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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04487-00

Fecha
20 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04487-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Desvincular de la acción de tutela a la jueza encargada del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó, por falta de legitimación en la causa por pasiva. Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Jackson Martínez Mayo, quien actúa en nombre propio, contra el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó, el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Quibdó y la Fiscalía 235 Especializada Encargada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el accionante contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de Quibdó y la Defensoría del Pueblo, por las razones aquí expuestas. Cuarto.- Amparar el derecho fundamental de petición del señor Jackson Martínez Mayo y, en consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo del Chocó que, dentro en un término de 48 horas contadas a partir del día siguiente del levantamiento de la suspensión de términos judiciales dispuesta en el Acuerdo PCSJA26-12564 de 10 de agosto de 2026, prorrogado mediante el Acuerdo PCSJA26-12567 de 12 de agosto de 2026, o si hubiere alguno posterior, se pronuncie en relación con la 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-04487-00 Accionante: Jackson Martínez Mayo petición presentada el 13 de mayo de 2026, respuesta que deberá ser notificada en debida forma al actor conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011. Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04487-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

20 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04487-00
Accionante: JACKSON MARTÍNEZ MAYO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, JUZGADO
CUARTO PENAL ESPECIALIZADO DE QUIBDÓ, JUZGADO
SEXTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL
DE GARANTÍAS DE QUIBDÓ, JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE QUIBDÓ, JUZGADO DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE QUIBDÓ,
DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

Temas: Tutela contra autoridades administrativa y judicial. Derecho de
petición. Carga de probar la presentación de la solicitud y de dar
respuesta al requerimiento. Presunción de veracidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Jackson Martínez Mayo, quien actúa en nombre propio,
contra el Tribunal Administrativo del Chocó, el Juzgado Cuarto Penal Especializado
de Quibdó, el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Quibdó, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Quibdó, el Juzgado de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía
General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 10 de junio de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
su derecho fundamental de petición, supuestamente vulnerado por las autoridades
accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“TUTELA el derecho fundamental de petición y en consecuencia:

Ordene a los accionados responder la solicitud elevada ante los accionados con respecto
a la existencia de un parentesco por consanguinidad entre los mismo[s] acreditando tal
situación con el registro civil”.

2. Hechos

El demandante relató que el 13 de mayo de 2026 presentó una solicitud de
información ante las autoridades accionadas, con el fin de determinar parentesco
1

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Accionante: Jackson Martínez Mayo

entre los siguientes funcionarios: “juzgado 04 penal especializado de quibdó, h. dra.
Karen Palacios Palacios, juzgado 06 de control de garantias de quibdó Arismendi
Palacios Palacios, tribunal contencioso administrativo, h. magistrado Larry Yesid
Cuesta Palacios, juzgado tercero civil municipal señora jueza Sirley Palacios
Bonilla, juzgado de ejecucion de penas y medidas de seguridad de quibdó Soraida
Palacios Mosquera”, “Jose Ricael Palacios Cabrera – abogado de oficio De Jackson
Martínez Mayo” y la “fiscalia general de la nacion, fiscal segunda, dr. (sic) Sandra
Patricia Palacios Torres”.

Indicó que la jueza Sirley Palacios Bonilla le manifestó que la solicitud era
irrespetuosa y solicitó su aclaración. Asimismo, la fiscal Sandra Catalina Palacios
Torres le manifestó que no tenía parentesco con los funcionarios que integran los
despachos de las demás autoridades, sin embargo, no aportó el registro civil de
nacimiento.

Finalmente, manifestó que la jueza Karen Palacios Palacios señaló que no tenía
parentesco con los funcionarios que se señalan en la petición, pero tampoco aportó
el registro civil de nacimiento. Agregó que los demás peticionados guardaron
silencio.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que las autoridades accionadas vulneraron su derecho
fundamental de petición, al considerar que las respuestas otorgadas no fueron
precisas ni de fondo, toda vez que no se aportaron los registros civiles de
nacimiento.

Adicionalmente, indicó que el Tribunal Administrativo del Chocó, el Juzgado Sexto
de Control de Garantías de Quibdó, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Quibdó y la Defensoría del Pueblo, para el momento de la
presentación de la acción de tutela no habían dado respuesta a la petición.

