Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04490-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04490-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04490-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección
A.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04490-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado que declaró improcedente el mecanismo de amparo. No se
cumple con el requisito de inmediatez y subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
16 de julio de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La señora Leidy Milena Hernández Gallego en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió demanda
contra la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante
Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, se
ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente temporal
con efectos fiscales a partir del 29 de enero de 2008, en cuantía equivalente
al 53% del ingreso base de liquidación, obtenido a partir del promedio de
salarios de los últimos 10 años de servicio.
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1.2. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
en sentencia de 16 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que la demandante no cumplía con las
exigencias previstas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para ser
beneficiaria de la pensión solicitada al no acreditar el requisito de
convivencia con el causante durante los 5 años anteriores a la fecha del
fallecimiento.
1.3. Contra la decisión anterior la parte demandante del proceso presentó
recurso de apelación.
1.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante decisión de 14 de agosto de 2025, revocó la sentencia de
primera instancia, al considerar que “[…] exigir a una persona menor de
23 años una convivencia de 5 años con su pareja, es exigirle que
demuestre que violó la ley civil sobre edad mínima para contraer
matrimonio […] el requisito de convivencia ha sido considerado por esta
Sección como un mecanismo de protección para salvaguardar a los
beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar provecho
económico, sin embargo, se reitera, fue el legislador dentro del ámbito de
su autonomía quien no exigió dicho presupuesto respecto a la pensión
de sobreviviente con carácter temporal, decisión, que también encuentra
respaldo en la necesidad de proteger a las personas menores de 30 años
que pierden a su pareja y que pueden quedar en condiciones precarias
de subsistencia. De ahí que se trate de unas situaciones particulares y
especialmente delimitadas por el legislador para el reconocimiento
temporal pretendido […]”.
1.5. La decisión fue adicionada mediante auto del 16 de octubre de 2025
en el sentido de precisar que “[…] la pensión que se reconoce tendrá los
reajustes de ley […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
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La parte accionante señaló que la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo por interpretación irrazonable del artículo 47 de la Ley 100 de 1993
para lo cual, explicó que “[…] al flexibilizar indebidamente el requisito de
convivencia efectiva y material durante los cinco años anteriores al
fallecimiento del causante, pues confunde: los requisitos para acceder a la
pensión de sobrevivientes; y la modalidad de duración de la prestación […] Los
literales a) y b) del artículo 47 no regulan el nacimiento del derecho
prestacional, sino únicamente: cuando la prestación será vitalicia; y cuando
será temporal […]”.
Reprochó que “[…] La interpretación acogida por la autoridad judicial conduce
a un resultado abiertamente contrario al sistema legal, porque permitiría
reconocer prestaciones pensionales sin demostración de convivencia real,
pese a que dicho requisito constituye uno de los ejes materiales de la
protección derivada de la pensión de sobrevivientes […]”.
Sostuvo que la autoridad accionada incurrió en desconocimiento del
precedente1 frente a la necesidad de acreditar el requisito de convivencia
efectiva, ya que a su juicio, la jurisprudencia ha sostenido de manera uniforme
que (i) no existe una presunción automática de convivencia; (ii) la sola
condición de cónyuge o compañero permanente no es suficiente para acreditar
el derecho reclamado; (iii) la convivencia exigida por el ordenamiento jurídico
debe ser material, efectiva, real y plenamente demostrada; y (iv) la finalidad
de la pensión de sobrevivientes es proteger la comunidad de vida que
efectivamente existió entre el causante y quien reclama la prestación.
Señaló que la providencia cuestionada incurrió en indebida aplicación de la
perspectiva de género y cuestionó que “[…] La autoridad judicial accionada
convirtió el enfoque diferencial en un mecanismo de sustitución normativa,
creando una excepción no contemplada en la ley respecto del requisito de
convivencia […]”.
1 Al respecto citó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL 2294 de 2025 y las
sentencias de la Corte Constitucional SU-149 de 2021 y SU-108 de 2024.
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Alegó que la providencia cuestionada incurre en violación del principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que, a su juicio, se amplía
judicialmente el universo de beneficiarios, prescindiendo así de los requisitos
previamente definidos por el legislador.
