urgencia, dado que la afectación
derivada de la desvinculación laboral requiere una respuesta judicial inmediata que
evite que la lesión de los derechos fundamentales se prolongue mientras la
jurisdicción de lo contencioso administrativo adopta una decisión definitiva sobre la
legalidad de los actos cuestionados. Finalmente, se satisface el requisito de
impostergabilidad, puesto que la protección de los derechos fundamentales
comprometidos no puede quedar supeditada al tiempo que demande el trámite del
medio de control ordinario, de manera que resulta necesario adoptar, de forma
transitoria, las medidas encaminadas a restablecer la situación laboral de las
accionantes hasta tanto el juez natural resuelva de fondo la controversia.

71. Respecto del fondo del asunto, en primer lugar, la Sala encuentra acreditado
que las señoras Liceth Adriana Pérez Urbina y Eliana Patricia Pabón Rodríguez se
encontraban amparadas por fuero sindical al momento en que el municipio de
Cucutilla expidió los Decretos 057 y 058 de 2026. En efecto, ambas figuraban
inscritas como integrantes de la junta directiva de SINDENORTE —la primera como
secretaria de Empleo Público y la segunda como secretaria general suplente—,
organización sindical vigente ante el Ministerio del Trabajo. Además, esta
circunstancia y la garantía foral que de ella se derivaba habían sido comunicadas
expresamente al alcalde municipal desde el 18 de marzo de 2026, esto es, antes de
que se adoptaran las decisiones que afectaron sus vínculos laborales.

72. Pese a ese conocimiento previo, el municipio suspendió los nombramientos de
las accionantes sin obtener autorización del juez laboral para afectar su situación
laboral. Con ello desconoció la garantía esencial del fuero sindical, consistente en
que quien se encuentra protegido por este no puede ser despedido, trasladado o
desmejorado en sus condiciones laborales, cuando resulte exigible la autorización
judicial previa, sin que el empleador pueda sustituir por su propia apreciación el
control del juez competente. Esta omisión comprometió no solo la estabilidad laboral
reforzada de las accionantes, sino también los derechos de asociación y libertad
sindical que la garantía foral procura preservar; además, la suspensión del Decreto
077 de 2023 no relevaba al municipio de observar esa protección, pues la medida

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04478-01
Accionante: Liceth Adriana Pérez Urbina y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

cautelar judicial no recayó directamente sobre los actos particulares de
nombramiento.

73. En ese contexto, si el municipio estimaba que la suspensión provisional del
Decreto 077 de 2023 hacía jurídicamente necesario afectar la permanencia de las
accionantes en sus empleos, correspondía a la propia administración, en su
condición de empleadora y conocedora de la garantía foral, acudir previamente ante
el juez laboral competente para obtener la autorización necesaria para modificar su
situación laboral. La existencia de la medida cautelar sobre el acto general no
trasladó ni eliminó esa carga, pues dicha providencia no dispuso la suspensión de
los actos particulares de nombramiento ni autorizó al municipio para prescindir del
control judicial previo inherente al fuero sindical. Por tanto, la administración no
podía sustituir ese trámite mediante su propia apreciación acerca de los efectos que
la suspensión del Decreto 077 de 2023 debía producir sobre los vínculos
individuales de las servidoras aforadas.

74. A ese desconocimiento se suma, en segundo lugar, respecto de Liceth Adriana
Pérez Urbina, la protección constitucional derivada del período de lactancia. Está
acreditado que su hijo nació el 11 de septiembre de 2025 y que, cuando se expidió
el acto que suspendió su nombramiento, tenía nueve meses de edad; asimismo, en
el expediente se indicó que la accionante continuaba en período de lactancia. Esta
circunstancia encuentra respaldo, además, en las fotografías aportadas al
expediente en las que se observa a la accionante amamantando a su hijo, elemento
que debe valorarse conjuntamente con su manifestación, bajo el principio de buena
fe que rige las actuaciones de los particulares ante las autoridades y el carácter
informal y sumario de la prueba en sede de tutela. Conforme con la jurisprudencia
constitucional reseñada, la protección reforzada no se agota necesariamente al
cumplirse los primeros seis meses posteriores al nacimiento, pues puede
extenderse mientras exista lactancia materna continua y hasta los dos años de edad
del niño.