4. Trámite procesal

Por auto de 12 de junio de 2026, el magistrado sustanciador requirió a la parte actora
para que indicara con la mayor claridad posible y de manera precisa, i) las
autoridades o entidades demandadas, ii) los hechos, iii) las pretensiones objeto de
tutela y iv) las razones en que sustenta la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales invocados en el escrito. Asimismo, se le solicitó que allegara copia
legible o en formato pdf de las peticiones presentadas ante las entidades
demandadas, las cuales son objeto de la acción constitucional, con la respectiva
constancia de radicación.

El demandante atendió de manera parcial el requerimiento, pues precisó las
autoridades accionadas, hechos y pretensiones. Pese a lo anterior, en auto de 30
de junio de 2026 se admitió la demanda y ordenó la notificación al accionante y a
las autoridades accionadas.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 121597 a 121605
de 2 de julio de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
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5. Oposición

5.1. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La señora Sandra Catalina Palacios Torres, en su calidad de Fiscal 235 (e) de la
Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos pidió que
se negaran las pretensiones de la acción de tutela, en tanto el 3 de julio de 2026
brindó respuesta a la petición formulada por el actor, la cual fue remitida a su correo
electrónico el mismo día.

Agregó que se abstuvo de aportar el registro civil de nacimiento, toda vez que este
contiene datos sensibles, como su filiación y detalles familiares que no está
obligada a divulgar.

5.2. Respuesta del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de
Quibdó

La jueza Karen Lizette Palacios Palacios solicitó que se declare la improcedencia
de la solicitud, bajo el argumento de que las peticiones presentadas por el
demandante han sido respondidas, aun cuando están encaminadas a resolver
temas que nada tienen que ver con la actividad laboral, sino que, por el contrario,
aluden a su ámbito personal.

Indicó que no se suministró el registro civil de nacimiento, en atención a que la
respuesta dada a la solicitud resultaba suficiente para entregar la información
relacionada con el vínculo familiar, además esta refleja información de carácter
personal.

5.3. Respuesta del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Quibdó

La juez encargada Carmen Rosa Cuervo Poso informó que la funcionaria titular del
despacho se encuentra con incapacidad médica desde el 13 de junio de 2026,
razón por la cual “mediante Oficio No. 1018 del 06 de julio de 2026, la suscrita dio
respuesta a la petición del actor recibida en el correo electrónico del despacho,
informándole la situación presentada con la doctora Palacios Mosquera y las
razones por las cuales no es posible para esta servidora suministrar la información
solicitada en su derecho de petición, ya que se desconocen los vínculos
consanguíneos de la señora jueza titular y no se tiene acceso a la documentación
personal que solicita el tutelante”.

Por lo anterior, solicitó que se le desvinculara del trámite constitucional, por carecer
de legitimación en la causa por pasiva.

5.4. Respuesta del Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Quibdó

El juez Juan Adelmo Murillo Ramírez solicitó que se declare la carencia actual de
objeto, toda vez que emitió una respuesta clara, concreta y precisa a la petición del
demandante, la cual se le notificó por medio de correo electrónico al accionante el
2 de julio de 2026.
3

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5.5. El Tribunal Administrativo del Chocó, la Defensoría del Pueblo y el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Quibdó aun cuando se les notificó en debida
forma del auto admisorio, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

La jueza encargada del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Quibdó solicitó que se desvincule del trámite constitucional, teniendo en cuenta
que la titular del despacho se encuentra incapacitada y no conoce la información
personal solicitada por el demandante.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que al
estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada” 1. En ese orden de ideas, la Sala
accederá a la solicitud de desvinculación, toda vez que de los informes allegados al
trámite constitucional se evidencia que la solicitud se refiere a aspectos personales
de la titular del despacho quien se encuentra incapacitada.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo del Chocó, el Juzgado
Cuarto Penal Especializado de Quibdó, el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Quibdó, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Quibdó, el
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó, la Defensoría del
Pueblo y la Fiscalía General de la Nación vulneraron al demandante el derecho
fundamental de petición, por la falta de respuesta a las solicitudes de información
presentadas.

4. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

1
Sentencia T-005 de 2022.
4

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Accionante: Jackson Martínez Mayo

En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional ha
precisado que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes elementos que
constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se
abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y oportuna, es decir, la respuesta
debe producirse dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible, así como clara,
precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto
a todos y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se
debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de este derecho
no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o material dentro del
término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos sucesivos, ambos
subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de aquél. En primer
lugar, se encuentra la recepción y trámite de la petición, que supone el contacto del
ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el
momento de la respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para
llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de
notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular
de su respuesta y lograr constancia de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el derecho de
petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo solicitado y cuando se
cumple con la obligación de notificar al particular sobre la respuesta adoptada por la entidad”2.
(destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del mismo,
en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes del
vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora así
como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto”.

2
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5

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En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva, en
caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley
1437 de 20113.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Jackson Martínez Mayo, quien actúa en nombre propio, presentó acción
de tutela con el objeto de que el juez constitucional proteja su derecho fundamental
de petición, supuestamente vulnerado por el Tribunal Administrativo del Chocó, el
Juzgado Cuarto Penal Especializado de Quibdó, el Juzgado Sexto Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Quibdó, el Juzgado Tercero Civil Municipal
de Quibdó, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó,
la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, al no brindar respuesta
de fondo, clara y congruente a la solicitud presentada el 13 de mayo de 2026
relacionada con información referente a la posible existencia de lazos de
consanguinidad entre los funcionarios de los despachos que integran dichas
autoridades.

La Sala anticipa que en razón a que se encuentran involucradas varias autoridades
quienes desplegaron diferentes actuaciones frente a la solicitud formulada por el
actor en ejercicio del derecho de petición, el problema jurídico se abordará bajo la
siguiente metodología: i) determinar el sentido de la petición de información que
presentó el señor Jackson Martínez, ii) verificar la procedencia de la solicitud de
amparo respecto de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito Especializado de Quibdó y el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Quibdó y, finalmente, iii) determinar si el actuar del
Juzgado Tercero Civil Municipal de Quibdó, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal
Administrativo del Chocó constituye una vulneración del derecho fundamental de
petición del accionante.

Precisado lo anterior, se procedió al estudio conjunto de las pruebas que se
aportaron al trámite constitucional y los informes allegados, de los cuales la Sala
evidenció que el 13 de mayo de 2026 el actor envió un correo electrónico dirigido a
las accionadas con el asunto de “solicitud de informe”, el cual fue enviado a las
direcciones sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co, j03cmqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co,
juepenmseg@cendoj.ramajudicial.gov.co, j04ctopeqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j06pmpalgarquibdo@cendoj.ramajudicial.gov.co, sandra.palacios@fiscalia.gov.co y defensoria@defensoria.gov.co.

Igualmente, se constató que en el mencionado correo electrónico había un archivo
adjunto denominado “solicitud informe.pdf”, sin embargo, no se pudo descargar ni
se permitió el acceso a la Sala para conocer su contenido. Por consiguiente, previo
3
La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por el artículo
1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se
informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al
peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se
contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
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a su admisión el magistrado sustanciador requirió al demandante, entre otras cosas,
con el fin de que allegara copia de las peticiones de manera legible o en archivo pdf,
requerimiento que no fue atendido.

Pese a lo anterior, atendiendo a la informalidad de la acción de tutela, el despacho
se comunicó con el accionante vía telefónica el 11 de agosto de 2026, con el fin de
que remitiera copia de la petición. Sin embargo, informó que se encontraba en el
departamento del Chocó y que había intermitencia con las redes de comunicación
móvil y con el servicio de internet, en razón al sismo ocurrido que afectó dicho ente
territorial, razón por la cual solo hasta el 14 de agosto de 2026 pudo remitir copia
digital de la solicitud.

Al analizar el documento allegado por el demandante se evidenció que la petición
que se radicó ante las autoridades accionadas consistió en lo siguiente:

“Con el respeto que acostumbra, identificado como aparece al pie de mi firma, solicito
muy respetuosamente informar de conformidad con el art. 275 del CGP. Si entre ustedes
existe vinculo consanguinidad aportando el registro civil de nacimiento” .

Igualmente, a partir de los informes allegados y las pruebas que se aportaron al
trámite constitucional se constató que, en efecto, la petición que presentó el
demandante versó sobre información referente a las posibles relaciones de
consanguinidad entre los funcionarios o empleados que integran los despachos de
las autoridades accionadas.

