República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04526-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
14 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04526-00 (7198)
Accionante: Contraloría General de la República
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: tutela contra sentencia de
tutela. Subtema 2: improcedencia.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la Contraloría General de la República contra
el Tribunal Administrativo de Caldas.
1. Síntesis del caso
La Contraloría General de la República presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, que consideró vulnerados con ocasión de
la sentencia del 5 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, en la solicitud de amparo identificada con el radicado núm. 17001-33-39-
005-2026-00094-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-202-04526-00, índice 2, certificado 17CD4AF2C4568CF9 FCA68AC7C5BDB540
D617F6455FFD4F68 6B5F6FD634BFA61F.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04526-00 (7198)
Accionante: Contraloría General de la República
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
2. La señora Luisa Daniela Pulgarín Acevedo prestó sus servicios a la Contraloría
General de la República, mediante sendos nombramientos en provisionalidad, en el
cargo de profesional universitario grado 1 en la Gerencia Departamental de Caldas,
desde el 3 de febrero de 2021 hasta el 2 de febrero de 2026.
3. La referida entidad efectuó el último nombramiento de la señora Pulgarín
Acevedo, a través de la Resolución ORD-81117-05479-2025 del 23 de septiembre
de 2025, en una vacante temporal cuyo término estaba supeditado a la duración del
encargo del titular del empleo.
4. La Contraloría General de la República, mediante la Resolución Organizacional
0871 del 19 de diciembre de 2024, modificada por la Resolución 0874 del 03 de
febrero de 2025, adoptó un nuevo manual de funciones, requisitos y competencias
laborales a partir del 3 de febrero de 2025. En dicho documento no se incluyó dentro
de las disciplinas exigidas para el cargo de profesional universitario grado 1, la de
publicista.
5. La señora Luisa Daniela Pulgarín Acevedo presentó escrito el 3 de febrero de
2026, en el que solicitó la protección de su estabilidad laboral reforzada, dada su
condición de madre de dos menores, uno de ellos de diez meses, quien dependía
de lactancia materna. Sin embargo, obtuvo una respuesta desfavorable de parte de
la entidad.
6. Una vez culminado el término del nombramiento de la señora Luisa Daniela
Pulgarín Acevedo, se designó en dicha vacante a la servidora Gloria Natalia Giraldo
Londoño, partir del 2 de marzo de 2026, de conformidad con la Resolución Ordinaria
0739 del 16 de febrero de 2026.
7. La señora Luisa Daniela Pulgarín Acevedo presentó acción de tutela contra la
Contraloría General de la República, con el propósito de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al trabajo, de petición, a la igualdad y a la no
discriminación, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada por lactancia y a
los derechos prevalentes de su hijo menor de edad.
8. El Juzgado Quinto Administrativo de Manizales, mediante sentencia del 26 de
marzo de 2026, accedió al amparo de los derechos invocados por la accionante y
le ordenó a la Contraloría General de la República responder el requerimiento del 3
de febrero de 2026 y reintegrar a la actora al cargo que ocupaba o a uno igual,
equivalente o de superior categoría por el tiempo en que se acreditara su condición
de madre lactante. Además, le indicó a la parte actora que debía acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativo para demandar los actos administrativos que
resultaran lesivos de sus derechos.
9. Contra dicha decisión, la Contraloría General de la República presentó escrito
de impugnación. Adicionalmente, pidió la aclaración de la decisión judicial, con el
argumento de que se configuraba una imposibilidad de hecho y de derecho
consistente en la inexistencia de vacantes y en la dificultad de nombrar a una
persona que no cumple con los requisitos mínimos exigidos para el cargo dado que
2
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la señora Luisa Daniela Pulgarín Acevedo es profesional en publicidad, cuya
disciplina no se encuentra en el manual de funciones para el cargo reclamado.
10. El Juzgado Quinto Administrativo de Manizales, por medio de auto del 10 de
abril de 2026, negó la solicitud de aclaración.
