Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04538-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04538-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04538-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de julio de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-04538-00
Demandante: EDIT JOHANA GÓMEZ OBANDO
Demandado: SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE PEREIRA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRÓ A OTRA PERSONA EN
EL CARGO DE JUEZ.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró vulnerados sus derechos fundamentales como
consecuencia del acto administrativo que nombró a otra persona en el Juzgado Tercero Laboral
Municipal de Pereira. La Sala declarará improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito
de subsidiariedad.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentada por la señora Edit
Johana Gómez Obando en contra de la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pereira, para la protección de sus derechos fundamentales de igualdad, debido proceso
y acceso a la función pública, consagrados en los artículos 13, 29 y 40 de la Carta Política.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción1 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Se desempeña como secretaria de un juzgado laboral municipal de Pereira, vinculada
en carrera judicial y en propiedad.
1 Demanda que se remitió a esta Corporación el 12 de junio de 2026, en virtud de la declaratoria de nulidad
de lo actuado ante la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, índice 1, Samai.
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Demandante: Edit Johana Gómez Obando
Acción de tutela
2) Mediante el Acuerdo PCSJA25-12371 de 29 de diciembre de 2025 se creó el cargo de
juez tercero laboral municipal de Pereira.
3) Desde la creación de ese despacho, manifestó al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pereira su interés para ser considerada para su provisión, por estimar que reunía los
requisitos y por ostentar un cargo de carrera en la especialidad laboral.
4) Mediante el Acuerdo PCSJA26-12401 de 26 de marzo de 2026, se autorizó la provisión
del cargo y, por Resolución no. 059 de 6 de abril de 2026, el tribunal nombró en
provisionalidad al señor Carlos Andrés Arboleda Díaz en dicho cargo, hasta que se
proveyera el cargo por el sistema que legalmente correspondía.
5) A través de la Resolución no. 127 del 27 de mayo de 2026, se designó en propiedad
como titular del Juzgado Tercero Laboral Municipal de Pereira a la señora Jenny Paola
Osorio Vasco.
2. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira vulneró
sus derechos constitucionales fundamentales como consecuencia del acto mediante el
cual se nombró, en provisionalidad, a otra persona en el cargo de juez del Juzgado Tercero
Laboral Municipal de Pereira, el cual, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.
En cuanto al defecto sustantivo, manifestó que el tribunal realizó una interpretación y
aplicación errónea de las normas que regulan la provisión de los cargos creados mediante
el Acuerdo PCSJA25-12371 de 2025 y del régimen de carrera judicial, con lo cual
desconoció el principio constitucional del mérito.
Frente al desconocimiento del precedente judicial, sostuvo que la autoridad demandada se
apartó de la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado2 que exige que el acceso
a la función pública se funde en criterios objetivos y en el mérito, sin ofrecer una justificación
suficiente para ello.
2 Sentencia SU-067 de 2022 y SU-452 de 2024; asimismo, la sentencia de la Sección Segunda del Consejo
de Estado con radicación no. 11001-03-25-000-2013-00405-00 (2016).
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Demandante: Edit Johana Gómez Obando
Acción de tutela
Por último, afirmó que se vulneró de forma directa la Constitución, en la medida que se
desconocieron los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a
cargos públicos, así como los principios constitucionales que rigen la carrera judicial y el
mérito como criterio rector para la provisión de empleos públicos.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se accediera a las
siguientes súplicas:
“1. Que se amparen mis derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso
administrativo y al acceso a la función pública bajo reglas objetivas, transparentes
y fundadas en el mérito.
2. Que, como medida provisional, se suspendan inmediatamente los efectos del
acto de nombramiento en provisionalidad cuestionado o, subsidiariamente, se
ordene a la autoridad accionada abstenerse de consolidar nuevos efectos
derivados del mismo mientras se decide de fondo esta tutela.
