Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04529-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04529-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04529-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04529-00
Accionante: MANUEL ALIPIO CÁCERES GONZÁLEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Vinculado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA
NACIONAL – INFANTERÍA DE MARINA – DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y
OTROS1
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Defecto fáctico, defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial en materia de responsabilidad
estatal por daños ocasionados por minas antipersonal. Se niega el amparo, al no
configurarse los defectos alegados contra la sentencia que revocó la condena de
primera instancia dentro de un proceso de reparación directa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se negará el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia invocados por el señor Manuel
Alipio Cáceres González. El Tribunal Administrativo del Chocó, no incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo, ni de desconocimiento del precedente judicial que se le
atribuyen, al proferir la Sentencia No. 53 del 27 de abril de 2026.
II. ANTECEDENTES
El escrito de tutela
2. El señor Manuel Alipio Cáceres González, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela en contra de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
del Chocó, con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
1 David Cáceres Ibargüen, Germán Mondragón González, Hecene Alomía Riascos, John James
Cáceres Ibargüen, José Fernando Pacheco González, Luz Marlenis Pacheco González, Rosa Elena
Cáceres, Víctor Manuel Pacheco González, Ever Antonio Pacheco González, Rodolfo Cáceres
Ibargüen, Carmen Janeth Cáceres Ibargüen, Hilaria Macaria Cáceres Ibargüen, José Zoilo Cáceres
Ibargüen y Luz Elerny Pacheco González, así como los menores de edad Santiago Cáceres Alomía,
representado por su padre, el aquí accionante; Jhoan Sebastián Cáceres Londoño, representado
por David Cáceres Ibargüen; Jhon Deivi Mondragón Rosero y Danna Liset Mondragón Rosero,
representados por Germán Mondragón González; Hemily Saray Cáceres Hurtado e Ian Santiago
Cáceres Quiñones, representados por John James Cáceres Ibargüen; Yuri Yarleisi Asprilla Pacheco
y Edy Joana Palacios Pacheco, representadas por Luz Marlenis Pacheco González; Llarisel Dayana
Pacheco Perea y Víctor Manuel Pacheco Perea, representados por Víctor Manuel Pacheco
González; Everlin Mayarith Pacheco Pozo, representada por Ever Antonio Pacheco González; y
Kevin Córdoba Pacheco y Leyton Jafet Pacheco Buenaventura, representados por Luz Elerny
Pacheco González.
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al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia,
vulnerados con la Sentencia No. 53 del 27 de abril de 2026, proferida dentro del
proceso de reparación directa con radicado 27001-33-33-002-2023-00409-01,
mediante la cual se revocó la condena impuesta en primera instancia y se negaron
las pretensiones de la demanda.
Hechos relevantes
3. El accionante es un campesino inscrito en el censo de la comunidad de Mochado,
perteneciente al Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Costa Pacífica
– CONCOSTA. Dicha comunidad, ubicada en la zona sur del municipio de Bajo
Baudó, Chocó, ha sido considerada de alto riesgo por la presencia de grupos
armados y los enfrentamientos entre estos y la fuerza pública.
4. Durante el año 2022 se presentaron accidentes con minas antipersonal en la
zona sur de Bajo Baudó, entre ellos uno ocurrido el 30 de marzo de 2022 en el
corregimiento de Mochado.
5. Para las elecciones legislativas de marzo de 2022, unidades de la Armada
Nacional y del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 22 hicieron presencia en
la comunidad de Mochado, entre el 11 y el 14 de marzo de 2022, realizando labores
de acompañamiento y recorridos por distintos sectores del corregimiento,
incluyendo la Escuela Sagrado Corazón de Jesús y los caminos utilizados
habitualmente por los habitantes.
6. El 30 de marzo de 2022, mientras se dirigía a su lugar de trabajo junto con otros
miembros de la comunidad, el accionante activó una mina antipersonal ubicada
aproximadamente a veinte metros de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, lo que
le ocasionó graves lesiones que obligaron a la amputación de su miembro inferior
derecho. Como consecuencia, se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del
33,88 %.
