Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04490-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04490-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04490-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04490-00
Accionante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra la providencia judicial – declara la
improcedencia por no superar el requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 18 de junio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), actuando
por medio de su apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Con la solicitud de amparo pretende
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia, «en conexidad con el principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional».
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Se precisa que se notificó como autoridad accionada al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A. Asimismo, se dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, a la señora Leidy Milena Hernández Gallego y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.
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2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de: i) la
sentencia proferida el 14 de agosto de 2025, al interior de proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-23-33-000-2017-02388-01,
mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó la decisión de primera
instancia, y en su lugar, accedió a las pretensiones relacionadas con el
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes y, ii) el acto
administrativo SUB 21287 del 26 de enero de 2026 que expidió en cumplimiento
del referido fallo.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de Colpensiones al debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad ante la ley, en
relación con el derecho al debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional, en consideración a que el Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso
Administrativo sección Segunda Subsección A, en el marco del proceso No.
05001333300020170238800 encontrándose pendiente el recurso extraordinario
de revisión radicado bajo el No. 11001031500020260242500.
SEGUNDO: Ordenar como mecanismo transitorio, la suspensión provisional del
fallo proferido por el Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo
sección Segunda Subsección A de 14 de agosto de 2025 dentro del proceso No.
05001333300020170238800 que ordena el reconocimiento y pago de la pensión
de sobrevivientes temporal de Leidy Milena Hernández Gallego, y del acto
administrativo No. 21287 del 26 de enero de 2026 proferido en cumplimiento a la
orden, mientras se resuelve de fondo recurso extraordinario de revisión
adelantado ante el Consejo de Estado Secretaria General de Bogotá con
radicado 11001031500020260242500 relacionado con el reconocimiento y pago
de la prestación sin el cumplimiento del requisito de convivencia mínima de cinco
(5) años anteriores al fallecimiento del causante.
TERCERO: Garantizar que la actuación administrativa de Colpensiones no
genere perjuicio económico ni jurídico mientras se define el recurso de revisión
presentado en curso.
CUARTO: Que se reconozca la tutela como mecanismo transitorio que protege
el derecho de la entidad a la seguridad jurídica y a la correcta administración de
los recursos públicos.3
1.2. Hechos
4. Los señores Leidy Milena Hernández Gallego y José Yebrail Suárez Leal
contrajeron matrimonio en 11 de noviembre de 2006 y convivieron de manera
continua hasta la muerte del último, ocurrida el 28 de enero de 2008.
5. El señor Suárez Leal prestó sus servicios al INPEC durante 13 años, 8
meses y 28 días, en calidad de auxiliar de bachiller (desde el 1 de enero de 1994
hasta el 15 de noviembre de 1994) y como dragoneante (desde el 15 de marzo
de 1995 hasta el 28 de enero de 2008).
3 Transcripción literal que puede contener errores.
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6. Mediante la Resolución 10719 del 3 de septiembre de 2008, el INPEC
reconoció en partes iguales a favor de las señoras Leidy Milena Hernández
Gallego4 y Verónica Leal de Suárez5 el pago de las prestaciones sociales, auxilio
de fallecimiento y seguro por muerte en actividad.
7. El 12 de marzo del 2010, la señora Hernández Gallego solicitó ante
Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la
muerte de su cónyuge, la cual fue negada mediante la Resolución No. 018433
del 30 de septiembre de 2010, decisión que fue confirmada en la Resolución No.
016582 del 28 de junio de 2011.
8. Posteriormente, a través de las Resoluciones No. 85047 del 24 de marzo
de 20154 y VPB 64164 del 30 de septiembre de 2015, nuevamente fue negado
el mencionado reconocimiento pensional.
9. Por lo anterior, la señora Leidy Milena Hernández Gallego presentó
demanda de nulidad y restablecimiento contra Colpensiones, con el fin de que se
declarara la nulidad de las resoluciones que le negaron el reconocimiento
pensional y, a título de restablecimiento del derecho, que se le ordenara a
Colpensiones reconocer la pensión de sobrevivientes temporal con efectos
fiscales a partir del 29 de enero de 2008, en cuantía equivalente al 53% del
ingreso base de liquidación, obtenido a partir del promedio de salarios de los
últimos 10 años de servicio,.
