Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04533-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04533-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04533-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
17 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04533-00
Accionante: Darvin José Quintero Escobar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04533-00
Accionante: Darvin José Quintero Escobar
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de
tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Darvin José Quintero Escobar en contra
de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela.
Darvin José Quintero Escobar, por intermedio de apoderado judicial, promovió acción de
tutela en procura de la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a
la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y a la
nacionalidad, que estimó vulnerados por la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 15 de abril de 2026, mediante la cual dicha
corporación confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda proferida el 26 de marzo 2025 por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de
Oralidad de Bogotá; dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado
núm. 11001-33-36-037-2024-00025-00/01.
2. Hechos.
La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. El señor Darvin José Quintero Escobar, señaló que, nació en Venezuela, es hijo de
madre colombiana y fijó su domicilio en Colombia, por lo que ostenta la nacionalidad
colombiana, de conformidad con el artículo 96.1.b de la Constitución Política.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04533-00
Accionante: Darvin José Quintero Escobar
2.2. Indicó que, con ocasión del proceso de depuración de registros civiles adelantado por
la Registraduría Nacional del Estado Civil con fundamento en la Resolución 7300 de
2021, esa entidad expidió la Resolución núm. 14460 del 25 de noviembre de 2021,
mediante la cual anuló su registro civil de nacimiento y canceló su cédula de ciudadanía.
2.3. Sostuvo que dicha decisión lo privó de la nacionalidad colombiana y desconoció lo
dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Política y en el artículo 20 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
2.4. Alegó que la anulación del registro civil también desconoció sus vínculos filiales y
afectó el ejercicio de su derecho a la personalidad jurídica, debido a que dicho documento
acredita el estado civil y permite el reconocimiento de los atributos derivados de esa
condición.
2.5. Afirmó que la cancelación de su documento de identidad le impidió ejercer sus
derechos políticos y lo dejó en condición migratoria irregular, al no ser reconocido como
nacional colombiano ni contar con un estatus migratorio regular.
2.6. Señaló que esa situación restringió su acceso a los sistemas de salud y educación,
así como el manejo de sus cuentas y bienes, debido a la imposibilidad de acreditar su
identidad.
2.7. Manifestó que, con ocasión de una acción de tutela promovida por él y antes de que
se profiriera sentencia, la Registraduría expidió la Resolución núm. 24750 del 8 de
septiembre de 2022, mediante la cual revocó directamente la Resolución núm. 14460 de
2021, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 93 del CPACA.
2.8. A juicio del accionante, la revocatoria directa evidenció que la decisión inicial era
contraria a la Constitución y la ley y le había causado un agravio injustificado.
2.9. Con fundamento en esos hechos, promovió medio de control de reparación directa,
cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de
Bogotá, bajo el radicado núm. 11001-33-36-037-2024-00025-00.
2.10. Mediante sentencia del 26 de marzo de 2025, el Juzgado negó las pretensiones, al
considerar que no se acreditó la responsabilidad del Estado.
2.11. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Mediante sentencia del 15 de
abril de 2026, el Tribunal concluyó que se acreditaron el daño a la personalidad jurídica y
a la nacionalidad del actor, así como la expedición irregular del acto administrativo por
parte de la Registraduría. No obstante, confirmó la decisión de primera instancia al
estimar que los perjuicios morales reclamados no se presumían y debían ser probados.
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Accionante: Darvin José Quintero Escobar
3. Pretensiones y argumentos de la tutela.
3.1. La parte actora solicitó amparar los derechos fundamentales a la dignidad humana, a
la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y a la
nacionalidad. En consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia del 15 de abril de
2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y ordenar la emisión de una nueva decisión que se ajuste a la
Constitución, al bloque de constitucionalidad y a la jurisprudencia nacional e internacional
sobre reparación integral, daño moral y afectación de bienes constitucional y
convencionalmente protegidos.
3.2. Como fundamento, sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en defecto
fáctico, al imponer una carga probatoria irrazonable para acreditar el daño moral
derivado de la anulación de su registro civil de nacimiento y la cancelación de su cédula
de ciudadanía. Señaló que, pese a reconocer la afectación de sus derechos a la
personalidad jurídica y a la nacionalidad, el Tribunal concluyó que no se probó el daño
moral, bajo el argumento de que no existe una línea jurisprudencial que presuma ese
perjuicio en supuestos como el analizado.