7. La Defensoría del Pueblo, mediante los informes de seguimiento a las Alertas
Tempranas de Inminencia N.º 041-19 (Alto Baudó) y N.º 030-20 (Bajo Baudó), entre
ellos el Informe de Seguimiento N.º 005-2022 del 18 de febrero de 2022, advirtió a
las autoridades competentes que la situación de riesgo persistía y tendía a
agravarse para los habitantes de dichos municipios, tras haber visitado, entre el 10
y el 11 de noviembre de 2021, algunas comunidades de la zona sur de Bajo Baudó,
entre ellas Mochado.
8. El accionante, a través de apoderado judicial, presentó demanda de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Infantería de
Marina de Colombia y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante
Sentencia No. 074 del 17 de septiembre de 2024, concedió las pretensiones, al
considerar acreditado el daño antijurídico y encontrar configurada la falla del servicio
por incumplimiento u omisión de los deberes normativos derivados de la
Constitución Política, la Convención de Ottawa (Ley 554 de 2000) y la Convención
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Americana de Derechos Humanos por parte de la Nación – Ministerio de Defensa –
Armada Nacional – Infantería de Marina de Colombia – Ejército Nacional. En esa
misma providencia se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República.
9. La sentencia fue apelada por la Nación – Ministerio de Defensa – Armada
Nacional. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, mediante
Sentencia número 53 del 27 de abril de 2026, revocó la sentencia de primera
instancia y declaró probadas las excepciones de inexistencia de medios probatorios,
inexistencia de la posición de garante y ausencia de obligación de indemnizar.
10. Para ello, con fundamento en la Sentencia de Unificación del 7 de marzo de
2018 del Consejo de Estado (radicado 34359), concluyó que de los documentos
allegados no se desprendía que las Fuerzas Militares hubieran tenido conocimiento
específico sobre la existencia de artefactos explosivos en el lugar exacto donde
ocurrió el accidente, ni que el dispositivo hubiera sido instalado por agentes del
Estado o dirigido contra miembros de la Fuerza Pública.
Pretensiones
11. El accionante solicita tutelar sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad; dejar sin efectos la Sentencia
número 53 del 27 de abril de 2026; y ordenar al Tribunal Administrativo del Chocó
proferir una nueva sentencia dentro del expediente 27001-33-33-002-2023-00409-
01, en la que valore las pruebas dejadas de apreciar conforme a las reglas de la
sana crítica y la máxima de la experiencia. Invoca como normas violadas los
artículos 29 y 31 de la Constitución Política.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria. El accionante sostiene que
el Tribunal desconoció y valoró de forma contraria a su contenido demostrativo el
Informe de Seguimiento N.º 005-2022 de la Defensoría del Pueblo, la respuesta del
Defensor Regional del Pueblo, las respuestas de la Armada Nacional del 9 de
noviembre de 2022 y del 21 de abril de 2023, el testimonio de José Wilber Rentería
Ibargüen y la respuesta de la Personería Municipal del Bajo Baudó.
13. Defecto material o sustantivo por desconocimiento de las obligaciones
derivadas de la Convención de Ottawa. Alega que el Tribunal exigió un estándar de
conocimiento exacto de la ubicación de la mina, no previsto en el artículo 5 de dicho
instrumento internacional (Ley 554 de 2000).
14. Desconocimiento del precedente judicial. Afirma que la sentencia se apartó, sin
justificación, de las reglas fijadas por el Consejo de Estado en la Sentencia de
Unificación del 7 de marzo de 2018, según las cuales la previsibilidad del riesgo
puede derivarse del conocimiento o sospecha razonable sobre la existencia de
minas, y no exclusivamente de la ubicación exacta del artefacto.
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Trámite en primera instancia
15. Mediante auto del 16 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó y vinculó, en calidad de
tercero con interés, a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional
– Infantería de Marina y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.
16. El 7 de julio de 2026, se resolvió vincular, en calidad de terceros con interés a
los demás demandantes dentro del proceso ordinario.
Intervenciones
17. El Tribunal Administrativo del Chocó, a través del magistrado ponente de la
decisión cuestionada, señaló que la acción de tutela contra providencias judiciales
es excepcional y no constituye una instancia adicional para reabrir el debate
probatorio resuelto por el juez natural. Indicó que la providencia censurada no
incurrió en valoración arbitraria, caprichosa o irrazonable, sino que efectuó un
análisis integral del material probatorio, del cual concluyó razonadamente que no
existía prueba suficiente de un conocimiento cierto, concreto y específico de la
entidad demandada sobre la existencia de la mina en el lugar exacto de los hechos.
