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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04495-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04495-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). SEGUNDO: Declarar la improcedencia la acción de tutela presentada por el señor Rubén Darío García Mosquera por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: Ordenar a la Secretaría General de esta corporación tener en cuenta que el canal digital, por medio del cual el señor Rubén Darío García Mosquera recibirá todas las comunicaciones del presente trámite procesal es el aportado originalmente en su escrito de tutela, esto es: edico.co@hotmail.com. CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04495-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04495-00
Demandante: RUBÉN DARÍO GARCÍA MOSQUERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 11 de junio de 20261, el señor Rubén Darío García
Mosquera, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, al trabajo y «el principio de primacía de la realidad sobre
las formalidades».

Según el accionante, la referida autoridad judicial vulneró tales garantías
constitucionales con la providencia del 25 de noviembre de 2025, que confirmó la
sentencia proferida el 23 de octubre de 2023 por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda que denegó las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-014-2021-00439-00/01, que promovió contra el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

1 Samai, índice 1.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rubén Darío García Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04495-00

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el demandante solicitó lo siguiente:

1. AMPARAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a la
Administración de Justicia, y al Trabajo, en virtud de la transgresión del Principio
de Primacía de la Realidad sobre las Formalidades.
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentenciade segunda instancia proferida el 25 de
noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho con Radicado No.11001-33-35-014-2021-00439-01.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en el término
perentorio de quince (15) días, profiera una nueva provincia de segunda instancia
donde evalúe de manera integral, armónica y bajo las reglas de la sana crítica el
acervo probatorio (en especial los correos e indicios de subordinación técnica del
DANE), atendiendo rigurosamente a los postulados constitucionales del Artículo
53 de la Carta Política y el precedente de unificación aplicable.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes supuestos fácticos:

El tutelante precisó que estuvo vinculado al Departamento Administrativo de
Estadística (en adelante, DANE), el Fondo Rotatorio del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (FONDANE) y la Asociación Colombiana
para el Avance de la Ciencia (ACAC), mediante la suscripción consecutiva de 27
contratos de prestación de servicios, ejecutados entre el 23 de octubre de 2007
hasta el 30 de noviembre de 2019, por medio de los cuales desempeñó una labor
de investigador y recolector de índices de precios.

Sostuvo que durante ese tiempo desempeñó de manera ininterrumpida y
permanente la labor antes citada y que ante la evidente configuración de una
relación laboral encubierta realizó una reclamación ante el DANE, solicitud que fue
negada, mediante las Resoluciones 899,1082 y 1135 de 2020.

Narró que mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
demandó los actos administrativos, y la primera instancia la conoció el Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, quien el
23 de octubre de 2023, negó las pretensiones al considerar que no acreditó la
configuración del elemento de subordinación propio de la relación laboral.

Indicó que apeló la decisión y en segunda instancia revisó el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que el 25 de
noviembre de 2025, confirmó la decisión del a quo, pues según el material
probatorio allegado al expediente, las actividades que desempeñó el demandante
no fueron subordinadas, por lo que no se configuraron los elementos esenciales y
característicos de una relación laboral.

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

2

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Demandante: Rubén Darío García Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04495-00

1.4. Sustento de la vulneración

Advirtió la existencia de un defecto fáctico por indebida y arbitraria valoración
probatoria, pues la corporación enjuiciada ignoró correos institucionales enviados
por los coordinadores del DANE, en los que se le daban órdenes de presentarse
a determinada hora, cumplir metas cuantificables e inmediatas y la obligación de
realizar empalmes presenciales. Señaló que el tribunal denominó esas
comunicaciones como de simple coordinación contractual.

Expresó que, a pesar de probarse la continuidad del servicio, la corporación
enjuiciada fijó una barrera probatoria desproporcionada e imposible de cumplir en
materia de subordinación y rompió la protección constitucional que cobija a las
personas vinculadas fraudulentamente, mediante esta modalidad de contratación.

