Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04537-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04537-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04537-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: BEATRIZ EUGENIA ZEA SÁNCHEZ Y OTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL: No se satisfacen los requisitos
de relevancia constitucional. Se plantea un debate de contenido legal y económico, no se
alega vulneración de derechos en su dimensión esencial y no se cumple con la carga
argumentativa suficiente de tutela contra providencia judicial. REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD: Tutela contra auto interlocutorio. No se satisface el requisito de
subsidiariedad. CARÁCTER DETERMINANTE DE IRREGULARIDAD PROCESAL: No se
acredita el carácter determinante de la irregularidad procesal.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela1 instaurada por los
señores Beatriz Eugenia Zea Sánchez y Carlos Fernando Delgadillo Garzón, por
conducto de apoderado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El 12 de junio de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela2 contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la “tutela
jurisdiccional efectiva”3.
Hechos relevantes
2. Los ciudadanos Beatriz Eugenia Zea Sánchez y Carlos Fernando Delgadillo
Garzón interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Municipio de Guasca
1
Que ingresó al despacho para fallo el 8 de julio de 2026.
2
Ver índice 2 de Samai, archivo “003ED_SAMAI_SecretariaOnLi”.
3
Ver pág. 1 del escrito de tutela.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: Beatriz Eugenia Zea Sánchez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
(Cundinamarca) y la junta de acción comunal de la Vereda Mariano Ospina
Rodríguez del municipio de Guasca (Cundinamarca).
3. En su escrito, expuso que presuntamente los señores Beatriz Eugenia Zea
Sánchez y Carlos Fernando Delgadillo Garzón “(…) fueron allanados, capturados,
privados de su libertad y procesados penalmente de manera ilegal e injusta”4. Por
lo anterior, pretendieron, entre otras, lo siguiente:
“Primero. DECLARAR que las entidades demandadas incurrieron en
fallas y faltas en la prestación del servicio de administración de justicia
dentro de la investigación criminal No. 110016099149202100064, en
donde fungieron como indiciados los demandantes BEATRIZ
EUGENIA ZEA SANCHEZ (SIC) y FERNANDO DELGADILLO
GARZON, quienes fueron allanados, capturados, privados de su
libertad y procesados penalmente de manera ilegal e injusta.”5
4. Igualmente, en el escrito de demanda, la parte actora solicitó el decreto de la
siguiente prueba:
“Sírvase señor Juez citar a audiencia pública al señor JÓSE (SIC)
RÁUL (SIC) RAMOS RODRÍGUEZ, quien fungió o funge como
presidente de la JAC de la verdad Mariano Ospina, se desconoce su
identificación, con domicilio en Guasca Cundinamarca, dirección de
notificación electrónica desconocido, Tel. 3203362715 para que dé
cuenta al despacho de todos los hechos que le consten.”6
5. El proceso correspondió al Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito
Judicial de Zipaquirá bajo el radicado 25899-33-33-003-2024-00207-00/01, el cual,
mediante auto del 23 de enero de 2025, inadmitió la demanda, pues no evidenció
constancia del envío de aquella a la parte demandada7. Posteriormente, la parte
actora subsanó8 y, mediante auto del 20 de febrero de 2025, el Juzgado admitió la
demanda y ordenó notificar personalmente a los demandados9. Dicha providencia
fue enviada a los demandantes a través de correo electrónico el 21 de marzo de
202510.
6. El 23 de mayo de 2025, la parte actora radicó reforma de la demanda, en la que
modificó la solicitud de prueba testimonial solicitada en los siguientes términos:
“Sírvase señor juez citar a audiencia pública al señor JÓSE (SIC) RAUL
(SIC) RAMOS RODRIGUEZ, (…) Esta persona fungió como presidente de
4
Ver expediente 25899-33-33-003-2024-00207-00, archivo
“002radicacionde_Demanday_DEMANDAYANEXOS_merge”, pág. 5.
5
Ibid. pág. 5.
6
Ibid. pág. 36.
7
Ver expediente 25899-33-33-003-2024-00207-00, índice 7 de Samai.