Solicitó denegar el amparo, con fundamento en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991.
18. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través
de su delegado, argumentó que no tiene competencia funcional para intervenir en
decisiones judiciales, en virtud del principio de separación de poderes y de la
autonomía e independencia judicial, y que no desplegó ninguna acción u omisión
relacionada con los hechos. Solicitó desvincularlo de la tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva y, subsidiariamente, negar las pretensiones en
su contra.
19. Coadyuvancia. Los señores David Cáceres Ibargüen, Germán Mondragón
González, Hecene Alomía Riascos, John James Cáceres Ibargüen y José Fernando
Pacheco González, en calidad de terceros con interés directo, coadyuvaron
íntegramente la acción de tutela, reiterando los cargos de desconocimiento del
precedente judicial, defecto fáctico y defecto sustantivo formulados por el
accionante, y solicitaron amparar los derechos invocados y dejar sin efectos la
sentencia cuestionada.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
20. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Acuerdo 080 de 2019.
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Problema jurídico y metodología de la decisión
21. La Sala establecerá si se cumplen los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. De superarse, determinará si el
Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente judicial que le atribuyen el
accionante y los coadyuvantes al proferir la Sentencia No. 53 del 27 de abril de
2026, y si, en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y al acceso a la administración de justicia del señor Manuel Alipio
Cáceres González.
Análisis de la Sala
22. Legitimación en la causa. El señor Manuel Alipio Cáceres González está
legitimado por activa, al ser el demandante y víctima directa dentro del proceso de
reparación directa radicado 27001-33-33-002-2023-00409-01. Por pasiva, la
legitimación recae en el Tribunal Administrativo del Chocó - Sala Tercera de
Decisión, autoridad judicial que profirió la sentencia cuestionada.
23. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional - Infantería de
Marina, fueron vinculados a este trámite en calidad de terceros con interés, sin que
hubieran presentado manifestación alguna dentro del término del traslado, razón
por la cual continuaran vinculados a la presente causa constitucional al evidenciarse
que tienen un interés directo en las resultas del proceso.
24. La Sala desvinculará de la presente acción al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República. La entidad carece de competencia funcional para
intervenir en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, en virtud de
los principios de separación de poderes y de autonomía e independencia judicial, y
no desplegó ninguna acción u omisión relacionada con los hechos que sustentan la
tutela, la cual se dirige exclusivamente contra la actuación de la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó.
25. Asimismo, dentro del proceso ordinario de reparación directa que dio origen a
la sentencia cuestionada, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de
Quibdó había declarado probada, mediante Sentencia número 074 del 17 de
septiembre de 2024, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por esa entidad, al hallarse acreditado que la competencia estatal
correspondía al Batallón de Operaciones Terrestres N.º 22 de la Armada Nacional
y al Ejército Nacional2, de manera que resultaría inconsistente mantenerla vinculada
en el trámite de tutela cuando su ausencia de responsabilidad había sido dirimida
en la instancia ordinaria.
26. Inmediatez. La sentencia censurada fue proferida el 27 de abril de 2026 y la
acción de tutela fue admitida mediante auto del 16 de junio de 2026, es decir, dentro
2Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, Sentencia No. 074 del 17 de septiembre de 2024,
expediente 27001-33-33-002-2023-00409-00.
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de un término razonable, inferior a los seis meses que la jurisprudencia reconoce
como plazo prudencial.
27. Subsidiariedad. Contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó, que puso fin a la segunda instancia del proceso de reparación directa, no
procede recurso ordinario ni extraordinario adicional, de manera que la tutela es el
único mecanismo con que cuenta el accionante para plantear la controversia
constitucional.
28. Relevancia constitucional. La jurisprudencia constitucional ha señalado que
este requisito busca preservar la competencia de las jurisdicciones ordinarias,
restringir la tutela a cuestiones que afecten derechos fundamentales e impedir que
se convierta en una instancia adicional para controvertir las decisiones de los
jueces; para ello, exige que la controversia verse sobre un asunto constitucional y
no meramente legal o económico, y que involucre el contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental3.