Alegó que la corporación incurrió en un error en el análisis de la subordinación del
contrato al darle pleno valor a los testimonios de los funcionarios de planta,
además de invisibilizar la subordinación real y evaluar las pruebas de manera
aislada.

Adicionalmente, reprochó una violación directa de la Constitución al vulnerar
directamente el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y
afirmó que se desconoció el procedente vinculante fijado por el Consejo de
Estado.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 16 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y se vinculó como terceros con
interés al juez Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al director
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), (demandado
dentro del proceso ordinario).

1.6 Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
Sección Segunda

Preciso que la acción de tutela no se dirigió contra ese despacho judicial, sino
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F. No obstante, advirtió que ese despacho analizó, valoró y tuvo en cuenta todas
las pruebas obrantes en el proceso y los precedentes del Consejo de Estado, que
conllevaron a negar las súplicas de la demanda.

Añadió que el accionante pretende reabrir un debate ya cerrado y que surtió en

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Demandante: Rubén Darío García Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
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debida forma las dos instancias, por lo que no es procedente utilizar este
mecanismo residual y subsidiario, como si se tratara de una instancia adicional.
Además, remitió el expediente del proceso.

1.6.2. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Aclaró que el señor García Mosquera no ejerció «funciones», sino que, por el
contrario, desarrolló las obligaciones contractuales pactadas en cada uno de los
contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad.

Puso de presente que el tutelante hizo parte de la operación estadística
denominada índices, la cual, de acuerdo con su desarrollo logístico, requiere
apoyo a los encuestadores, supervisores o recolectores de información, lo que
desarrolló de acuerdo con el objeto contractual pactado.

Aclaró que no ha tenido ninguna participación en la situación que precedió el
ejercicio de la acción constitucional y, por ende, el elemento de la legitimación en
la causa por pasiva no se configura, en la medida en que dicha entidad no es la
responsable de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales que
considera el tutelante se están trasgrediendo.

Concluyó que el actor está tratando de activar una nueva instancia para la
discusión de los asuntos que dieron origen a la controversia. Solicitó declarar
improcedente la acción, así como, desvincularla del presente trámite.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F

Resaltó que, de la lectura integral del escrito de tutela, se evidencia que los
reproches formulados corresponden, en esencia, a los mismos argumentos que
fueron expuestos tanto en la demanda ordinaria como en el recurso de apelación
resuelto por dicha sala de decisión.

Sostuvo que la parte actora pretende reabrir por vía constitucional un debate
jurídico y probatorio que fue ampliamente analizado y decidido por los jueces
naturales de la litis, con el propósito de obtener una nueva valoración de hechos
y de pruebas obrantes en el expediente y, a partir de ello, una conclusión distinta
a la adoptada en el proceso ordinario.

Destacó que no se configuró el defecto fáctico alegado, comoquiera que la sala
efectuó una valoración integral de las pruebas recaudadas en el proceso, lo que
incluyó documentos, reglamentos, actos administrativos, certificaciones y
testimonios, por lo que la inconformidad radica en las conclusiones alcanzadas
por el juez natural, más no en una ausencia de valoración probatoria.

Manifestó que tampoco se evidencia la violación constitucional, pues la decisión
objeto de reproche se apoyó en las normas constitucionales y legales que regulan
ese tipo de asuntos (contrato realidad), por lo que la providencia cuestionada se
motivó debidamente según las normas aplicables al caso.

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Demandante: Rubén Darío García Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04495-00

Solicitó negar las pretensiones de amparo formuladas, toda vez que no se
configuraron los defectos alegados ni se acreditó causal alguna que habilite la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 803 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2 Cuestión Previa

En el informe rendido por el DANE, esta entidad solicitó que se declarara su falta
de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, esta petición será denegada
por cuanto su vinculación obedeció al posible interés que le asiste en las resultas
del presente caso.

