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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04531-00

Fecha
21 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04531-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Jairo Andrés Beltrán Castañeda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04531-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

21 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-04531-001
Accionante : Jairo Andrés Beltrán Castañeda
Accionado : Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Vinculados : Juan Guillermo Tovar Niño y Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, sanción disciplinaria
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela

incoada por el señor Jairo Andrés Beltrán Castañeda contra la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, honra y buen
nombre2.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a las sentencias objeto de censura; luego, revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo pertinente en torno
a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. El señor Jairo Andrés Beltrán Castañeda, quien actúa a través de apoderado

judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad, honra y buen nombre, presuntamente vulnerados por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
También alegó la vulneración de los «principios mínimos laborales».

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04531-00
Accionante: Jairo Andrés Beltrán Castañeda
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

4. Por consiguiente, solicitó:

1. Se DEJE SIN VALOR, NI EFECTO JURÍDICO ALGUNO, por ser CONTRARIA a la
Constitución Política, al precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y a la Ley, la
sentencia proferida el 13 de junio de 2024 por parte de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá D.C., mediante la cual se impuso sanción disciplinaria de suspensión de
dos (2) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Jairo Andrés Beltrán Castañeda,
así como de la Sentencia proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 23 de
septiembre de 2024, que la confirmó.

2. Como consecuencia del amparo anterior, se DESANOTE de los sistemas oficiales de la
dirección administrativa de la Rama Judicial y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
la sanción impuesta al abogado Jairo Andrés Beltrán Castañeda.

3. Como consecuencia del amparo anterior, se ELIMINEN de los registros públicos en
sistemas web o portales de la dirección administrativa de la Rama Judicial y demás motores
o enlaces de búsqueda, el Edicto y la Sentencia proferida el 13 de junio de 2024 por parte
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con la que se confirmó la sanción disciplinaria
de suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Jairo Andrés
Beltrán Castañeda.

4. Se ADOPTEN las demás medidas y decisiones que considere necesarias el Consejo de
Estado investido como Juez Constitucional, para lograr la PROTECCIÓN efectiva de los
derechos fundamentales vulnerados a mi prohijado.

Hechos3

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el

accionante se puede evidenciar que, mediante escrito del Once (11) de Enero de
Dos Mil Veintidós (2022), el señor Juan Guillermo Tovar Niño presentó queja
disciplinaria contra el abogado Jairo Andrés Beltrán Castañeda, por
presuntamente haberlo acosado, intimidado y presionado para que pagara unas
sumas adeudadas surgidas de un contrato de mutuo suscrito entre Fénix
Comercializadora Internacional S.A.S y Bloque B Arquitectos S.A.S.

6. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá adelantó un proceso

disciplinario contra el señor Beltrán Castañeda, en el marco del cual, formuló
cargos por la eventual incursión en la falta prevista en el artículo 32 de la Ley
1123 de 2007, bajo el verbo rector «acusar temerariamente» , a título de dolo.

7. Mediante sentencia del Trece (13) de Junio de 2024 (radicado núm. 11001-

2502-000-2022-00857-00), la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá declaró disciplinariamente responsable al abogado y le impuso sanción
de dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

8. En desacuerdo con la decisión, el disciplinado interpuso recurso de apelación

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 1.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04531-00
Accionante: Jairo Andrés Beltrán Castañeda
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

que fue resuelto en sentencia del Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El superior
confirmó el fallo de primera instancia, en tanto consideró que, fueron temerarias
las acusaciones públicas hechas contra el quejoso, y que la sanción impuesta no
resultaba incongruente o desproporcionada.

9. En su tutela, el señor Beltrán Castañeda sostuvo que, las providencias
censuradas incurrieron en defecto fáctico. Como sustento, alegó que, las
autoridades disciplinarias valoraron la conducta y el supuesto daño sin contar con
pruebas que condujeran a la certeza sobre la existencia de la falta y de su
responsabilidad. En particular, no habría pruebas que acreditaran que difundió las
acusaciones entre los padres de familia, los docentes o la comunidad educativa
del Colegio Andino.

10. Finalmente, frente al cumplimiento del requisito de inmediatez en la formulación

de la acción de tutela, señaló que, los fallos sancionatorios permanecen
divulgados en el sitio web de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
aparecen como primer resultado en los motores de búsqueda asociados al
nombre del señor Tovar Niño, lo que, en su criterio, comporta una afectación
actual de sus derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el trabajo.

11. Así, concluyó que, «esta acción de tutela se formula en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración, específicamente, del conocimiento
que se tuvo de la divulgación del fallo sancionatorio en virtud del cual desde hace al menos un
(1) mes está siendo asediado y consultado por distintos medios de comunicación y terceras
personas que le relacionan con el ciudadano Tovar Niño y las investigaciones que se le siguen
por su actuar presuntamente punible».