29. El accionante es una persona campesina, integrante de la comunidad de
Mochado, censada por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Costa
Pacífica – CONCOSTA, y víctima de una mina antipersonal que le ocasionó la
amputación de su miembro inferior derecho y una pérdida de capacidad laboral del
33,88 %.
30. La controversia no se limita a una discrepancia sobre el monto de una
indemnización, sino que compromete el contenido y alcance del derecho al debido
proceso frente a una decisión que revocó una condena por responsabilidad estatal
derivada de hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno, lo que le
otorga una dimensión constitucional que trasciende el simple interés patrimonial de
las partes. Por lo anterior, la Sala encuentra superado el requisito de relevancia
constitucional.
31. Irregularidad con efecto decisivo. Los cargos formulados, relativos a la
valoración de las pruebas sobre el conocimiento previo del riesgo por parte de la
Fuerza Pública, inciden directamente en la decisión adoptada, pues fueron el
fundamento central para que el Tribunal revocara la condena de primera instancia
y declarara probadas las excepciones de mérito.
32. Identificación razonable de los hechos y derechos vulnerados. El accionante
identificó con claridad los hechos, las pruebas presuntamente indebidamente
valoradas y los derechos que estima vulnerados.
33. No se trata de una tutela contra una sentencia de tutela, pues la providencia
cuestionada fue proferida dentro de un proceso ordinario de reparación directa.
3Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.
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34. Superados los requisitos generales, procede la Sala a verificar si se configuran
las causales específicas de procedibilidad invocadas: defecto fáctico, defecto
material o sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
Caso concreto
35. El defecto fáctico surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión4. La jurisprudencia
constitucional ha identificado tres hipótesis que lo configuran: (i) la omisión en el
decreto y la práctica de pruebas indispensables; (ii) la falta de valoración de
elementos probatorios debidamente aportados que, de haberse tenido en cuenta,
habrían cambiado el sentido de la decisión; y (iii) la indebida valoración de los
elementos probatorios aportados, dándoles un alcance no previsto 5. Dado que el
juez de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario, este defecto solo
prospera cuando en la actuación probatoria del juez natural se identifica un error
ostensible, flagrante y manifiesto, con incidencia directa en la decisión adoptada6.
36. En el presente caso, la Sala no encuentra configurado el defecto fáctico
alegado. El Tribunal Administrativo del Chocó no omitió ni ignoró los medios de
prueba señalados por el accionante; por el contrario, los relacionó y valoró de
manera expresa en la parte considerativa de su sentencia: el Informe de
Seguimiento N.º 005-2022 de la Defensoría del Pueblo, el oficio del 10 de junio de
2022 del Defensor Regional del Pueblo, las respuestas de la Armada Nacional del
9 de noviembre de 2022 y del 21 de abril de 2023, y el testimonio de José Wilber
Rentería Ibargüen rendido en la audiencia del 12 de junio de 2024.
37. De la valoración de ese material, el Tribunal concluyó expresamente que, si bien
la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la persistencia del riesgo en la zona sur del
municipio de Bajo Baudó, “de los documentos allegados no se desprende que las
Fuerzas Militares hubiesen tenido conocimiento específico sobre la existencia de
artefactos explosivos en el lugar exacto donde ocurrió dicho incidente, ni que, pese
a ello, hubiesen omitido la adopción de las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de la población”7.
38. No corresponde al juez de tutela sustituir la valoración razonada que el juez
natural hizo del acervo probatorio, reemplazándola por la interpretación que el
accionante propone como más favorable a sus intereses, cuando la efectuada por
la autoridad judicial se apoya en las pruebas obrantes y en una inferencia lógica y
razonable a partir de ellas.
39. La circunstancia de que existan alertas generales sobre el riesgo en la región
no equivale, por sí sola, a la prueba de un conocimiento específico, previo e
4Corte Constitucional, Sentencia T-432 de 2018.
5Ibidem.
6Ibidem.
7Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, Sentencia No. 53 del 27 de abril de 2026,
expediente 27001-33-33-002-2023-00409-01.
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individualizado sobre el sitio de los hechos, exigencia que el Tribunal explicó de
manera suficiente y coherente con el material probatorio disponible.