Esto, debido a que integró la parte demandada en el proceso dentro del cual se
profirió la sentencia a la cual la accionante le atribuye el presunto quebranto de
sus derechos fundamentales, así que su comparecencia resultaba necesaria para
garantizar su derecho de defensa y contradicción por cuanto podría verse afectada
con la decisión que se adopte en este asunto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala analizar sí el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, al trabajo y «el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades», invocados por el señor García
Mosquera, con ocasión de la providencia del 25 de noviembre de 2025, que
confirmó la sentencia proferida el 23 de octubre de 2023, por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que denegó las pretensiones de la
demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-35-014-2021-00439-00/01, que promovió contra el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de encontrarse superados los requisitos adjetivos de procedibilidad,
se abordará, ii) el fondo del reclamo.

3 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración4

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:

[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta
el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de 2025,

expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de

2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[...]el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».

Enfatizó que el análisis de procedencia, cuando se cuestiona una providencia de
una alta corte, debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia. Los presupuestos se refieren a lo siguiente:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, pues no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible

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de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

En esa medida, la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.

En el presente caso, la parte actora le atribuye al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, al trabajo y «el principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades», con la providencia del 25 de noviembre de 2025, que confirmó la
sentencia del 23 de octubre de 2023 dictada por el Juzgado Catorce Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, que denegó las pretensiones del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-014-2021-
00439-00/01, que promovió contra el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).

En criterio del accionante la aludida autoridad judicial incurrió en defecto fáctico
por indebida y arbitraria valoración probatoria, pues el tribunal ignoró correos
institucionales enviados por los coordinadores del DANE, en los que se le daban
órdenes a la parte actora de presentarse a determinada hora, cumplir metas
cuantificables e inmediatas y la obligación de realizar empalmes presenciales.

Precisó que, a pesar de probarse la continuidad del servicio, la corporación
enjuiciada fijó una barrera probatoria desproporcionada e imposible de cumplir en
materia de subordinación y rompió la protección constitucional que cobija a las
personas vinculadas fraudulentamente, mediante esta modalidad de contratación.

Asimismo, reprochó un error en el análisis de la subordinación del contrato, pues
el tribunal le dio pleno valor a los testimonios de los funcionarios de planta, además
de invisibilizar la subordinación real y evaluar las pruebas de manera aislada.

También, alegó una violación directa de la Constitución al vulnerar directamente
el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y afirmó que
desconoció el procedente vinculante fijado por el Consejo de Estado.

Del análisis de lo pretendido con la acción de tutela, resulta claro que los reparos
coinciden en una misma inconformidad relacionada con el desacuerdo del señor
García Mosquera con la decisión del tribunal de confirmar la sentencia del 23 de
octubre de 2023, proferida por el a quo que denegó las pretensiones de la
demanda, pues según la corporación enjuiciada de acuerdo con las declaraciones
de los testigos «el demandante disponía de autonomía para ejecutar los contratos
que suscribió con la accionada. Además, quedó probado que no le era exigido
presentarse a las instalaciones del DANE, las cuales tenía a su disposición».

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Igualmente, según lo indicado por el tribunal «el contratista tenía un amplio margen
de autonomía en la ejecución contractual. Aun cuando debía atender los
requerimientos y el plan de trabajo, el mismo participaba en su formulación, luego
no era impuesto unilateralmente por la entidad. Tampoco necesitaba pedir permiso
ni presentar excusas médicas en caso de no poder asistir a una reunión; solo debía
informar de su ausencia, a fin de que se reprogramara la recolección de la
información».

Específicamente, frente al defecto fáctico alegado por el accionante por indebida
y arbitraria valoración probatoria, se advierte que no supera el requisito de
relevancia constitucional, en tanto los reparos formulados se dirigen a controvertir
la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial en el proceso ordinario,
sin evidenciar una omisión determinante o una apreciación arbitraria que
comprometa derechos fundamentales.

En relación con el reproche de violación directa de la Constitución al vulnerar
directamente el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades
tampoco se supera el requisito de relevancia constitucional, pues no existe, por
parte del tutelante una argumentación tendiente a demostrar la grave violación de
sus derechos fundamentales, debido a que solo plantea un desacuerdo con la
decisión del tribunal que confirmó la sentencia del 23 de octubre de 2023, proferida
por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que denegó
las pretensiones de la demanda.

