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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04525-00

Fecha
24 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04525-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por los señores Luis Wilson González Cárdenas y Alejandro Salvino Caicedo, en calidad de representantes del Consorcio Renting Blindados 2017 2018 (integrado por GMW Security Rent a Car Ltda. y Blinsecurity de Colombia Ltda.) contra el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04525-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

24 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04525-00
Accionante: Luis Wilson González Cárdenas y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04525-00
Accionante: Luis Wilson González Cárdenas y otro
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo.
Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Luis Wilson González Cárdenas y
Alejandro Salvino Caicedo, en calidad de representantes del Consorcio Renting
Blindados 2017 2018 (integrado por GMW Security Rent a Car Ltda. y Blinsecurity
de Colombia Ltda.), en contra del Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección
A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 22 de diciembre de 2025 1, los señores Luis Wilson González Cárdenas y
Alejandro Salvino Caicedo, en calidad de representantes del Consorcio Renting
Blindados 2017 2018 (integrado por GMW Security Rent a Car Ltda. y Blinsecurity
de Colombia Ltda.), promovieron acción de tutela con el propósito de obtener la
protección de sus derechos fundamentales a “LA DEBIDA VALORACIÓN DE
PRUEBAS”2, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
defensa, que consideró vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A.

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 1 de julio de 2025, mediante la cual esa
autoridad judicial modificó el fallo proferido el 26 de enero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B y, en
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda proferida dentro del medio de

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 6AA02F2A5B2D7ED4 E08E9B0D1BF954D0
1615CBC32CD36B1F 258CE69CCE534AD4
2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado ACB5B40CB835826C 0E81DD8C258E1BB4
5156E306121720E6 C39E42A23A44A202

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04525-00
Accionante: Luis Wilson González Cárdenas y otro

control de controversias contractuales identificado con el radicado No. 25000-23-
36-000-2021-00269-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. La Unidad Nacional de Protección -UNP, mediante Resolución No. 1272 del 23
de noviembre de 2017, ordenó la apertura del proceso de selección abreviada No.
PSA-UNP-42-2017. Por lo tanto, con la Resolución No. 1338 de 2017, se adjudicó
el mismo al Consorcio Renting Blindados 2017-2018.

2.2. El 11 de diciembre de 2017, la Unidad Nacional de Protección -UNP y el
Consorcio Renting Blindados 2017 2018 celebraron el contrato No. 814, cuyo objeto
consistió en el “arrendamiento de vehículos blindados para ser utilizados como
medidas de protección de la población objeto del Programa de Protección de la
Unidad Nacional de Protección a nivel nacional”, por un valor de $53.731’045.389
(IVA incluido) y un plazo de ejecución que vencía el 31 de julio de 2018.

2.3. El valor del contrato No. 814 se adicionó a través de los modificatorios Nos. 1 y
2 del 21 y 26 de diciembre de 2017, respectivamente. Mediante la modificación No.
3 del 6 de febrero de 2018, las partes prorrogaron su plazo hasta el 31 de diciembre
de 2018.

2.4. Posteriormente, la UNP y el Consorcio celebraron contrato No. 816 de 2017, el
cual tenía por objeto contratar el arrendamiento de vehículos blindados para ser
utilizados como medidas de protección de la población objeto del programa de
protección de la unidad nacional de protección a nivel nacional de conformidad con
las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. El plazo de
ejecución quedó pactado hasta el 31 de julio de 2018, previa suscripción del acta
de inicio.

El valor del contrato No. 816 de 2018, quedó pactado en $8.360´265.727; dicho
negocio fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2018 y se adicionó su valor en
la suma de $4.358´592.558.

2.5. La UNP mediante Resolución No. 1824 del 21 de diciembre de 2018, declaró
urgencia manifiesta, por lo tanto, conforme a la Resolución No. 1828 del mismo día,
justificó la contratación directa. En consecuencia, celebró contratación directa con
el Consorcio a través del contrato No. 820 del 21 de diciembre de 2018, a fin de
arrendar vehículos blindados para el Grupo 6, que correspondía a los
Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Guaviare, Guainía, Vichada,
Vaupés y Meta, con el fin de garantizar la prestación ininterrumpida del servicio de
protección.

En cuanto al contrato No. 820 de 2018, el plazo de ejecución quedó acordado hasta
el 26 de diciembre de 2018 y/o agotar los recursos, previa suscripción de acta de
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inicio; el valor del mismo sería hasta por la suma de $300´000.000. El 26 de
diciembre 2018, se susbribió modificación No. 01 prorrogando 1 día la ejecución del
contrato, es decir, hasta el 27 de diciembre de 2018.

