Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04496-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04496-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04496-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04496-00
Accionante: Hilda Beatriz Sabogal Varón
Accionado: Tribunal Superior de Cundinamarca.
Tema: Derechos a la estabilidad laboral reforzada, seguridad social, mínimo
vital y debido proceso administrativo. Provisión de cargo en
propiedad. Desvinculación del cargo en provisionalidad. NIEGA
AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Hilda Beatriz Sabogal
Varón, en nombre propio, en contra del Tribunal Superior de Cundinamarca.
ANTECEDENTES
La accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, seguridad social, mínimo vital y debido proceso
administrativo, que considera vulnerados con ocasión de los acuerdos 175 y 177
expedidos por la Sala Plena del Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que nació el 14 de abril de 1965, y se encuentra afiliada a Colpensiones, en donde
cuenta con un total de 1.303,86 semanas cotizadas al 30 de abril de 2026.
Que mediante acuerdo 033 del 5 de junio de 2012, la Sala Plena del Tribunal
Superior de Cundinamarca la nombró Jueza Promiscuo Municipal de San Cayetano
– Cundinamarca, en provisionalidad.
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Que es divorciada y su única fuente de ingresos es su salario, que tiene a cargo a
su hijo de 19 años de edad, a quien le fue diagnosticado «trastorno depresivo
recurrente, episodio actual grave, sin síntomas psicóticos», situación que conoce el
Tribunal.
Que presentó ante la presidencia del Tribunal Superior de Cundinamarca solicitud
de fuero laboral reforzado por su condición de prepensionada, pues a la fecha le
faltaban 94,71 semanas para el reconocimiento de la pensión de vejez.
Que mediante el Acuerdo 175 y 177 del 9 de junio de 2026, la Sala Plena del
Tribunal negó la solicitud de fuero laboral reforzado, considerando que a la fecha
contaba con los requisitos previstos para el reconocimiento de la pensión de vejez,
y, se nombró a Jonhatan Rey Ramos López juez en propiedad del Juzgado
Promiscuo Municipal de San Cayetano.
Que el 11 de junio de 2026, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación,
para que se le concediera el fuero laboral reforzado y, para que no fuera retirada
del cargo hasta que se le incluyera en la nómina de pensionado.
Que el 12 de junio de 2026 el señor Jonhatan Rey Ramos solicitó a la Alcaldía
municipal de San Cayetano realizar su posesión en propiedad, lo que evidencia una
violación al debido proceso administrativo porque «la corporación accionada se
encuentra ejecutando esos actos aun cuando no se encuentran en firme».
Que el 11 de junio de 2026 solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez.
Considera que la autoridad judicial accionada, al expedir los Acuerdos 175 y 177
del 2026 se apartó sin motivación alguna de la sentencia de la Corte Constitucional
T-374 de 2024, y de los reiterados pronunciamientos de las altas cortes sobre el
fuero laboral reforzado, vulnerando sus derechos fundamentales y los de su hijo.
PRETENSIONES
Solicitó que se tutelen los derechos fundamentales invocados; que se deje sin
efectos los acuerdos 175 y 177 aprobados en sesión el 9 de junio de 2026 por la
Sala Plena del Tribunal Superior de Cundinamarca; que se ordene al Tribunal su
reintegro al cargo de Juez Promiscuo Municipal de San Cayetano; y, que se ordene
a la Alcaldía Municipal de San Cayetano abstenerse de efectuar posesión en
propiedad del señor Jonhatan Rey Ramos López «hasta tanto sea incluida en
nómina por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones».
TRÁMITE DEL PROCESO
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El 17 de junio de 2026, se admitió la acción; se negó la medida provisional solicitada;
se vinculó al señor Jonhatan Rey Ramos López, como tercero con interés y se
ordenó notificar a la parte accionada y al vinculado.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas solicitó
que se evalúe la acumulación del presente proceso con la acción de tutela
identificada con radicado 11001-03-15-000-2026-04145-00, promovida por el señor
Jonhatan Rey Ramos López en contra del mismo Tribunal. Considera que las dos
acciones guardan identidad fáctica y jurídica, puesto que derivan de los Acuerdos
175 y 177 adoptados por la Sala Plena el 9 de junio de 2026.