Finalmente, sostuvo que existe un perjuicio irremediable, toda vez que “[…] la
ejecución inmediata del fallo que ordena el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes podría generar un perjuicio económico grave e
irreparable a Colpensiones, así como una afectación significativa a la correcta
administración de los recursos públicos […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló la siguiente pretensión:
“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de Colpensiones
al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e
igualdad ante la ley, en relación con el derecho al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia, en conexidad con el
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, en
consideración a que el Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso
Administrativo sección Segunda Subsección A, en el marco del proceso
No. 05001333300020170238800 encontrándose pendiente el
extraordinario 11001031500020260242500.
SEGUNDO: Ordenar como mecanismo transitorio, la suspensión
provisional del fallo proferido por el Consejo De Estado Sala De Lo
Contencioso Administrativo sección Segunda Subsección A de 14 de
agosto de 2025 dentro del proceso No. 05001333300020170238800 que
ordena el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
temporal de Leidy Milena Hernández Gallego, y del acto administrativo
No. 21287 del 26 de enero de 2026 proferido en cumplimiento a la orden,
mientras se resuelve de fondo recurso extraordinario de revisión
adelantado ante el Consejo de Estado Secretaria General de Bogotá con
radicado 11001031500020260242500 relacionado con el reconocimiento
y pago de la prestación sin el cumplimiento del requisito de convivencia
mínima de cinco (5) años anteriores al fallecimiento del causante.
TERCERO: Garantizar que la actuación administrativa de Colpensiones
no genere perjuicio económico ni jurídico mientras se define el recurso de
revisión presentado en curso.
CUARTO: Que se reconozca la tutela como mecanismo transitorio que
protege el derecho de la entidad a la seguridad jurídica y a la correcta
administración de los recursos públicos […]”.
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 18 de junio de 2026, se admitió la presente acción de
tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
se vinculó a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia y a la señora Leidy Milena Hernández Gallego, en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso.
2. El 16 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia declarando improcedente el mecanismo de
amparo de la referencia.
3. Mediante auto de 16 de julio de 2026, la Sección Quinta declaró infundados
los impedimentos manifestados por la doctora Gloria María Gómez Montoya y
Omar Joaquín Barreto Suarez, por no encontrarse configurada la causal 5º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal alegada por los mencionados
consejeros.
4. Mediante auto de 3 de agosto de 2026, se concedió la impugnación
presentada por el actor contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
El Tribunal Administrativo de Antioquia rindió informe en el que se opuso a las
pretensiones de la entidad accionante, precisando que lo pretendido por la
parte accionante es cuestionar solamente la sentencia de segunda instancia
proferida por esta Corporación y así “[…] al no pretenderse que el despacho
019 o la sala de decisión tercera que integra en la actualidad, realicen alguna
actuación, los pedidos de la parte actora no son oponibles a estos […]”.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 16 de julio
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de 2026, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no cumplía
con el requisito general de relevancia constitucional por no superar el requisito
de subsidiariedad.
Al respecto, el a quo precisó que “[…] De la revisión del expediente, esta
Sección advierte que Colpensiones interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 14 de agosto de 2025, dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con fundamento
en la causal 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior, por
considerar que dicha providencia que desconoció los requisitos previstos en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, particularmente, el requisito de convivencia
mínima de 5 años […] mediante auto del 22 de junio de 2026 se admitió el
recurso y actualmente se encuentra en trámite […]”.
Sostuvo que “[…] en su calidad de juez constitucional, no tiene competencia
para determinar si el fallo cuestionado vía tutela le confirió un derecho
prestacional a una persona que no acreditó los requisitos legales y
jurisprudenciales para su reconocimiento, pues dicho análisis le corresponde
al juez del recurso extraordinario de revisión […]”.
Agregó que “[…] es en ese escenario procesal en el que se debe establecer si
la señora Leidy Milena Hernández Gallego cumplía o no con las condiciones
legales para acceder a la pensión de sobrevivientes, particularmente lo relativo
a requisito de convivencia previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
recurso que, como se expuso previamente, Colpensiones presentó y
encuentra en trámite por la Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de
Estado […]”.
