RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04494-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04494-01

Restablecimiento del derecho: caducidad de la acción

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04494-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de julio de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Mónica Sofía Mesa, por conducto de apoderado, contra el Juzgado (14) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04494-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04494-01
Accionante: MÓNICA SOFÍA MESA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Derecho
fundamental al debido proceso / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Caducidad de la acción / REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se plantea un debate de contenido legal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Mónica
Sofía Mesa, a través de apoderado, con la sentencia del 17 de julio de 2026,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 10 de junio de 2026, la parte accionante, por intermedio de apoderado,
promovió acción de tutela contra el Juzgado Catorce (14) Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de obtener
la protección de su derecho fundamental al debido proceso.

Hechos relevantes

2. La señora Mónica Sofía Mesa se desempeñó como docente nacionalizada hasta
el 1.° de febrero de 2005, fecha en la cual se hizo efectiva su renuncia.

3. El 16 de julio de 2014, presentó ante la Secretaría de Educación de Medellín
reclamación administrativa con el fin de obtener el reconocimiento y pago de sus
cesantías definitivas. Dicha solicitud fue remitida a la Fiduprevisora S. A., entidad
que conceptuó que la prestación se encontraba prescrita. En consecuencia, la
Secretaría de Educación de Medellín expidió la Resolución núm. 002922 del 28 de
marzo de 2016, mediante la cual negó el reconocimiento y pago de las cesantías,
al considerar prescrita la obligación.
4. Posteriormente, la actora promovió acción de tutela, que fue resuelta mediante
sentencia del 11 de julio de 2024 por el Juzgado Veinticinco (25) Laboral del Circuito

1 Que ingresó a despacho para fallo el 4 de septiembre de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04494-01
Accionante: Mónica Sofía Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Judicial de Medellín. En dicha oportunidad, solicitó la nulidad de la Resolución núm.
002922 de 2016 y el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.

5. El Juzgado Veinticinco (25) Laboral del Circuito Judicial de Medellín negó el
amparo solicitado, al considerar que la controversia debía ser planteada a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por existir otro
mecanismo judicial idóneo para controvertir el acto administrativo cuestionado.

6. En virtud de lo anterior, la actora promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría de Educación
de Medellín.

7. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Catorce (14) Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín que, mediante auto del 14 de noviembre de 2025,
rechazó la demanda. En criterio del a quo, la acción fue promovida por fuera del
término de caducidad, el cual, a su juicio, había comenzado a correr desde la
notificación de la Resolución núm. 002922 de 2016.

8. Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación. Sostuvo que la reclamación administrativa presentada el 16 de julio de
2014 había interrumpido el término de prescripción de su derecho a las cesantías,
circunstancia que, en su criterio, hacía procedente el estudio de fondo de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo, alegó que el trámite
administrativo sólo había concluido con la sentencia de tutela proferida el 11 de julio
de 2024, por lo que no podía considerarse que el medio de control hubiese
caducado.

9. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia
que, a través de providencia del 27 de marzo de 2026, confirmó el rechazo de la
demanda. Como fundamento de su decisión, consideró que no era posible abordar
de fondo la controversia relacionada con la prescripción del derecho reclamado,
debido a que el medio de control había operado por fuera del término de caducidad.

Pretensiones

10. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“Los derechos fundamentales que resultan vulnerados están muy vinculados
con el ejercicio de la función judicial que viene desempeñando El Señor Juez
CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN ,
cuando sin ser objetivo y sin ningún análisis probatorio decide DECLARAR
LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO POR AUTO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, AUTO QUE
FUE APELADO Y CONFIRMADO POR EL TRIBIUNAL ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA ( SALA CUARTA DE DECISIÓN ).