Alegó que dicha exigencia probatoria desconoció las máximas de la experiencia y los
precedentes nacionales e interamericanos sobre reparación de daños derivados de
vulneraciones graves de derechos fundamentales. En su criterio, la pérdida temporal de
la identidad jurídica y de la nacionalidad generaba, por sí misma, una afectación moral
que no requería prueba adicional de sentimientos de angustia, temor o zozobra.
3.3. También sostuvo que el Tribunal incurrió en desconocimiento del precedente, al
apartarse, sin cumplir las cargas de transparencia y argumentación, de decisiones del
Consejo de Estado sobre reparación integral, daño moral y afectación de bienes
constitucional y convencionalmente protegidos. En particular, afirmó que la Sentencia de
Unificación del 28 de agosto de 2014 fijó reglas sobre la reparación de daños derivados
de la vulneración de derechos humanos y el reconocimiento autónomo de afectaciones a
bienes constitucionales y convencionales.
Asimismo, indicó que la autoridad judicial omitió valorar la jurisprudencia constitucional
sobre la importancia del registro civil de nacimiento, la cédula de ciudadanía, la
personalidad jurídica y la nacionalidad. Adujo que las sentencias T-183 de 2023 y T-419
de 2023 establecieron que la anulación del registro civil y la cancelación de la cédula no
constituyen simples trámites administrativos, sino actuaciones con aptitud para afectar
gravemente el reconocimiento jurídico de la persona y el ejercicio de otros derechos
fundamentales.
La parte actora afirmó, además, que la sentencia cuestionada vulneró el debido proceso
por falta de motivación suficiente, pues no explicó por qué descartó la aplicación de los
precedentes que, a su juicio, reconocen la presunción del daño moral en casos de
afectación grave de derechos fundamentales. Agregó que la providencia tampoco justificó
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Accionante: Darvin José Quintero Escobar
la omisión de pronunciarse sobre la reparación de bienes constitucional y
convencionalmente protegidos.
3.4. Finalmente, sostuvo que la decisión desconoció la dignidad humana y el principio pro
persona, al adoptar la interpretación menos favorable para la protección de sus derechos
fundamentales. En su criterio, el Tribunal debió reconocer la presunción del daño moral
derivado de la afectación a la nacionalidad y a la personalidad jurídica, o, en su defecto,
explicar de manera suficiente por qué se apartaba de los precedentes invocados.
4. Trámite de tutela e intervenciones.
4.1. Mediante auto del 17 de junio de 20261, el Despacho admitió la solicitud de amparo
contra las autoridades accionadas, ordenó la vinculación como terceros con interés al
Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá y a la Registraduría Nacional del Estado
Civil., y le reconoció personería al abogado Gonzalo José Oliveros Navarro, como
apoderado de la parte accionante.
Una vez enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.2. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca2, solicitó negar el amparo. Sostuvo que la sentencia cuestionada valoró
razonadamente las pruebas y que la exigencia de acreditar el perjuicio moral no configuró
defecto fáctico, pues no existe una presunción aplicable a los daños derivados de la
afectación de la personalidad jurídica y la nacionalidad. Agregó que el actor no demostró
consecuencias concretas en sus ámbitos personal, familiar, laboral, académico,
financiero, migratorio o de salud.
Frente al desconocimiento del precedente, indicó que las sentencias de tutela invocadas
producían efectos inter partes y que las decisiones de otras subsecciones del mismo
Tribunal no constituían precedente horizontal vinculante. Precisó, además, que las
providencias citadas sobre presunción de perjuicios morales correspondían a supuestos
distintos, como lesiones personales y privación injusta de la libertad.
Finalmente, afirmó que la providencia sí examinó la afectación de bienes constitucional y
convencionalmente protegidos y concluyó que no se acreditó una lesión grave y
relevante. Por ello, sostuvo que la decisión estuvo debidamente motivada, fue congruente
con el material probatorio y aplicó la jurisprudencia pertinente.
4.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil3, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela o, subsidiariamente, negar el amparo. Sostuvo que el accionante
pretende reabrir el debate jurídico y probatorio resuelto en el proceso de reparación
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BBEBA65F9A7CFA0B 61C511161902607B.
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Índice 00015 del aplicativo SAMAI. Certificado núm. E6162AB456717C3A 3508B1F934B7A463 21F619F46A0351D5
E54EC9EC6BF745D6.
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Accionante: Darvin José Quintero Escobar
directa. A su juicio, la inconformidad recae sobre el sentido de las decisiones adoptadas y
no sobre una actuación arbitraria que habilite la intervención excepcional del juez
constitucional.