3. Que se ordene al Tribunal accionado, declarar la nulidad del acto de
nombramiento del Juez Tercero Laboral Municipal y en su lugar se ordene
rehacer la actuación administrativa con plena observancia de las reglas de
publicidad, motivación, mérito, igualdad y debido proceso.
4. Que se ordene al Tribunal accionado remitir íntegramente el expediente
administrativo que antecedió al nombramiento, incluyendo la fecha de reporte de
la vacante, la motivación de la decisión, la publicidad surtida y la constancia de
posesión.
5. Que se verifique y remita toda la trazabilidad documental relacionada con la
recepción, circulación, estudio y eventual valoración de mi hoja de vida.
6. Subsidiariamente, si se establece que para la fecha exacta del acto aún no era
utilizable la lista o registro, que se ordene valorar objetiva y motivadamente la
situación de los servidores de carrera en propiedad de la especialidad laboral que
podían ser tenidos en cuenta para la cobertura transitoria del cargo, incluida la
suscrita.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI, índice
2, mayúsculas y negrillas del original).
4. Actuación procesal
Mediante auto del 10 de junio de 2026, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la
Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todo lo actuado en el trámite constitucional
a partir de la providencia que admitió la acción de tutela, inclusive, sin perjuicio de la validez
de las pruebas recaudadas, y ordenó remitir el expediente a esta Corporación, con
fundamento en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, según el cual las acciones de tutela promovidas
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Demandante: Edit Johana Gómez Obando
Acción de tutela
por funcionarios o empleados judiciales pertenecientes a la jurisdicción ordinaria deben ser
conocidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Por auto del 17 de junio de 20263 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar al
presidente y magistrados integrantes de la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira, al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la directora
ejecutiva de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura o quienes hagan sus veces, a los señores Carlos Andrés Arboleda Díaz, Andrés
Hernando Toro Hernández y Natalia Zuluaga Restrepo, así como a las personas que
integran el Registro Nacional de Elegibles para el cargo de juez laboral municipal de
pequeñas causas conformado mediante la Resolución PCSJSR26-042 del 18 de febrero
de 2026, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio
de la acción; asimismo, se negó la medida cautelar.
5. Actuación de las autoridades demandadas
La Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 4 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por
cuanto la parte demandante dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, junto con la posibilidad de solicitar medidas cautelares.
El nombramiento se ajustó a la Ley 270 de 1996, porque se trataba de una vacancia
definitiva respecto de la cual no existía obligación de designar a un servidor de carrera
judicial y la decisión se adoptó para garantizar la continuidad del servicio de administración
de justicia.
El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial 5
solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, en
atención a que no intervino en el nombramiento cuestionado y a que esa competencia
correspondía exclusivamente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira como
autoridad nominadora.
3 Índice 6, Samai.
4 Índice 10, Samai.
5 Índice 11, Samai.
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Demandante: Edit Johana Gómez Obando
Acción de tutela
Agregó que no vulneró los derechos invocados por la parte demandante, porque sus
funciones se limitan a la administración técnica de la carrera judicial y no comprenden la
provisión de vacantes ni la expedición de actos de nombramiento.
La señora Jenny Paola Osorio Vasco6, manifestó que su nombramiento en el cargo de Juez
Tercero Laboral Municipal de Pereira se produjo en estricto cumplimiento del sistema de
carrera judicial, luego de superar el concurso de méritos e integrar el Registro Nacional de
Elegibles, mediante la Resolución no. 127 del 27 de mayo de 2026 y tomó posesión del
cargo con efectos fiscales desde el 10 de julio de 2026.
Las demás autoridades y particulares guardaron silencio en esta oportunidad a pesar de
haberse notificado en debida forma7.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o revivir términos precluidos o acciones
caducadas.
6 Índice 19, Samai.
7 Índice 20, Samai.
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Demandante: Edit Johana Gómez Obando
Acción de tutela
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a la
Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira por cuanto vulneró sus
derechos fundamentales con la expedición del acto mediante el cual nombró, en
provisionalidad, a otra persona en el cargo de juez, con desconocimiento de las normas
que regulan la provisión de los cargos creados mediante el Acuerdo PCSJA25-12371 de
2025 y del régimen de carrera judicial.
