Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04510-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04510-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04510-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04510-00
Demandante: JUAN CARLOS SUÁREZ SANDOVAL
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Tema: Tutela de fondo. Cumplimiento de orden judicial. Declara
carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Juan Carlos
Suárez Sandoval, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala
Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Juan Carlos Suárez Sandoval, en nombre propio, presentó acción de
tutela2 contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial y el Consejo
Superior de la Judicatura, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos públicos y a la tutela judicial
efectiva.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de
la omisión de las autoridades accionadas en dar cumplimiento a la medida
cautelar decretada mediante el auto de 15 de mayo de 2026 del Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, en el trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que el actor inició contra la Nación, Rama
Judicial y la Unión Temporal Formación Judicial3; proceso que se identificó con el
radicado 54001-33-33-001-2026-00054-004.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Mediante escrito radicado el 2 de junio de 2026, a través del aplicativo web de recepción de
tutelas y habeas corpus en línea. El proceso correspondió por reparto a la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Fernando León Bolaños Palacios. Mediante
auto de 10 de junio de 2026 la referida autoridad judicial ordenó la remisión del expediente al
Consejo de Estado. El envío se realizó al día siguiente a la Secretaría General de esta corporación.
3 Conformada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Edistribution S.A.S.
4 Mediante auto de 15 de mayo de 2026 se dispuso: «PRIMERO: DECRÉTESE la medida cautelar
solicitada por la parte demandante. En consecuencia, ORDÉNESE a la Nación – Rama Judicial,
que a través de la Dirección de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, en el término de tres (3) días, proceda a publicar los
resultados obtenidos por el señor Juan Carlos Suárez Sandoval, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.094.241.984, en la etapa clasificatoria del concurso de méritos correspondiente
a la Convocatoria No. 27, para el cargo de Juez Promiscuo Municipal.
Demandante: Juan Carlos Suárez Sandoval
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04510-00
1.2. Pretensiones
La parte actora presentó las siguientes:
Solicito al juez constitucional amparar mis derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad y a la tutela
judicial efectiva y en consecuencia:
DECLARE que las funcionarias accionadas vulneraron mis derechos fundamentales
al incumplir la medida cautelar decretada mediante auto del 15 de mayo de 2026
por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta.
ORDENE a las funcionarias accionadas que, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la sentencia de tutela, adopten todas las medidas administrativas,
operativas y jurídicas necesarias para garantizar de manera efectiva mi
participación en condiciones de igualdad dentro del proceso de selección
correspondiente a la Convocatoria 27.
Subsidiariamente, en caso de haberse agotado la etapa de opción de sede, se
implemente un mecanismo sustitutivo o equivalente que garantice de manera real el
ejercicio de mis derechos dentro del concurso, evitando que la actuación
administrativa haga nugatorio el control judicial.
Finalmente requerir a las funcionarias accionadas para que, en adelante, se
abstengan de incurrir en conductas que impliquen el desconocimiento de decisiones
judiciales y de los derechos fundamentales del suscrito.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que
se adoptará en esta sentencia:
El señor Juan Carlos Suárez Sandoval presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama
Judicial y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, con el fin de obtener la
nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución EJR24-298 de 21 de
junio de 20245 y su anexo; (ii) Resolución EJR24 - 317 de 28 de junio de 20246 y
su anexo, y (iii) Resolución EJR24-736 de 31 de octubre de 20247. Así mismo,
solicitó el decreto de una medida cautelar.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cúcuta, bajo el radicado 54001-33-33-001-2026-00054-00.
Para el efecto deberá tenerse en cuenta la puntuación final del demandante en el IX Curso de
Formación Judicial Inicial, publicado en el anexo de la Resolución EJR25-893 del 22 de diciembre
de 2025, proferida por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
De igual manera se ordena a la Nación – Rama Judicial, que a través de la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, y una vez se cumpla la disposición anterior, proceda a incluir
al demandante en el Registro Nacional de Elegibles, para el cargo de Juez Promiscuo Municipal,
permitiéndole igualmente su participación en la opción de sede, mientras se profiere decisión de
fondo dentro del presente asunto.
Una vez ejecutada la orden aquí impartida, se deberá allegar al Juzgado la constancia de
cumplimiento, so pena de incurrir en desacato».
5 «Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial».
6 Que corrigió la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024.
7 «Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución No. EJR24-298
del 21 de junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024».