10. Al proceso se le asignó el radicado 05001-33-33-000-2017-02388-00/01 y
le fue repartido al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión
que, en sentencia del 16 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la
demanda, por considerar que la accionante no cumplía con las exigencias
previstas en el artículo 47 de las Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria de la
pensión reclamada.
11. Lo anterior, por considerar que no se acreditó el requisito de convivencia
con el causante durante los 5 años anteriores a la fecha de la muerte. Señaló
que, de conformidad con los testimonios rendidos, se constató que la
demandante convivió con el causante durante el tiempo que estuvieron casados,
pero con anterioridad a dicho periodo solo existió una relación de noviazgo. La
decisión fue apelada por la parte demandante.
12. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante
sentencia del 14 de agosto de 2025, revocó el fallo de primera instancia y, en su
lugar, accedió a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, le ordenó a
Colpensiones reconocer a favor de la señora Hernández Gallego el derecho a la
pensión de sobrevivientes de manera temporal.
4 En condición de cónyuge.
5 En condición de madre.
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13. Para fundamentar su decisión, indicó que, de la lectura del artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, la convivencia no fue establecida por el legislados como un
presupuesto para adquirir el derecho a la pensión de sobrevivientes de manera
temporal, contrario a lo que sí ocurre cuando se pretende de manera vitalicia.
14. Por otro lado, sostuvo que, dadas las particularidades del caso, exigir
dicho requisito implicaría que la demandante acreditara que sostenía una
convivencia con el causante desde los 15 años, lo cual vulnera los derechos
constitucionales y la protección especial que ostentan los niños, niñas y
adolescentes. Además, consideró que dicha interpretación va en contravía de la
edad mínima para contraer matrimonio que, de conformidad con el artículo 116
del Código Civil, es de 18 años.
15. Precisó que no se desconoce que el requisito de convivencia ha sido
considerado por la Subsección A de la Sección Segunda como un mecanismo de
protección para salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden
buscar un provecho económico.
16. Sin embargo, reiteró que el legislador, dentro de su ámbito de autonomía,
no exigió dicho presupuesto respecto de la pensión de sobrevivientes con
carácter temporal, decisión que también encuentra respaldo en la necesidad de
proteger a las personas menores de 30 años que pierden a su pareja y que
puedan quedar en condiciones precarias de subsistencia.
17. En cumplimiento del fallo, Colpensiones expidió el acto administrativo SUB
21287 del 26 de enero de 2026 y, en consecuencia, reconoció y ordenó el pago
de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante «con un porcentaje del
100.00% de carácter temporal por el lapso de 20 años».
18. El 26 de marzo de 2026, Colpensiones presentó recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 14 de agosto de 2025, dictada por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con fundamento en la causal 7
del artículo 250 de la Ley 1437 de 20116. Ello, por considerar que en dicha
providencia que desconoció los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, particularmente, el requisito de convivencia mínima de 5 años.
19. Al proceso se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2026-02425-00 y le
fue repartido a la Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de Estado que,
mediante auto del 22 de junio de 2026, admitió el recurso y actualmente se
encuentra en trámite.
6 «ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…) 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó
una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa
aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida».
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1.3. Sustento de la vulneración
20. Colpensiones sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, al proferir la sentencia del 14 de agosto de 2025, incurrió en un
defecto sustantivo por haber interpretado de manera irrazonable el artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, al haberle reconocido la pensión de sobrevivientes a la
señora Hernández Gallego, sin haber acreditado el requisito de 5 años de
convivencia.
21. En ese orden, señaló que dicha norma regula el reconocimiento de la
mencionada prestación social en los casos en los que la prestación será de
carácter vitalicio o temporal. Por tal razón, consideró que la interpretación
realizada por la autoridad demandada «conduce a un resultado abiertamente
contrario al sistema legal, que permitiría reconocer prestaciones pensionales sin
demostración de convivencia real».
22. A su vez, refirió que se desconoció el presente judicial sobre la materia,
puesto que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL
2294 de 2005 señaló que la pensión de sobrevivientes no ampara vínculos
meramente formales, sino relaciones reales de apoyo y comunidad de vida
afectiva y precisó que la acreditación de la convivencia constituye un presupuesto
material del derecho y no una formalidad dispensable, postura reiterada en las
sentencias SU-149 de 2021 y SU-108 de 2024 dictadas por la Corte
Constitucional.