2.6. A través de la Resolución No. 1851 del 27 de diciembre de 2018, la UNP declaró
la urgencia manifiesta. Con fundamento en ello y, por medio de Resolución No. 1855
del mismo día, mes y año, justificó la contratación directa para el arrendamiento de
los vehículos blindados requeridos para los departamentos de Cundinamarca,
Boyacá, Casanare, Guaviare, Guainía, Vichada, Vaupés y Meta.

En virtud de lo anterior, el 27 de diciembre de 2018, la unidad y el consorcio
celebraron el contrato No. 826, por un valor de $400’000.000 (IVA incluido) y un
plazo de ejecución que concluía el 31 de diciembre de 2018.

2.7. En los contratos Nos. 814 y 826 se estipuló que su liquidación se realizaría de
conformidad con lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública –EGCAP–.

2.8. La parte actora presentó demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales en la medida en que la UNP incumplió las condiciones
pactadas en los contratos, toda vez que no procedió a efectuar la liquidación de los
mismos, aunado, a que no existe justificación alguna para no asumir las sumas,
dado que durante la ejecución del contrato la parte demandante asumió las
obligaciones que le correspondían.

2.9. El asunto se identificó bajo el radicado número 25000-23-36-000-2021-00269-
00 y le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Tercera-Subsección B, autoridad judicial que, mediante sentencia del 26
de enero de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Indicó que el consorcio carecía de legitimación en la causa por activa para formular
pretensiones respecto del contrato No. 816 del 11 de diciembre de 2017, porque no
hizo parte de ese negocio jurídico.

Sostuvo que la UNP no incumplió el contrato No. 820 del 21 de diciembre de 2018.
Se acreditó que las partes lo liquidaron bilateralmente a través del acta del 6 de
septiembre de 2019, documento en el cual se declararon a paz y salvo.

Manifestó que la UNP incumplió las obligaciones relacionadas con la liquidación de
los contratos Nos. 814 y 826 del 27 de diciembre de 2018, en tanto no realizó el
balance final de cuentas como lo dispone el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
Agregó que la información que obraba en el expediente no ofrecía claridad acerca
de si las facturas Nos. 2466 y 2467 asociadas al contrato No. 814 fueron pagadas
total o parcialmente al contratista; sin embargo, en la comunicación interna MEM19
00023968 del 17 de septiembre de 2019 la UNP reconoció un saldo insoluto a su
favor por valor de $1.367’497.402, por tanto, este monto se debía tener en cuenta
en la liquidación judicial del contrato como débito en contra de la entidad. Se
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Accionante: Luis Wilson González Cárdenas y otro

actualizó ese valor, lo que arrojó una suma de $1.833’626.153 y se reconocieron
intereses moratorios por $708’699.376.

En relación con el contrato No. 826 adujo que no existía claridad acerca de si se
pagaron las facturas Nos. 2476 y 2477; no obstante, también en la comunicación
interna MEM19-00023968 del 17 de septiembre de 2019 la UNP reconoció un saldo
insoluto a favor del consorcio de $120’171.366, por lo cual, ese valor actualizado –
$161’133.293– se incluyó en la liquidación judicial como débito en contra de la
entidad pública, más el reconocimiento de intereses moratorios por un monto de
$62’278.269.

2.10. Inconforme con la anterior decisión , la UNP interpuso recurso de apelación.
Expresó que el a quo desconoció que la liquidación unilateral del contrato constituye
una facultad discrecional de la administración, por lo que su omisión , al igual que la
de la liquidación bilateral, no podía dar lugar a declarar el incumplimiento de los
contratos Nos. 814 y 826.

Alegó que el a quo valoró indebidamente el acervo probatorio. En relación con el
contrato No. 814, afirmó que las facturas Nos. 2466 y 2467 fueron pagadas, como
lo demuestra la relación de pagos aportada con la contestación de la demanda,
prueba que, según indicó, no fue apreciada por el Tribunal. Respecto del contrato
No. 826, sostuvo que las facturas Nos. 2476 y 2477 también fueron canceladas,
circunstancia acreditada con los informes de supervisión, en los que se registró una
ejecución presupuestal del 100%.

Finalmente, manifestó que en la comunicación interna MEM19-00023968 del 17 de
septiembre de 2019 la UNP no reconoció saldos a favor del consorcio, sino que
únicamente reflejó diferencias económicas no atribuidas a ninguna de las partes,
conclusión que, en su criterio, se confirma con las demás pruebas del expediente.
Por ello, cuestionó que el Tribunal, pese a reconocer que no existía certeza sobre
la falta de pago de algunos valores, hubiera liquidado los contratos estableciendo
saldos insolutos en contra de la UNP.