II. TRÁMITE PROCESAL

12. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del

Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)4, admitió la presente acción
de tutela. En dicha decisión (i) ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; y
(ii) dispuso vincular a Juan Guillermo Tovar Niño y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de
1991.

4
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 5.
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04531-00
Accionante: Jairo Andrés Beltrán Castañeda
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

2.1. Contestaciones de la acción

13. 2.1.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial5 expuso que, en el
presente caso, no se cumplen los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Por un
lado, aseguró que, la sentencia atacada fue notificada por correo electrónico el Diez
(10) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024) mientras que, la acción
constitucional fue radicada el Once (11) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), por
lo que transcurrieron un (1) año y ocho (8) meses.

14. Por otro lado, alegó que, «[…] la mayoría de los argumentos que el ahora tutelante plantea

vía tutela referidos en precedencia […] los pudo haber presentado en contra de la decisión
sancionatoria de primera instancia, pero no lo hizo» y que, «Incluso, una vez proferida la sentencia
de segunda instancia por esta Corporación, el disciplinado podía presentar solicitud de nulidad del
fallo, pues de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007 son causales de nulidad: “la
existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”».

15. Agregó que, no se configuró ninguno de los requisitos especiales de procedencia

de la acción de tutela contra providencias judiciales. En particular, expuso frente al
defecto fáctico alegado que, «en la decisión judicial objeto de acción de tutela, en virtud del
principio de limitación que rige la competencia en segunda instancia, se resolvieron los puntos
planteados en la apelación». Además, aclaró que, el daño o perjuicio causado no

constituye un elemento necesario para la configuración de la responsabilidad
disciplinaria, sino que, permite graduar la sanción de acuerdo con el artículo 45 del
estatuto del abogado. Por ende, precisó que, en el recurso de apelación no se
solicitaron pruebas y la Comisión no juzgó que fuera necesario decretar elementos
probatorios de oficio.

16. Finalmente, alegó que, algunos argumentos de la tutela no se adecúan a ninguna

de las causales especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, tales como (i) la violación de los derechos al acceso a la
administración de justicia, igualdad, seguridad jurídica y trabajo; (ii) la falta de
notificación de la sentencia con el salvamento de voto; (iii) la publicación de la
sentencia en los sistemas de búsqueda de internet y en Legis y (iv) las
investigaciones disciplinarias adelantadas contra el magistrado que decidió el
proceso.

5
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índices 9 y 10.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04531-00
Accionante: Jairo Andrés Beltrán Castañeda
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

17. 2.1.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá6 hizo un
recuento de las actuaciones adelantadas en el marco del proceso disciplinario, y
argumentó que, respetó la presunción de inocencia del disciplinado durante el
desarrollo de toda la investigación hasta la sentencia. Agregó que, la acción no
cumple el requisito de inmediatez pues el actor pretende controvertir una decisión
judicial que quedó en firme veintiún (21) meses antes.

18. También expuso que, en lo que respecta «al desanote de los sistemas oficiales de la

sanción disciplinaria que en su contra reposa en las bases de datos, este despacho no tiene
competencia para ello, comoquiera que el registro de las sanciones disciplinarias recae sobre la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia conforme lo dispuesto en el
artículo 47 de la Ley 1123 de 2007».

19. 2.1.3. El señor Juan Guillermo Tovar Niño7 manifestó que, no es cierto que se

hayan configurado los yerros alegados y que, además, el accionante no cumplió el
requisito de subsidiariedad, pues:

[…] no formul[ó] recursos en contra de las pruebas decretadas, no formul[ó] nulidades si las
consideraban procedentes, pertinentes y oportunas, ni siquiera solicit[ó] el ejercicio del control
de legalidad de las actuaciones que allí se surtieron con el fin de evitar irregularidades o
posteriores nulidades), a tal punto que, la Honorable COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL, en su debida oportunidad, al resolver el recurso de alzada interpuesto por el
disciplinado, confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia proferida por el a-quo.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

21. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión

6
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 11.
7
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índices 16 y 18.
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04531-00
Accionante: Jairo Andrés Beltrán Castañeda
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Problema jurídico

22. Se contrae a determinar si la acción de tutela es procedente para examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales del señor Beltrán Castañeda que
puedan comportar los fallos del Trece (13) de Junio de Dos Mil Veinticuatro (2024)
y el Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferidos por
la Comisión Seccional de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que
resolvieron sancionar disciplinariamente al accionante, por la presunta
configuración de un defecto fáctico.