11. El referido despacho judicial, en el marco del incidente de desacato, profirió auto
el 21 de abril de 2026, en el que requirió a la gerente de talento humano de la entidad
para que acreditara el cumplimiento de la orden judicial.
12. La Contraloría General de la República expidió la Resolución núm. 01869 del
24 de abril de 2026, mediante la cual efectuó el nombramiento de Luisa Daniela
Pulgarín Acevedo en cumplimiento al fallo de tutela mencionado y, en consecuencia,
dio por terminado la designación de la señora Gloria Natalia Giraldo Londoño.
13. El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de providencia del 5 de mayo de
2026, modificó parcialmente el fallo recurrido, en el sentido de precisar que el
reintegro de la tutelante debía efectuarse sin que ello implicara la desvinculación
automática de la señora Gloria Natalia Giraldo Londoño, por lo que le correspondía
a la entidad accionada adoptar las medidas administrativas necesarias para
garantizar la protección concurrente de los derechos fundamentales involucrados,
dentro del marco de sus competencias.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
14. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
contradicción, acceso a la administración de justicia, igualdad procesal y legalidad
administrativa de la Contraloría General de la República, los cuales fueron vulnerados
con ocasión del fallo proferido el cinco (05) de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Caldas – Sala Tercera de Decisión, dentro de la acción de tutela
radicada bajo el No. 17001333900520260009401.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el fallo del cinco (05) de mayo de 2026 proferido
por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Tercera de Decisión, por configurarse
defectos sustantivos, fácticos y desconocimiento del precedente jurisprudencial, así
como por la vulneración de las garantías mínimas derivadas del debido proceso y del
derecho de defensa de la entidad accionante.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Tercera de
Decisión que profiera una nueva decisión respetando el precedente constitucional
aplicable, valorando integralmente el material probatorio obrante en el expediente y
garantizando plenamente el derecho de defensa y contradicción de la entidad
accionante, particularmente en lo relacionado con: (i) el régimen especial de carrera
administrativa de la Contraloría General de la República; (ii) la carga probatoria
aplicable en materia de presunta discriminación durante el período de lactancia; (iii)
la imposibilidad jurídica y material de efectuar nombramientos contrarios al Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales; y (iv) la inexistencia de
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acreditación suficiente respecto de un perjuicio irremediable y de una conducta
discriminatoria.
CUARTO. DECLARAR que el fallo cuestionado desconoció el precedente
jurisprudencial vigente en materia de: (i) estabilidad laboral relativa de los funcionarios
vinculados en provisionalidad; (ii) alcance temporal de la presunción de despido
discriminatorio; (iii) carga de la prueba y valoración probatoria en sede de tutela; y (iv)
diferencias sustanciales entre contratos de prestación de servicios, contratos
laborales y nombramientos provisionales dentro de un régimen especial de carrera
administrativa.
QUINTO. Como medida necesaria para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable y preservar la efectividad del amparo constitucional solicitado,
ORDENAR la suspensión provisional de los efectos jurídicos del fallo proferido el
cinco (05) de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Tercera
de Decisión, mientras se resuelve de fondo la presente acción constitucional. […]2.
15. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto no tuvo en cuenta los
criterios establecidos por la Corte Constitucional respecto de los alcances del fuero
de estabilidad laboral relativa de los servidores públicos vinculados en
provisionalidad, desarrollados, entre otras, en las sentencias SU-917 de 2010, T-
333 de 2025 y T-169 de 2025.
16. Asimismo, afirmó que la sentencia cuestionada se fundamentó en la decisión T-
014 de 2026, la cual analizó la vinculación de un servidor que ejerció su actividad
laboral mediante contrato de prestación de servicios; sin embargo, esto no era
aplicable al caso estudiado dada la condición de provisionalidad del empleo
pretendido por la señora Luisa Daniela Pulgarín.