Al respecto, la Fiscal 235 Especializada Encargada de la Dirección Especializada
contra las Violaciones a los Derechos Humanos aportó la respuesta a una petición
presentada por el demandante en la cual manifestó que “no tengo vínculo de
consanguinidad con los doctores Karen Palacios Palacios, Arismendi Palacios
Palacios, José Ricael Palacios Cabrera, Larry Yesid Cuesta Palacios, Sirley
Palacios Bonilla y Soraida Mosquera; mucho menos con los señores Lorenz Antonio
Martínez Palacios y Leisa Palacios Palacios; ya que a pesar de que tenemos en
común el apellido Palacios, eso no es indicativo de que seamos familiares”.
Adicionalmente, señaló que no aportaba el registro civil de nacimiento, pues en allí
reposaba información personal, a lo que agregó que el actor no precisó alguna
justificación legal para entregar dicho documento.

Aunado a lo anterior, se observa que la jueza encargada del Juzgado de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó aportó un documento denominado
“respuesta a solicitud de información”, en el que mencionó que “en atención a la
solicitud mediante la cual requiere se le informe si entre los señores Karen Palacios
Palacios, Arismendi Palacios Palacios, José Ricael Palacios Cabrera, Sandra
Patricia Palacios Torres, Larry Yesid Cuesta Palacios, Sirley Palacios Bonilla,
Soraida Palacios Mosquera y Lorenzo Antonio Martinez Palacios (padre de Jackson
Martínez Mayo), existe vínculo de consanguinidad, así como la remisión de los
respectivos registros civiles de nacimiento”.

En esos mismos términos, las titulares del Juzgado Cuarto Penal del Circuito
Especializado de Quibdó y del Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Quibdó, aportaron copia de la respuesta brindada al
demandante, sin embargo, no se observa frente a quiénes el actor solicitó la
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información en relación con el parentesco, pues se limitaron a informar que no
ostentaban relación alguna con los mencionados en la petición y tampoco aportaron
el registro civil de nacimiento.

Por lo anterior, esta Sala considera que la solicitud que presentó ante las
autoridades accionadas se circunscribió a que se informara al demandante si existía
una relación de consanguinidad entre los señores Arismendi Palacios Palacios,
Karen Palacios Palacios, José Ricael Palacios Cabrera, Sandra Patricia Palacios
Torres, Larry Yesid Cuesta Palacios, Sirley Palacios Bonilla, Soraida Palacios
Mosquera y Lorenzo Antonio Martinez Palacios, para lo cual pidió que se aportaran
los registros civiles de nacimiento.

De lo antes expuesto, se observa que la señora Karen Lizette Palacios Palacios, en
calidad de titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó,
en oficio de 3 de julio de 2026 le informó al actor que, “no tiene vinculo (sic) de
consanguinidad con ninguna de las personas enlistada en su solicitud” y que “no
considero procedente remitir copia de mi registro civil de nacimiento, por tratarse de
un documento que contiene datos personales y cuya entrega no resulta necesaria,
teniendo en cuenta la información ya entregada”. Esa respuesta fue remitida al
correo electrónico del demandante (jacksonmartinezmayo@gmail.com) el 3 de julio
de 2026.

Asimismo, el señor Arismendi Palacios Palacios, en calidad de titular del Juzgado
Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Quibdó allegó un
documento de 30 de junio de 2026, dirigido al señor Jackson Martínez Mayo, en el
que afirmó que no ostenta “ningún vínculo de consanguinidad con ninguna de las
personas enlistadas en su petición; pues a pesar de que tenemos en común el
apellido Palacios, eso no se traduce en que seamos familiares”. Igualmente, aportó
la constancia de notificación de la respuesta a la dirección de correo electrónico del
actor el 3 de julio de 2026.

Adicionalmente, la señora Sandra Catalina Palacios Torres, en calidad de fiscal 235
Especializada Encargada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los
Derechos Humanos, aportó copia del oficio de 3 de julio de 2026, en el que le precisó
al demandante que su nombre no es “Sandra Patricia”. Además, que no guarda
ningún vínculo de consanguinidad con las personas señaladas en la solicitud pese
a que tienen el mismo apellido y que se abstiene de “remitir la copia de mi registro
civil de nacimiento; ya que dicho documento contiene mis datos personales que no
pretendo divulgar; más aún cuando no encuentro una justificación legal para
efectuar dicha entrega; y, no se advierte que su petición esté relacionada con alguna
actuación que se tramite en la Fiscalía 235 Especializada que tengo el honor de
Presidir”. Esa respuesta fue notificada al actor por medios electrónicos el 3 de julio
de 2026.s