8
Ver expediente 25899-33-33-003-2024-00207-00, índice 9 de Samai.
9
Ver expediente 25899-33-33-003-2024-00207-00, índice 11 de Samai.
10
Ver expediente 25899-33-33-003-2024-00207-00, índice 13 de Samai.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: Beatriz Eugenia Zea Sánchez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VERDAD MARIANO OSPINA DE
GUASCA, para el día de los hechos del allanamiento.
Así mismo, en días anteriores al mismo, solicitó al inspector de policía ‘poner
mano dura’ en contra de la señora Beatriz Zea y por su relación con los
demandantes desde años atrás es llamado a rendir testimonio para que
esclarezca los hechos materia de litigio y de cuenta de lados aquellos que
le consten.”11
7. El 3 de julio de 2025, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial
de Zipaquirá admitió la reforma a la demanda.
8. El 10 de marzo de 2026, mediante auto notificado en audiencia, el Juzgado
Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá se refirió a la demanda
y a la reforma de la demanda y dispuso decretar las pruebas documentales y
testimoniales y no decretar la declaración de parte solicitadas por la parte actora.
Frente a esta decisión, los demandantes interpusieron recurso de reposición y en
subsidio de apelación frente a la prueba negada. Por su parte, la junta de acción
comunal de la vereda Mariano Ospina Rodríguez del municipio de Guasca interpuso
recurso de reposición frente al decreto de la prueba testimonial de José Raúl Ramos
Rodríguez, por considerar que el señor fungía como representante de una de las
demandadas.
9. En atención a los recursos interpuestos, en dicha audiencia del 10 de marzo de
2026, el Juzgado de primera instancia dispuso no reponer la negativa del decreto
de declaración de parte y conceder recurso de apelación frente a esta decisión.
Además, decidió reponer el decreto del testimonio de José Raúl Ramos Rodríguez,
y dispuso no decretarlo. Como fundamento de su decisión, el a quo argumentó que
el medio de prueba del testimonio tiene como objetivo llamar a declarar a terceros
y no a las partes. En ese sentido, negó el testimonio solicitado en los siguientes
términos:
“NEGAR el testimonio de JOSE (SIC) RAUL (SIC) RAMOS RODRIGUEZ
por ser abiertamente improcedente e inconducente toda vez que funge
como representante legal de la JAC Mariano Ospina quien es parte
demandada en este proceso, Maxime cuando no solo es quien ejerce la
representación de la persona jurídica accionada para este momento aunado
a quien fue quien otorgo poder a la profesional del derecho para que
ejerciera su representación judicial”12
10. Frente a dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido por la autoridad judicial. El 13 de abril de 2026, la Subsección C de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la
decisión del a quo. En su criterio, la solicitud probatoria del testimonio de José Raúl
Ramos Rodríguez no cumplía con los requisitos contemplados en el artículo 212 del
Código General del Proceso, que establece que esta debe enunciar concretamente
los hechos objeto de la prueba.
11
Ver archivo “001_DemandaWeb_Demanda_Tutelacompletacontra(.pdf) NroActua 2”, pág. 3.
12
Ver archivo “001_DemandaWeb_Demanda_Tutelacompletacontra(.pdf) NroActua 2”, pág. 33.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: Beatriz Eugenia Zea Sánchez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Pretensiones
11. En el presente proceso de tutela, el demandante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“PRIMERA: Que se TUTELE el derecho fundamental al DEBIDO
PROCESO Y TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA de BEATRIZ
EUGENIA ZEA SÁNCHEZ y CARLOS FERNANDO DELGADILLO
GARZÓN
SEGUNDA: Dejar sin efecto el auto de primera instancia de 10 de
marzo de 2026 proferido por el JUZGADO TERCERO (3)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRÁ, y el auto de
segunda instancia de fecha 13 de abril del 2026 proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN C, por ser providencias que adolecen de
defecto procedimental absoluto; defecto sustantivo y decisión sin
motivación
TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al JUZGADO
TERCERO (3) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRÁ y
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN C, para que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, profieran una decisión
libre de todo tipo de defectos que la puedan viciar nuevamente de
inconstitucionalidad y resuelvan en derecho la solicitud de decreto
de pruebas (ii) del testimonio de José Raúl Ramos Rodríguez,
representante legal de la JAC Mariano Ospina.”13.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. La parte accionante sostuvo que las decisiones del Juzgado Tercero (3°)
Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá y de la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca presentan los defectos de
falta de motivación y defecto sustantivo.