Frente al defecto fáctico, indicó que las autoridades judiciales valoraron integralmente las
Resoluciones núms. 14460 de 2021 y 24750 de 2022, las publicaciones periodísticas y
los demás elementos probatorios. Precisó que no se acreditaron consecuencias
concretas derivadas de la cancelación temporal del registro civil y de la cédula de
ciudadanía, como afectaciones laborales, migratorias, económicas, educativas,
familiares o de salud. Sostuvo que la censura plantea una discrepancia con la valoración
probatoria efectuada por el juez natural.
En cuanto al desconocimiento del precedente, señaló que no existe sentencia de
unificación ni regla constitucional vinculante que establezca que la anulación temporal del
registro civil o la cancelación transitoria de la cédula generan automáticamente perjuicios
morales indemnizables. Agregó que las providencias invocadas por el actor se referían a
supuestos distintos o carecían de fuerza vinculante general.
Finalmente, afirmó que las decisiones cuestionadas estuvieron debidamente motivadas,
examinaron la eventual afectación de los derechos a la personalidad jurídica y a la
nacionalidad y distinguieron entre la irregularidad de la actuación administrativa y la
prueba de los perjuicios indemnizables.
4.4. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá 4, allegó copia
digital del expediente ordinario. Sin embargo, guardó silencio respecto a los hechos y
pretensiones de la tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.
2. Legitimación en la causa.
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Darvin José
Quintero Escobar, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados dada su
condición de demandante en el proceso de reparación directa identificado con el radicado
núm. 11001-33-36-037-2024-00025-00/01.
2.2. Asimismo, está acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues fue la
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Índice 00016 del aplicativo SAMAI. Certificado núm. 90B002460536650D 3427879AA92BA3D8 339B512616349D19
AD6A9292D0718E4F.
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Accionante: Darvin José Quintero Escobar
autoridad que profirió la decisión a la cual el accionante le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 5 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 6 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto7.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”8.
5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
7
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos
o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de
las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó
al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de
prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en
que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de
engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de
la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato
consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Accionante: Darvin José Quintero Escobar
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”9.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
9
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: Darvin José Quintero Escobar
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 10.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional. En consecuencia, la solicitud de amparo resulta improcedente, por las
razones que se exponen a continuación:
5.1. En el caso bajo estudio, la parte actora alegó que la sentencia proferida el 15 de abril
de 2026 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en defecto fáctico, desconocimiento del precedente y falta de
motivación, al exigir prueba adicional del daño moral derivado de la anulación de su
registro civil de nacimiento y la cancelación de su cédula de ciudadanía, pese a reconocer
la afectación de sus derechos a la personalidad jurídica y a la nacionalidad. Sostuvo,
además, que la decisión desconoció la dignidad humana, el principio pro persona y la
jurisprudencia nacional e interamericana sobre reparación integral y afectación de bienes
constitucional y convencionalmente protegidos.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el tribunal accionado, se
advierte que, en la sentencia del 15 de abril de 2026, se arribó a las siguientes
conclusiones:
“(…) se encuentra demostrado que la demandada al anular el registro civil de nacimiento
del accionante y al cancelar su cédula de ciudadanía a través de la Resolución nro. 14460
de 25 de noviembre de 2021, que posteriormente fue revocada, causó una lesión a los
derechos de la personalidad jurídica y la nacionalidad del señor Darvin José Quintero
Escobar por el periodo de 8 meses y 4 días, el cual no estaba obligado a soportar.
(…) la Sala concluye que no se demostró el daño antijurídico presuntamente causado al
accionante consistente en la afectación de su buen nombre y honra, en este orden, no es
procedente estudiar la aplicación de la sentencia proferida dentro del caso Petro Urrego
vs. Colombia proferida por la Corte Internacional, en vista de que la misma trata temas
relacionados con este bien jurídico que no fue demostrado como vulnerado dentro del sub
lite. Igualmente, sucede con la aplicación del Acuerdo de las Naciones Unidas al que se
hace mención en el escrito de apelación.
(…)
En este orden de ideas, es clara la falla en el servicio por parte de la demandada, dado
que expidió un acto administrativo ilegal que causó lesiones una lesión a los derechos de
10
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
8
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Accionante: Darvin José Quintero Escobar
la personalidad jurídica y la nacionalidad del señor Darvin José Quintero Escobar, el cual
no estaba obligado a soportar.
Demuestra esta falla, la revocatoria que realizó de forma oficiosa la administración
respecto al citado acto administrativo, pues consideró que incurrió en manifiesta
oposición a la Constitución Política y a la Ley y causó un agravio injustificado al señor
Darvin José Quintero Escobar (nro. 1 y 3 del artículo 93 del CPACA) ya que con las
pruebas que reposan en el expediente eran suficientes para demostrar su nacionalidad-
(1.4), razón por la cual tuvo que retirar del ordenamiento jurídico su propio acto
administrativo.