De lo anterior, se observa que las pretensiones formuladas por el accionante
encaminadas a que se diera respuesta a su petición fue atendida por los titulares
del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó, del Juzgado Sexto
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Quibdó y la Fiscalía 235
Especializada Encargada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los
Derechos Humanos, en el sentido de informarle sobre la inexistencia de relación de
consanguinidad con las personas que señaló en la solicitud. Sin embargo, no le
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Accionante: Jackson Martínez Mayo

expidieron copia del registro civil de cada uno de ellos, por considerar que había
información delicada relacionada con sus familias en dicho documento.

Al respecto, se advierte que el demandante contó con el recurso de insistencia
establecido en el artículo 264 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755
de 2015, con el fin de que el Tribunal Administrativo estudie si se debía expedir de
manera total o parcial el documento requerido en la petición formulada.

Así las cosas, al evidenciar que el actor no agotó el recurso de insistencia en
relación con los Juzgados Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó,
Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Quibdó y
la Fiscalía 235 Especializada Encargada de la Dirección Especializada contra las
Violaciones a los Derechos Humanos, se concluye que la solicitud de amparo frente
las mencionadas autoridades se tornan improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad.

De otro lado, con relación al Juzgado Tercero Civil Municipal de Quibdó se observa
que mediante correo electrónico de 21 de mayo de 2026 el actor solicitó que aclarara
su petición y expresara la finalidad de la misma con sustento en el artículo 19 de la
Ley 1755 de 2015. Sin embargo, el demandante no aportó prueba sumaria en la
que se evidenciara que atendió al requerimiento de aclaración realizado por el
juzgado, razón por la cual no se configura la vulneración del derecho fundamental
de petición alegado.

Igualmente, con respecto a la falta de respuesta a la petición radicada ante la
Defensoría del Pueblo, la Sala encuentra que el actor aportó la constancia del envío
de la solicitud a dicha entidad a la dirección de correo electrónico
defensoria@defensoria.gov.co.

Al verificar la mencionada dirección electrónica se evidenció que, posiblemente el
dominio correspondería a la Defensoría del Pueblo, empero, al verificar la página
web de la entidad se constató que para la radicación de peticiones existe un
formulario publicado en dicha página5. Asimismo, el correo electrónico que aparece
publicado en la misma página para asuntos judiciales es
juridica@defensoria.gov.co.

Aunado a lo anterior, la dirección en la que el actor envió la solicitud se encuentra
bloqueada, lo que quedó demostrado con el envío de un correo electrónico de
prueba, el cual rebotó con el siguiente mensaje: “No se pudo enviar el mensaje al

4
ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>
<Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la persona interesada insistiere
en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal
Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales,
departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales
decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada. Para ello, el funcionario respectivo
enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días
siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos: 1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o
fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha
en la cual las reciba oficialmente. 2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento
disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el
tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante
el respectivo tribunal o juzgado administrativo. PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y
sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
5
http://eliseo.defensoria.gov.co/visionweb/cac2/web_preconsulta.php.
9

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04487-00
Accionante: Jackson Martínez Mayo

grupo de Microsoft 365 defensoria@defensoria.gov.co”. Adicionalmente, el actor no
aportó copia del acuse de recibo por parte de la Defensoría del Pueblo.

Por lo antes expuesto, la Sala concluye que no existen elementos de juicio
suficientes para determinar que el señor Jackson Martínez Mayo radicó en debida
forma la solicitud ante la Defensoría del Pueblo.

En consecuencia, respecto al Juzgado Tercero Civil Municipal de Quibdó y la
Defensoría del Pueblo se negarán las pretensiones relacionadas con la vulneración
al derecho fundamental de petición, en virtud de que no se demostró que el actor
atendiera al requerimiento efectuado por la mencionada autoridad judicial accionada
con el fin de dar respuesta en debida forma y porque el señor Jackson Martínez
Mayo no aportó prueba sumaria de que se radicó la solicitud ante el organismo de
control.