13. Respecto de aquellos defectos, sin distinguir entre estos, el demandante
argumentó que el a quo negó el decreto de la prueba solicitada sin valorar los
motivos por los cuales se citó a la persona. Además, sostuvo que ni el principio de
libertad probatoria, ni el artículo 212 del Código General del Proceso impiden que
se llame al representante legal como parte y como tercero. Por lo anterior, los
accionantes indicaron que el despacho vulneró de manera directa los artículos 164,
208, 211, 212 y 220 del Código General del Proceso14. Por otra parte, también
señalaron que la decisión de segunda instancia confirmó la negativa del decreto de
prueba bajo el argumento de que la solicitud no cumplió con el requisito de enunciar
concretamente los hechos de la prueba, pero no tuvo en cuenta la reforma de la
demanda, en la cual, según la parte actora, sí se satisfizo dicho requisito.
13
Ibid. pág. 2. La Sala advierte que, en la motivación del escrito, la parte actora solo hizo referencia al
defecto sustantivo y a la falta de motivación, pero en sus pretensiones solicitó que se declare un defecto
procedimental absoluto.
14
Ibid. págs. 9-10.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: Beatriz Eugenia Zea Sánchez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Trámite procesal
14. Por medio de auto del 16 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Tercero (3°)
Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá como accionados y a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Municipio de Guasca
(Cundinamarca), la Junta de Acción Comunal de la Vereda Mariano Ospina del
Municipio de Guasca (Cundinamarca), el Ministerio Público y los demás
intervinientes dentro del medio de control de reparación directa radicado núm.
25899-33-33-003-2024-00207-00/01 como terceros con interés. Además le ordenó
al Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá que se
remitiera el expediente de reparación directa 25899-33-33-003-2024-00207-00/01.
Entre otras decisiones.
Intervenciones
15. El Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
solicitó que se declare improcedente la tutela y, de manera subsidiaria, que se
niegue la solicitud de amparo15. A juicio del Juzgado, la acción de tutela contra
providencias judiciales no puede usarse como instrumento para reabrir debates
probatorios concluidos. Afirmó que el escrito de tutela no estructuró la configuración
concreta del requisito de relevancia constitucional o de los defectos alegados.
Adicionalmente, sostuvo que tanto el auto del 10 de marzo de 2026 como el del 13
de abril de 2026 contenían una motivación suficiente. Afirmó también que ambas
autoridades judiciales aplicaron e interpretaron las normas dentro de su autonomía.
16. El despacho del magistrado José Élver Muñoz Barrera de la Subsección C de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se opuso a la
totalidad de las pretensiones de la demanda16. Al respecto, argumentó que ni la
demanda ni la reforma de esta cumplían con el requisito del artículo 212 del Código
General del Proceso, que involucra enunciar concretamente los hechos objeto de la
prueba.
17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) solicitó que se
declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva y que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela17. A juicio de esta, la acción de tutela buscó
reabrir un debate ya concluido. Adicionalmente, argumentó que la presunta
vulneración a los derechos alegados no fue consecuencia de la acción u omisión de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
18. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva18, pues, argumentó, no existió relación de
15
Ver índice 18 de Samai, certificado 92F4D24C10E720FB 0931E1707C983CAB 257A4A3DA09B1875
6E49652F5088FE34.
16
Ver índice 15 de Samai.
17
Ver índice 16 de Samai.
18
Ver índice 17 de Samai.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: Beatriz Eugenia Zea Sánchez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
causalidad entre la presunta vulneración de derechos y las actuaciones de esta
entidad.