Según la corporación enjuiciada, «las actividades que desempeñó el tutelante no
fueron subordinadas, por lo que no se configuraron los elementos esenciales y
característicos de una relación laboral». Además, porque esta acción
constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se
emplee, para interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural, por lo que proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

Ahora bien, frente a la afirmación sobre el desconocimiento del precedente
vinculante fijado por el Consejo de Estado, el actor solo realizó esta afirmación,
sin cumplir con la carga iusfundamental requerida para superar el requisito en
estudio, toda vez que su reproche está dirigido a señalar que se declare que existió
una relación laboral sin solución de continuidad y, por ende, se ordene el
reconocimiento y pago de los derechos laborales, salariales y prestacionales de
naturaleza ordinaria o común y demás acreencias laborales a las que tenga
derecho, pero no citó ninguna decisión especifica ni indicó cuál regla o subregla
de derecho había sido desconocida o por qué ese caso le aplicaba
específicamente al suyo, y tampoco formuló planteamientos que permitan deducir
con claridad cómo la corporación enjuiciada vulneró sus derechos fundamentales
y desvirtuar las consideraciones que la respaldaron.

Por el contrario, esta sala advierte que la autoridad cuestionada hace mención a
la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021,
con radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01, por medio de la cual trató el

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análisis que se debe efectuar para encontrar demostrado el elemento de la
subordinación, señaló las reglas y concluyó que «para desvirtuar un contrato de
prestación de servicios y demostrar que existió una relación laboral, se deben
acreditar los tres elementos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, a
saber: la prestación personal del servicio, la remuneración como contraprestación
por la actividad ejecutada y la existencia de la subordinación; además, que la labor
que ejecutó el contratista es inherente a la entidad y que existe similitud o igualdad
en las funciones de otros empleados de planta, es decir, el carácter permanente
del cargo».

Así las cosas, para esta sección los cuestionamientos del tutelante se dirigen a
que se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada, tras no estar de
acuerdo con el análisis realizado, más allá de sugerir alguna discusión que
justifique, razonablemente, una afectación desproporcionada de sus derechos
fundamentales invocados, entre estos, el del debido proceso, cuyo núcleo esencial
se definió de la siguiente manera:

(...) [H]acer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante la
defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho. Sin
embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se
traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la
posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y
pretender una decisión favorable”6.

Por lo anterior, como se observa, la intención del accionante es imponer una
postura que resulte favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la
acción de tutela e impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de
fondo sobre el particular.

Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud de
amparo de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que el accionante no desarrolló planteamientos que permitan considerar,
prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento adicional al realizado en
la providencia objeto de reproche.

En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional, ya que la solicitud de amparo solo pretende reabrir el debate de
instancia, la acción de tutela será declarada improcedente.

De otra parte, mediante memorial presentado el 30 de junio de esta anualidad7, el
señor García Mosquera solicitó que se ordenara a la Secretaría de la Sección
Quinta de esta corporación «eliminar» y «excluir» de forma definitiva de la base

6 Corte Constitucional, Sentencia SU215 de 16 de junio de 2022, expediente T-8.497.337.
7 Samai, índice 16.

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Demandante: Rubén Darío García Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04495-00

de datos de este proceso, del Sistema SAMAI y de cualquier registro de
notificación, la dirección de correo electrónico diegocardona13@gmail.com y
modificarlo por el siguiente: edico.co@hotmail.com.

Por lo anterior, se ordenará a la Secretaría General de esta corporación realizar
este cambio.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

SEGUNDO: Declarar la improcedencia la acción de tutela presentada por el señor
Rubén Darío García Mosquera por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.

TERCERO: Ordenar a la Secretaría General de esta corporación tener en cuenta
que el canal digital, por medio del cual el señor Rubén Darío García Mosquera
recibirá todas las comunicaciones del presente trámite procesal es el aportado
originalmente en su escrito de tutela, esto es: edico.co@hotmail.com.

CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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