De otro lado, en relación con el Tribunal Administrativo del Chocó se observa que
el accionante radicó la petición ante la Secretaría General de dicha Corporación a
la dirección sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co, la cual aparece en la
página web de la Rama Judicial6 e incluso en la del mismo Tribunal7 (correo
electrónico al que se le notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la
referencia). Por consiguiente, se entiende debidamente presentada la solicitud de
información por parte del actor.

Ahora bien, en atención a que el Tribunal guardó silencio frente a los hechos y las
pretensiones que planteó el señor Jackson Martínez Mayo en la solicitud de amparo
constitucional, y en atención a que en el expediente de tutela se evidenció que el
actor radicó la solicitud de información ante dicho Tribunal, la Sala procederá a dar
aplicación al artículo 20 del Decreto Ley 2591 de 1991 que consagra la presunción
de veracidad, según la cual se presumen ciertos los hechos narrados en la demanda
cuando las autoridades se abstengan de responder los requerimientos de
información elevados por el juez de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional8 ha señalado que la presunción de veracidad de
los hechos constituye un instrumento que tiene dos fines principales. Por un lado,
sancionar el desinterés o la negligencia de las entidades demandadas ante la
presentación de una acción de tutela en la que se alega la vulneración de los
derechos fundamentales de una persona y, de otro lado, obtener la eficacia de los
derechos fundamentales comprometidos en observancia de los principios de
inmediatez, celeridad y buena fe, es decir, “encuentra sustento en la necesidad de
resolver con prontitud sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio
derechos fundamentales”.

En ese orden de ideas, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del
accionante y se ordenará al Tribunal Administrativo del Chocó que se pronuncie en
relación con la petición presentada el 13 de mayo de 2026, respuesta que deberá
ser notificada en debida forma al actor.

6
https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la-rama/informacion-general/directorio-consejo-superior-y-otros/tribunales-
administrativos-presidencia-
7
https://www.tribunaladministrativodelchoco.gov.co
8
Sentencia T-548 de 2023.
10

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04487-00
Accionante: Jackson Martínez Mayo

Así las cosas, se procederá a i) declarar la improcedencia de la solicitud de amparo
en relación con el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó, el
Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Quibdó y
la Fiscalía 235 Especializada Encargada de la Dirección Especializada contra las
Violaciones a los Derechos Humanos, porque no cumple con el presupuesto de la
subsidiariedad, ii) negar las pretensiones con respecto al Juzgado Tercero Civil
Municipal de Quibdó y la Defensoría del Pueblo, en virtud a que no se demostró que
se atendiera al requerimiento del mencionado despacho judicial y porque no se
aportó prueba sumaria de que se radicó la solicitud ante el organismo de control en
debida forma y, por último, iii) en relación con el Tribunal Administrativo del Chocó
que, dentro en un término de 48 horas contadas a partir del día siguiente del
levantamiento de la suspensión de términos judiciales dispuesta en el Acuerdo
PCSJA26-12564 de 10 de agosto de 2026, prorrogado mediante el Acuerdo
PCSJA26-12567 de 12 de agosto de 2026, o si hubiere alguno posterior, se
pronuncie en relación con la petición presentada el 13 de mayo de 2026, respuesta
que deberá ser notificada en debida forma al actor conforme lo dispone la Ley 1437
de 2011.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Desvincular de la acción de tutela a la jueza encargada del Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó, por falta de legitimación en
la causa por pasiva.

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Jackson Martínez Mayo, quien actúa en nombre propio, contra el Juzgado Cuarto
Penal del Circuito Especializado de Quibdó, el Juzgado Sexto Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Quibdó y la Fiscalía 235 Especializada
Encargada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos
Humanos, por las razones aquí expuestas.

Tercero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el accionante
contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de Quibdó y la Defensoría del Pueblo, por
las razones aquí expuestas.

Cuarto.- Amparar el derecho fundamental de petición del señor Jackson Martínez
Mayo y, en consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo del Chocó que, dentro
en un término de 48 horas contadas a partir del día siguiente del levantamiento de
la suspensión de términos judiciales dispuesta en el Acuerdo PCSJA26-12564 de
10 de agosto de 2026, prorrogado mediante el Acuerdo PCSJA26-12567 de 12 de
agosto de 2026, o si hubiere alguno posterior, se pronuncie en relación con la
11

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04487-00
Accionante: Jackson Martínez Mayo

petición presentada el 13 de mayo de 2026, respuesta que deberá ser notificada en
debida forma al actor conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011.

Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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