19. El municipio de Guasca (Cundinamarca) se opuso a las pretensiones de la
demanda y solicitó su desvinculación en el proceso19. De acuerdo con la entidad
territorial, la demanda no acreditó el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional. En efecto, sostuvo que la discusión versó sobre un asunto
meramente legal, toda vez que planteó cómo debe interpretarse el artículo 212 del
Código General del Proceso y si el representante legal de una parte puede ser
testigo en el proceso. También sostuvo que la demanda buscó reabrir un debate
concluido en el proceso ordinario y no cumplió las cargas argumentativas y
explicativas mínimas de la tutela contra providencia judicial.
20. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó su
desvinculación en el proceso de la referencia, pues los hechos y pretensiones del
escrito de tutela no son atribuibles a la Policía Nacional20.
21. Pese a haber sido notificadas en debida forma21, las demás partes guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
22. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201922.
Cuestión previa
23. Los accionantes cuentan con legitimación en la causa por activa, dado que
ostentan la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invocan. En
tal condición, actúan como las personas directamente afectadas por las decisiones
adoptadas por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de
Zipaquirá.
24. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
19
Ver índice 20 de Samai, certificado 89FCAE2192F41362 A47F28BDD9D3AD91 CF76198BFD27AC9E
B2598B0D76C596A0.
20
Ver índice 22 de Samai, certificado 1344128D3E463C4C 7970612B25C6CAF6 0D59A7ED83ACA1D3
69DE1E62531FFEC0.
21
Véase índices 7 y 8 de Samai.
22
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: Beatriz Eugenia Zea Sánchez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, autoridades judiciales
que emitieron las providencias a las que se les atribuye la trasgresión de derechos
fundamentales.
25. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), la Fiscalía General de
la Nación, el municipio de Guasca (Cundinamarca) y la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional solicitaron su desvinculación de la presente acción por
falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que fungen
como parte demandada dentro del proceso contencioso cuestionado, razón por la
cual se mantendrán vinculados en el presente trámite constitucional, al tener un
interés en que la providencia cuestionada quede incólume.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
26. De conformidad con lo expuesto, la Sala de la Subsección entiende que el
problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela en
contra de los autos del 10 de marzo y del 13 de abril de 2026 cumple con los
requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales, particularmente, los
requisitos de relevancia constitucional, de subsidiariedad y de acreditar el carácter
determinante del yerro procedimental.
27. De resultar afirmativa la respuesta, la Sala establecerá si las autoridades
judiciales accionadas, mediante los autos del 10 de marzo y del 13 de abril de 2026,
incurrieron en los defectos alegados23 y vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y a la “tutela jurisdiccional efectiva” 24.
28. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso
concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
29. Conforme con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de
200525, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el
actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que
concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.
30. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
23
La Sala advierte que, en la motivación de la tutela, la parte actora solo se refirió al defecto
sustantivo y a la falta de motivación. Sin embargo, en sus pretensiones también solicitó que se
declare un defecto procedimental absoluto. Por otro lado, la Sala no considerará un defecto fáctico
por la no valoración de la reforma a la demanda por parte de la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que el demandante no lo relacionó y la
reforma a la demanda es un acto procesal y no una prueba que deba ser valorada por el juez.
24
Ver pág. 1 del escrito de tutela.
25
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: Beatriz Eugenia Zea Sánchez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
debe verificar26: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela27, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional28 o el Consejo de Estado29,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)30; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable31 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Caso concreto
31. Sobre el requisito de relevancia constitucional: La relevancia constitucional es
un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y tiene como finalidad asegurar su naturaleza excepcional. En ese sentido,
la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de amparo
constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento en el
que pretende reabrir el debate32, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o que tenga una trascendencia para la aplicación y
el desarrollo eficaz de la Constitución, y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
32. En primer lugar, respecto de los defectos alegados, esta Sala encuentra que la
discusión versa sobre un asunto meramente legal. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal relativas a un derecho de esta
naturaleza deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, puesto que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
26
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-
215 de 2022.
27
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio
del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T-373 de 2014.
28
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
29
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-
573 de 2017, SU-585 de 2017.
30
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
31
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
32
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: Beatriz Eugenia Zea Sánchez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”33.