75. En esas condiciones, antes de adoptar una medida que afectara la continuidad
del vínculo de la señora Pérez Urbina, la administración debía verificar su situación
concreta de lactancia y observar las garantías reforzadas asociadas a esa
condición, incluida, cuando resultara exigible, la autorización previa de la autoridad
laboral competente. Sin embargo, el municipio suspendió su nombramiento sin que
se advierta que hubiera adelantado esa verificación ni solicitado la autorización
correspondiente, con lo cual privó a la accionante del control previo previsto
precisamente para evitar decisiones laborales incompatibles con la protección
constitucional de la maternidad y la lactancia. Por tanto, en su caso, la afectación
de la estabilidad laboral reforzada resulta concurrente: a la inobservancia del fuero
sindical se adicionó el desconocimiento de la especial protección derivada de su
condición de mujer lactante.

76. Así las cosas, la Sala concluye que el municipio de Cucutilla vulneró los
derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de las señoras
Liceth Adriana Pérez Urbina y Eliana Patricia Pabón Rodríguez, particularmente las
garantías derivadas del fuero sindical y, en el caso de la primera, de la protección
constitucional asociada al periodo de lactancia, al haber dispuesto la suspensión de

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Accionante: Liceth Adriana Pérez Urbina y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

sus nombramientos sin observar previamente los mecanismos de protección judicial
establecidos para quienes se encuentran cobijados por tales garantías.

77. De esta manera, la vulneración no deriva de que el municipio estuviera
impedido, en términos absolutos, para adoptar decisiones administrativas respecto
de los empleos ocupados por las accionantes, sino de haberlas materializado sin
observar previamente las garantías que condicionaban jurídicamente esa actuación.
El fuero sindical no hacía inmutable su situación laboral, pero sí imponía a la
administración la carga de acudir al juez competente para obtener la autorización
correspondiente antes de adoptar una medida que incidiera desfavorablemente en
sus vínculos. En consecuencia, el amparo debe dirigirse a restablecer
transitoriamente la protección desconocida, sin sustituir las competencias del juez
laboral respecto del fuero ni las del juez contencioso-administrativo para decidir
definitivamente sobre la legalidad de los actos cuestionados.

78. Por lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad y, en
su lugar, se concederá el amparo transitoriamente y se dispondrá el
restablecimiento transitorio de su situación laboral en los términos que se precisan
a continuación .

79. Con ese fin, de manera transitoria, la Sala dejará sin efectos (i) el Decreto núm.
057 de 2026, mediante el cual el municipio de Cucutilla declaró la suspensión
provisional del nombramiento en provisionalidad de la funcionaria Liceth Adriana
Pérez Urbina en el cargo denominado “profesional universitario – psicóloga, Código
2019, Grado 01 del Nivel Profesional”, adscrito a la Secretaría General y de
Gobierno de la planta profesional de la Alcaldía Municipal de Cucutilla, a partir del
4 de junio de 2026; y (ii) del Decreto núm. 058 de 2026, mediante el cual el municipio
de Cucutilla declaró la suspensión provisional del nombramiento en provisionalidad
de la funcionaria Eliana Patricia Pabón Rodríguez en el cargo denominado
“profesional universitario – trabajador social, Código 2019, Grado 01 del Nivel
Profesional”, adscrito a la Secretaría General y de Gobierno de la planta profesional
de la Alcaldía Municipal de Cucutilla, a partir del 4 de junio de 2026.