Arguyó que “[…] la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo
para resolver controversias que cuentan con un procedimiento judicial idóneo
y eficaz, como lo es el recurso extraordinario de revisión. Admitir lo contrario
implicaría desconocer la naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción
constitucional […] así mismo, advirtió que “[…] la accionante no expuso de
forma siquiera sumaria los motivos por los cuales este mecanismo
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extraordinario no cuenta con la idoneidad y eficacia para la resolución de la
controversia propuesta y la salvaguarda de sus garantías constitucionales
[…]”.
Señaló que “[…] tampoco se advierte la configuración de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela
como mecanismo transitorio. Si bien Colpensiones alegó una posible
afectación de los recursos públicos del sistema pensional por haber expedido
el acto administrativo que le reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora
Hernández Gallego, lo cierto es que dicha circunstancia, además de ser una
consecuencia derivada del cumplimiento del fallo, puede ser revertida en el
evento en que prospere el recurso extraordinario de revisión [...]”.
Finalmente, concluyó que “[…] la presente acción constitucional no supera el
requisito de subsidiariedad, toda vez que procede el recurso extraordinario de
revisión como mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los
derechos invocados que, además, fue interpuesto el 26 de marzo de 2026 por
Colpensiones y porque no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que habilite la intervención del juez constitucional […]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
La parte actora manifestó que se debe tener en cuenta “[…] La presente acción
de tutela no fue instaurada con el propósito de sustituir los mecanismos
judiciales ordinarios ni de obtener un nuevo pronunciamiento sobre la
controversia jurídica decidida por la jurisdicción contenciosa. Por el contrario,
desde el escrito inicial se indicó de manera expresa que el amparo se promovía
como mecanismo transitorio de protección constitucional, precisamente
porque esta administradora ya que ejerció el medio judicial idóneo previsto por
el ordenamiento jurídico, esto es, la acción extraordinaria de revisión, la cual
actualmente se encuentra en trámite ante la autoridad judicial competente, en
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ese contexto, la tutela persigue una finalidad distinta, la cual es evitar la
consumación de un perjuicio irremediable mientras se adopta una decisión
definitiva dentro del proceso de revisión, perjuicio que no solo compromete la
adecuada administración de los recursos del sistema general de pensiones,
sino que incide directamente sobre el patrimonio público y la sostenibilidad
financiera del sistema de seguridad social, principio de rango constitucional
que todas las autoridades están llamadas a salvaguardar […]”.
Precisó que “[…] el estudio de la subsidiariedad no podía agotarse en la simple
constatación de la existencia de la acción extraordinaria de revisión, era
indispensable que el juez constitucional verificara si concurrían las
circunstancias excepcionales que habilitan su intervención particularmente
con el reaccionante demuestra de manera razonada la posible la posible
configuración de un defecto sustantivo capaz de vulnerar derechos
fundamentales y de comprometer la correcta administración de los recursos
públicos de destinación específica. Por estas razones la presente acción
satisface plenamente el requisito de subsidiariedad, tanto porque la entidad
agotó el mecanismo judicial ordinario mediante la promoción de la acción
extraordinaria de revisión, como porque la tutela fue interpuesta
exclusivamente como mecanismo transitorio para evitar la consolidación de un
perjuicio irremediable y porque, adicionalmente, se acreditó la existencia de un
defecto sustantivo cuya verificación corresponde pues constitucional en
ejercicio del control excepcional sobre las providencias judiciales […]”.
Finalmente, arguyó que “[…] La acción de tutela resulta procedente como
mecanismo transitorio no sólo porque existe un riesgo cierto e inminente de
consolidación del perjuicio, sino porque la protección solicitada responde al
deber constitucional de preservar la integridad de recursos del sistema general
de pensiones, garantizar su adecuada designación y evitar que mientras se
adopte una decisión definitiva dentro del proceso de revisión continúe
produciendo efectos que podrían resultar contrarios a la constitución y el
ordenamiento jurídico […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19912, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado3, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
3 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional4 como del Consejo
de Estado5 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Respecto del requisito general de la inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no
tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario
que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”6.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
4 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
5 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
6 Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
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injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional7.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
razonable es el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional9 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular10, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”11.