23. Por otro lado, resaltó que la providencia cuestionada vulnera el principio
de sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que amplió judicialmente el
universo de beneficiarios prescindiendo de los requisitos definidos por el
legislador para el reconocimiento pensional.
24. Finalmente, puso de presente que la ejecución del fallo podría generar un
perjuicio económico grave e irreparable en la entidad, así como una afectación
significativa a la correcta administración de los recursos públicos, teniendo en
cuenta que ya materializó su cumplimiento mediante el acto administrativo SUB
21287 del 26 de enero de 2026.
1.4. Intervención
25. El Tribunal Administrativo de Antioquia, luego de hacer un recuento de
las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario, señaló que las
pretensiones formuladas en el escrito de tutela no le imputan alguna acción u
omisión de la cual deba defenderse, toda vez que están dirigidas contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
26. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y la señora
Leidy Milena Hernández Gallego guardaron silencio, pese a que haber sido
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notificados del presente trámite constitucional.
1.5. Manifestaciones de impedimento
27. Mediante memoriales allegado el 15 de julio de 2026, los consejeros Omar
Joaquín Barreto Suárez y Gloria María Gómez Montoya manifestaron su
impedimento para conocer el asunto. Al respecto, indicaron estar incursos en la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal7, con fundamento en que sostienen una relación de amistad íntima y
entrañable con los magistrados Juan Camilo Morales Trujillo y Jorge Iván Duque
Gutiérrez, respectivamente, quienes integran la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación, y suscribieron la providencia que se cuestiona
mediante esta vía.
28. No obstante, por auto del 16 de julio del 2026, el despacho sustanciador
declarará infundados los impedimos, por no haberse acreditado la configuración
de los elementos de la causal.
II. CONSIDERACIONES
29. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por el accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por las
cuales en el asunto objeto de estudio no se supera el requisito general de
subsidiariedad.
2.1. Cuestión previa
30. Esta Sección considera pertinente precisar que, si bien la entidad
demandante cuestionó tanto la sentencia del 14 de agosto de 2025 dictada por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado como el acto
administrativo SUB 21287 del 26 de enero de 2026, el análisis solo se centrará
en la mencionada providencia judicial.
31. Lo anterior, no solo porque Colpensiones no realizó ningún reproche
contra la referida resolución, sino porque aquella fue expedida en estricto
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia objeto de cuestionamiento en esta
acción. En consecuencia, al constituir un acto de mera ejecución, su validez
depende de la sentencia que le sirvió de fundamento la cual, se reitera, es que la
se analizará en el presente proceso.
2.2. Caso concreto
2.2.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales
7
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […] 5.
Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante,
víctima o perjudicado y el funcionario judicial.
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32. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún
defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar el fondo del asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
33. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
34. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
35. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
36. La Sala advierte que Colpensiones está legitimado en la causa por activa,
porque fue la parte demandada y condenada al interior del medio de control en
el que se dictó la providencia que se cuestiona mediante esta vía.
37. A su vez, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la
decisión objeto de estudio en el presente trámite constitucional.
38. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
11 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales 12: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo13 y eficaz14; y, ii) como mecanismo de protección
transitorio.
39. Como se expuso previamente, Colpensiones cuestiona la sentencia del 14
de agosto de 2025, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Mediante dicha decisión revocó el fallo de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, le ordenó a la entidad
accionante reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes temporal a favor de
la señora Leidy Milena Hernández Gallego.
40. En su sentir, dicha decisión incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial, por cuanto interpretó de manera
irrazonable los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
en particular, el de acreditar por parte de la interesada haber sostenido 5 años
de convivencia con el causante, circunstancia que, a su vez, desconoce la
jurisprudencia decantada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y
de la Corte Constitucional en las sentencias SU-149 de 2021 y SU-108 de 2024.
41. Asimismo, puso de presente que la ejecución del fallo podría generar un
perjuicio económico grave e irreparable en la entidad, así como una afectación
significativa a la correcta administración de los recursos públicos, debido a que
materializó el cumplimiento de la orden del fallo en el acto administrativo SUB
21287 del 26 de enero de 2026.