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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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Mediante auto de 20 de marzo de 2026, la autoridad judicial admitió la demanda y,
posteriormente, a través de proveído de 15 de mayo de 2026 decretó la siguiente
medida cautelar:
PRIMERO: DECRÉTESE la medida cautelar solicitada por la parte demandante.
En consecuencia, ORDÉNESE a la Nación – Rama Judicial, que a través de la
Dirección de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, en el término de tres (3) días, proceda a publicar los
resultados obtenidos por el señor Juan Carlos Suárez Sandoval, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.094.241.984, en la etapa clasificatoria del concurso de
méritos correspondiente a la Convocatoria No. 27, para el cargo de Juez Promiscuo
Municipal.
Para el efecto deberá tenerse en cuenta la puntuación final del demandante en el IX
Curso de Formación Judicial Inicial, publicado en el anexo de la Resolución EJR25-
893 del 22 de diciembre de 2025, proferida por la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla
De igual manera se ordena a la Nación – Rama Judicial, que a través de la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, y una vez se cumpla la
disposición anterior, proceda a incluir al demandante en el Registro Nacional de
Elegibles, para el cargo de Juez Promiscuo Municipal, permitiéndole igualmente su
participación en la opción de sede, mientras se profiere decisión de fondo dentro del
presente asunto.
Una vez ejecutada la orden aquí impartida, se deberá allegar al Juzgado la
constancia de cumplimiento, so pena de incurrir en desacato.
Inconforme con esta decisión, la parte demandada la recurrió. Por esta razón,
mediante auto de 3 de junio de 2026 el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cúcuta concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo y
ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a cargos públicos y a la tutela judicial efectiva, con ocasión de
la omisión de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura en dar cumplimiento a la medida cautelar decretada por
el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta en el
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 54001-33-33-001-2026-00054-00.
Indicó que mediante la Resolución CJR26-0393 de 21 de mayo de 2026, la Unidad
de Administración de Carrera Judicial dio cumplimiento parcial a la medida
cautelar decretada, toda vez que publicó los resultados de la etapa clasificatoria,
sin embargo, no ha incluido su nombre en el respectivo registro de elegibles.
Expuso que el 27 de mayo de 2026 le solicitó a la autoridad accionada el cabal
cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cúcuta, sin que a la fecha haya obtenido un pronunciamiento
de fondo.
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Puso de presente que el 28 de mayo de 2026 solicitó la apertura del
correspondiente incidente de desacato. No obstante, informó que hasta el
momento no le ha sido notificada alguna providencia en ese sentido.
Trajo a colación que la etapa de opción de sede para el cargo de juez promiscuo
municipal inició el 1. ° de junio de 2026 y finalizó el 5 de junio del mismo año, por
lo que con la omisión de la Unidad de Administración de Carrera Judicial no ha
podido participar en esa etapa.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 16 de junio de 2026, el magistrado ponente de esta decisión admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como al Consejo
Superior de la Judicatura y a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, en
calidad de autoridades accionadas.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, vinculó como terceros con interés al Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Cúcuta, al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a
la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la
Unión Temporal de Formación Judicial 2019, conformada por la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Edistribution S.A.S., así como las demás
partes, personas, terceros y/o entidades que participan en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 54001-33-33-001-2026-
00054-00.
De otro lado, requirió a las autoridades judiciales vinculadas para que remitieran
copia digital o digitalizada del mencionado proceso y negó la medida provisional
elevada por la parte actora.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
El secretario del juzgado remitió el enlace de consulta del expediente 54001-33-
33-001-2026-00054-00.
1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
La apoderada de la entidad solicitó que se declare improcedente la presente
acción constitucional, al considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva.
De otro lado, agregó:
-El actor reconoce que la Unidad de Carrera Judicial sí publicó sus notas
(Resolución CJR26-0393). Esto demuestra que hubo cumplimiento, sin embargo, es
claro que la inclusión en el registro depende de superar todas las fases
eliminatorias.
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-El concurso de méritos es un procedimiento reglado y preclusivo. El demandante
no superó la subfase general (puntaje inferior al mínimo). Por tanto, el actor no
adquirió derecho cierto a ser incluido en el registro de elegibles, sino apenas una
expectativa.
-La acción de tutela es improcedente porque no puede sustituir al juez natural del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. El actor ya tiene un
proceso contencioso en curso, lo que hace improcedente la tutela como mecanismo
principal.