2.11. El Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, mediante sentencia del
1 de julio de 2025 modificó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda. Precisó que, en virtud de los límites de la competencia
del juez de la segunda instancia fijados por lo señalado en el recurso de apelación,
el análisis se limitaba a lo asociado a los contratos 814 y 826. Advirtió que respecto
de ellos la parte demandante no planteó una causa petendi ni una pretensión
específica que revelara la existencia de un conflicto entre las partes y, por tanto,
que no estaba dado al juez construirla. En consecuencia, señaló que la parte
demandante se limitó a pedir la liquidación judicial de esos contratos, pero sin
expresar de manera alguna cuál era el conflicto que el juez debía resolver, ni
plantear reconocimientos específicos que esperaba obtener en juicio. Esta fue la
razón por la que se revocó la decisión del a quo de liquidar esos negocios jurídicos.

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Por último, añadió que, aun si se pasara por alto lo anterior, no era posible sostener
la liquidación realizada por el tribunal porque, debido a que el asunto no fue discutido
en juicio, no se contaba con los elementos probatorios necesarios para hacerlo.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar su s derechos fundamentales
a “LA DEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS”3, al debido proceso de acceso a la
administración de justicia y a la defensa. En consecuencia, pidió “Dejar sin efecto la
actuación del Consejo de Estado, por carecer de graves vicios procedimentales e
incurriendo en violaciones a derechos fundamentales” 4.

Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora consideró que la decisión
cuestionada incurrió en defecto fáctico al sostener que la autoridad judicial
accionada realizó una valoración arbitraria e incompleta del acervo probatorio. En
particular, afirmó que la sentencia concluyó erradamente que no existía controversia
respecto de los contratos Nos. 814 y 826, pese a que el expediente contenía
elementos de convicción que demostraban la existencia de divergencias entre las
partes sobre dichos negocios jurídicos.

Asimismo, alegó que la providencia incurrió en una indebida apreciación de las
pruebas, al apartarse de los documentos en los que la entidad demandada habría
reconocido expresamente la existencia de una deuda; considerar que, al no haberse
formulado una negación indefinida, no era posible inferir la existencia de saldos
pendientes; y omitir el análisis de otros medios de prueba que, a su juicio,
acreditaban las obligaciones insolutas, en particular los oficios OFI120-00025839 y
la comunicación MEM19-00029137, los cuales calificó como actos administrativos.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 18 de junio de 2026 5, el Despacho de la magistrada ponente,
admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B y a la Unidad
Nacional de Protección-UNP; ofició a la autoridad accionada y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que remitieran el expediente objeto de la
solicitud de amparo; requirió a la parte actora que allegara copia del certificado de
existencia y representación legal de las sociedades GMW Security Rent a Car Ltda.
y Blinsecurity de Colombia Ltda.; además, ordenó la notificación a las partes y
suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

3
Ibid.
4 Ibid.
5 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 79A0CBAFC3F5ADD1 A3636D1B7F4CFCFB
F69E7F6A977E9BA0 B7F4F584747F7784.

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4.1. El Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A6, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, se opuso a las pretensiones de
amparo y solicitó declarar la improcedencia de la acción por no cumplir con los
requisitos de inmediatez ni relevancia constitucional.

Sostuvo que la sentencia objeto de amparo fue proferida el 1 de julio de 2025 y
notificada el 17 del mismo mes y año. Por su parte, el escrito de tutela fue
presentado el 12 de junio de 2026, esto es, transcurridos once (11) meses y
veintiséis (26) días desde la notificación de la providencia cuestionada, hito a partir
del cual se analiza el cumplimiento del requisito de inmediatez.

Indicó que la parte actora sostuvo que inicialmente presentó la acción de tutela el
20 de noviembre de 2025, la cual fue inadmitida por no aportar el documento que
acreditaba la legitimación en la causa, y alegó que el auto de inadmisión fue
indebidamente notificado. Sin embargo, no aportó ni solicitó pruebas que
respaldaran esa afirmación; además, la consulta en el aplicativo SAMAI no arrojó
registro alguno de dicha actuación. Adujo que tampoco explicó por qué no interpuso
los recursos procedentes contra esa decisión ni justificó la demora de
aproximadamente seis meses para promover nuevamente la acción de tutela.

Por otra parte, indicó que el asunto carecía de relevancia constitucional, en la
medida en que lo que pretendía la parte actora era: i) discutir en una instancia
adicional la decisión de negar la pretensión de incumplimiento por falta de
liquidación unilateral; ii) introducir un juicio que nunca planteó en relación con los
contratos Nos. 816 y 826; iii) utilizar el mecanismo constitucional como una tercera
instancia respecto de la falta de pruebas para adoptar la liquidación de los contratos
814 y 826 por vía judicial; y iv) reabrir el proceso para que se reconozcan sumas
que no obtuvo en la sentencia de primera instancia, la cual no recurrió.