17. En este sentido, explicó que el asunto reviste relevancia constitucional, toda vez
que plantea cuestiones relacionadas con la extensión indebida de la inversión de la
carga de la prueba, propia de los contratos de prestación de servicios, a los
nombramientos en provisionalidad; la garantía del derecho de defensa cuando
opera dicha inversión probatoria; los límites de la intervención del juez constitucional
frente al ejercicio de la potestad nominadora; la procedencia de ordenar el reintegro
de una funcionaria que no reúne los requisitos para el desempeño del cargo; y el
riesgo de que una aplicación automática de la presunción de discriminación
desincentive la vinculación de mujeres en período de lactancia.
18. Por otro lado, planteó la configuración de un defecto sustantivo, por cuanto el
Tribunal realizó una interpretación indebida del artículo 239 del Código Sustantivo
del Trabajo. En su criterio, se aplicó de manera automática la presunción de
discriminación, sin considerar que, una vez transcurridas las dieciocho semanas
posteriores al parto, esta desaparece y la carga de la prueba retorna a la accionante.
Precisó que, para el momento de su desvinculación, el menor tenía
aproximadamente diez meses de edad
2
Se transcribe incluso con errores.
4
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19.De igual manera, alegó que se desconoció el régimen especial de carrera
administrativa de la Contraloría General de la República previsto en el Decreto 268
de 2000, pues el Tribunal aplicó normas del régimen general (Decreto 1083 de
2015), sin tener en cuenta que a la entidad no le eran aplicables dichos preceptos.
20. Advirtió que el Decreto 268 de 2000 prohíbe expresamente prorrogar
nombramientos en provisionalidad, y que la finalización del vínculo de Luisa Daniela
Pulgarín obedeció al vencimiento objetivo del término, no a una insubsistencia
discrecional. Destacó que en las sentencias SU-917 de 2010 y T-318 de 2025 se
reconoce a los provisionales una estabilidad «relativa o intermedia», no equiparable
a la de los servidores de carrera.
21. De otra parte, mencionó que en el trámite de la tutela no se garantizó una
asimetría procesal, pues mientras a la accionante se le flexibilizaron ampliamente
las cargas probatorias y se apartó de los criterios jurisprudenciales previstos en las
sentencias T-184 de 2009, T-535 de 2010, T-511 de 2017, T-565 de 2023, a la
entidad no se le permitió acreditar plenamente las razones objetivas de la no
renovación (incumplimiento de requisitos, cambio del Manual de Funciones), bajo el
argumento de que esas razones no se plantearon en la oportunidad procesal inicial.
Esto vulneró su derecho de defensa y contradicción, en la medida en que se
desconoció el principio de informalidad de la tutela.
22. Finalmente consideró que la estabilidad laboral reforzada por lactancia invocada
por la señora Luisa Daniela Pulgarín Acevedo no resulta aplicable a su caso, pues:
(i) su desvinculación no derivó de un acto de insubsistencia sino del vencimiento
objetivo del nombramiento; (ii) los provisionales no ostentan derechos de carrera; y
(iii) la propia jurisprudencia constitucional reconoce que ni la estabilidad reforzada
por lactancia ni la de prepensionados tienen carácter absoluto, sino que dependen
de la naturaleza y causa de terminación del vínculo, elementos que, según la
entidad, el Tribunal Administrativo de Caldas omitió valorar integralmente.
2.3. Trámite procesal
23. El despacho ponente, mediante auto del 12 de junio de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Caldas, en su calidad
de autoridad accionada, y puso en conocimiento el escrito de tutela a las señoras
Luisa Daniela Pulgarín Acevedo y Gloria Natalia Giraldo Londoño y al Juzgado
Quinto Administrativo de Manizales, en su condición de terceros con interés.
2.4. Intervenciones
24. El Tribunal Administrativo de Caldas4 afirmó que la acción de tutela presentada
por la Contraloría General de la República es improcedente, en tanto no supera uno
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04526-00, índice 14, certificado D55F181E7D010454 DDA9157D26A96D1D
AE05A832600D6E10 B8013904829202C4.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04526-00, índice 12, certificado 4F141DA911275AF3 0DA0902DA289801A
6D50B8E20A673E93 6338F36393CEDDAD.
