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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04532-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04532-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Centro de Documentación Judicial, el Juzgado Primero Civil Laboral del Circuito de Marinilla, la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia. Segundo. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud de tutela presentada por Paula Andrea Valencia Quintero contra el Consejo Superior de la Judicatura, Oficina de Apoyo Judicial. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04532-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04532-00
Demandante: Paula Andrea Valencia Quintero
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro

Temas: Impulso para lograr la radicación de la demanda laboral
Decisión: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la tutela formulada por Paula Andrea Valencia Quintero, en ejercicio
de la solicitud de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Paula Andrea Valencia Quintero promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales «a una respuesta clara y concisa», al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la falta de trámite para el reparto de su demanda laboral, radicada el
día 11 de mayo de 2026.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. El 11 de mayo de 2026, presentó demanda laboral en contra de la Empresa
Eléctricas del Oriente S.A.S. mediante el Sistema Integrado de Gestión Judicial2.

2.2. El 11 de mayo de 2026, radicó, a través del correo electrónico
j01cctomarinilla@cendoj.ramajudicial.gov.co, correspondiente al Juzgado Civil
Laboral del Circuito de Marinilla, una solicitud para que se diera trámite a la radicación
de la demanda laboral.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.pdf».
2
En adelante SIUGJ.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04532-00
Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

2.3. El 12 de mayo de 2026, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Conocimiento
Laboral de Marinilla dio respuesta a la solicitud presentada, en la que le recordó que
las demandas debían radicarse a través del Sistema Integrado de Gestión Judicial de
la Rama Judicial y le indicó los canales de atención dispuestos para reportar o
solucionar eventuales inconvenientes con la plataforma.

2.4. Posteriormente, el 19 de mayo de 2026, presentó una solicitud al Centro de
Documentación Judicial, mediante el correo electrónico
info@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la que solicitó la radicación de la demanda
identificada con el consecutivo 64350/2026, al señalar que había transcurrido una
semana desde el registro de la solicitud en el SIUGJ sin que se hubiera informado
novedad alguna sobre su trámite. No obstante, dicha entidad no dio respuesta a la
petición.

2.5. Las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez
que, pese a haber transcurrido más de un mes desde la presentación de la solicitud
de radicación de la demanda, a la fecha esta no ha sido radicada y tampoco ha
recibido respuesta alguna sobre el estado del trámite.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Solicito al Señor Juez ordenar a la Oficina de Apoyo Judicial o al Consejo Superior
de la Judicatura que, en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a
realizar el reparto de mi demanda y me notifique el juzgado asignado. De igual manera,
me permita ver el proceso a través de la página oficial
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion ya que el
sistema SIUGJ no permite vigilar mi proceso sin depender de mi abogada y sin más
requisitos que un radicado o con mi nombre tal como se puede hacer en la parte civil y no
esperar a que un juzgado me de una clave. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Civil Laboral del Circuito Marinilla3 solicitó que se le desvinculara
del trámite constitucional por no existir vulneración de derechos fundamentales que
le sea imputable. Lo anterior, porque el Consejo Superior de la Judicatura estableció
que el uso del SIUGJ es obligatorio. En este caso lo que existe es una inconformidad
con el funcionamiento del sistema de radicación, lo cual es ajeno a las competencias
de la autoridad judicial. Además, el despacho verificó con los ingenieros a cargo de
la implementación y desarrollo de la plataforma y se encontró que el proceso de
radicación se encuentra sin culminación por parte del usuario.

4.1. Ante la petición presentada por la demandante, el 12 de mayo de 2025 se le indicó
que la misma no se podía tener por recibida al no hacerse por los medios establecidos
para tal efecto, esto es, a través de la plataforma SIUGJ, según los parámetros

3Ver índice 8 de Samai. Archivo denominado «9RECIBEMEMORIAL_RespuestaVinculacion(.pdf)
NroActua 8.pdf».

2

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Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA23-
12094 del 11 de octubre de 2023, proporcionándole el número telefónico y link para
realizar la inmersión a la misma como usuaria del sistema.

4.2. De ser el caso, pudo informar oportunamente la imposibilidad de adelantar dicho
trámite, para que la situación fuera puesta en conocimiento de los ingenieros
encargados de la implementación y soporte del SIUGJ, con el fin de brindarle el
acompañamiento técnico necesario y gestionar la solución correspondiente.

5. Al respecto aportó la respuesta emitida por parte de la Mesa de Ayuda del Equipo
SIUGJ4 en la que se precisó que, tras verificar el trámite de radicación en la
plataforma, se constató que este permanecía en etapa de registro, sin que hubiera
culminado el proceso ni se hubiera generado el envío automático para reparto. Indicó
que dicha situación obedeció a que no se registraron la totalidad de los sujetos
procesales requeridos para completar la radicación.

6. El Centro de Documentación Judicial5 solicitó su desvinculación de la petición de
amparo ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales de su parte,
por cuanto no resultaba procedente atribuir responsabilidad al Consejo Superior de
la Judicatura, toda vez que la gestión de los proyectos y la operación de los servicios
del SIUGJ corresponden a la Unidad de Transformación Digital e Informática (UTDI)
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

7. La Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá6 requirió que
se le desvinculara de la solicitud de tutela ante la ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales invocados, ya que su labor corresponde exclusivamente a
apoyar la labor de la administración de justicia en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo que no se evidenció que exista solicitud de reparto realizada por
la demandante.

8. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial7 solicitó que se declarara
improcedente la petición de amparo al configurarse la falta de legitimación en la causa
por pasiva. Explicó que, mediante el oficio CLM-26-188 del 17 de julio de 2026, la
Gerente de Proyecto de LinkTIC S.A.S. informó que, durante una sesión
personalizada, se explicó de manera práctica el procedimiento para registrar
demandas en el SIUGJ y se brindó el acompañamiento necesario para que la
apoderada completara exitosamente el trámite desde su propio perfil de usuario, lo
que permitió obtener el correspondiente reparto judicial conforme al flujo funcional
previsto por la plataforma.

4 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado
«16RECIBEMEMORIAL_RESPUESTASIUGJRADICA(.pdf) NroActua 10.pdf».
5
Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado « 21_MemorialWeb_Respuesta-CDJO261893(.pdf)
NroActua 12.pdf».
6 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «26_MemorialWeb_Respuesta-
DSAJ26OAJA107_Rta_(.pdf) NroActua 14».
7
Ver índice 23 de Samai. Archivo denominado «37_MemorialWeb_Respuesta-
Contestaciontutela(.pdf) NroActua 23».

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Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

9. La Oficina de Cobro Coactivo8 advirtió que remitió por competencia la solicitud de
amparo ya que carecía de la misma para conocer y decidir sobre la misma de amparo,
de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia, en particular, lo
previsto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.

10. El Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales
y de Familia9 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva. Asimismo, precisó que la situación obedeció a un error al finalizar la
radicación, pues no se completaron las etapas requeridas. Indicó que los anexos
evidenciaban que la actuación permanecía en estado «1 - Registro» y el proceso
figuraba «pendiente por reparto», razón por la cual este no se había generado.

11. Por lo anterior, indicó que suministró a la demandante la información necesaria
sobre la situación presentada, así como los canales de soporte e instructivos
correspondientes, con el fin de orientarlo para continuar el trámite.

12. LaDirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín10
informó que verificó la información en el Sistema Integrado de Gestión Judicial
(SIUGJ) y constató que la demanda ya había sido sometida a reparto por la usuaria
Alexandra Jimena Zambrano Enríquez. Precisó que fue registrada el 11 de mayo de
2026, validada el 17 de julio de 2026 y remitida a reparto en esa misma fecha.

2. Consideraciones

13. En atención a los argumentos expuestos en el escrito tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de legitimación en la causa
por pasiva; iii) procedencia de la tutela; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

14. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1° del Decreto 333 del 6 de
abril de 202111 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
del Consejo Superior de la Judicatura y otro.

8
Ver índice 24 de Samai. Archivo denominado
«44RECIBEMEMORIAL_Memorial_MEMORIALESNUEVOSSECG(.pdf) NroActua 24».
9
Ver índice 26 de Samai. Archivo denominado «49RECIBEMEMORIAL_Correo_JeimyTatianaC(.pdf)
NroActua 26».
10
Ver índice 27 de Samai. Archivo denominado «50_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
DESAJMEO262931(.pdf) NroActua 27».
11 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.

4

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Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

2.2. Cuestión previa - falta de legitimación en la causa por pasiva

15. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.

16. La Corte Constitucional12, en lo que, a la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela, ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental5. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”6, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”7 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]»

17. El Centro de Documentación Judicial, el Juzgado Primero Civil Laboral del Circuito
de Marinilla Antioquia, la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de
Bogotá, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Centro de Servicios
Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia solicitaron su
desvinculación al considerar que no son las entidades competentes para satisfacer
las pretensiones de la demandante.

18. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
terceros con interés, en lo que respecta al Centro de Documentación Judicial, al
Juzgado Primero Civil Laboral del Circuito de Marinilla (Antioquia), a la Dirección

12
Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.

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Ejecutiva de Administración Judicial y al Centro de Servicios Administrativos para los
Juzgados Civiles, Laborales y de Familia. Por su parte, la Oficina de Apoyo de los
Juzgados Administrativos de Bogotá fue vinculada como parte demandada, en
atención a lo expuesto en el escrito de tutela y las contestaciones, en aras de
garantizar sus derechos de defensa y contradicción, razón por la cual se negarán las
solicitudes de desvinculación.

2.3. Problema jurídico

19. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si en el presente
asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado con ocasión del
reparto de la demanda laboral en cuestión, el 17 de julio de 2026?

2.4. Procedencia de la solicitud de tutela

20. El artículo 86 constitucional señala que, «[…] [e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]».

21. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia13, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin
dilaciones injustificadas

22. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del Estado 14
, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia
imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se
puede pretender la consecución de una república democrática y respetuosa de la
dignidad humana.

13 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.
14
Artículo 2 de la Constitución Política

6

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Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

23. Por su parte el artículo 229 ibídem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión
de naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza de
todos los habitantes del país.

24. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de acceso
a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional15:

«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder
a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha
sostenido esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del
Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma
parte del núcleo esencial del debido proceso.

[…]

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia
constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de
derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo
esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores
constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación,
el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico de
aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el
orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y
recursos- para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene
todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico
o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad
jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han
sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho a
que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las
pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]».

25. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además
del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo
adecuado.

26. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento;
de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de
cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los
bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas
las personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución
pacífica a las controversias sociales.

27. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden

15
Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño

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Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

de ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos
rigurosamente, pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se
encuentren suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el
marco de cada caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y
celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan
cumplirlos.

28. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos
por el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora
judicial tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos
procesales para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales
circunstancias de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que
las sentencias o decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean
materialmente justas y acordes con las normas legales y los principios
constitucionales.

29. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya
otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas
aquellas propias de las autoridades judiciales.

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

30. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Sobre el caso concreto

31. Paula Andrea Valencia Quintero acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara a las
entidades demandadas tramitar la solicitud de reparto en línea de la demanda
64350/2026, radicada el 11 de mayo de 2026, por medio del SIUGJ.

32. Al respecto, de las pruebas obrantes en el expediente se observa:

32.1. El 11 de mayo de 2026, la demandante presentó demanda laboral en contra de
la empresa Eléctricas del Oriente S.A.S., la cual obtuvo el número de registro
64350/2026 en el SIUGJ.

32.2. Posteriormente,presentó una solicitud electrónica dirigida al Juzgado Civil
Laboral del Circuito Marinilla Antioquia a la dirección
j01cctomarinilla@cendoj.ramajudicial.gov.co, con el objetivo de que se radicara la
demanda:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04532-00
Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

32.3. El juzgado atendió la solicitud mediante correo electrónico del 12 de mayo de
2026, donde le indicó que las demandas solo podían ser radicadas por medio del
SIUGJ, además de enseñarle los canales de atención en caso de presentar
inconvenientes con el trámite en la plataforma, como se evidencia:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04532-00
Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

32.4. Asimismo, mediante correo electrónico del 19 de mayo de 2026, presentó una
solicitud al Centro de Documentación Judicial, remitida a la dirección electrónica
info@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la que requirió a esa dependencia para que
efectuara la radicación de la demanda:

32.5. El Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y de
Familia de Bogotá mediante correo electrónico del 17 de julio de 2027 le indicó a la
usuaria la información necesaria sobre la situación presentada, así como los canales
de soporte y los instructivos correspondientes, con el fin de que pudiera continuar con
el trámite de manera adecuada, en los siguientes términos:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04532-00
Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

[…]

32.6. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial informó que «dicha
demanda ya fue sometida a reparto por medio del SIUGJ por el usuario registrado con
nombre: Alexandra Jimena Zambrano Enriquez. Demanda registrada inicialmente el día 11
de mayo de 2026 a las 08:44 am, validada el día 17 de julio de 2026 a las 8:31 am y enviada
a reparto el día 17 de julio de 2026 a las 8:33am», como se evidencia:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04532-00
Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

32.7. En el mismo sentido, se allegó la siguiente acta de reparto:

33. Adicional, se informó que la visualización de los procesos no requiere de iniciar
sesión en la plataforma, como se observa:

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04532-00
Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

34. Tal como quedó acreditado, la demanda laboral ya quedó radicada correctamente
y fue sometida a reparto (el 17 de julio de 2026), lo cual coincide con la pretensión
de la demanda. Lo anterior, ocurrió posterior a la radicación de la solicitud de tutela
(12 de junio de 2026). Asimismo, se aclaró que la demandante puede consultar el
proceso libremente en el siguiente enlace
https://siugj.ramajudicial.gov.co/principalPortal/consultarProceso.php.

35. A juicio de la Sala, en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, pues durante el trámite de la solicitud de amparo, se llevó a
cabo el acompañamiento correspondiente para que la demandante pudiera culminar
su proceso de radicación de la demanda, y, en consecuencia, su correspondiente
reparto, por lo que cesó la conducta vulneratoria de los derechos fundamentales de
Paula Andrea Valencia Quintero.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04532-00
Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

36. La Corte Constitucional en sentencia T-038 de 201916, respecto de la carencia
actual de objeto por hecho superado, precisó:

«[…] Este escenario, se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción
de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se
superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante.
Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u
abstención) y por tanto, termino la afectación resultando inocua cualquier intervención
del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado. […]»

3. Conclusión

37. En ese orden de ideas, quedo superada la vulneración alegada por Paula Andrea
Valencia Quintero de forma que la Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado, en la solicitud presentada contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Oficina de Apoyo Judicial.

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Centro de Documentación Judicial,
el Juzgado Primero Civil Laboral del Circuito de Marinilla, la Oficina de Apoyo de los
Juzgados Administrativos de Bogotá, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales
y de Familia.

Segundo. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud
de tutela presentada por Paula Andrea Valencia Quintero contra el Consejo Superior
de la Judicatura, Oficina de Apoyo Judicial.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

16 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04532-00
Demandante Paula Andrea Valencia Quintero

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

SSR/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

15

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