3.4. Requisito general de inmediatez

23. Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar

que, la jurisprudencia constitucional8 ha establecido para tal propósito varios
requisitos generales, entre los que se encuentra la inmediatez. Al respecto, el
Consejo de Estado, mediante sentencia del Cinco (5) de Agosto de Dos Mil Catorce
(2014)9, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra
providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, el
lapso de seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria.

24. Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque

el presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto
es que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el
lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar
derechos de terceros.

25. Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que, resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular:

[…] (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad
justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los

8
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
9
Expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección
Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04531-00
Accionante: Jairo Andrés Beltrán Castañeda
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

derechos fundamentales del interesado;10 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición 1112.

26. De igual modo, se aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional 13,

existen dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, que son:

(i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que
el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella
persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado
el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.

27. Estas situaciones deberán ser analizadas en cada caso, en el evento en que se

acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6 meses).

3.6. Solución al caso concreto

28. Para dilucidar si en el asunto sub judice se colma la exigencia de la inmediatez,

debe advertirse que, la providencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
atacada quedó ejecutoriada el Dieciocho (18) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro
(2024)14. Verificado el expediente del proceso disciplinario allegado por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá15, en el índice 7 de la segunda instancia,
figura la siguiente constancia de notificación al accionante, por medio de correo
electrónico:

10
Sentencia SU-961/99.
11
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
13
Sentencia T-584 de 2011.
14
De acuerdo con la constancia secretarial de ejecutoria de la providencia visible en el índice 9 del expediente disciplinario
de segunda instancia.
15
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 10.
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04531-00
Accionante: Jairo Andrés Beltrán Castañeda
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

29. Así, la providencia se entiende notificada a los dos (2) días hábiles siguientes al

envío del mensaje de datos, esto es, el Quince (15) de Octubre de Dos Mil
Veinticuatro (2024). Por lo tanto, efectivamente, la decisión censurada quedó
ejecutoriada el Dieciocho (18) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

30. Por su parte, la solicitud de amparo se presentó el Once (11) de Junio de Dos

Mil Veintiséis (2026)16, es decir, un (1) año, siete (7) meses y veinticuatro (24)
días después de la ejecutoria del fallo.

31. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-954 de 2010, sostuvo lo

siguiente:

[…] esta Corporación ha precisado que, en virtud de la naturaleza cautelar de la acción de
tutela, ésta debe ser presentada en término oportuno, justo y razonable, “dentro del cual se
presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un
daño palpable”17. Ese “plazo razonable” es consustancial a las regulaciones
procedimentales de la acción de tutela y determina en gran medida el campo de acción del
juez de tutela, pues su orden debe estar respaldada por la urgencia e inmediatez, “en
presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a
través de un proceso sumario y expedito en el tiempo. […]. Incluso, la real configuración de
una trasgresión a los derechos fundamentales se pone en duda cuando la demanda de
tutela se interpone en un momento demasiado alejado de la ocurrencia del hecho que
supuestamente la generó”18.

32. La Corte, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que, cuando existe un lapso

prolongado entre la ocurrencia del hecho vulnerador y la presentación de la acción
de tutela, el análisis debe someterse al criterio de razonabilidad y proporcionalidad
aplicada al caso concreto, con el fin de establecer si la demora está válidamente
justificada:

La razonabilidad en la interposición de la acción de tutela está determinada, tanto en su aspecto
positivo, como en el negativo, por la proporcionalidad entre medios y fines. El juez debe
ponderar una serie de factores con el objeto de establecer si la acción de tutela es el medio
idóneo para lograr los fines que se pretenden y así determinar si es viable o no. Dentro de los
aspectos que debe considerarse, está el que el ejercicio inoportuno de la acción implique una
eventual violación de los derechos de terceros. Para hacerlo, el juez debe constatar: 1) si existe
un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados19.

33. Ahora bien, en su escrito de demanda, el accionante adujo que, los fallos
sancionatorios permanecen divulgados en el sitio web de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y aparecen como primer resultado en los motores de

16
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 3, archivo 5.
17
Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19
Sentencia SU-961/99 de la Corte Constitucional M.P Vladimiro Naranjo Mesa.
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04531-00
Accionante: Jairo Andrés Beltrán Castañeda
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

búsqueda asociados al nombre del señor Tovar Niño, lo que, en su criterio,
comporta una afectación actual de sus derechos fundamentales a la honra, el
buen nombre y el trabajo.