En su informe, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la
Carrera Judicial solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela, por cuanto no vulneró
los derechos fundamentales de la parte demandante, en consideración a que las
pretensiones de la demanda no guardan relación alguna con las funciones y competencias
asignadas.
Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación
en consideración a que fue vinculada en calidad de tercero con interés.
En esa medida se negará la solicitud de desvinculación que presentó esa autoridad y así
se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala declarará improcedente
el amparo por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones que
procederán a exponerse:
2.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del texto
del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
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Demandante: Edit Johana Gómez Obando
Acción de tutela
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas hagan
uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la situación
que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja el uso
indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o
instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
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Acción de tutela
2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
1) La parte demandante afirmó que se vulneraron sus derechos fundamentales como
consecuencia del acto administrativo mediante el cual el tribunal nombró a otra persona en
el cargo de juez del Juzgado Tercero Laboral Municipal de Pereira, con desconocimiento
de las normas que regulan la provisión de los cargos creados mediante el Acuerdo
PCSJA25-12371 de 2025 y del régimen de carrera judicial.
6) No obstante, a partir de la revisión de las pruebas aportadas al expediente, para la
Sala resulta claro que el interés de la parte demandante consiste en debatir la legalidad de
la Resolución no. 059 de 6 de abril de 2026, mediante la cual se nombró en provisionalidad
al señor Carlos Andrés Arboleda Díaz como juez del referido juzgado.
2) En esa medida, la Sala encuentra que en la medida que lo que pretende la parte
demandante es atacar el contenido del acto administrativo de nombramiento, porque
consideró que mientras surtió efectos causó una violación de sus derechos fundamentales,
la acción de tutela es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que la parte actora no agotó todos los medios de
defensa judicial que tenía a su alcance y tampoco demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional intervenga
y adopte medidas urgentes, improrrogables y suficientes en aras de evitar su inminente
materialización o mitigarlo.
3) La Resolución no. 059 de 6 de abril de 2026 era susceptible de ser demandada ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, para lo cual contaba con el término de cuatro meses,
contados a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo.
4) Además, la Sala advierte que si la parte demandante en realidad consideraba que
dicho acto administrativo le causó un perjuicio grave y ostensible, junto con la demanda,
en este caso en concreto, podía solicitar el decreto de la medida cautelar de suspensión
provisional con carácter de urgencia en los términos del artículo 234 de la Ley 1437 de
20118, medida que constituye un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite
8 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin
previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
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proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia.
5) En ese orden de ideas, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre el fondo del
asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo transitorio, pues, la interesada cuenta
con medios de defensa judicial efectivos e idóneos que debió emplear, en atención a que
el mecanismo constitucional no es un medio judicial alternativo, adicional o complementario
de los establecidos por la ley.
6) Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, debido
a que, a partir del análisis del acervo probatorio, no es posible establecer que la
demandante se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales, máxime cuando actualmente se desempeña como secretaria, en
propiedad, de un juzgado laboral municipal de Pereira.
7) En todo caso, lo cierto es que, la Sala verificó que con posterioridad a ese acto de
nombramiento en provisionalidad se profirió uno nuevo, mediante el cual se nombró en
propiedad a la persona que conformaba la lista de elegibles, de modo que, en sede de
tutela, cualquier análisis sobre la legalidad del acto carecería de objeto por sustracción de
materia.
8) En ese orden de ideas, la Sala concluye que no se acreditan los presupuestos
constitucionales que permitan la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, en
atención a que no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable.
9) En consecuencia, esta sala declarará improcedente el amparo por el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la
caución señalada en el auto que la decrete.”.
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Demandante: Edit Johana Gómez Obando
Acción de tutela
FALLA
1°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por las razones expuestas
en la presente providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una
vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Presidente de la Subsección (firmado electrónicamente)
(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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