Por lo cual se pretende que por existir VIAS DE HECHO DE LOS
OPERADORES JURIDICOS QUE DECLARAN LA EXISTENCIA DE LA
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN .SE SOLICITA SE REVOQUE ESAS
DECISIONES Y EN SU LUGAR:

DECLARAR INOPERANTE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO INTENTADA CONTRA EL ACTO

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04494-01
Accionante: Mónica Sofía Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

ADMINISTRATIVO N° 002922 DEL 28 DE MARZO DE 2016, EMITIDO
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLIN, POR EXISTIR
INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN “ANTES” DE SU
EXPEDICIÓN. LO CUAL HACE QUE EXISTA “FALSA” MOTIVACIÓN EN
SU EXPEDICIÓN

Y, EN SU LUGAR EXPEDIR OTRO AUTO POR EL CUAL SE ADMITA LA
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO N° 002922 DEL 28 DE MARZO DE
2016, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLIN,

POR LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO SE SOLICITA SE
TUTELE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO DE LA
DOCENTE : MÓNICA SOFIA MESA. (art. 29 de la C.P)”2. (sic en toda la
cita)

Fundamentos de la demanda de tutela

11. La parte demandante sostiene que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un defecto sustantivo, al aplicar erróneamente las normas que
regulan la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
pues desconocieron que la reclamación escrita de cesantías interrumpió el término
de prescripción, de conformidad con lo previsto en los artículos 151 del Código
Procesal del Trabajo y 2512, 2513 y 2539 del Código Civil.

12. Asimismo, alega la configuración de un defecto fáctico, al omitir la valoración
de elementos probatorios determinantes para resolver la controversia,
particularmente, la reclamación administrativa presentada el 16 de julio de 2014 y
la documentación que acredita la interrupción de la prescripción. A su juicio, la falta
de valoración de dichos elementos condujo al Tribunal Administrativo de Antioquia
a concluir que el medio de control se encontraba caducado, sin considerar las
circunstancias relevantes relacionadas con la prescripción del derecho reclamado.

Trámite procesal

13. Por medio de auto del 12 de junio de 2026, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, como accionado, y al Juzgado
Catorce (14) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, a la Secretaría de
Educación de Medellín, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, a la
Fiduprevisora S.A. y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
como terceros con interés directo en el resultado del proceso. Asimismo, se vinculó
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo
necesario, interviniera en el presente asunto. Entre otras decisiones.

Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se niegue el amparo, al
considerar que la parte actora se limitó a reiterar los argumentos expuestos en el
recurso de apelación presentado dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En ese sentido, indicó que la providencia cuestionada

2 Folio 9 del escrito de tutela.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04494-01
Accionante: Mónica Sofía Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

fue proferida con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente, dado que
la demanda ordinaria se interpuso cuando ya había vencido el término de cuatro
meses previsto en el artículo 164 del CPACA, por lo que no resultaba procedente
emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia.

15. El Juzgado Catorce (14) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
instó a que se niegue el amparo pretendido, por cuanto no incurrió en vulneración
alguna de los derechos fundamentales de la parte demandante.

16. Pese a ser notificadas en debida forma, las demás partes guardaron silencio.

La sentencia de primera instancia

17. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 17 de julio de 2026, declaró improcedente la presente acción de tutela
por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

18. A juicio del a quo, los fundamentos que soportaban la interposición de la acción
de tutela se dirigían de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el proceso ordinario, oportunidad
en la cual la parte demandante indicó, en los mismos términos que ahora pretende,
que la reclamación administrativa presentada el 16 de julio de 2014 interrumpió el
término de prescripción de las cesantías y, por consiguiente, impedía declarar la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
en contra de la Resolución no. 002922 del 28 de marzo de 2016.

19. De este modo, precisó que “si bien la parte demandante pretende darle el cariz
de vicio o defecto a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan
la interposición de la acción de tutela constituyen una reproducción de los
argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario, con el
fin de que el juez constitucional revalorara los mismos hechos, pruebas y
argumentos jurídicos relativos a la incidencia de la interrupción de la prescripción
sobre la declaratoria de caducidad del medio de control”3.

La impugnación

20. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

3 Folio 12. Archivo “024_24Sentencia_20260449400cesantias”.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04494-01
Accionante: Mónica Sofía Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

22. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales,
particularmente, el de relevancia constitucional?

23. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal
Administrativo de Antioquia, con la expedición del auto del 27 de marzo de 2026 4,
proferido en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado núm. 05001-33-33-014-2024-00320-01, incurrió en un defecto sustantivo
y en un defecto fáctico y, por consiguiente, en la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de la parte accionante?

24. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

25. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20055, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

26. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,

4 Si bien la presente acción de tutela también se dirige contra el auto del 14 de noviembre de 2025,
proferido por el Juzgado Catorce (14) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, esta Sala
considera necesario precisar que el estudio se circunscribirá a la providencia del 27 de marzo de
2026, emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por cuanto esta última puso fin al proceso.
5 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04494-01
Accionante: Mónica Sofía Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

27. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

28. La Corte Constitucional indicó12 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

29. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento
en que pretende reabrir el debate13, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

30. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia14.

11 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04494-01
Accionante: Mónica Sofía Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Caso concreto

31. En el caso bajo estudio, la señora Mónica Sofía Mesa, por conducto de
apoderado, presentó acción de tutela el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso ocurrida con
ocasión de la expedición del auto del 27 de marzo de 2026. Sin embargo, la
Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente
asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional.

32. Revisada la demanda, se evidencia que la parte accionante acudió a la acción
de tutela con el propósito de que se estudie nuevamente, como se discutió en el
trámite del proceso ordinario, si la actora cumplió con el término previsto en el
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 para presentar el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Secretaría de Educación de Medellín, en el
cual se reclamó el pago de sus cesantías definitivas como docente.

33. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural, que en la presente acción se plantearon los mismos
argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación contra el
auto del 18 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Catorce (14)
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, a saber:

“[…] NO existe CADUCIDAD DE LA ACCION, pues

1.-RESULTA FALSA la respuesta de la FIDUPREVISORA S.A. contenida
en la HOJA DE REVISION, (estudio realizado el dia 22 de Julio de 2015 con
el radicado Nro 2015 – CES – 009925 ) por el REVISOR DE LA
FIDUPREVISORA S.A. Nicholas Villareal Rangel, quien de forma
ARBITRARIA Y CAPRICHOSA decide: no otorgar la prestación
reclamada porque: “ CUMPLE TIEMPO PRESCRIPCION”.
Pues;
“Estudiando el presente caso, da cuenta que el retiro se efectúo a partir
del primero ( 1º) de Febrero de 2005 y la solicitud de reconocimiento de
cesantías definitivas fue interpuesta el 04 DE MAYO DE 2015, ES DECIR
VENCIDOS LOS 10 AÑOS DE LOS CUALES GOZABA LA TITULAR DEL
DERECHO PARA RECLAMARLO Y EN EFECTO SE GENERO LA
PRESCRIPCION EXTINTIVA DEL MISMO”.

2.- Al resultar FALSA LA MOTIVACION, inconforme la docente MONICA
SOFIA MESA con esta actuación de la ADMINISTRACION, continuó
reclamándole su derecho a las CESANTIAS. Siendo la última vez que lo
hizo el ONCE ( 11 ) DE JULIO DE 2024, CUANDO EL JUZGADO
VEINTICINCO ( 25) LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN FALLO LA
TUTELA QUE LA DOCENTE INTERPUSO PARA QUE LA
ADMINISTRACION LE RESPONDIERA DONDE ESTABAN
CONSIGNADAS SUS CESANTIAS.

Por eso es, que PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE ÉSTA
DEMANDA, la docente MONICA SOFIA MESA, por intermedio del suscrito
convocó a la ADMINISTRACIÓN A UNA CONCILIACIÓN EN LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DELEGADA PARA
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS con sede en la ciudad de Medellín, que
resultó fallida como consta en el ACTA ACTA DE AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN CON RADICACIÓN IUS E – 2024 – 522841 IUC I – 2024

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04494-01
Accionante: Mónica Sofía Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

– 3788963 INTERNO 2024 – 241 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL VEINTICUATRO ( 2024 ). Que se anexa como requisito de
procedibilidad. […]”15. (Sic en toda la cita).