5
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de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, esto es, que no se trate de sentencias de tutela.
25. Agregó que la solicitud de amparo tampoco cumple con el requisito de
relevancia constitucional que busca «impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces»,
como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 2021, es decir, se
intenta como una instancia adicional improcedente.
26. Por último, advirtió que la corporación actuó conforme a las normas procesales
aplicables al caso y expuso en forma argumentada su decisión con base en la
jurisprudencia vigente y en las pruebas obrantes en el expediente.
27. El Juzgado Quinto Administrativo de Manizales5 manifestó que la solicitud de
amparo no procede, porque se dirige a cuestionar una decisión adoptada en sede
de tutela, cuya controversia fue objeto de un análisis integral por parte del Tribunal
Administrativo de Caldas, el cual, como superior funcional del despacho, resolvió la
impugnación y fijó los parámetros definitivos de protección de los derechos
fundamentales de la madre lactante.
28. La parte actora pretende que el Consejo de Estado abra nuevamente el debate
de fondo mediante una nueva tutela contra la sentencia de segunda instancia, lo
cual desnaturaliza el carácter subsidiario del amparo y busca convertir esta acción
en una «tercera instancia» no prevista en la ley.
29. Resaltó que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, explicó
que la acción de tutela contra sentencias de tutela es improcedente en la medida
que debe evitarse que la resolución de conflictos fundamentales se prolongue
indefinidamente, lo cual iría en desmedro de la seguridad jurídica y la eficacia de los
derechos.
30. Bajo este contexto, expuso que, el ordenamiento constitucional dispone que la
única vía legítima para controvertir un fallo de tutela de segunda instancia
ejecutoriado es la revisión ante la Corte Constitucional, en su condición de órgano
de cierre encargado de corregir eventuales errores o «vías de hecho» de los jueces
de instancia. En tal sentido, sostuvo que admitir una nueva tutela contra una
sentencia previamente proferida, en el mismo escenario judicial, equivaldría a crear
un recurso adicional no previsto por la Constitución y desconoce el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional que se consolida una vez culmina el trámite de
selección.
31. Indicó que las órdenes impartidas por el Tribunal accionado modularon el
reintegro para garantizar también los derechos de la servidora afectada, de manera
que se le dio margen de acción a la entidad accionante para no afectar sus
derechos. Así pues, insistió en que el amparo promovido por la Contraloría General
de la República es improcedente, en tanto no se configura una vulneración del
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04526-00, índice 13, certificado 75DB2EACC8369620 31F337524ABE641D
0D8DC70EFAB8D63D 3675CD66B0B59B85.
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debido proceso, sino una discrepancia frente a la interpretación del precedente
sobre estabilidad laboral reforzada.
32. La señora Gloria Natalia Giraldo Londoño6 afirmó que, si bien resultó afectada
por la decisión de primera instancia adoptada en la acción de tutela tramitada ante
el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales, en cuanto fue desvinculada de la
entidad accionante, lo cierto es que dicha situación fue subsanada. Lo anterior,
porque la Contraloría General de la República, en cumplimiento del fallo de segunda
instancia, expidió la Resolución Ordinaria ORD-81117-02158-2026 y,
posteriormente, la Resolución Ordinaria ORD-81117-02274-2026 del 27 de mayo
de 2026, mediante las cuales dispuso nuevamente su vinculación. Agregó que este
último acto administrativo aún se encuentra vigente.
33. Por otro lado, expresó que no le constan los argumentos expuestos por la
Contraloría General de la República sobre la inexistencia de vacantes y de los
requisitos del cargo, pues estas son cuestiones administrativas frente a las cuales
no tiene injerencia alguna.
34. La señora Luisa Daniela Pulgarín Acevedo7 indicó que la Contraloría General
de la República fundamentó su tutela en un supuesto incumplimiento de requisitos
académicos y profesionales para ejercer el cargo. Sin embargo, dicho argumento
no se planteó durante el trámite constitucional. Solo después del fallo de primera
instancia intentó introducir esta nueva línea argumentativa, lo que impide que sea
considerado válidamente en esta acción.