34. Por lo anterior, estima que, la tutela se presentó en un término razonable a

partir del hecho que originó la vulneración, «específicamente, del conocimiento que se
tuvo de la divulgación del fallo sancionatorio en virtud del cual desde hace al menos un (1) mes
está siendo asediado y consultado por distintos medios de comunicación y terceras personas que
le relacionan con el ciudadano Tovar Niño y las investigaciones que se le siguen por su actuar
presuntamente punible» .

35. Para esta Sala, no es de recibo el argumento expuesto por el accionante, según

el cual, al verse actualmente afectado por los efectos de la publicación de las
sentencias sancionatorias, se está ante una afectación, prolongada en el tiempo,
de sus derechos fundamentales. Por el contrario, lo que debe valorarse es que, la
decisión judicial atacada quedó ejecutoriada en un momento específico y lo que se
censura en la tutela es la presunta configuración de un defecto fáctico en su parte
motiva, ante la ausencia de pruebas determinantes de la responsabilidad
disciplinaria del investigado.

36. Si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido algunas
situaciones donde la vulneración de derechos permanece en el tiempo 20, tales
circunstancias se caracterizan por la continuidad y actualidad de la afectación de
garantías iusfundamentales y por la reproducción de los hechos u omisiones
generadoras de la violación de los derechos invocados.

37. Así, la Corte ha establecido21 que, «no es posible valorar el carácter continuo del daño

a partir de la discrepancia de las partes con lo decidido jurisdiccionalmente. Aceptar lo contrario
implicaría, primero, pasar por alto los efectos de cosa juzgada de las providencias judiciales y,
segundo, suponer que, tratándose de la tutela contra providencias, el daño siempre es continuo,
pues, por regla general, la parte vencida en el proceso muestra inconformidad con lo decidido por
el juez».

38. En este caso, no existe una afectación prolongada en el tiempo que se derive

del fallo atacado. Una vez se adelantaron todas las etapas del proceso disciplinario,
y no habiéndose desvirtuado la responsabilidad disciplinaria del actor, en virtud del
artículo 47 de la Ley 1123 de 2007, la oficina de Registro Nacional de Abogados

20
Corte Constitucional, sentencias T-398 de 2019 y T-663 de 2012.
21
Corte Constitucional, sentencia T-001 de 2022, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04531-00
Accionante: Jairo Andrés Beltrán Castañeda
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

anotó la sanción impuesta. Por tanto, la publicación de la decisión de segunda
instancia, en cumplimiento de dicha previsión legal, no se traduce en una
vulneración de derechos, o por lo menos, aquella no fue discutida en este proceso
constitucional, por cuanto las pretensiones del accionante se limitaron a controvertir
el fallo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

39. Es claro que la fuente del daño atacado es la sentencia cuestionada, aunque sus

efectos puedan haberse extendido en el tiempo. De ahí que, no existe ninguna
razón válida para justificar la tardanza del actor en la interposición de la acción. En
consecuencia, al tratarse de una tutela contra providencia judicial, el señor Beltrán
Castañeda no cumplió la carga de presentar, de manera convincente, las razones
que le impidieron acudir, en un plazo prudencial, al mecanismo constitucional. Así
mismo, no se evidencia un sustento válido respaldado por algún medio de prueba
que permita justificar, bajo un examen de razonabilidad, que la demora en la
presentación de la acción se encuentra justificada.

40. En síntesis, el tiempo transcurrido entre la ejecutoria de la sentencia de segunda

instancia y la presente solicitud de tutela superó ampliamente el término que la
jurisprudencia ha considerado prudencial para la interposición del mecanismo
excepcional, fijado en seis (6) meses. El transcurso de diecinueve (19) meses y
veinticuatro (24) días entre ambos momentos elimina cualquier apariencia de
urgencia o necesidad y, en consecuencia, impide tener por acreditado el requisito
de inmediatez exigido para la procedencia de la tutela.

41. Así mismo, cabe precisar que, en reciente sentencia de unificación SU-304 de

202422, la Corte Constitucional sostuvo que, en tratándose de tutelas contra fallos
proferidos por una alta corte, como en este caso, el examen debe realizarse con
mayor rigurosidad para poder constatar «una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental, producto de una actuación arbitraria», lo que implica que no se permita su uso

con el propósito de reabrir debates concluidos en el proceso ordinario.

42. Además, en este punto, la Sala destaca que, el ejercicio de la acción de tutela

no habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni
interferir en ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente
vulneración al debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto.

22
M. P. Vladimir Fernández Andrade.
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Accionante: Jairo Andrés Beltrán Castañeda
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

IV. DECISIÓN

43. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, en el
presente asunto, no se cumplió el presupuesto de la inmediatez, debe declararse
la improcedencia de la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Jairo Andrés Beltrán Castañeda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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