34. Dichos argumentos no sólo guardan similitud con los fundamentos expuestos
en el escrito de tutela, sino que son aspectos que ya fueron analizados y resueltos
de manera razonada en la providencia del 27 de marzo de 2026, a través de la cual
el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió el recurso de apelación, bajo las
siguientes consideraciones:

“[…] En el expediente reposa la constancia de notificación de la resolución
que resolvió la petición de las cesantías definitivas de la docente, con fecha
del 6 de abril de 2016, actuación que no fue discutida por la parte actora,
pues en el hecho 17 de la demanda señaló esta misma fecha.

A partir de lo anterior, es dable concluir, tal y como lo hizo el a quo, que el
término para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho inició a contarse el 7 de abril de 2016 y, por ende, concluyó el 7 de
agosto de 2016. Sin embargo, revisada la constancia expedida por la
Procuraduría General de la Nación en el trámite de la conciliación
extrajudicial, se advierte que la solicitud se presentó el 6 de agosto de 2024,
es decir, cuando ya había caducado la acción, pues se había superado con
creces el término de cuatro meses para el ejercicio oportuno del medio de
control.

Por otra parte, debe señalarse que la Sala de Decisión difiere la postura de
la demandante, consistente en señalar que el trámite administrativo
concluyó el 11 de julio de 2024, cuando se expidió el fallo de tutela del
Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, en el que se señaló
que, para tramitar las peticiones de la actora, existía otro mecanismo
procesal idóneo, que era este medio de control.

Revisado el escrito de la tutela presentada el 26 de junio de 2024, se observa
que, las peticiones son similares a las pretendidas en este medio de control,
pues se solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución No. 002922 del
28 de marzo de 2016, por haber sido expedida con falsa motivación y que,
como consecuencia de la anterior declaración, se ordenara el pago de las
cesantías definitivas. De manera subsidiaria, se solicitó que, para evitar un
perjuicio irremediable, se accediera a tener como «nueva reclamación válida
y suficiente» el fallo de tutela, como solicitud para el reconocimiento y pago
de las cesantías.

La Sala de Decisión encuentra que, a través de la acción constitucional, la
parte actora pretendió revivir los términos para la interposición de los
recursos o acciones judiciales en contra de la Resolución No. 002922 del 28
de marzo de 2016, para así discutir el fondo del asunto, esto es, si había
prescrito o no el derecho al pago de las cesantías definitivas.

Sin embargo, cabe recordar que, no es viable analizar el fondo de una
controversia jurídica, si ya ha caducado la acción a través de la cual debe
adelantarse este ejercicio, que es lo que ocurre en este caso. Es decir, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la judicatura no
puede pronunciarse sobre la presunta prescripción, cuando es evidente que
el término para interponer la acción judicial ya feneció. […]”16.

15 Folios 3 y 4 del archivo “017Recibodememorial_recursodeapelaciónmo”. Véase enlace del
expediente en préstamo.
16 Folios 6 y 7. Archivo “002_2ED_ANEXOS_10_6_202616_4”.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04494-01
Accionante: Mónica Sofía Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

35. En este contexto, para esta Subsección es claro que la tutela ejercida por la
parte accionante busca prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara
de un recurso ordinario, situación que claramente escapa de la competencia del
juez de tutela, ya que no hay argumento que identifique la cuestión debatida como
un asunto de genuina relevancia constitucional. Además, la presente acción debate
un aspecto legal, como es el conteo del término de caducidad, porque lo que no se
evidencia que la demanda entrañe un tema que recaiga sobre el goce de los
derechos fundamentales.

36. En conclusión, la Sala considera que la intención de la parte demandante es
someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y razonable
por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción de tutela
debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente. Por ello, se
confirmará la sentencia del 17 de julio de 2026, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la petición de
amparo por no cumplir con los requisitos generales de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de julio de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la señora Mónica Sofía Mesa, por
conducto de apoderado, contra el Juzgado (14) Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.