35. Adicionalmente, mencionó que su reclamación no estaba dirigida a permanecer
de manera indefinida en el empleo público ni desconocer el régimen especial de
carrera administrativa. Desde el inicio, el objeto de su tutela fue la protección
constitucional derivada de su condición de madre lactante y la garantía de los
derechos fundamentales de su hijo menor de edad. Por ello, los jueces
constitucionales analizaron el caso desde la perspectiva de la protección reforzada
que la Constitución reconoce a estos sujetos.
36. Agregó que la acción promovida por la Contraloría no busca la protección de un
derecho fundamental, sino obtener una nueva valoración de los hechos, las pruebas
y los argumentos ya examinados por los jueces competentes. Esto convierte
indebidamente la tutela contra providencia judicial en una tercera instancia,
contrariando su naturaleza excepcional y restringida.
37. Resaltó que la tutela contra providencia judicial no está diseñada para corregir
desaciertos en la estrategia de defensa de una parte ni para reabrir debates jurídicos
y probatorios ya resueltos. Su uso inapropiado afecta la seguridad jurídica y
desconoce la firmeza de las decisiones judiciales adoptadas con respeto de las
garantías procesales.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04526-00, índice 18, certificado F06FD816E1957EC2 24C843F942505992
8480AB9B60AC31AF B381F43B3D5971BE.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04526-00, índice 23, certificado 883632A4B80BCC6D 2D1418EF674E4072
860470EA88E73D1B D992A98591F037F1.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
38. Por lo anterior, pidió que se declare improcedente la acción de tutela promovida
por la Contraloría General de la República o, en su defecto, se nieguen las
pretensiones, de modo que se mantenga en firme la sentencia del 5 de mayo de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la Contraloría General de la República
contra el Tribunal Administrativo de Caldas.
3.2. Legitimación en la causa
40. La legitimación en la causa por activa de la Contraloría General de la República
está acreditada, porque fue la parte accionada en el proceso de tutela en el que se
expidió la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
41. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Caldas, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia
objeto de tutela.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
42. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.
43.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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44. Ahora bien, cuando la tutela es interpuesta en contra de una sentencia emitida
en un trámite de tutela, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en el fallo
SU-627 de 2015 y explicó que el mecanismo constitucional procede de manera
excepcional, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
i) Que el accionante exponga y demuestre con sus argumentos que la
providencia controvertida fue el resultado de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit).
ii) Que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial.
iii) Que el nuevo trámite de tutela no comparta identidad procesal con la tutela
que es objeto de discusión.
45. Respecto del principio fraus Omnia corrumpit, la Corte indicó que la cosa
juzgada no es absoluta, toda vez que en ciertas ocasiones puede entrar en «en
tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es posible desvirtuar la
presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez». Sobre el particular,
la sentencia T-218 de 2012 expuso lo siguiente:
En suma, la Constitución contempla la buena fe que conlleva, además de la
presunción atinente a que acompañará en sus actuaciones a los particulares frente
al Estado, el deber de comportarse conforme a sus postulados. Esto incluye la
colaboración de todas las personas para el buen funcionamiento de la administración
de justicia, así como los deberes de las partes en el proceso de lealtad y probidad.
Lo anterior se contrapone, como es obvio, al uso del proceso con fines ilegales,
dolosos y fraudulentos. En este sentido, existe un deber de las autoridades judiciales,
incluido el juez de tutela, de adoptar todas las medidas que el ordenamiento jurídico
le confiere para combatir que el fraude corrompa la correcta administración de
justicia.
La cosa juzgada fraudulenta se predica cuando el dolo se ha materializado en la
sentencia judicial. Sin embargo, esto no necesariamente conlleva consecuencias
ilícitas, ni la aparición de estas es necesaria para que el fraude pueda combatirse. En
todo caso, el objeto de este último supone lograr que una situación dolosa, a través
de la majestad que sustenta una sentencia, sea exigible coercitivamente. Por lo
mismo, el fraude puede ser cometido, por una parte, por ambas o por el juez que
conoce el asunto. Cuando esto último sucede, la gravedad de la actuación es aún
mayor, por desconocer la autoridad judicial sus deberes como poder constituido10.