4.2. La parte actora7 aportó los certificados de existencia y representación
solicitados.

4.3. La UNP8 solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva
y, en consecuencia, su desvinculación definitiva del trámite de tutela, al considerar
que no existe acción u omisión atribuible a esa entidad que haya vulnerado los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

6 Índice 00013 en el aplicativo SAMAI, certificado D5C2741E9270F0D3 9038224762683383
9B6F50F7701741C9 277FC5A2BD5B25B9.
7
Índice 00014 en el aplicativo SAMAI, certificado C96C5E9E00DD1A3D 1DC1D3A5B97A3FBE
0960EDFB7AB2E559 BC3F59B2E23CA540.
8 Índice 00020 en el aplicativo SAMAI, certificado 066864821F153859 B5F7BA5F2171AB3C
8F6F2131D6159E85 C712BD990D3B2FC3.

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Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Cuestión previa

Se pone de presente que, en principio, el 21 de noviembre de 2025 los aquí
accionantes habían presentado una acción de tutela por los mismos hechos, la cual
fue conocida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
bajo el número radicado 11001-03-15-000-2025-07405-00. Autoridad que, mediante
auto del 25 de noviembre de 2025 inadmitió la acción, al considerar que el asunto
carecía de certeza respecto de la legitimación por activa de los demandantes,
además del interés que les podría asistir en el asunto o la titularidad del derecho
fundamental cuya protección se pretendía.

En atención a que los accionantes guardaron silencio y no subsanaron la solicitud
presentada, el despacho ponente del asunto mediante auto del 12 de diciembre de
2025 rechazó la tutela.

Posteriormente, el 22 de noviembre de 2025, los accionantes presentaron una
tutela, la cual fue repartida a la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal.
No obstante, la mencionada autoridad judicial, a través de auto de 19 de enero de
20269 ordenó remitir la actuación al Consejo de Estado por reglas de reparto.

Remitida la actuación, la Secretaría General de esta corporación incorporó los
escritos al expediente radicado 11001-03-15-000-2025-07405-00, a pesar de que
este ya había sido enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Posteriormente, con ocasión a una solicitud de nulidad presentada por los
accionantes, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro
del mencionado trámite constitucional, mediante auto del 25 de mayo de 202610
resolvió negar tal petición y ordenó a la Secretaría General de la corporación
adelantar las gestiones correspondientes para dar reparto a la solicitud de tutela
remitida por la presidencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.

En consecuencia, la Sala advierte que, en cumplimiento de la anterior providencia,
el 12 de junio de 2026 ingresó al despacho la presente acción de tutela.

En este punto, es pertinente destacar que, dado que en el expediente radicado
11001-03-15-000-2025-07405-00 se rechazó la acción de tutela, tal decisión no
hace tránsito a cosa juzgada y por lo tanto el accionante está legitimado para
presentar la solicitud de protección constitucional nuevamente, con el cumplimiento

9 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 1B58AE3EB1D19205 EB4DA1890F90498B
C92562A2E00D0176 7417C5F13B30C3C8
10 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 7BB5762BC1E7616C 2FE057F13067EA21
A72915BCBF359CDE 9DC82C6EAAE85AA0

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de los requisitos mínimos para su admisión, sin que ello pueda entenderse como el
ejercicio de una actuación temeraria 11.

Asimismo, la acción satisface el requisito de inmediatez12, en la medida en que la
decisión del 1 de julio de 2025 fue notificada el 17 de julio siguiente, y la presente
solicitud de amparo fue interpuesta el 22 de diciembre de 2025. Es decir, dentro de
los 6 meses13 que establece la jurisprudencia como plazo razonable para ejercer el
mecanismo constitucional.

3. Legitimación en la causa

3.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
los señores Luis Wilson González Cárdenas y Alejandro Salvino Caicedo, en calidad
de representantes del Consorcio Renting Blindados 2017 2018 (integrado por GMW
Security Rent a Car Ltda. y Blinsecurity de Colombia Ltda.) son los titulares de las
garantías constitucionales que afirman fueron vulneradas, en su condición de
demandantes, dentro del proceso de controversias contractuales, identificado con
el radicado núm. 25000-23-36-000-2021-00269-00/01.

3.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, fue la autoridad que profirió la
decisión que, según la parte tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

4. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

5. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200514 indicó que estas

11 Cfr. Corte Constitucional, C-483 de 2008 [fundamento jurpidico 7.1]
12
Corte Constitucional. Sentencias SU-961 de 1999 y T-031 de 2016.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Unificación del 5 de agosto

del 2014, expediente No. 2012-02201-01 (IJ).
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 15 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto16.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”17.

5.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 18.