33. Así pues, la Sala considera que la cuestión respecto de si una persona puede
obrar como testigo y como representante de una de las partes en el proceso es una
discusión enteramente legal, la cual no debe ser tratada en el marco de la tutela. En
ese sentido, este mecanismo constitucional tampoco es el escenario adecuado para
examinar cuál es la interpretación correcta del artículo 212 del Código General del
Proceso. La Sala advierte que ambas discusiones fueron tratadas por las
autoridades judiciales en el proceso ordinario34 y la parte demandante manifestó su
inconformidad respecto de la interpretación de aquellas. De lo anterior se sigue que
se pretende que la acción de tutela sea un mecanismo para discutir asuntos
estrictamente legales.
34. La circunstancia de que la parte actora discrepe de la interpretación adoptada
por los jueces ordinarios sobre la posibilidad de ser testigo y representante de la
parte demandada, así como sobre el alcance del artículo 212 del Código General
del Proceso, no convierte, por sí sola, la controversia en un asunto constitucional.
La determinación acerca de ambas cuestiones corresponde, en principio, al juez
natural, en ejercicio de su autonomía funcional y de la facultad de verificar el
cumplimiento de los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y regularidad de
los medios de prueba. Por tanto, la tutela solo podría ser procedente si la
interpretación cuestionada fuera manifiestamente irrazonable, caprichosa o
incompatible con el contenido esencial del debido proceso, circunstancias que no
fueron demostradas por los accionantes.
35. En segundo lugar, en su argumentación a propósito de los defectos sustantivo
y falta de motivación, la parte actora no alegó una vulneración de sus derechos al
debido proceso o tutela judicial efectiva en su dimensión sustancial. La Sala
advierte que las autoridades judiciales justificaron su decisión de no decretar la
prueba solicitada: el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de
Zipaquirá sostuvo que no era posible llamar a testificar a alguien que era el
representante legal de una de las partes, mientras que la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca argumentó que la
solicitud probatoria no cumplía las cargas del artículo 212 del CGP. Con relación a
estas decisiones, los argumentos de los accionantes no están dirigidos a acreditar
la privación de una oportunidad sustancial de defensa, la falta absoluta de
contradicción, la ausencia total de competencia, la pretermisión íntegra de una
etapa esencial o la imposibilidad de ser oído por el juez natural, ni tampoco a
señalar que se les hubiera cerrado la posibilidad de ejercer el derecho de acción ni
tampoco el acceso a una decisión que dirimiera el conflicto. Por el contrario, su
inconformidad se centra en que dichas providencias no les fueron favorables y en
que no comparten los criterios señalados por las autoridades judiciales.
33
Sentencia SU-173 de 2019.
34
Por medio de auto del 10 de marzo de 2026, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito
Judicial de Zipaquirá, al examinar la solicitud probatoria de la demanda y la reforma de la demanda,
estimó que no era posible llamar a testificar a una persona que también fungía como representante
legal de una de las partes demandadas. Por su parte, mediante auto del 13 de abril de 2026, la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la
solicitud probatoria de la demanda no cumplía con el requisito previsto en el artículo 212 del CGP.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: Beatriz Eugenia Zea Sánchez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
36. Finalmente, la demanda de tutela presenta una carga argumentativa insuficiente
respecto de los defectos alegados. Con relación a aquellos, la parte accionante
sostuvo que se vulneraron los artículos 164, 208, 211, 212 y 220 del Código General
del Proceso, pero no indicó de qué manera estos fueron inaplicados o interpretados
de manera errónea por las autoridades judiciales. Adicionalmente, también señaló
que el Tribunal no tuvo en cuenta la solicitud probatoria tal como quedó en la reforma
a la demanda en su decisión, reforma que, en su opinión, sí satisfacía el requisito
del artículo 212 del CGP. En ese sentido, su alegato se limitó a decir que la autoridad
de segunda instancia no consideró la reforma a la demanda, pero no explicó en qué
medida la enunciación de la solicitud probatoria incluida en la reforma esbozó de
manera concreta los hechos cuya prueba se solicitó. Es decir, no argumentó
suficientemente por qué la solicitud probatoria realizada en la reforma de la
demanda sí satisfizo lo establecido en el artículo 212 del CGP.