40. Esta exigencia tampoco desnaturaliza la Convención de Ottawa. El artículo 5 de
dicho instrumento distingue dos obligaciones de temporalidad distinta: la
destrucción de las minas antipersonales sujeta a los plazos de prórroga reconocidos
al Estado colombiano, y la identificación, demarcación, vigilancia y cercado de las
zonas donde se sepa o se sospeche su presencia, deber que debe cumplirse tan
pronto como sea posible y que se mantiene vigente hasta la destrucción efectiva de
los artefactos, sin beneficiarse de dicha prórroga. Sin embargo, ese deber de
identificación y señalización se activa frente a una sospecha razonablemente
circunscrita a un lugar determinado, y no ante cualquier alerta genérica sobre el
riesgo existente en una región extensa.
41. En el caso concreto, las alertas de la Defensoría del Pueblo advertían sobre la
persistencia del riesgo en la zona sur del municipio de Bajo Baudó, una subregión
que comprende múltiples corregimientos y comunidades, sin individualizar el sector
específico situado a veinte metros de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús de
Mochado donde ocurrió el accidente.
42. Exigir que esa alerta regional se tradujera, sin más, en el señalamiento puntual
de ese sitio no equivale a imponer al Estado una responsabilidad objetiva
incompatible con la Convención de Ottawa, sino a diferenciar, como lo hizo el
Tribunal, entre el conocimiento general del riesgo en una amplia zona geográfica y
la sospecha razonable sobre un punto específico, distinción que en manera alguna
desnaturaliza el artículo 5.2 de dicho instrumento ni equivale a exigir el conocimiento
de las coordenadas exactas del artefacto.
43. Por otro lado, se advierte que ni la Sentencia número 53 del 27 de abril de 2026
ni el material allegado a este trámite dan cuenta de que el Tribunal se hubiera
pronunciado expresamente sobre la certificación expedida por la Personería
Municipal del Bajo Baudó, en la cual ese Ministerio Público informó haber puesto en
conocimiento de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas la situación de riesgo por minas
antipersonal en la zona sur del municipio, sin embargo, la Sala encuentra que esa
prueba carece de entidad para variar el sentido de la decisión, pues su contenido
no acredita que la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional - Ejército
Nacional, entidades demandadas en el proceso de reparación directa, hubiesen
sido destinatarias de esa comunicación o hubiesen tenido conocimiento de ella. En
consecuencia, su falta de mención expresa no configura un defecto fáctico con
incidencia decisiva en el fallo.
44. No se puede pasar por alto que, según el testimonio de José Wilber Rentería
Ibargüen, miembros del Ejército Nacional habrían indicado a la comunidad que ya
era posible transitar por el sector, circunstancia que el accionante invoca como base
de una eventual confianza legítima inducida por la propia Fuerza Pública. Se trata,
sin embargo, de una declaración testimonial singular, no corroborada por ningún
otro medio de prueba obrante en el expediente, que no identifica con precisión a los
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militares que habrían formulado esa manifestación, ni la fecha en que ello habría
ocurrido.
45. De las reglas de la sana crítica y del margen de apreciación que le asiste al
juez natural en la valoración de la prueba testimonial, no resulta irrazonable que el
Tribunal Administrativo del Chocó, al reseñar dicha declaración dentro del acervo
probatorio sin atribuirle un alcance definitivo, hubiera concluido que, por sí sola, no
bastaba para acreditar la conducta activa alegada por el accionante. Esa valoración
no configura una omisión ostensible, flagrante y manifiesta, sino el ejercicio legítimo
de la autonomía judicial en la apreciación de un medio de prueba testimonial aislado.
46. En cuanto al defecto sustantivo y al desconocimiento del precedente judicial, la
Sala los examinará conjuntamente, por hallarse estrechamente vinculados en los
cargos formulados por el accionante y los coadyuvantes.
47. El Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación del 7 de marzo de 20188, fijó
los presupuestos para atribuir al Estado la responsabilidad por daños causados con
minas antipersonal, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados,
criterio que el Tribunal Administrativo del Chocó citó expresamente en la providencia
cuestionada. La Corte Constitucional sintetizó esas reglas de imputación en tres
subreglas: (i) si la mina antipersonal se instaló en una proximidad evidente a un
órgano representativo del Estado, esto es, una base o punto de acantonamiento
militar, con el ánimo de atacar a sus agentes, el Estado será responsable si aquella
causa daños a civiles; (ii) si la mina se instaló en una base militar por el propio
Ejército Nacional, el Estado también responde por los daños a civiles y; (iii) si el
hecho no se enmarca en ninguno de esos dos supuestos, el Estado no será
responsable bajo el título de imputación de falla del servicio, en tanto la obligación
de desminado humanitario debe cumplirse de modo progresivo, conforme con la
Convención de Ottawa -Ley 554 de 20009.