1.6.3. Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura
La directora de la unidad solicitó que se niegue el amparo deprecado por la parte
actora, toda vez que no se han vulnerado ni desconocido sus derechos
fundamentales, puesto que se adelantaron oportunamente todas las actuaciones
para dar cumplimiento a la medida cautelar decretada el 15 de mayo de 2026 por
el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta.
Sobre el particular, indicó que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
valoró los factores que integran la etapa clasificatoria respecto del actor y
consecuentemente adicionó la Resolución CJR26-0034 de 13 de enero de 2026
mediante la Resolución CJR26-0393 de 21 de mayo de 2026, a través de la cual
publicó los resultados de la etapa clasificatoria de Juan Carlos Suárez Sandoval.
Informó que el trámite de inclusión del accionante en Registro Nacional de
Elegibles está sujeto a las reglas establecidas en el Acuerdo PCSJA18-11077 de
2018, norma que regula la Convocatoria 27, por lo que respecto de la Resolución
CJR26-0393 del 21 de mayo de 2026 destacó lo siguiente:
En ese sentido, dado que la Resolución CJR26-0393 del 21 de mayo de 2026 fue
desfijada el 28 de mayo de 2026, el término para interponer recursos comenzó a
contabilizarse a partir del 29 de mayo de 2026. Si bien mediante comunicación del
25 de mayo del mismo año, el accionante manifestó su renuncia a interponer
recursos y a los términos de ejecutoria del acto administrativo, dicha manifestación
solamente podía producir efectos una vez finalizado el trámite de notificación, esto
es, a partir del 29 de mayo de 2026.
Señaló que, en cumplimiento de la orden judicial, el Consejo Superior de la
Judicatura expidió la Resolución PCSJSR26-150 de 9 de junio de 20268, mediante
la cual incluyó al tutelante en el respectivo registro, acto que fue respectivamente
notificado y adquirió firmeza a partir del 18 de junio de 2026.
Destacó que únicamente a partir de la firmeza de la Resolución PCSJSR26-150
de 9 de junio de 2026 el accionante quedó habilitado para participar en la opción
de sedes del mes siguiente a la ejecutoria del acto que dispuso su inclusión en el
Registro Nacional de Elegibles.
8 «Por la cual se adiciona en cumplimiento a una orden judicial, la Resolución PCSJSR26-041 de
18 de febrero de 2026 “Por medio de la cual se conforma el Registro Nacional de Elegibles
correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, para el cargo de
Juez Promiscuo Municipal».
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Por otra parte, consideró que la acción de tutela no constituye el mecanismo
judicial idóneo para obtener un pronunciamiento sobre el cumplimiento de una
medida cautelar adoptada dentro de un proceso judicial en curso, dado que ello
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo que la profirió, a través del
respectivo incidente de desacato; máxime cuando el actor no demostró la
existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional
del juez constitucional.
Finalmente, sobre la solicitud presentada por el accionante el 27 de mayo de 2026
indicó que contrario a lo manifestado por el actor, mediante el oficio CJO26-2779
de 3 de junio de 2026 la unidad le informó detalladamente el trámite que debía
surtirse para la conformación del Registro Nacional de Elegibles, acto que fue
notificado al correo electrónico juancarlossuarezsandoval@gmail.com.
1.6.4. Tribunal Administrativo de Norte de Santander
El magistrado sustanciador del proceso 54001-33-33-001-2026-00054-01 allegó el
enlace de consulta del expediente y solicitó que se declare su falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones de la acción de tutela van
encaminadas al cumplimiento de la medida cautelar ordenada por el a quo, por lo
que la competencia para acatar tales determinaciones corresponde a la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
Destacó que le correspondió por reparto el trámite de apelación presentado contra
el auto de 15 de mayo de 2026, expediente que ingresó al despacho el 17 de junio
de 2026 y se encuentra en turno para ser resuelto.
1.6.5. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
La apoderada de la entidad solicitó que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez ni la universidad ni la Unión Temporal Formación
Judicial 2019 tienen competencia para ejecutar las pretensiones elevadas por el
accionante.
En primer lugar, informó que la Fase III de la Etapa de Selección del Concurso de
Méritos No. 27 se desarrolla a través del contrato No. CO1.PCCNTR.1240112 de
2019, suscrito entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Unión Temporal
Formación Judicial 2019.
Puso de presente que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es
una institución de educación superior con personería jurídica independiente a la de
la Unión Temporal Formación Judicial 2019.