Manifestó que los Acuerdos 175 y 177 fueron apelados por la accionante, por lo que
el acto administrativo no ha adquirido firmeza, y por consiguiente no puede
predicarse mora, inactividad ni vulneración actual de algún derecho, pues aún está
pendiente la resolución del recurso interpuesto.
Que acceder a lo solicitado implicaría inferir indebidamente en una actuación
administrativa en curso, desconocer el derecho del elegible a ser nombrado en
propiedad y desnaturalizar el régimen de carrera judicial. Por lo tanto, solicitó que
se declare improcedente la presente acción.
POSICIÓN DEL VINCULADO
El señor Jonhatan Rey Ramos López dijo que tomó posesión de su cargo en
propiedad el 12 de junio de 2026, y que dicha actuación no configuró una violación
al debido proceso administrativo o carezca de firmeza, en tanto el Acuerdo 177 del
9 de junio de 2026 no es oponible a la accionante.
Afirmó que la discusión planteada por la parte actora es una controversia jurídica
particular y ajena a su persona, pues su designación al cargo no proviene de un
acto arbitrario, sino del cumplimiento obligatorio del mandato constitucional, el cual
establece que el mérito es el mecanismo preferente de acceso a la función pública.
Además, que su derecho no puede ser desconocido por disputas de carácter
administrativo entre el empleador / nominador y la exservidora judicial.
Solicitó que se nieguen las pretensiones y, que se declare que es un tercero de
buena fe exento de responsabilidad.
Se decidirá previo a las siguientes,
CONSIDERACIONES
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Cuestión previa
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas solicitó la
acumulación del presente proceso con la acción de tutela identificada con radicado
11001-03-15-000-2026-04145-00, promovida por el señor Jonhatan Rey Ramos
López contra la misma autoridad judicial, que se encuentra en trámite en el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Según dice, ambas tutelas guardan
identidad fáctica y jurídica, puesto que se derivan de los Acuerdos 175 y 177 del 9
de junio de 2025.
Respecto a la acumulación de tutelas, el Decreto 1834 de 2015, en su artículo
2.2.3.1.3.1, establece que:
«Las acciones de tutela que persiguen la protección de los mismos
derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por
una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un
particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas
de competencia, hubiese avocado en primer lugar conocimiento de la
primera de ellas».
Del material probatorio aportado, no se observa que el Tribunal haya anexado
documento alguno para verificar la información y proceder con la solicitud, sin
embargo, esta Sala conoció por medio de la plataforma Samai el auto admisorio de
la tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-04145-00, en la cual se estableció que
el señor Jonhatan Rey Ramos considera vulnerados sus derechos fundamentales
porque el Tribunal «ha incurrido en dilaciones injustificadas dentro del proceso de
su nombramiento en propiedad para el cargo de Juez Promiscuo Municipal de San
Cayetano y ha omitido dar respuesta a algunas de sus solicitudes».
Así las cosas, no se observa que las dos tutelas ataquen los mismos actos
administrativos, por lo que no es procedente la acumulación.
Aclarado lo anterior, para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará
las siguientes temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) requisito de
subsidiariedad en la acción de tutela; iii) estabilidad laboral reforzada de
prepensionados; iv) protección constitucional de la mujer cabeza de familia; v)
acumulación de tutelas; y vi) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
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perjuicio irremediable.
Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela
Conforme a la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional,
esta acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esa
característica, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales
deben ser, en principio, resueltos por las vías ordinarias – jurisdiccionales y sólo
ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la
acción de amparo constitucional.
La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no se
constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la
medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales, además,
debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.
Ha dicho la Corte Constitucional1 que:
«…el amparo constitucional no es, por regla general el mecanismo judicial de
protección de los derechos laborales pues, para el efecto, los interesados tienen
la posibilidad de activas las acciones judiciales pertinentes ante la jurisdicción
ordinaria laboral o la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según
corresponda. Sin embargo, cuando el accionante es un sujeto de especial
protección constitucional o una persona en condiciones de debilidad manifiesta,
la existencia de medios judiciales de defensa deber ser apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia e idoneidad para amparar adecuadamente los derechos
fundamentales.»