37. Igualmente, en las pretensiones de la demanda de tutela, la parte accionante
solicita que se declare un defecto procedimental absoluto. Sin embargo, en los
fundamentos de la tutela, señalan lo siguiente: “Defecto procedimental absoluto.
Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido. No resulta aplicable al caso bajo estudio”35. En ese sentido, la parte
demandante no desarrolló este defecto, ni presentó argumentación suficiente
respecto de aquel. Es más, la misma demanda dice que este no se aplica en el
presente caso, por lo que no se satisface el requisito de argumentación mínima.
38. La Sala advierte que la jurisprudencia constitucional ha establecido que el
requisito general de la relevancia constitucional se acredita cuando: i) se involucra
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, que afectaron sus derechos
fundamentales36. Por lo anterior, no basta con señalar que se acreditaron algunos
defectos, sino que es necesario observar una argumentación mínima para que la
demanda satisfaga el requisito de relevancia constitucional, lo que no se cumple en
el presente caso.
39. Sobre el requisito de subsidiariedad: la jurisprudencia ha sostenido que el
amparo no procede si el ordenamiento ofrece un medio idóneo y eficaz para ventilar
el reproche. La Corte Constitucional37 ha indicado que el requisito de subsidiariedad
se cumple: (i) cuando no hay otros medios de defensa judicial; cuando (ii) hay otros
medios, pero no resultan idóneos para proteger los derechos afectados, y (iii)
cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.
40. Cuando se trata de tutelas contra providencias judiciales, es posible que se
presente la solicitud de amparo mientras el proceso todavía está en curso, escenario
35
Ver pág. 7 del escrito de tutela.
36
Consejo de Estado. Sentencia del 24 de marzo de 2023. Núm. único de radicación:
110010315000202300790-00. Actor: Jorge Toro Garrido.
37
Corte Constitucional, sentencia T-376 de 2024.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: Beatriz Eugenia Zea Sánchez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
en el que la intervención del juez constitucional debe ser más excepcional38. En el
caso de que se presente tutela contra autos interlocutorios, la Corte Constitucional
ha indicado que la persona tiene distintos recursos para controvertir la decisión, toda
vez que existe la posibilidad de cuestionar la decisión final39. Lo anterior toma
especial importancia si la decisión cuestionada es un auto que niega pruebas en
primera instancia, pues estas se pueden solicitar también en la segunda instancia
del proceso contencioso, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011.
Así pues, en estos casos, en atención a que el proceso está en curso, es necesario
acreditar (i) que los otros medios no resultan idóneos o (ii) que la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.
41. En el caso concreto, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial
de Zipaquirá repuso el decreto de la prueba del señor José Raúl Ramos Rodríguez
con fundamento en que aquel fungía como representante legal de la junta de acción
comunal de la Vereda Mariano Ospina Rodríguez del municipio de Guasca, la cual
obraba como demandada dentro del proceso. En ese orden de ideas, sostuvo que
no se puede equiparar el medio probatorio del testimonio de tercero con el de
declaración de parte, por lo que estimó improcedente el decreto de dicha prueba. A
su vez, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca argumentó que la solicitud del testimonio de José Raúl Ramos
Rodríguez no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CGP,
específicamente, el de precisar concretamente los hechos objeto de la prueba.
42. En su escrito de tutela, la parte actora manifestó su inconformidad frente a las
anteriores decisiones. En efecto, sostuvo que nada impide que alguien pueda
comparecer como testigo y como representante legal de la parte demandada y
también señaló que la decisión de segunda instancia no tuvo en cuenta la reforma
de la demanda. Sin embargo, la Sala advierte que, en sus argumentos, los
accionantes no señalaron por qué el recurso sobre la decisión de primera instancia
–en el cual eventualmente podrían solicitar el decreto de pruebas– no resultaban
idóneos para conjurar una posible vulneración a sus derechos fundamentales.
Además, en el escrito de tutela, tampoco precisaron un posible perjuicio
irremediable que se genere con ocasión de las decisiones cuestionadas.