48. Bajo ese marco, la Sala no encuentra que el Tribunal Administrativo del Chocó
haya desconocido el precedente de unificación ni interpretado erróneamente la
Convención de Ottawa. No existe en el expediente prueba de un punto de
acantonamiento o base militar permanente en las inmediaciones de la Escuela
Sagrado Corazón de Jesús de Mochado; lo único acreditado es que un pelotón de
Infantería de Marina hizo presencia transitoria en la comunidad entre el 11 y el 14
de marzo de 2022, con ocasión de las elecciones legislativas, y que dicha presencia
había cesado dieciséis días antes de la explosión ocurrida el 30 de marzo de 2022,
sin que se acredite la permanencia de tropas o de un perímetro operacional en el
sector para la fecha de los hechos.
49. Tampoco obra prueba de que el artefacto hubiese sido instalado con el
propósito de atacar a la Fuerza Pública. Por el contrario, el Tribunal constató que,
aunque se acreditó la presencia de infantes de marina en Mochado entre el 11 y el
8Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de
Unificación del 7 de marzo de 2018, radicado 25000-23-26-000-2005-00320-01(34359).
9Corte Constitucional, sentencias T-458 de 2021 y T-517 de 2025.
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Accionante: Manuel Alipio Cáceres González
14 de marzo de 2022, “no se demostró que el artefacto explosivo hubiera sido
sembrado como retaliación o con el propósito de afectar a los uniformados”10,
conclusión que armoniza con la información suministrada por la propia Armada
Nacional, según la cual las minas antipersonales presuntamente pertenecían al
GAO ELN “Frente Ernesto Che Guevara”.
50. El artefacto detonó, en cambio, en el trayecto habitual de los habitantes de la
comunidad hacia sus parcelas, cerca de una institución educativa, circunstancia que
apunta a una colocación indiscriminada, propia de la naturaleza de este tipo de
dispositivos.
51. En consecuencia, el caso no se enmarca en ninguna de las dos subreglas que
activan la responsabilidad estatal por riesgo excepcional, sino en el supuesto
residual, bajo el cual la imputación solo puede edificarse sobre la falla del servicio,
es decir, sobre la acreditación de un conocimiento previo y específico del riesgo por
parte de la entidad demandada y de su omisión en adoptar medidas frente a él.
52. Fue precisamente ese ejercicio el que efectuó el Tribunal Administrativo del
Chocó al examinar las alertas de la Defensoría del Pueblo y concluir que estas
daban cuenta de un riesgo general en la zona sur de Bajo Baudó, pero no de un
conocimiento específico sobre el punto exacto donde ocurrió el accidente.
53. Exigir esa acreditación no desnaturaliza la Convención de Ottawa ni la sentencia
de unificación del Consejo de Estado; por el contrario, es la consecuencia directa
de que el caso no se ubica en los supuestos de riesgo excepcional, sino en el
régimen de falla del servicio, para el cual la jurisprudencia exige la prueba de la
omisión concreta.
54. Por las razones expuestas, la Sala concluye que la Sentencia número 53 del 27
de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, no incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo ni de desconocimiento del precedente judicial que
se le atribuyen. La providencia se sustenta en una valoración razonada y motivada
del acervo probatorio y en la aplicación correcta del precedente jurisprudencial
aplicable, incluida su síntesis más reciente por parte de la Corte Constitucional 11,
sin que la inconformidad del accionante y de los coadyuvantes con el sentido de la
decisión habilite la intervención del juez constitucional.
55. En consecuencia, se negará el amparo solicitado, y se desvinculará de la
presente acción al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
10Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, Sentencia No. 53 del 27 de abril de 2026.
11Corte Constitucional, Sentencia T-517 de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04529-00
Accionante: Manuel Alipio Cáceres González
RESUELVE
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y al acceso a la administración de justicia invocados por el señor Manuel
Alipio Cáceres González, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. DESVINCULAR de la presente acción de tutela al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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11
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