80. Como consecuencia del amparo transitorio, se ordenará al municipio de
Cucutilla adoptar las medidas administrativas necesarias para restablecer la
situación laboral de las accionantes. Para ello, deberá procurar, en primer término,
su reincorporación a los cargos que venían desempeñando, siempre que ello resulte
jurídica y materialmente posible. Si dicha alternativa no fuere viable, deberá
ubicarlas en empleos de igual nivel, grado, remuneración y condiciones laborales o,
subsidiariamente, en cargos equivalentes que garanticen condiciones no inferiores
a las previamente reconocidas. De existir un empleo de superior categoría que se
encuentre jurídicamente disponible y para el cual las accionantes reúnan los
requisitos correspondientes, la administración podrá acudir a esa alternativa. En
todo caso, la medida deberá ejecutarse sin desmejora de sus condiciones laborales,
salariales y prestacionales y sin perjuicio de las competencias de las autoridades
llamadas a definir definitivamente su situación jurídica.

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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

81. Adicionalmente, la Sala precisa que, siempre que las accionantes acudan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para discutir sus pretensiones, las
órdenes que se imparten en la presente sentencia permanecerán vigentes mientras
la autoridad judicial competente decida de fondo y de manera definitiva la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho que presenten las señoras contra el
municipio de Cucutilla.

82. Por último, respecto de la medida provisional solicitada por el apoderado de la
parte accionante en el escrito de impugnación, la Sala considera que no hay lugar
a emitir un pronunciamiento particular sobre ella, toda vez que, al accederse al
amparo transitorio de los derechos fundamentales invocados, las órdenes que se
impartirán en la presente providencia resultan suficientes para garantizar su
protección.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de julio de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. En su lugar:

SEGUNDO: AMPARAR TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales al
trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de las señoras Liceth Adriana Pérez
Urbina y Eliana Patricia Pabón Rodríguez, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS DE MANERA TRANSITORIA (i) el Decreto
núm. 057 de 2026, mediante el cual el municipio de Cucutilla declaró la suspensión
provisional del nombramiento en provisionalidad de la funcionaria Liceth Adriana
Pérez Urbina en el cargo denominado “profesional universitario – psicóloga, Código
2019, Grado 01 del Nivel Profesional”, adscrito a la Secretaría General y de
Gobierno de la planta profesional de la Alcaldía Municipal de Cucutilla, a partir del 4
de junio de 2026; y (ii) el Decreto núm. 058 de 2026, mediante el cual el municipio
de Cucutilla declaró la suspensión provisional del nombramiento en provisionalidad
de la funcionaria Eliana Patricia Pabón Rodríguez en el cargo denominado
“profesional universitario – trabajador social, Código 2019, Grado 01 del Nivel
Profesional”, adscrito a la Secretaría General y de Gobierno de la planta profesional
de la Alcaldía Municipal de Cucutilla, a partir del 4 de junio de 2026. Esto, hasta que
la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida de fondo sobre el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que la parte accionante deberá
promover en contra de la entidad accionada, dentro de los próximos cuatro (4)
meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, so pena de la pérdida
de vigencia de la protección.

CUARTO: ORDENAR al municipio de Cucutilla (Norte de Santander) que, dentro
de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las

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Accionante: Liceth Adriana Pérez Urbina y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

medidas administrativas necesarias para restablecer transitoriamente la situación
laboral de las señoras Liceth Adriana Pérez Urbina y Eliana Patricia Pabón
Rodríguez, mediante su reincorporación a los cargos que venían desempeñando o,
de no ser ello jurídica o materialmente posible, su ubicación en empleos iguales o
equivalentes que garanticen condiciones laborales, salariales y prestacionales no
inferiores a las que tenían. De existir un empleo de superior categoría jurídicamente
disponible para el cual cumplan los requisitos exigidos, la administración podrá
disponer su ubicación en este.

QUINTO: ADVERTIR a las señoras Liceth Adriana Pérez Urbina y Eliana Patricia
Pabón Rodríguez que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.° del Decreto 2591
de 1991, las órdenes previstas en los numerales tercero y cuarto de la presente
providencia quedan supeditadas a que presenten, si no lo han hecho, la demanda
en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante
el juez de lo contencioso administrativo, en los términos previstos en el artículo 164
del CPACA.

SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

SÉPTIMO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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