15 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
16
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
18 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto19.

5.2. Subsidiariedad

Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia

19 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 20.

Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta
el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial 21.

La Corte Constitucional 22 ha sostenido que es deber de la parte accionante
desplegar todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en
las competencias de las distintas autoridades judiciales.

6. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no satisface los requisitos
generales de relevancia constitucional ni de subsidiariedad, por las razones que se
exponen a continuación:

6.1. Del análisis del escrito de tutela, se advierte que el actor cuestiona, en esencia,
que la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, incurrió en defecto fáctico, por cuanto, a su juicio, la autoridad judicial accionada
valoró de manera arbitraria e incompleta el acervo probatorio. En particular, sostuvo
que en la sentencia se concluyó, de forma errada, que no existía controversia
respecto de los contratos números 814 y 826, pese a que en el expediente obraban
elementos de convicción que demostraban la existencia de divergencias entre las
partes acerca de dichos negocios jurídicos.

Asimismo, alegó que la autoridad judicial accionada apreció indebidamente las
pruebas, debido a que: (i) se apartó de los documentos en los cuales la entidad
demandada habría reconocido expresamente la existencia de una deuda; (ii)
consideró que, ante la ausencia de una negación indefinida, no era posible inferir la
existencia de saldos pendientes; y (iii) omitió examinar otros medios de convicción
que, a juicio del actor, acreditaban las obligaciones insolutas. Sobre este último

20“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
21 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
22 Sentencia C-590 de 2005.

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aspecto, hizo referencia, en particular, al Oficio OFI120-00025839 y a la
comunicación MEM19-00029137, documentos que calificó como actos
administrativos.

6.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la decisión cuestionada,
se advierte que, en la sentencia del 1 de julio de 2025, dictada por el Consejo de
Estado-Sección Tercera-Subsección A, se arribó a las siguientes conclusiones:

“35. Corresponde a la Sala establecer: i) si la unidad incumplió los contratos
Nos. 814 y 826 por no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral, y
ii) si el a quo valoró indebidamente el material probatorio que utilizó para liquidar
en sede judicial los referidos contratos 23.

36. El primer cargo de la apelación será resuelto favorablemente a las
aspiraciones de la UNP, por las razones que pasan a explicarse:

37. En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos
regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –
EGCAP– también se nutren de las disposiciones del derecho común, por tanto,
el contenido no establecido en la ley (EGCAP) se define por los acuerdos a los
que lleguen las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad. La liquidación
unilateral del contrato estatal corresponde a una prerrogativa de poder público
que se inscribe en el régimen jurídico de ese vínculo obligacional. En tal virtud,
su origen no es convencional sino legal.

38. La liquidación unilateral constituye el ejercicio de una facultad distinta a la
que opera entre quienes voluntariamente concurren a establecer el contenido
de derechos y obligaciones del contrato, de ahí que el contratista, si bien puede
esperar y someterse a lo que se determine cuando el contrato estatal es
liquidado unilateralmente, no puede reclamar ninguna responsabilidad
contractual por el hecho de que la administración no lo haga o lo haga de
manera imperfecta, pues en este último escenario, de lo que se trata es de
sancionar un acto de poder por haber sido expedido en contravención a las
normas superiores de derecho, con falsa motivación, desviación de poder y/o
vicios de procedimiento.

39. En suma, el hecho de que la entidad contratante no ejerza la prerrogativa
pública de liquidación unilateral no puede catalogarse como una desatención
de naturaleza contractual y, por ello, tampoco puede generar responsabilidad
de esa misma índole, pues el núcleo y la finalidad de dicha unilateralidad está
vinculada a la ley y no al acuerdo de las partes.

40. Conviene advertir que en la cláusula quinta de los negocios jurídicos
comprometidos en la apelación se indicó que su liquidación se sometería a lo
dispuesto en el EGCAP, previsión que, salvo en lo que concierne al término
para adoptar ese acto de manera bilateral, solo puede entenderse como una
remisión directa a los lineamientos consignados en el artículo 11 de la Ley 1150
de 2007 para tales efectos. Dicho en otros términos, esa disposición contractual
carece de un contenido obligacional autónomo y concreto, toda vez que su

23 Como se mencionó en los antecedentes, la sentencia de primera instancia no accedió a las pretensiones en

relación con el contrato No. 816 por falta de legitimación del demandante en tanto no lo suscribió, respecto del
contrato No. 820, porque hubo liquidación bilateral y respecto de los contratos Nos. 827, 828, 829 porque no se
formuló una pretensión de liquidación ni de incumplimiento respecto de ellos (ver nota al pie No. 19). Aunque la
negativa no quedó expresamente contenida en la parte resolutiva, ello se deriva de manera clara de lo indicado
en la considerativa. Con todo, se precisa que en este caso no es posible complementar la parte resolutiva del
fallo, porque la parte perjudicada con la omisión, en este caso la demandante por referirse a sus preten siones,
no presentó recurso de apelación (inciso segundo del artículo 287 del CGP) [cita textual].