43. Por lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad. En efecto, se trata de un cuestionamiento
de autos interlocutorios que no ponen fin al proceso judicial, motivo por el cual,
respecto de la solución de las pretensiones, aún está pendiente agotar la primera y
la segunda instancia. Adicionalmente, la parte demandante no acreditó un posible
perjuicio irremediable ni tampoco la falta de idoneidad de los recursos frente a la
decisión de primera instancia.
44. Sobre el carácter determinante de la irregularidad procedimental: La Corte
Constitucional ha sostenido que, cuando se alega una irregularidad procedimental,
esta debe ser determinante para la actuación judicial. Y cuando se trata de una
38
Corte Constitucional, sentencia SU-388 de 2021.
39
Corte Constitucional, sentencias T-403 de 2025, T-511 de 2020, SU-695 de 2015 y T-343 de 2012,
T-212 de 2006, T-886 de 2001.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: Beatriz Eugenia Zea Sánchez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
tutela contra un auto, la irregularidad debe comportar una naturaleza determinante
de cara al proceso en curso40.
45. La parte demandante alegó que las autoridades judiciales negaron
indebidamente el decreto del testimonio del señor José Raúl Ramos Rodríguez.
Adicionalmente, argumentó que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta la reforma de la demanda. La
Sala advierte que estas supuestas irregularidades procedimentales no son
determinantes por dos razones. En primer lugar, en su escrito de tutela, los
accionantes no acreditaron que la prueba cuyo decreto se negó tuviera una
importancia sustancial dentro del proceso de reparación directa.
46. En segundo lugar, la posible omisión de la consideración de la reforma de la
demanda por parte del Tribunal tampoco afecta el sentido de la decisión. En efecto,
el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá sí consideró
tanto la demanda como su reforma y negó la solicitud probatoria del testimonio de
José Raúl Ramos Rodríguez por considerar que el medio probatorio del testimonio
excluye el del interrogatorio de parte y no es posible que el representante de una de
las partes comparezca como testigo. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal,
el cual también señaló que la demanda no cumplía el requisito de precisar
concretamente los hechos objeto de la prueba testimonial. Dichas decisiones no se
ven afectadas por la supuesta irregularidad procesal que señala la parte actora. En
efecto, en gracia de discusión, es relevante señalar que el Consejo de Estado ha
indicado que el medio de prueba testimonial excluye el de interrogatorio de parte41
y el gerente o representante de una de las partes no puede ser considerado un
tercero ajeno a la persona jurídica representada y su versión no puede incorporarse
mediante declaración testimonial, sino —cuando jurídicamente procediere—
mediante interrogatorio de parte solicitado por la contraparte42.
47. Por lo anterior, la Sala estima que la supuesta irregularidad procesal que alega
la parte accionante no es determinante y, por tanto, no supera el requisito
establecido por la Corte Constitucional. Así pues, se declarará la improcedencia de
la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
40
Corte Constitucional, sentencia SU-388 de 2021.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente:
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, 12 de noviembre de 2021, radicado núm. 25000-23-24 000-
2010-00339-01; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente Fernando
Alexei Pardo Flórez, 15 de agosto de 2025, radicado núm. 25000-23-36-000-2019-00213-00
(71.399).
42
Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente Hernándo Sánchez Sánchez, radicado
núm. 05001-23-31-000-2008-00521-02, 16 de diciembre de 2020; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez, radicado núm. 76001-23-31-
000-2010-01744-01, 29 de agosto de 2012; Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón, radicado núm. 25000-23-24-000-2010-00339-01, 12 de noviembre de
2021; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente Hernán Andrade
Rincón, radicado núm. 19001-23-31-000-2000-02728-01 (27040).
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04537-00
Accionante: Beatriz Eugenia Zea Sánchez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ), la Fiscalía General de la Nación, el municipio de
Guasca (Cundinamarca) y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los
señores Beatriz Eugenia Zea Sánchez y Carlos Fernando Delgadillo Garzón, por
conducto de apoderado, contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del
Circuito Judicial de Zipaquirá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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