Reiteró que las pretensiones del accionante están dirigidas a obtener la
suspensión, modificación o inaplicación de actos administrativos expedidos dentro
del concurso de méritos y, en ese sentido, consideró que la autoridad que ostenta
de manera exclusiva la competencia para adoptar decisiones, particularmente, la
relacionada con el Registro de Elegibles, es la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
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1.6.6. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
La apoderada de la entidad pidió que se niegue el amparo solicitado y que se
archive el presente trámite, toda vez que se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado.
Al respecto, explicó que el Consejo Superior de la Judicatura, en coordinación con
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander
y Arauca, dio cumplimiento a la medida cautelar decretada mediante el auto de 15
de mayo de 2026, al expedir la Resolución PCSJSR26-150 de 9 de junio de 2026,
a través de la cual se incluyó al señor Juan Carlos Suárez Sandoval en el Registro
Nacional de Elegibles para el cargo de juez promiscuo municipal.
Señaló que esta información también fue comunicada al juzgado una vez le fue
notificado el incidente promovido por el tutelante.
1.6.7. Unión Temporal Formación Judicial 2019
El representante legal de la asociación solicitó su desvinculación del proceso al
señalar que no es el competente para atender las pretensiones del actor ni para
adoptar decisiones relacionadas con su participación en el proceso formativo.
Precisó que las únicas entidades con la facultad para tramitar y resolver la
solicitud del accionante son el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial.
Así mismo, destacó que no se han «vulnerado los derechos constitucionales del
accionante, en la medida en que ha actuado en todo momento de conformidad con
lo previsto en la ley y dentro de las atribuciones establecidas para el desarrollo de
las distintas etapas del IX Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y
Magistrados de la República».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial y el Consejo
Superior de la Judicatura, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 20199 de la
Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia y la Unión Temporal Formación Judicial 2019 solicitaron su
desvinculación del presente trámite constitucional, al considerar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva. No obstante, la Sala negará tales peticiones,
dado que estas entidades fueron vinculadas como terceros por tener interés en la
decisión que se adopte en este asunto, mas no como partes accionadas.
9 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales del accionante por parte de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, al
omitir el cumplimiento de la medida cautelar decretada por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta en el trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 54001-33-33-
001-2026-00054-00.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela e
improcedencia cuando existan otras vías judiciales disponibles y eficaces, y (iii) el
análisis del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable10.
2.5. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.11
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.
10 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
11 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
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De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo12.
El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se
deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta
acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario
de los procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando
el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que
exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de
medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo
transitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»13.
2.6. Caso concreto
2.6.1. En el sub examine, el accionante alegó que la Unidad de Administración de
la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos públicos y a la tutela judicial
efectiva, toda vez que no ha dado cumplimiento a la medida cautelar decretada
mediante auto de 15 mayo de 2026 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cúcuta, en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 54001-33-33-001-2026-00054-00, en la
que se ordenó lo siguiente:
PRIMERO: DECRÉTESE la medida cautelar solicitada por la parte demandante.
En consecuencia, ORDÉNESE a la Nación – Rama Judicial, que a través de la
Dirección de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, en el término de tres (3) días, proceda a publicar los
resultados obtenidos por el señor Juan Carlos Suárez Sandoval, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.094.241.984, en la etapa clasificatoria del concurso de
méritos correspondiente a la Convocatoria No. 27, para el cargo de Juez Promiscuo
Municipal.
Para el efecto deberá tenerse en cuenta la puntuación final del demandante en el IX
Curso de Formación Judicial Inicial, publicado en el anexo de la Resolución EJR25-
893 del 22 de diciembre de 2025, proferida por la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla
De igual manera se ordena a la Nación – Rama Judicial, que a través de la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, y una vez se cumpla la
disposición anterior, proceda a incluir al demandante en el Registro Nacional de
Elegibles, para el cargo de Juez Promiscuo Municipal, permitiéndole igualmente su
participación en la opción de sede, mientras se profiere decisión de fondo dentro del
presente asunto.
12Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
13 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
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Una vez ejecutada la orden aquí impartida, se deberá allegar al Juzgado la
constancia de cumplimiento, so pena de incurrir en desacato.