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alcance y vinculatoriedad está predeterminado en la ley y no en el pacto
negocial”24.

En este contexto, la autoridad judicial accionada indicó que las anteriores
precisiones permitían concluir que le asistía razón a la entidad apelante. En efecto,
estimó que el tribunal se equivocó al declarar el incumplimiento de la UNP por no
haber liquidado unilateralmente los contratos números 814 de 2017 y 826 de 2018,
pues la facultad para adoptar esa decisión tenía fundamento en el artículo 11 de la
Ley 1150 de 2007 y no en la cláusula quinta de dichos acuerdos de voluntades.

Por consiguiente, concluyó que correspondía revocar la sentencia apelada en lo
relativo a la declaratoria de incumplimiento sustentada en la falta de liquidación
unilateral de los referidos contratos.

Ahora bien, respecto de la pretensión de liquidación judicial de los contratos, la
autoridad judicial accionada efectuó las siguientes precisiones:

“43. La sola pretensión de liquidación judicial del contrato no revela por sí misma
un conflicto que deba ser resuelto en el marco del medio de control de
controversias contractuales, razón por la cual resulta necesario indagar por la
causa que motiva la demanda y las consecuencias jurídicas que se espera que
sean declaradas en juicio, en aras de determinar con claridad el objeto del litigio
que deberá ser desatado por el juez. Sin duda, la verificación de la existencia
de un conflicto entre las partes resulta una exigencia para el juez del contrato
estatal, pues corresponde a un asunto relacionado con el propio objeto de esta
jurisdicción.

(…)

49. En el presente proceso, si bien el consorcio solicitó que se realizara la
liquidación judicial de los contratos Nos. 814 y 826, lo cierto es que esta
pretensión estuvo completamente desprovista de una causa específica que la
sustentara y, asimismo, de la determinación de la forma en la que esperaba que
se realizara el cruce de cuentas.

50. En efecto, en relación con esos dos negocios jurídicos, los hechos narrados
se limitaron a referenciar aspectos generales, tales como el objeto, el plazo de
ejecución y el valor de los mismos33, sin identificar cuál sería el conflicto que
se habría suscitado entre las partes que pudiera tener impacto en el balance
final de cuentas pretendido, al punto en que ni siquiera sugirió que la UNP le
adeudara saldo alguno.

51. El panorama descrito pone en evidencia que respecto de los contratos Nos.
814 y 826 no se planteó un litigio entre las partes en función de lo que debería
ser el balance final de cuentas, toda vez que el consorcio no ofreció una posición
que el juzgador pudiese tomar y confrontar con la de la contraparte para
evidenciar posturas enfrentadas y pronunciarse sobre su corrección, a lo que
se añade que, en virtud del principio de imparcialidad y de la garantía del
derecho fundamental al debido proceso, al juez no le está dado construir
argumentos que no fueron formulados por las partes.

24 Índice 00015 del expediente digital de controversias contractuales radicado 25000-23-36-000-2021-00269-

01, en el aplicativo SAMAI, certificado 782CE3845267F360 35AA08933795DA85 A5B3AA12C33E95E4
FE5373EA3A911FDE.

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52. Al revisar la sentencia de primer grado, se advierte que el Tribunal pasó por
alto tales limitaciones, en la medida que, aun cuando no se trabó un litigio
respecto de la falta de pago de saldos asociados a esos negocios jurídicos y,
por ello, no se formuló una pretensión de incumplimiento que hubiese podido
conducir a reconocer valores insolutos a favor del contratista e intereses
moratorios como consecuencia de tal inobservancia34, al realizar la liquidación
judicial así procedió.

53. En las condiciones procesales anotadas, no es posible que en este asunto
se adopte una liquidación judicial como la que propuso el a quo, porque una
decisión de esas características conllevaría a vulnerar la regla técnica de la
congruencia, la cual sirve de garantía para la realización del derecho
fundamental al debido proceso, en tanto determina que la sentencia debe ser
consonante con los hechos y las pretensiones consignadas en la demanda
(artículo 281 del CGP35), a excepción de los asuntos sobre los cuales debe
pronunciarse el juez de manera oficiosa, dentro de los cuales no se ubica un
incumplimiento por falta de pago y, consecuencialmente, el reconocimiento de
intereses moratorios. Esta conclusión reluce si se tienen en cuenta las
siguientes circunstancias:

54. El consorcio no manifestó en la demanda que la UNP le adeudara sumas
de dinero vinculadas a los contratos Nos. 814 y 826, razón por cual es apenas
lógico que ésta, al exponer sus razones de defensa en la contestación, no se
pronunciara frente a dicho aspecto, así como tampoco resulta extraño que no
hubiese aportado pruebas para desarticular la veracidad de dicho relato, en
tanto esa carga procesal no le podía resultar exigible ante el silencio de su
contraparte.