De ahí que cuando se invoca la estabilidad laboral reforzada, deba examinarse el
asunto, a fin de determinar si se cumplen los requisitos para la protección
constitucional.
Estabilidad laboral reforzada de prepensionados
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-003 de 2018, unificó su jurisprudencia
en relación con la estabilidad laboral reforzada de las personas próximas a
pensionarse y estableció que la condición de prepensionado no se deriva de
cualquier expectativa pensional, sino de una situación concreta en la que el
trabajador se encuentra próximo a cumplir los requisitos para acceder a la pensión
y requiere la continuidad en el empleo para garantizar la consolidación de ese
derecho.
«Cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de
edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de
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Ver, entre otras, sentencia T – 311 de 2025
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cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de
estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante
de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral
vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a la pensión de vejez».
En ese sentido, la Corte ha indicado que:
1) La protección se reconoce cuando el trabajador se encuentra en una
situación de proximidad real y verificable al cumplimiento de los requisitos
legales, especialmente cuando aún requiere del vínculo laboral para
completar dichos requisitos.
2) La estabilidad reforzada no tiene carácter automático, sino que exige la
demostración de los presupuestos fácticos que evidencien la necesidad de
protección.
3) La finalidad de la medida consiste en evitar que la desvinculación afecte de
manera desproporcionada el acceso efectivo a la pensión.
De igual forma, la Corte ha señalado que esta protección no puede desconocer el
principio de mérito en el acceso a los cargos de carrera, de manera que su
aplicación exige un ejercicio de armonización constitucional que depende de la
acreditación concreta de los presupuestos de vulneración.
Protección constitucional de la mujer cabeza de familia.
La Corte Constitucional en sentencia T-246 de 2022 señaló que la protección
especial a favor de las mujeres cabeza se deriva tanto del artículo 13 de la
Constitución, que dispone el deber de velar por la igualdad real y efectiva de los
grupos tradicionalmente discriminados y proteger a las personas en circunstancias
de debilidad manifiesta, como de su artículo 43, que prevé el deber especial de
apoyar a estas personas y a su grupo familiar, «en consideración a la difícil situación
a la que deben enfrentarse al asumir de forma solitaria las tareas de crianza y de
sostenimiento […], permitiéndoles oportunidades en todas las esferas de su vida y
garantizándoles acceso a ciertos recursos escasos».2
La corte estima que la categoría de «cabeza de familia» no sólo comprende a la
madre que asume el cuidado de sus hijos menores o en situación de discapacidad3,
sino que se extiende a aquella mujer de quien dependen otras personas que, por
causa debidamente comprobada, se encuentran incapacitadas para trabajar; entre
estas, incluso, el cónyuge o compañero permanente4.
Quien aduce ser beneficiaria de esta forma de estabilidad laboral reforzada debe
acreditar las siguientes exigencias:
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Corte Constitucional, Sentencia T-724 de 2009
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Corte Constitucional. Sentencia T-016 de 2008
4
Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 2008
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1) Tener a cargo la responsabilidad de hijos mejores o de personas
incapacitadas para trabajar.
2) Que la responsabilidad sea exclusiva, por cuanto no recibe ayuda alguna por
parte de los demás miembros de la familia o, en caso de recibirla, exista una
deficiencia sustancial entre lo requerido para satisfacer el mínimo vital de los
sujetos a su cargo y lo recibido, siendo, en la práctica, el sustento del hogar
una responsabilidad exclusiva y solitaria de la madre.
3) Que la responsabilidad sea de carácter permanente, derivada, «(i) no solo de
la ausencia o abandono del hogar por parte de la pareja, sino por constatarse
que aquella se sustrae del cumplimiento de las obligaciones que tal condición
exige, o (ii) porque la pareja no asume la responsabilidad que le corresponde
por algún motivo relacionado con una incapacidad física, sensorial, síquica o
mental, “o, como es obvio, por la muerte”»5.
Análisis del caso concreto
La señora Hilda Beatriz Sabohal Varón, considera que la Sala Plena del Tribunal
Superior de Cundinamarca y Amazonas, vulneró sus derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, seguridad social, mínimo vital y debido proceso
administrativo, con ocasión de la expedición de los Acuerdos No. 175 y 177 del 9
de junio de 2026.