Por lo tanto, es claro el actuar irregular y contrario a derecho de la administración al
expedir la Resolución nro. 14460 de 25 de noviembre de 2021 que después fue revocada,
con lo que se demuestra la falla en el servicio que generó el daño a los derechos de
personalidad jurídica y la nacionalidad del señor Darvin José Quintero Escobar.
(…)
Para esta subsección, si bien es cierto, el Consejo de Estado ha consagrado
presunciones judiciales sobre los perjuicios morales en casos específicos como son la
muerte, las lesiones psicofísicas y la privación de la libertad para efectos de aligerar la
carga probatoria dada la notoriedad de la afectación moral, no ocurre lo mismo frente a los
daños aquí demostrados atinentes a la vulneración de los derechos de personalidad
jurídica y la nacionalidad del señor Darvin José Quintero Escobar, puesto que no existe
línea donde se establezca la presunción de perjuicios morales frente a estos daños por lo
que corresponde a la parte la carga probatoria de demostrar los mismos.
Además, no se puede entender bajo los principios de la lógica y la experiencia que la
vulneración por un periodo de 8 meses y 4 días de los derechos de personalidad jurídica y
la nacionalidad hubiese causado sentimientos de angustia, desasosiego, temor y zozobra
a la víctima directa, máxime cuando relata de forma hipotética que quedó expuesto a
ciertos riesgos como deportación, a sanción económica por identificarse de forma
fraudulenta, imposibilidad de votar, de acceder a los servicios de salud , entre otros, pero
ninguna de esta situación se probó dentro del proceso, y antes por el contrario, en el
escrito de tutela refiere se percató de lo sucedido por la información de los medios y no
por una situación en específico que acarreara la materialización de no tener personalidad
jurídica y nacionalidad.
Ahora, si bien existen sentencias de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca11, que presumen el daño moral en este tipo de casos relacionados con la
afectación a derechos a la personalidad jurídica y nacionalidad por parte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, encuentra la Sala que i) conforme a la expuesto
por el Consejo de Estado la providencia de otra subsección no constituye precedente
vinculante, dado que, distintas salas de un mismo órgano colegiado pueden llegar a
conclusiones divergentes, respondiendo al ejercicio legítimo de la autonomía e
independencia judicial54 , y ii) lo señalado en las referidas providencias, no contienen
precedente del Consejo de Estado relacionado con la aplicación de las presunciones de
perjuicios morales frente a estos daños, cuando queda claro que solo existe sentencia de
unificación frente a las mismas en tema relacionados con lesiones, muerte y privación. Así
las cosas, no hay lugar a aplicar las referidas decisiones.
(…)
11
Subsección A, sentencia del 12 marzo de 2026. MP Beatriz Teresa Galvis Bustos, proceso radicado nro.
11001333603320230010601 ( con Salvamento del Magistrado Juan Carlos Garzón sobre la presunción de perjuicios
morales) ; Subsección A sentencia del 12 de marzo de 2026. MP Dayán Alberto Blanco Leguízamo, proceso
11001334306220230023401; Subsección B, sentencia del 29 de noviembre de 2024. MP Franklin Pérez Camargo,
proceso 11001333603120230009301; sentencia del 27 de febrero de 2025. MP Henry Aldemar Barreto Mogollón,
proceso 11001334305920230029101, entre otras.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04533-00
Accionante: Darvin José Quintero Escobar
Así para el caso en concreto, no se demuestra una vulneración grave y relevante de los
derechos a la personalidad jurídica y nacionalidad del accionante que hubiesen
impactado de forma negativa su humanidad, pues como quedó demostrado en el proceso
el mismo no se dio cuenta de esta afectación sino solo 8 meses después de que la
demandada ordenada la suspensión de su nacionalidad, enterándose solo por medios
periodísticos, pero no por una situación específica que hubiese tenido que vivir como
consecuencia de su pérdida de nacionalidad, lo que demuestra que dicho daño no incidió
de forma grave dentro del periodo que permaneció sin nacionalidad, razón por la cual, no
hay lugar a reconocimiento alguno sobre estas medidas.