55. A pesar de lo anterior, el Tribunal de primer grado liquidó judicialmente los
referidos contratos y, al realizar ese ejercicio, reconoció a favor del consorcio
unos supuestos saldos insolutos y una indemnización moratoria que no se
reclamaron expresa ni tácitamente. Fue en virtud de ello que, al impugnar la
decisión, la UNP se vio compelida a incursionar en la defensa de una serie de
circunstancias relacionadas con el pago de unos montos económicos respecto
de los cuales no se pronunció en primera instancia”25.

Además, señaló que, aun si en gracia de discusión se admitiera la existencia de un
conflicto entre las partes acerca de la liquidación de los referidos negocios jurídicos,
no obraban en el expediente los elementos de convicción necesarios para
establecer el balance final de cuentas.

En ese sentido, sostuvo que no procedía la liquidación judicial de los contratos
números 814 y 826, debido a que el acervo probatorio no permitía determinar con
certeza su estado económico final. Explicó que la liquidación constituye el cierre
definitivo de la relación contractual y, por tanto, exige plena certeza acerca de los
derechos y las obligaciones de las partes. Sin embargo, tal grado de certeza no
podía alcanzarse ante la ausencia de los expedientes administrativos y de pruebas
concluyentes sobre el pago de varias facturas.

Precisó que, aunque la UNP afirmó haber efectuado dichos pagos, no aportó
elementos probatorios suficientes que respaldaran tal aseveración. No obstante,
tampoco era posible concluir que existían saldos insolutos a favor del contratista,

25 Ibid.

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pues en la demanda no se formuló una negación indefinida acerca de la falta de
pago que trasladara la carga de la prueba a la entidad. Por consiguiente, la
incertidumbre probatoria impedía establecer el balance económico definitivo de los
contratos.

Finalmente, la autoridad judicial accionada indicó que las comunicaciones internas
aportadas al proceso no constituían un reconocimiento expreso de obligaciones
pendientes a cargo de la UNP, sino que daban cuenta de diferencias relacionadas
con la disponibilidad presupuestal y los límites económicos de los contratos. Por
esta razón, concluyó que la insuficiencia probatoria impedía efectuar la liquidación
judicial y, en consecuencia, revocó la decisión de primera instancia en ese aspecto.

6.3. De lo expuesto, se advierte que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, explicó de manera suficiente las razones por las cuales:

(i) revocó la decisión de primera instancia que declaró el incumplimiento de la UNP
por no liquidar unilateralmente los contratos números 814 de 2017 y 826 de 2018,
pues consideró que dicha facultad constituye una prerrogativa de origen legal y no
una obligación contractual. En consecuencia, concluyó que la falta de ejercicio de
esa potestad no configura un incumplimiento del contrato ni da lugar a
responsabilidad contractual;

(ii) consideró improcedente la liquidación judicial de esos contratos, pues advirtió
que la demanda no planteó una verdadera controversia acerca del balance final de
cuentas ni formuló hechos, pretensiones o reclamaciones dirigidos al
reconocimiento de saldos insolutos. Por tanto, estimó que acceder a dicho
reconocimiento habría desconocido el principio de congruencia y vulnerado el
derecho fundamental al debido proceso; y

(iii) estableció que, aun si se admitiera la existencia de una controversia susceptible
de liquidación judicial, el material probatorio resultaba insuficiente para determinar
con certeza el estado económico final de los contratos. En concreto, señaló que no
obraban elementos de convicción que acreditaran de manera concluyente el pago
o la existencia de obligaciones pendientes y que las comunicaciones internas
aportadas no constituían un reconocimiento expreso de deuda.

Con fundamento en estas consideraciones, la autoridad judicial accionada concluyó
que no era posible establecer el balance definitivo de las relaciones contractuales
y, en consecuencia, revocó la liquidación judicial dispuesta por el tribunal de
primera instancia.

6.4. Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir,
con claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado
por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada
de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos,
ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante
el desarrollo del proceso ordinario.
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Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitu cional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 26.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.

6.5. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz
del requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el
apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado (...)”27 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en su providencia” 28.

En esa medida, la indebida valoración de las pruebas ya sea desde su dimensión
positiva o negativa29, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es
ostensible, flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el
sentido de la decisión adoptada30. Por ello, para que se configure este defecto es
indispensable identificar la prueba que no fue valorada o que fue apreciada de
manera irrazonable, así como demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad
de modificar el resultado de la decisión ju dicial cuestionada.