De los anexos de la demanda y demás elementos allegados al expediente, la Sala
observa lo siguiente:
• Mediante Acuerdo No. 175 del 9 de junio de 2026, la Sala Plena del Tribunal
Superior de Cundinamarca y Amazonas le niega a la señora Hilda Beatríz
Sabogal, el reconocimiento de la calidad de prepensionada y por ende, de la
estabilidad laboral reforzada.
• Mediante Acuerdo No. 177 del 9 de junio de 2026, la Sala Plena del Tribunal
Superior de Cundinamarca y Amazonas efectuó el nombramiento en
propiedad de Johnatan Rey Ramos López.
• Recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por la señora Hilda
el 11 de junio de 2026, en contra de los Acuerdos No. 175 y 177.
• Mediante acuerdo CSJCUA26-20 del 16 de abril de 2026, se conformó la lista
de elegibles para proveer los cargos de los juzgados promiscuos
municipales, entre los que estaba el Juzgado Promiscuo Municipal de San
Cayetano, que designó como Juez a Johnatan Rey Ramos López.
• Acta de posesión No. 047 del 12 de junio de 2026 de Jonhatan Rey Ramos
López como Juez Promiscuo Municipal de San Cayetano.
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Corte Constitucional sentencia T-016 de 2008
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• Solicitud de reconocimiento de pensión de vejez ante Colpensiones, por
parte de la señora Hilda, con fecha de radicación del 11 de junio de 2026.
Del material probatorio aportado, se advierte que la accionante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación contra los Acuerdos aquí cuestionados y no se
allegó prueba de que el recurso haya sido resuelto. A pesar de ello, la Sala
considera pertinente el estudio de fondo del asunto, sin exigir como requisito de
subsidiariedad el agotamiento de ese recurso, debido a que los actos
administrativos ya fueron ejecutados, en tanto la accionante ya fue retirada del cargo
que ocupaba en provisionalidad.
La Sala observa que la desvinculación de la accionante se produjo como
consecuencia del nombramiento en propiedad de un aspirante que superó el
concurso de méritos, circunstancia que configuró una causal objetiva, legítima y
constitucionalmente válida en el marco del sistema de carrera judicial, para lo cual
realizó un procedimiento administrativo y una ponderación de derechos.
En relación con la alegada condición de prepensionada, la Sala no encuentra
acreditados los supuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para el
reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada en dicha calidad, en la medida en
que la protección se predica, de forma estricta, respecto de quienes se encuentran
próximos a consolidar su derecho pensional y requieren de la continuidad laboral
para completar los requisitos exigidos por la ley, especialmente el número de
semanas de cotización.
En el presente caso, la accionante dijo que a abril del presente año contaba con
1.303,86 semanas cotizadas y solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez ante
Colpensiones, por lo que se infiere que ya completó los requisitos exigidos por la
ley para acceder a su derecho pensional, de manera que no se demuestra una
situación de riesgo cierta e inmediata de frustración del derecho pensional que haga
necesaria la protección excepcional del juez constitucional, ni se acredita que la
desvinculación impida materialmente el acceso a la pensión en los términos exigidos
por la jurisprudencia aplicable.
En relación con la protección que solicita con base en su condición de madre cabeza
de familia, se tiene lo siguiente:
La accionante manifestó tener a cargo a su hijo Juan Sebastián Rojas de 19 años,
a quien le fue diagnosticado «trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave,
sin síntomas psicóticos»; frente a lo cual aportó historia clínica, informe psicológico
y, consulta en el ADRES para demostrar que Juan Sebastián es beneficiario.
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Tales elementos no son suficientes para acreditar los presupuestos exigidos por la
jurisprudencia constitucional para el reconocimiento de la estabilidad laboral
reforzada; pues de ellos no es posible inferir que la responsabilidad económica y
asistencial del hogar recaiga de forma exclusiva sobre la accionante; el hijo
mencionado no es menor de edad y tampoco se acreditó que su diagnóstico lo
incapacite para trabajar.
Así las cosas, la Sala concluye que no se acreditó la vulneración a los derechos
fundamentales invocados, ni la existencia de una situación de especial protección
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, en consecuencia, se
negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado por la señora Hilda Beatríz Sabogal Varón,
conforme a las consideraciones expuestas.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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