[negrilla del despacho].
3.4. Caso concreto
46. En el presente asunto la Contraloría General de la República acudió al juez de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Caldas, al proferir la sentencia del 5 de
10
Se transcribe incluso con errores de texto.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04526-00 (7198)
Accionante: Contraloría General de la República
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
mayo de 2026, dentro del trámite de tutela identificado con el radicado núm. 17001-
33-39-005-00094-01.
47. En criterio de la entidad accionante, la sentencia cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto no tuvo en cuenta los
criterios establecidos por la Corte Constitucional en relación con los alcances de la
estabilidad laboral relativa de los servidores públicos vinculados en provisionalidad,
desarrollados, entre otras, en las sentencias SU-917 de 2010, T-318 de 2025, T-
333 de 2025 y T-169 de 2025.
48. Por otro lado, afirmó que la decisión objeto de tutela incurrió en un defecto
sustantivo, por cuanto realizó una interpretación indebida del artículo 239 del Código
Sustantivo del Trabajo, pues la autoridad judicial aplicó de manera automática la
presunción de discriminación, sin considerar que, una vez transcurridas las
dieciocho semanas posteriores al parto, esta desaparece y la carga de la prueba
retorna a la accionante.
49. Asimismo, alegó que se desconoció el régimen especial de carrera
administrativa de la Contraloría General de la República previsto en el Decreto 268
de 2000, pues el Tribunal acudió a normas del régimen general (Decreto 1083 de
2015), sin tener en cuenta que estas no eran aplicables a la entidad.
50. Agregó que el Tribunal accionado omitió valorar las circunstancias particulares
del caso, pues pasó por alto que el reintegro de la señora Luisa Daniela Pulgarín
Acevedo resultaba jurídicamente inviable. Explicó que, con ocasión de la
modificación del manual de funciones y requisitos de la entidad, aquella no reunía
las condiciones exigidas para desempeñar el cargo. Asimismo, indicó que la planta
de personal no contaba con vacantes disponibles que permitieran materializar su
vinculación en los términos ordenados por la providencia cuestionada.
51. Al respecto, la Sala observa que los argumentos planteados por la parte actora
no exponen ni demuestran que la sentencia objeto de tutela, (del 5 de mayo de
2025) fue el resultado de una situación dolosa de fraude o de alguna forma contraria
a la lealtad y a la buena fe que haya afectado el sentido de la decisión. En este
sentido, es posible inferir que la entidad accionante busca en esta oportunidad que
el Tribunal Administrativo de Caldas, como juez de tutela, emita un nuevo
pronunciamiento en relación con la procedencia de la acción de tutela interpuesta
por la señora Luisa Daniela Pulgarín Acevedo.
52. En este orden, la Sala considera que los argumentos expuestos por la parte
actora en el escrito de tutela no son suficientes para determinar la procedibilidad de
la solicitud de amparo, dado que la tutela interpuesta en contra de una actuación de
la misma naturaleza es excepcionalísima de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11.
53. En consecuencia, los argumentos desarrollados por la accionante no cumplen
con el requisito previsto por la Corte Constitucional para que proceda la acción de
11
Corte Constitucional, sentencia T-286 de 2018.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04526-00 (7198)
Accionante: Contraloría General de la República
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
tutela en contra de una sentencia de tutela, comoquiera que no plantea la
configuración de una cosa juzgada fraudulenta, motivo por el que las pretensiones
de amparo frente a este punto resultan improcedentes.
4. Conclusión
54. Por las razones expuestas, esta Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por la Contraloría General de la República, por no cumplir con
el requisito de procedencia de la tutela contra sentencia de tutela.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la Contraloría
General de la República en contra del Tribunal Administrativo de Caldas, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
11
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