42. De la revisión del expediente, esta Sección advierte que Colpensiones
interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 14 de agosto
de 2025, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con fundamento en la causal 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Lo anterior, por considerar que dicha providencia que desconoció los requisitos
previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, particularmente, el requisito de
convivencia mínima de 5 años.
43. Al proceso se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2026-02425-00 y le
fue repartido a la Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de Estado. Mediante
auto del 22 de junio de 2026 se admitió el recurso y actualmente se encuentra en
trámite.
44. En virtud de lo expuesto, esta Sección advierte que el sustento de la
vulneración de la acción de tutela, en efecto, se enmarca en la causal prevista en
12 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
13 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
14 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
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el numeral 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, a saber: «no tener la
persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida».
45. Frente a dicha situación, la Sección Segunda el Consejo de Estado ha
considerado que los elementos estructurales que componen la mencionada
causal, son los siguientes15:
i) Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete la
pérdida o se reconozca a favor de determinada persona una prestación periódica,
dentro de las cuales cabe mencionar las pensiones de jubilación, de vejez, de
invalidez, de sustitución, y la asignación de retiro de los miembros de la fuerza
pública, principalmente. En cuanto al carácter de la prestación decretada, aclaró
que la causal no se refiere únicamente a pensiones, sino que se extiende a
prestaciones periódicas.
ii) Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal» para
acceder o perder el derecho de gozar de esa prestación periódica. Los supuestos
señalados por la norma pueden resumirse así:
a) Cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto
puede ocurrir, por ejemplo, en el evento en el que la sentencia reconoce
una pensión a quien no reúne los requisitos;
b) Cuando la persona que ha obtenido el reconocimiento pierde su aptitud
legal por cuestiones de hecho. Tal es el caso de quien recibe una pensión
de invalidez y recupera su salud, con la consecuente posibilidad de
reintegrarse a la vida laboral;
c) Cuando sobrevenga una causal legal para la pérdida de la prestación.
46. Por lo anterior, la Sección considera que, en su calidad de juez
constitucional, no tiene competencia para determinar si el fallo cuestionado vía
tutela le confirió un derecho prestacional a una persona que no acreditó los
requisitos legales y jurisprudenciales para su reconocimiento, pues dicho análisis
le corresponde al juez del recurso extraordinario de revisión.
47. En efecto, es en ese escenario procesal en el que se debe establecer si la
señora Leidy Milena Hernández Gallego cumplía o no con las condiciones legales
para acceder a la pensión de sobrevivientes, particularmente lo relativo a
requisito de convivencia previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, recurso
que, como se expuso previamente, Colpensiones presentó y encuentra en trámite
por la Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de Estado.
48. En ese sentido, se advierte que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo para resolver controversias que cuentan con un
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 4 de marzo de 2021, rad.
núm. 11001-03-25-000-2013-01223-00(3095-13).
9
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Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04490-00
procedimiento judicial idóneo y eficaz, como lo es el recurso extraordinario de
revisión. Admitir lo contrario implicaría desconocer la naturaleza subsidiaria y
excepcional de la acción constitucional.
49. Además, se pone de presente que la accionante no expuso de forma
siquiera sumaria los motivos por los cuales este mecanismo extraordinario no
cuenta con la idoneidad y eficacia para la resolución de la controversia propuesta
y la salvaguarda de sus garantías constitucionales.
50. Por otro lado, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela como
mecanismo transitorio. Si bien Colpensiones alegó una posible afectación de los
recursos públicos del sistema pensional por haber expedido el acto administrativo
que le reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora Hernández Gallego, lo
cierto es que dicha circunstancia, además de ser una consecuencia derivada del
cumplimiento del fallo, puede ser revertida en el evento en que prospere el
recurso extraordinario de revisión.
51. Por lo anterior, se concluye que la presente acción constitucional no
supera el requisito de subsidiariedad, toda vez que procede el recurso
extraordinario de revisión como mecanismo judicial idóneo y eficaz para la
protección de los derechos invocados que, además, fue interpuesto el 26 de
marzo de 2026 por Colpensiones y porque no se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo formulada
por la Administradora Colombiana de Pensiones contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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