Ahora bien, al contestar la presente acción constitucional, la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial informó que, en cumplimiento de la orden del
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, el Consejo
Superior de la Judicatura expidió la Resolución PCSJSR26-150 de 9 de junio de
2026, mediante la cual se incluyó al tutelante en el respectivo registro, así:
Artículo 1. Adicionar la Resolución PCSJSR26-041 del 18 de febrero de 2026 “Por
medio de la cual se conforma el Registro Nacional de Elegibles correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018,
para el cargo de Juez Promiscuo Municipal y se da cumplimiento a una orden
judicial”, en el sentido de incluir en el Registro Nacional de Elegibles para el referido
cargo, al aspirante JUAN CARLOS SUÁREZ SANDOVAL, identificado con cédula
de ciudadanía 1.094.241.984, en cumplimiento estricto de la orden judicial a la que
se hace referencia en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2. Modificar el artículo 2 de la Resolución PCSJSR26-041 del 18 de
febrero de 2026, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 2. Inscribir en el Registro Nacional de Elegibles para el cargo de
Juez Promiscuo Municipal (270024) en orden descendente de puntajes, a
los siguientes aspirantes: […]
Y sobre la notificación del referido acto, precisó lo siguiente:
Dicho acto administrativo fue notificado mediante fijación por el término de cinco (5)
días en el Consejo Superior de la Judicatura, del 10 al 17 de junio de 2026, y fue
divulgado a través de la página web de la Rama Judicial en cumplimiento del
numeral 5.2 del Acuerdo de convocatoria PCSJA18-11077 de 2018, y adquirió
firmeza a partir del 18 de junio de 2026, esto es, a partir del día siguiente al
vencimiento del término de su notificación conforme a lo previsto en la Ley 1437 de
2011.
Para tal efecto, allegó la respectiva constancia de fijación:
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Finalmente, la autoridad accionada destacó que únicamente a partir de la firmeza
de la Resolución PCSJSR26-150 de 9 de junio de 2026, esto es, a partir del 18 de
junio de 2026, el accionante quedó habilitado para participar en la opción de sedes
del mes siguiente.
En ese orden, es preciso resaltar que, encontrándose en curso la tutela de la
referencia, el Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución PCSJSR26-
150 de 9 de junio de 2026 dio cumplimiento a la orden impartida mediante el auto
de 15 mayo de 2026 del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Cúcuta, en el sentido de incluir al señor Juan Carlos Suárez Sandoval en el
Registro Nacional de Elegibles para el cargo de juez promiscuo municipal, quien,
por demás, tendrá la oportunidad de optar por esta opción desde el mes de julio
del presente año, con lo cual se advierte la cesación de la vulneración alegada por
el actor.
Al respecto, esta Colegiatura en anteriores oportunidades14 se ha referido a la
acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.
En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la
amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el
trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la
vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del
proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la
vulneración de los derechos fundamentales.
14 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro; (ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de
junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii)
por una situación sobreviniente.
En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la
Sala cita como criterio auxiliar, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el
que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación
que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro,
se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.15
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente
que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del
derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es
decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento
sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como
en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado
[…]” (Negrillas inexistentes en el texto original)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii)
de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada
como el acaecimiento de una “situación sobreviniente16.
[…].
Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición
de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela,
15 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
16 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
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por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño
resulta perenne.
Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: «[l]a segunda de las figuras
referenciadas, consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que
venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de
tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto»17.18
(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.
La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena19 como por las
distintas Salas de Revisión20. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija
casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y
hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”21. No se
trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada.22
En ese orden, en atención a que el Consejo Superior de la Judicatura expidió la
Resolución PCSJSR26-150 de 9 de junio de 2026 con la que incluyó al señor Juan
Carlos Suárez Sandoval en el Registro Nacional de Elegibles, para el cargo de
juez promiscuo municipal, cualquier orden que se dicte por parte de esta Sala de
Decisión resultaría inane, dado que la presunta vulneración cesó debido a la
actuación de la parte demandada durante el trámite de esta acción, tal como lo
solicitó la parte actora en la pretensión constitucional.
2.7. Conclusión
Así las cosas, y conforme con lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que, al momento de fallar la presente acción
de tutela, se encontró que, durante el trascurso de esta, la autoridad accionada
incluyó al señor Juan Carlos Suárez Sandoval en el Registro Nacional de
Elegibles, para el cargo de juez promiscuo municipal.
17 Sentencia SU-225 de 2013.
18 Sentencia T-481 de 2016.
19 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
20 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
21 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
22 Sentencia SU-522 de 2019.
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Unión
Temporal Formación Judicial 2019.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por el señor Juan Carlos Suárez Sandoval.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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