Teniendo en cuenta, que no hay lugar a reconocer perjuicios dentro del sub lite, se
confirmará la sentencia de primera instancia, pero por las razones expuestas en esta
providencia.” 12 (Subrayado fuera de texto)
5.3. La autoridad judicial concluyó que la Registraduría Nacional del Estado Civil incurrió
en falla del servicio al expedir la Resolución núm. 14460 del 25 de noviembre de 2021,
mediante la cual anuló el registro civil de nacimiento y canceló la cédula de ciudadanía
del señor Darvin José Quintero Escobar. Precisó que dicho acto, posteriormente
revocado por contrariar la Constitución y la ley, lesionó temporalmente sus derechos a la
personalidad jurídica y a la nacionalidad.
No obstante, consideró que no se acreditaron perjuicios morales ni afectaciones al buen
nombre, la honra o a otros bienes constitucional y convencionalmente protegidos. Explicó
que el Consejo de Estado no ha establecido una presunción de daño moral para este tipo
de afectaciones, a diferencia de lo previsto para eventos de muerte, lesiones personales
o privación injusta de la libertad, razón por la cual correspondía al demandante demostrar
el perjuicio, carga que no fue satisfecha.
Agregó que las consecuencias migratorias, económicas, políticas y sociales alegadas
fueron expuestas de manera hipotética y no se probó su materialización. Asimismo,
señaló que las decisiones de otras subsecciones del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que reconocieron perjuicios en casos similares no constituían precedente
vinculante ni desarrollaban una regla de unificación del Consejo de Estado aplicable al
caso. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones indemnizatorias.
5.4. La Sala advierte que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca expuso de manera suficiente, coherente y razonable las
razones por las cuales no resultaba procedente reconocer los perjuicios reclamados, en
tanto: (i) distinguió entre la acreditación de la falla del servicio y la demostración de los
daños indemnizables; (ii) precisó que no existe una regla jurisprudencial que permita
presumir el daño moral por la afectación de los derechos a la personalidad jurídica y a la
nacionalidad; y (iii) estableció que las consecuencias personales, económicas,
migratorias, políticas y sociales alegadas por el demandante no fueron demostradas
dentro del proceso.
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Índice 00027 en el aplicativo SAMAI del proceso de reparación directa en segunda instancia, certificado
4FEE95D7E0AC0BBC C1234210ECE1558A 2F7133EBE5FACF94 37890ED7EBFEFE07.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04533-00
Accionante: Darvin José Quintero Escobar
A partir de lo anterior, la Sala concluye que el asunto fue debidamente analizado por el
juez natural, sin que se advierta que la decisión haya sido adoptada de manera arbitraria
o caprichosa ni que carezca de sustento fáctico o jurídico. Tampoco se evidencia el
desconocimiento del precedente invocado, pues la autoridad judicial explicó las razones
por las cuales las decisiones citadas por el actor no resultaban vinculantes y por qué las
reglas sobre presunción del daño moral elaboradas para otros supuestos no eran
aplicables al caso concreto. En consecuencia, la interpretación adoptada se enmarca en
el ámbito de la autonomía judicial y no configura la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
5.5. Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que
no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su
existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude
a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir
tal vulneración13.
5.6. La Sala advierte que no se configuró el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, pues la parte accionante se limitó a controvertir la interpretación acogida por
la autoridad judicial, sin identificar una regla normativa o jurisprudencial vinculante que
hubiera sido omitida, aplicada indebidamente o interpretada de manera manifiestamente
irrazonable.
En efecto, la configuración de este defecto exige que la decisión cuestionada se funde en
una norma inaplicable, desconozca una disposición determinante para resolver el asunto
o adopte una interpretación contraevidente, arbitraria o incompatible con la Constitución.
Tales circunstancias no se acreditaron, dado que la providencia explicó las razones por
las que no resultaba procedente reconocer los perjuicios reclamados, en la medida que
no existe una regla jurisprudencial que permita presumir el daño moral por la afectación
de los derechos a la personalidad jurídica y a la nacionalidad.
En esas condiciones, el reproche formulado corresponde a una discrepancia con la
interpretación adoptada por el juez natural, insuficiente para habilitar la intervención
excepcional del juez constitucional. La acción de tutela no constituye una instancia
adicional para sustituir una interpretación jurídicamente razonable por aquella que la
parte actora considera más favorable. Por tanto, la decisión cuestionada se encuentra
amparada por los principios de autonomía e independencia judicial y no vulnera los
derechos fundamentales invocados.
5.7. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
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Sentencia SU215 de 2022.
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Accionante: Darvin José Quintero Escobar
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia, toda vez
que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de esta, sin
esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue
vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.8. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Darvin
José Quintero Escobar contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera-Subsección C, conforme la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04533-00
Accionante: Darvin José Quintero Escobar
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