Bajo ese entendido, la Sala advierte que la parte actora sostuvo que la autoridad
judicial incurrió en un defecto fáctico al valorar de manera indebida el material

26 Sentencia SU215 de 2022.
27
Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de
1999, T-1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
29 Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en

las que se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella,
abarca supuestos como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba
trascendentales frente a la decisión adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en los que el juez se encuentre habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las
circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo para esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La
dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos tales como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre
que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la decisión; ii) decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se fundamenta la providencia judicial que
se cuestiona en tutela”.
30 Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal

entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería
contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de def ensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).

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probatorio. No obstante, el accionante no desarrolló argumentos dirigidos a
demostrar de qué manera el análisis realizado por la autoridad judicial vulneraba
sus garantías constitucionales y se limitó a exponer su teoría del caso, en el sentido
que apoyara sus pretensiones de éxito.

En ese orden, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto
fáctico no exponen una irracionabilidad en la interpretación probatoria que el
Consejo de estado-Sección Tercera-Subsección A, sino que pretenden,
nuevamente, insistir en mostrar una solución distinta al caso concreto de manera
favorable a los intereses de la tutelante, pues no advierten reparos concretos en
contra del análisis realizado por la autoridad judicial.

Lo expuesto resulta suficiente para que la Sala se releve del análisis de este cargo,
en la medida en que la solicitante no desarrolló sus argumentos en función del
defecto fáctico invocado, pues su reparo se circunscribió en señalar que existió un
yerro probatorio, pero omitió explicar con claridad en qu é cambiaría la decisión tal
circunstancia.

6.6. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada,
así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el
debate surtido en el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que, a pesar de
que el accionante sostuvo que la decisión incurrió en defecto fáctico, lo cierto es
que ni siquiera desarrolló los cargos en función de los mencionados defectos.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia,
toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el
marco de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho
fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de
la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en
el principio de autonomía judicial.

6.7. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 31, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o

31 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.

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de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario32.

6.8. Por otra parte, la Subsección advierte que los reproches formulados por la parte
accionante no demuestran la configuración de los defectos alegados. En efecto, la
Subsección A de la Sección Tercera expuso de manera clara y suficiente las
razones por las cuales consideró improcedente la liquidación judicial de los
contratos números 814 y 826. En particular, explicó que en la demanda contractual
no se planteó una controversia concreta acerca del balance final de cuentas, pues
no se formuló una causa petendi relacionada con la existencia de saldos insolutos
ni se precisó la forma en que debía efectuarse la liquidación. Por tanto, concluyó
que el juez no podía suplir las cargas procesales de las partes, pues ello habría
desconocido los principios de congruencia e imparcialidad, así como el derecho
fundamental al debido proceso.

Asimismo, la autoridad judicial accionada señaló que, aun si se admitiera la
existencia de una controversia entre las partes, el acervo probatorio no permitía
establecer con certeza el estado económico final de los contratos. Al respecto,
advirtió que no obraban elementos de convicción concluyentes acerca del pago de
determinadas facturas y que las comunicaciones internas de la UNP no constituían
un reconocimiento expreso de obligaciones pendientes. En consecuencia, estimó
que la incertidumbre probatoria impedía efectuar la liquidación judicial

Finalmente, precisó que no podía pronunciarse sobre asuntos relacionados con los
contratos números 816, 827, 828 y 829 ni valorar los medios de prueba vinculados
con estos, debido a que tales negocios jurídicos no hicieron parte del objeto del
recurso de apelación y, por tanto, excedían el ámbito de competencia funcional de
la Sala.

En relación con este último aspecto, la presente acción tampoco satisface el
requisito de subsidiariedad, pues la parte actora pretende reabrir, mediante el
mecanismo constitucional, una controversia respecto de la cual no ejerció
oportunamente los recursos judiciales procedentes. La tutela no puede utilizarse
para revivir términos procesales vencidos ni para subsanar la falta de diligencia de
las partes en el ejercicio de los mecanismos ordinarios de defensa judicial.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no superar
los requisitos de relevancia constitucional ni de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

32 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

18

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04525-00
Accionante: Luis Wilson González Cárdenas y otro

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por los
señores Luis Wilson González Cárdenas y Alejandro Salvino Caicedo, en calidad
de representantes del Consorcio Renting Blindados 2017 2018 (integrado por GMW
Security Rent a Car Ltda. y Blinsecurity de Colombia Ltda.) contra el Consejo de
Estado-Sección Tercera-Subsección A, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada Magistrado
SABF

19

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