En el caso objeto de estudio, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y, como consecuencia de ello, solicitó dejar sin efectos la
providencia del 14 de agosto de 2025 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, así como el acto administrativo SUB
21287 del 26 de enero de 2026.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto
de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
9 Sentencia T-584 de 2011.
10 Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
11 Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
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Sin embargo, antes de abordar el análisis de fondo, resulta necesario delimitar
el objeto de estudio de la presente acción constitucional. Al respecto, se
observa que, aunque en el escrito de tutela y de impugnación se solicita la
suspensión de los efectos del citado acto administrativo mientras se resuelve
un recurso extraordinario de revisión, los cuestionamientos formulados en la
demanda de tutela recaen realmente sobre la providencia judicial antes
mencionada.
En consecuencia, el examen de procedencia se concentrará exclusivamente
en la decisión judicial cuestionada. Ello obedece a que el acto administrativo
SUB 21287 de 2026 fue expedido en cumplimiento de lo ordenado en dicha
providencia y, por tanto, constituye un acto de ejecución cuya validez depende
de la suerte jurídica de la sentencia que le sirve de fundamento.
En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora a través de
esta acción es controvertir la sentencia de 14 de agosto de 2025, aclarada
mediante providencia de 16 de octubre del mismo año proferida por
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-33-000-2017-
02388-00/01.
Al respecto, si bien la parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión
contra dicha decisión y este actualmente se encuentra en trámite, tal
circunstancia no modifica el parámetro temporal a partir del cual debe
evaluarse el requisito de inmediatez. Lo anterior, por cuanto la tutela no se
dirige contra la actuación surtida dentro del recurso extraordinario, sino
exclusivamente contra la providencia cuestionada a través de la solicitud de
amparo.
Por tanto, para determinar si la presente acción fue ejercida oportunamente, la
Sala debe tomar como punto de referencia la fecha de notificación de la
providencia que aclaró la providencia cuestionada, esto es, el proveído del 16
de octubre de 2025.
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Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias
obrantes en el proceso objeto de tutela, la notificación de la providencia de 16
de octubre de 2025 se surtió el 7 de noviembre de ese mismo año; mientras
que la acción de tutela se presentó el 10 de junio de 2026, es decir con
posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por esta Corporación
como término razonable.
Sumado a lo anterior, no se advierte justificación alguna para la tardanza en la
presentación de la solicitud de amparo, ni tampoco situación que se enmarque
en alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional
que puedan justificar su presentación por fuera del término establecido por la
Sala Plena del Consejo de Estado.
Adicionalmente, aun si se admitiera en gracia de discusión que el requisito de
inmediatez se encuentra satisfecho, la acción tampoco superaría el análisis de
subsidiariedad, esto es, porque la acción constitucional fue instituida como un
instrumento subsidiario excepcional y residual, es decir, que solo procede
cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º del artículo 86 de
la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591
de 1991.
Bajo ese entendimiento, se advierte que la parte actora interpuso recurso
extraordinario de revisión12 contra la sentencia que ahora cuestiona por vía de
tutela, invocando para el efecto la causal prevista en el numeral 7 del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, actuación que actualmente se encuentra en
trámite ante el Consejo de Estado.
Dicha circunstancia resulta particularmente relevante, puesto que el recurso
extraordinario de revisión constituye el mecanismo procesal específicamente
12 El proceso se le asignó el número de radicación 11001-03-15-000-2026-02425-00 y fue
repartido a la Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de Estado.
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diseñado por el legislador para controvertir decisiones judiciales ejecutoriadas
en los supuestos taxativamente previstos en la ley. Por consiguiente, mientras
dicho medio de defensa se encuentra pendiente de decisión, no puede
afirmarse que el accionante carezca de instrumentos judiciales para plantear
los cuestionamientos que ahora somete a través de la solicitud de amparo de
la referencia.
A lo anterior se suma que la Corte Constitucional13 ha sostenido que, en
principio, la acción de tutela no es la vía para debatir decisiones judiciales que
reconocen prestaciones periódicas, en tanto que las entidades encargadas del
pago de dichas prestaciones cuentan con el instrumento previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
De otra parte, aunque la parte actora sostiene que la tutela debe proceder
como mecanismo transitorio, lo cierto es que la parte actora no acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención
excepcional del juez constitucional. En efecto, de la revisión del escrito de
tutela y del expediente no se evidencia una afectación inminente, grave o
urgente que habilite la procedencia transitoria del amparo.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 16 de julio de 2026 proferido por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.
13 Sentencia SU-427 de 2016, Corte Constitucional.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04490-01
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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